Análisis: La salud no es el principal objetivo del gobierno

De aprobarse el presupuesto, la mayoría de recursos se destinarían a educación, deuda pública, asuntos económicos, orden y seguridad pública.

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Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) se le asignarían Q9 mil 894 millones, es decir, el 1.61% del PIB, cerca del promedio registrado en los últimos cinco años.

El informe Estado del financiamiento de la salud en Guatemala 2017, publicado por el MSPAS, revela que en promedio el gasto total de salud (GTS) representa el 6.46%; el gasto de bolsillo, el 3.62%, y el gasto público asignado al MSPAS, el 1.24% del PIB, demostrando que lo asignado es insuficiente y que la población empobrecida y desprotegida continuará enfrentando los embates de la pandemia y sobreviviendo al resto de enfermedades, mientras trata de superar las barreras impuestas.

Los programas más beneficiados en la asignación fueron el vinculado con la construcción, ampliación y/o mejoramiento de establecimientos de Salud (9), el relacionado con la prevención de la mortalidad materna y neonatal (15) y el de prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición crónica (14). Mientras, los más afectados son el orientado a la atención de desastres naturales y calamidades públicas, como las surgidas por el covid-19 (94), el vinculado con la recuperación de la salud (13) y el relacionado con el fomento de la salud y medicina preventiva (12).

El 31% del presupuesto será administrado por el departamento administrativo y la unidad especial de ejecución de programas y proyectos de salud, responsable de ejecutar el préstamo aprobado para la construcción de hospitales.

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El presupuesto de las direcciones de áreas de salud (DAS) y los hospitales disminuirá y su distribución geográfica evidencia que el 31.8% de sus recursos se centrará en el departamento de Guatemala. Aunque esto podría deberse a la concentración demográfica y de servicios, sigue ocultando inequidades, considerando que mientras en Guatemala se asignarán Q595.60 por persona, en Suchitepéquez se asignarán Q197.10.

El 5% del presupuesto será trasladado a 38 entidades que brindan asistencia social y atención médica general y especializada.

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Conclusiones

  • La salud no figura entre los principales objetivos del Gobierno.
  • El aumento del GTS y la reducción del gasto público en salud limita la capacidad de respuesta del MSPAS y condiciona el aumento del gasto de bolsillo, evidenciando la escasa protección financiera que el sistema público ofrece a las familias, que, en su mayoría, viven y sobreviven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.
  • El fortalecimiento del programa 9 contribuye a la reducción de la brecha de infraestructura y a mejorar el estado actual de los servicios.
  • La reducción del programa 12 seguirá privilegiando la costumbre de atender al daño, sobre la posibilidad de prevenir enfermedades y promover la salud.
  • La reducción al programa 4 se dará en un contexto en el que la pandemia del covid-19 continuará azotando a la población.
  • La distribución del financiamiento reproduce los modelos de inequidad en el país.
  • El traslado de recursos públicos a entidades privadas y nuestra historia reciente confirman que, en un Estado cooptado, donde no se respeta el estado de Derecho, la tercerización de las funciones del Gobierno aumenta la vulnerabilidad a la corrupción, debilita a las instituciones y las mantiene inertes.

Recomendaciones

  • La asignación y distribución de los recursos, alineado a un plan nacional de protección de la salud, mejoraría la capacidad de respuesta del MSPAS, el gasto de bolsillo y las exclusiones que genera.
  • El desarrollo de infraestructura debería vincularse a un plan nacional de inversión en salud, que, partiendo de un proceso de ordenamiento territorial, identifique la brecha cuantitativa y cualitativa de infraestructura y recursos que garanticen su adecuado funcionamiento.
  • La reducción del programa 94 debe reconsiderarse, ante la necesidad de fortalecer la cadena de frío, asegurar la adquisición de la vacuna para el covid-19 y fortalecer las acciones de vigilancia y control que requieren de una cantidad suficiente y la distribución equitativa de pruebas y de medicamentos que garanticen un tratamiento oportuno.
  • Deben abrirse espacios de análisis y discusión de los mecanismos de distribución presupuestaria procurando la calidad del gasto, la transparencia, el equilibrio entre lo curativo y lo preventivo, la reducción de inequidades y la desfragmentación del gasto.
  • Muchas entidades privadas que reciben recursos públicos han emergido ante la falta de una respuesta estatal. Sin embargo, el contexto epidemiológico obliga a rediseñar un sistema público que desarrolle las capacidades que permitan dar respuesta a la discapacidad y a las enfermedades neurológicas, cardiovasculares, renales, hepáticas, ortopédicas, genéticas, psiquiátricas y oncológicas, que hasta hoy permanecen prácticamente desatendidas.

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Adrián Estuardo Chávez García fue viceministro de Salud e investigador del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales (Ipnusac)

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