Les escuché decir lo maravilloso del clima, los paisajes espectaculares, los atardeceres dorados, los majestuosos volcanes, el verdor de nuestros bosques, y la amabilidad de sus habitantes. No obstante, su conclusión final fue que lo pensarían dos veces en venir de regreso.

Lo primero que pensé fue que quizás les habían asaltado. Me acerqué a preguntarles y uno de ellos mencionó lo exasperante de encontrarse con túmulos  por doquier, que no solo arruinaban los amortiguadores y llantas de los carros, sino que ponían en peligro vidas humanas y agregó que ni siquiera habían podido admirar el paisaje por estar pendientes de cientos de irracionales túmulos con los que se habían tropezado en su trayecto. Su compañero me relató horrorizado que una noche, frente a ellos,  había sucedido un aparatoso accidente cuando un conductor que iba adelante no había podido frenar a tiempo ante un túmulo y había muerto rodando su vehículo por un precipicio.    Los tres estaban sorprendidos de que las autoridades no hicieran nada ante la gravedad del problema, pues para ellos representaba un asunto crítico de “seguridad nacional”. No me quedó más que darles la razón y  por mi lado, solo recordé lo exasperante que es conducir a paso de tortuga en vías principales, caminos anchos o estrechos, y hasta en las carreteras en las que corrientemente se navega a una velocidad que no permite frenar a tiempo.

¡Sin ir muy lejos, en el vecino país de El Salvador no vemos ni un solo túmulo! Allí nos sacan ventaja los guanacos, pues más inteligentemente señalizan con pintura cuando se debe bajar la velocidad, a diferencia de Guatemala, donde cada día se colocan sin autorización y a discrecionalidad entre 15 y 20 túmulos que  ponen en riesgo nuestras vidas.

Ya existe la Ley de Túmulos, pero lleva una piedra en el zapato pues algunos sectores la perciben como que si la misma fuera a limitarles el derecho a manifestación, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. El acuerdo  ordena liberar las carreteras de Guatemala de los tres mil 785 túmulos, y según la ley, se deben quitar todos los obstáculos que no tengan autorización de la Dirección General de Caminos y el costo por quitar el túmulo y  reasfaltar está entre 500 y 600 quetzales por  túmulo removido, por lo que me pregunto si el presupuesto de los alcaldes sera suficiente o si debe entrar dentro del plan de mantenimiento de carreteras que ya existe.

Según cálculos, remover los tres mil 785 túmulos costará un millón 892 mil 500 quetzales. No olvidemos que si queremos turismo, además de competitividad en el comercio, los túmulos son nuestro principal obstáculo,  ponen en peligro nuestras vidas y reducen nuestra locomoción.  Si no  queremos ver más muertes innecesarias en carreteras, y si queremos promover turismo, insto a los funcionarios a tomar medidas drásticas para ver que se cumpla la Ley de Túmulos.  No más excusas, no más retrasos.

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