“Ser impactados de manera negativa por un desastre resulta de la combinación de tres factores. Primero, la presencia de un evento extremo, que puede ser una sequía o una lluvia demasiado intensa. La ocurrencia de un evento así no necesariamente ocasiona un desastre, para ello necesita de la intervención de otros dos factores: la exposición y la vulnerabilidad”, señala el I Reporte de Evaluación del Conocimiento del Cambio Climático en Guatemala, elaborado en 2019 por una veintena de especialistas.

La vulnerabilidad y la exposición son elementos que dependen de la sociedad misma, de las condiciones socioeconómicas y de decisiones públicas, subraya.

El documento detalla que uno de los mayores generadores de exposición a efectos climáticos es la falta de ordenamiento urbano: “El cambio climático complica las condiciones de vida en las ciudades y otros asentamientos humanos, debido a un proceso poco planificado y acelerado de urbanización, tanto en la capital como en las ciudades intermedias de Quetzaltenango, Escuintla, Cobán y Chiquimula, entre otras”.

Y no se refiere solo al impacto de las lluvias, sino también a las dificultades de tránsito, agotamiento de reservas de agua o asentamientos en zonas expuestas a derrumbes.

Política muerta

En 2009 el Ministerio de Ambiente, entonces recién creado, presentó la Política Nacional contra el Cambio Climático, un plan que proponía mejorar las capacidades del país para el estudio científico, la toma de decisiones pertinentes y planes de educación para preparar a la población ante eventuales vulnerabilidades.

A todas luces dicha política quedó en letra muerta, pues ninguna de tales metas se ha emprendido con seriedad.

Aun así, el 2 de junio de este año dicha cartera publicó un comunicado en el cual anunciaba contar con el Sistema Nacional de Información sobre Cambio Climático (SNICC), “en el cual se recopilan datos sobre los eventos y sus probabilidades de ocurrencia, pero también sobre las acciones de mitigación que se ponen en marcha para contrarrestar los efectos negativos del cambio climático”.

Pese a ello, los cuantiosos daños causados por Eta han evidenciado que el Estado solo vuelve a recordar el tema cuando ocurre el siguiente desastre.

Entrevista a Alex Guerra, director del Instituto Privado de Investigación sobre Cambio Climático

La ausencia de criterios de riesgo para la expansión de áreas urbanas, el modelo de reacción por encima de la prevención y la falta de un ordenamiento territorial se combinan para generar cuadros de daño cíclicos causados por fenómenos climáticos, afirma Alex Guerra, doctor en Geografía y Medioambiente en la Universidad de Oxford, Inglaterra, y director del Instituto Privado para la Investigación sobre Cambio Climático.

“En nuestro territorio tenemos muchas bondades, pero también peligros o amenazas naturales. Hay sismos, tormentas y demás. Siempre habrá impactos, pero se pueden hacer cosas para reducirlos”, expone.

Sobre las inundaciones en Cobán y Carchá, así como el fatal deslave en Quejá, en San Cristóbal Verapaz, considera lo siguiente:

“Normalmente lo que hacen los países es valerse de instituciones fuertes, científicas, para evaluar los fenómenos que amenazan al país. Esas deberían ser las bases para un ordenamiento territorial. Si se sabe dónde puede haber deslizamientos, sequías, inundaciones, se toman medidas de planificación para reducirlo. A veces cada 10  o 50 años hay desastres, como el río Cahabón en Cobán.

Los municipios deberían tener áreas identificadas donde no debería haber inmuebles. Sería la forma más efectiva para que no haya daños tan lamentables, tanto humanos como físicos.

En el caso de Guatemala, el mismo gobierno construye en lugares peligrosos. Hay falta de conocimiento del territorio. Este debería utilizarse para planificar. Con esto que ha pasado, muchos poblados se han asentado en lugares peligrosos: a orillas de ríos, en montañas, y suceden los infortunios”.

En este caso hubo una causa concreta de la inundación:

“En Cobán se registraron más de 600 milímetros de lluvia en dos días, lo que equivale a la lluvia que cae en un año en Zacapa. Por eso el río no se da abasto. En otros ríos, en áreas urbanas, lo que tenemos es que se modifican drenajes, tienen basura; entonces el agua se acumula, así como en Quetzaltenango, donde siempre se inundan algunas zonas. También tiene que ver cómo modificamos el territorio. En el caso de la Costa Sur, donde los cauces tienen acumulación de sedimentos -por ejemplo, desde el 2018 con la erupción del Volcán de Fuego- el agua fácilmente se puede salir del cauce. Si hubiera llegado el agua de la tormenta tropical Eta a la Costa Sur, hubiera sido igual de fuerte el impacto”.

Soluciones

Guerra propone mayor planificación y control de la urbanización. “El riesgo no ha sido un criterio para escoger los lugares donde van a ser los pueblos. Ha sido a prueba y error. Históricamente, no se toman en cuenta peligros para escoger donde están las comunidades.  Después del conflicto armado interno hubo comunidades que fueron reubicadas en el Volcán de Fuego, un cono activo. Por ende, se esperaba que en algún momento se registrara un desastre. Se debe conocer la geografía, sus peligros, y tomarlos en cuenta”, apunta.

La clave está en el conocimiento científico y que este tenga protagonismo en la toma de decisiones para una gestión integral del riesgo: “El punto de partida es el conocimiento: saber dónde hay peligros, qué poblados hay. El siguiente paso es planificar e implementar medidas de mitigación”. No obstante, reconoce que la pobreza a menudo impide que las personas vivan en áreas seguras.

El fortalecimiento tecnológico del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología es clave para dar más insumos de prevención a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, destaca. “Las municipalidades también tienen un papel que jugar con las licencias de construcción, lotificaciones, que deberían autorizarse una vez se implementen medidas contra el riesgo”.  Sin embargo, precisa que hay un descontrol previo: “Lo más efectivo debería ser reubicar poblados que estén en peligro, lo cual es casi imposible porque la gente no se quiere ir. Pero se pueden prohibir construcciones en lugares peligrosos para no crear riesgos en el futuro, así como tener sistemas de alerta temprana”, que incluye a las autoridades del gobierno central, alcaldías y comunidades.