El informe Estado del financiamiento de la salud en Guatemala 2017, publicado por el MSPAS, revela que en promedio el gasto total de salud (GTS) representa el 6.46%; el gasto de bolsillo, el 3.62%, y el gasto público asignado al MSPAS, el 1.24% del PIB, demostrando que lo asignado es insuficiente y que la población empobrecida y desprotegida continuará enfrentando los embates de la pandemia y sobreviviendo al resto de enfermedades, mientras trata de superar las barreras impuestas.

Los programas más beneficiados en la asignación fueron el vinculado con la construcción, ampliación y/o mejoramiento de establecimientos de Salud (9), el relacionado con la prevención de la mortalidad materna y neonatal (15) y el de prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica (14). Mientras, los más afectados son el orientado a la atención de desastres naturales y calamidades públicas, como las surgidas por el covid-19 (94), el vinculado con la recuperación de la salud (13) y el relacionado con el fomento de la salud y medicina preventiva (12).

El 31% del presupuesto será administrado por el departamento administrativo y la unidad especial de ejecución de programas y proyectos de salud, responsable de ejecutar el préstamo aprobado para la construcción de hospitales.

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El presupuesto de las direcciones de áreas de salud (DAS) y los hospitales disminuirá y su distribución geográfica evidencia que el 31.8% de sus recursos se centrará en el departamento de Guatemala. Aunque esto podría deberse a la concentración demográfica y de servicios, sigue ocultando inequidades, considerando que mientras en Guatemala se asignarán Q595.60 por persona, en Suchitepéquez se asignarán Q197.10.

El 5% del presupuesto será trasladado a 38 entidades que brindan asistencia social y atención médica general y especializada.

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Conclusiones

• La salud no figura entre los principales objetivos del Gobierno.
• El aumento del GTS y la reducción del gasto público en salud limita la capacidad de respuesta del MSPAS y condiciona el aumento del gasto de bolsillo, evidenciando la escasa protección financiera que el sistema público ofrece a las familias, que, en su mayoría, viven y sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
• El fortalecimiento del programa 9 contribuye a la reducción de la brecha de infraestructura y a mejorar el estado actual de los servicios.
• La reducción del programa 12 seguirá privilegiando la costumbre de atender al daño, sobre la posibilidad de prevenir enfermedades y promover la salud.
• La reducción al programa 4 se dará en un contexto en el que la pandemia del covid-19 continuará azotando a la población.
• La distribución del financiamiento reproduce los modelos de inequidad en el país.
• El traslado de recursos públicos a entidades privadas y nuestra historia reciente confirman que, en un Estado cooptado, donde no se respeta el estado de Derecho, la tercerización de las funciones del Gobierno aumenta la vulnerabilidad a la corrupción, debilita a las instituciones y las mantiene inertes.

Recomendaciones

• La asignación y distribución de los recursos, alineado a un plan nacional de protección de la salud, mejoraría la capacidad de respuesta del MSPAS, el gasto de bolsillo y las exclusiones que genera.
• El desarrollo de infraestructura debería vincularse a un plan nacional de inversión en salud, que, partiendo de un proceso de ordenamiento territorial, identifique la brecha cuantitativa y cualitativa de infraestructura y recursos que garanticen su adecuado funcionamiento.
• La reducción del programa 94 debe reconsiderarse, ante la necesidad de fortalecer la cadena de frío, asegurar la adquisición de la vacuna para el covid-19 y fortalecer las acciones de vigilancia y control que requieren de una cantidad suficiente y la distribución equitativa de pruebas y de medicamentos que garanticen un tratamiento oportuno.
• Deben abrirse espacios de análisis y discusión de los mecanismos de distribución presupuestaria procurando la calidad del gasto, la transparencia, el equilibrio entre lo curativo y lo preventivo, la reducción de inequidades y la desfragmentación del gasto.
• Muchas entidades privadas que reciben recursos públicos han emergido ante la falta de una respuesta estatal. Sin embargo, el contexto epidemiológico obliga a rediseñar un sistema público que desarrolle las capacidades que permitan dar respuesta a la discapacidad y a las enfermedades neurológicas, cardiovasculares, renales, hepáticas, ortopédicas, genéticas, psiquiátricas y oncológicas, que hasta hoy permanecen prácticamente desatendidas.

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Adrián Estuardo Chávez García fue viceministro de Salud e investigador del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac)