Uno de los golpes más devastadores a la salud de la población es la influencia que esta industria ha ejercido sobre las decisiones de gobierno desde hace generaciones. Su poder económico, aunado a su habilidad política, ha convertido a este cártel en una especie de súper poder, capaz de incidir en decisiones de impacto decisivo en la salud de los habitantes de los cinco continentes.

En Guatemala, el tema de las medicinas ha cruzado transversalmente las gestiones de gobierno sin que una sola de las administraciones haya establecido límites a la voracidad de esta industria. Los negocios de estas firmas con el Estado han permanecido en la agenda de los medios, cuyas denuncias de irregularidades y abusos se han estrellado de manera constante con un muro de secretividad y negación de acceso a los detalles de las transacciones.

Pero esos son los grandes números. A nivel de la población de bajos ingresos, una diferencia del 300 por ciento entre lo que le cuesta un medicamento en Guatemala comparado con el precio del mismo producto en un país vecino, habla de que algo huele muy mal por estos lares. Lo peor es el efecto que esa aberrante diferencia ocasiona en la vida de quien, de pronto, pierde toda posibilidad de curarse de una enfermedad o de seguir un tratamiento específico por falta de medios.

La manipulación del mercado es otro de los aspectos que la gente común no siempre percibe. Pero cuando un producto desaparece de las farmacias, habría que investigar el porqué. Si es por un acuerdo entre marcas para evitar la competencia, si es un asunto de repartición del mercado, si se ha tomado en cuenta el interés de los usuarios o simplemente si esa decisión viene marcada por un tema económico que tendrá impacto en la salud pública.

Esa arrogancia de las empresas multinacionales viola preceptos tan delicados como la soberanía de los países. Han impuesto sus condiciones leoninas en los tratados de libre comercio, imponen restricciones a los países para producir medicinas genéricas que beneficien a toda la sociedad, se recetan convenios fiscales y fijan los precios que más les convienen, sin el menor reparo por la naturaleza misma de su actividad industrial, que es contribuir a preservar la salud y curar enfermedades muchas veces producidas por la manipulación genética de la propia industria.

La salud pública es responsabilidad del Estado, y debe ser este quien imponga sus condiciones y los límites del negocio, teniendo en mente el primer artículo de la Constitución, el cual habla de la protección de la persona y la familia como el más importante de sus deberes.

Cártel m. Econ. Convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial. (DRAE)

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