Para atraer inversión extranjera de forma sostenida en el 2022, se requiere aprobar varias leyes y reformar otras

Los montos de atracción de inversión extranjera directa (IED) del 2021 se mencionan como uno de los logros económicos de este año en el país. Sin embargo, aún es necesaria la aprobación de varias leyes o reformar las ya existentes, para que el flujo de recursos sea sostenido.

Publicado el
Guardar Compartir
La tecnología permite ampliar la forma de controles tributarios. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).
La tecnología permite ampliar la forma de controles tributarios. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Durante este año, se aprobó alguna legislación y se tomaron otras medidas que ayudarán a lograr ese objetivo, como la Ley de Leasing y las reformas a la Ley de Zonas Francas para reintegrar sectores que habían sido eliminados, así como Ley para la Simplificación de Trámites y Requisitos del Organismo Ejecutivo (conocida como Ley Antitrámites).

Sin embargo Lisardo Bolaños, viceministro de Inversión y Competencia del Ministerio de Economía (Mineco) refiere que están pendientes al menos cinco acciones en el ámbito legislativo, para que capitales privados continúen llegando al país.

 

Dos tendencias de inversión

 

Antes de entrar en detalle sobre las necesidades, el viceministro explica que también que se deben entender dos factores que influyeron en el comportamiento de atracción de IED este año.

Lea además:
Cómo el covid-19 obligó a crear nuevos emprendedores y a bajar la inversión para abrir un negocio

Una es la tendencia de crecimiento que ya se venía experimentando desde octubre para recuperar los niveles de inversión registrados en el 2015, con lo cual se revirtió el comportamiento a la baja que se tuvo por varios años. Y el segundo, es la inversión extraordinaria que generó la venta accionaria de la compañía Tigo a Millicom.

“Es importante tomar en cuenta que la información que se captura por parte del Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) son los anuncios de inversión” explica el funcionario, al referirse a esa transacción, la cual “le permite tener un control duradero de la empresa y entonces eso hace que estamos contabilizándolo como inversión extranjera”.

Por ello se debe separar su análisis, al momento de ver lo ejecutado en el 2021 y lo que se prevé para el 2022, porque son dos fenómenos que responden a coyunturas diferentes, añadió.

En el presente año, se proyectaba IED por US$1 mil 200 millones. Según datos a noviembre reportados por el Pronacom y el Mineco, se llegó US$3 mil 433.9 millones. Esta cifra incluye la operación de Millicom por US$2 mil 200 millones.

Según Rolando Paiz, Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión y encargado del Pronacom, se prevé cerrar el 2021 con unos US$3 mil 500 millones de IED.

Las proyecciones para el 2022

En tanto, para el 2022 se manejan varios escenarios, pues Bolaños prevé que la IED podría sumar US$1 mil 500 millones, con un comportamiento sostenido, y mejorando los niveles del 2015 también, aunque dijo que en este caso no se contabiliza una inversión como la que representó Millicom, porque son operaciones extraordinarias que no se dan todos los años. Paiz respondió que, en el 2022 se llegaría a alrededor de US$2 mil millones.

En una conferencia de prensa reciente, el ministro de Economía, Antonio Malouf  expresó que cuando se empieza a generar este tipo de inversiones, se produce un efecto “dominó” y estimó que se pueden captar hasta US$3 mil millones en IED el próximo año.

 

Una parte provendría al concretarse el anuncio de la empresa de telefonía, sobre que invertirá en el país otros US$1 mil millones en los próximos cinco años, para mejorar su infraestructura y ampliar su cobertura.

Sea el dato que se proyecte para el próximo año o los futuros, es necesario que el país siga estableciendo mejores condiciones para la atracción de inversiones. Para ello se requiere que el Congreso apruebe lo siguiente, según el viceministro Bolaños:

  • Ley de insolvencias o de quiebras de empresas

Este tipo de legislación permite en muchos países resolver de forma más ágil y fácil los problemas de quiebra de las empresas. En Silicon Valley, donde se originan muchos procesos de producción de tecnología, existe esa facilidad y tanto los empresarios, como los activos, logran ponerse rápidamente en nuevas compañías. Pero en el caso de Guatemala eso no sucede y es un problema que no permite aumentar la inversión.

“Hay conflictos vinculados con quiebras en donde los activos pueden pasar de 5 a 8 años sin poder tocarse, entonces se pierde la oportunidad de usar locales comerciales, maquinaria o equipo, además tenemos a los empresarios sin poder recuperar la posibilidad de optar a créditos y limpiar su historial crediticio”. Su importancia es más alta, luego de lo que se experimentó el año pasado con el covid-19, y el impacto a las empresas, añadió.

  • Ley de estabilidad jurídica

El Organismo Ejecutivo quiere presentar una propuesta para normar contratos estabilidad tributaria que permitirían dar una mayor certeza en las reglas de juego, en materia tributaria, a los inversionistas que vienen a Guatemala. Es decir que las reglas se mantengan durante el tiempo de la inversión.

El funcionario aclaró que no se está hablando de ninguna práctica que genere costo tributario ni que se esté planificando llevar a cabo incremento de impuestos. Sino que se mantengan los criterios de aplicación de la legislación, regulaciones y normas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para darle claridad a algunos criterios para las empresas, aspecto que se vuelve importante en la operación diaria.

Lea también: Zonas Francas: La fórmula que podría utilizar Guatemala para retornar a las empresas que se fueron del país

Bolaños comentó que en la última década, se generó incertidumbre para muchas inversiones en el país porque hubo cambios en los criterios de implementación y es parte de lo que redujo la atracción de inversión del 2015 en adelante. “En años anteriores, la inversión extranjera sufrió debido a la falta de estabilidad y cambios súbitos en algunos de estos criterios, que de repente implicaron multas y procesos penales para algunas empresas”.

  • Ley de Competencia

Otra ley necesaria es la de Competencia.  Pero para ello, indica el viceministro, se necesita tanto tener los votos en el Congreso, como que sea una propuesta responsable. El problema es que se termina cayendo en propuestas difíciles de implementar y por otro lado, se establecen aspectos que generan poder arbitral, por lo que se debe tener cuidado en ambos puntos.

En noviembre pasado, el pleno del Congreso decidió regresar a la Comisión de Economía de ese organismo, la propuesta que ya tenía dictamen y estaba en la fase de segunda lectura.

  • Innovación

Otro de los temas importantes que se mencionan es el apoyo creciente del gobierno para impulsar temas de innovación productiva y de competitividad, para que el aparato productivo pueda desarrollar nuevos productos y servicios.

Esto incluye tanto la necesidad de apoyo del Congreso con una nueva ley, como el apoyo presupuestario en el futuro.

Opciones hay varias, una de estas es la propuesta de parques tecnológicos que son alternativas que vale la pena explorar, pues hay una conexión muy fuerte entre los recursos del gobierno público, las universidades del país y empresas que llevan a esos parques la parte de investigación y desarrollo.

“Este es otro de los elementos importante para seguir atrayendo inversión porque en general,  como país, no vamos a poder desarrollarlo, si seguimos apostándole a exportar productos con poco valor agregado”.

  • Alianzas público-privadas

El otro tema mencionado tanto por Bolaños como por Paiz, es que se seguirán impulsando los temas de inversión de alianzas público-privada, las cuales tienen que pasar por el Congreso y que se convierten en IED de manera inmediata.

La Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Anadie) preparó una propuesta de reforma, pero la iniciativa todavía está en análisis en el Organismo Ejecutivo. Entre otros puntos se busca agilizar la aprobación de los proyectos en el Congreso, luego de haberlos adjudicado.

La experiencia se basa en el primer proyecto de Anadie licitado y adjudicado (la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, con administración y cobro de peaje por 25 años), iniciativa que pasó más de dos años en el Congreso sin lograr resolverse, hasta noviembre del 2021.

Le puede interesar: Los montos y tramos que cubre la nueva autopista con pago de peaje en Escuintla

El Mineco dio a conocer recientemente que para el 2022, desde ese ministerio se impulsará una agenda legislativa que incluya la aprobación de la Ley de Insolvencias, Ley de Competencias y Ley de Estabilidad Jurídica, que aportarán para la atracción de empresas que generen una alta cantidad de empleos formales y mucha inversión en maquinaria.

En tanto, los empresarios mencionaron recientemente la necesidad de certeza jurídica y cuestionaron que a empresas que ya estaban operando en el país les fueron suspendidas sus actividades por órdenes judiciales, principalmente argumentando que no se hizo consulta comunitaria a pueblos indígenas.

En los últimos meses, el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM), se encuentra realizando diversas consultas comunitarias para que pueda reiniciar la operación de varias empresas que siguen suspendidas.


0