EDITORIAL

Urge poner fin a abusos impunes

Dos hechos de la última semana remarcan la precariedad con que los poderes del Estado deben lidiar cotidianamente para alcanzar sus objetivos. Uno de ellos ocurrió el martes, cuando un grupo de invasores tomó como rehenes a miembros del Ejército y a otros representantes gubernamentales, en una zona protegida de Petén.

En este caso no solo se desafió a las autoridades, sino que se les hizo firmar un documento mediante el cual debían comprometerse a dejar de patrullar; es decir, de cumplir con su deber en esa alejada región del país, un despropósito que solo debe ser visto como una salvaguarda para quienes fueron retenidos pero que en nada compromete el desempeño de ninguna institución.

En todo caso, lo que procede es una amplia investigación para determinar quiénes son esos invasores que pretenden habitar en una zona protegida, pero también cuál es su finalidad para ubicarse en esa región a la que pretenden mantener alejada de cualquier vigilancia, sobre todo porque es conocido que muchas partes de ese amplio departamento son utilizadas por narcotraficantes y ladrones de ganado que bien podrían estar detrás de estos grupos.

El otro hecho, que también es muy llamativo y que contrasta con el anterior, es el vasto operativo montado la semana pasada en Izabal y Petén para detener a 14 integrantes de la familia Mendoza, a quienes el Ministerio Público acusa de haber incurrido en una serie de hechos ilícitos para apropiarse de al menos 28 bienes inmuebles.

En ese operativo acompañaron a los fiscales integrantes de la Policía Nacional Civil y del Ejército, la mejor evidencia de la fortaleza que necesitaba el Estado para someter a los acusados.

Esta es una muestra de poder público pocas veces visto que responde a denuncias acumuladas en contra de los ahora detenidos, aunque al final no hubo un solo disparo para las aprehensiones, gracias a un sistema de inteligencia funcional y bien utilizado.

Significa que operativos como estos son la excepción, pues las fuerzas de seguridad y la Fiscalía deben hacer esfuerzos extraordinarios cuando se procede a ese tipo de capturas, pues en buena parte de esos territorios ni siquiera hay presencia del MP.

Desafortunadamente, el problema del robo de propiedades es más común de lo que se cree y esas estructuras criminales emplean métodos violentos para amedrentar a quienes se resisten al despojo de sus propiedades, y también cuentan con apoyo legal de profesionales inescrupulosos y probablemente de alguna contraparte adentro de las instituciones registrales que tienen acceso a información determinante.

Por esas razones, lo ocurrido en esa lejana zona de Petén debe ser visto como una preocupación y a la vez como una oportunidad. Preocupación porque existen tantos territorios del país en donde la ausencia institucional crea la sensación de impunidad. No obstante, la oportunidad está servida, porque si cayó un grupo ilegal otrora considerado fuerte y temible, significa que el crimen organizado no es invencible si se le combate con probidad, integridad y con el pleno amparo del estado de Derecho.