Narcotráfico: procesos de investigación avanzan lento

Investigaciones contra el narcotráfico no avanzan por diversos factores y atrasan los procesos de judicialización, sobre todo cuando hay militares involucrados.

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Desde el 2019, en promedio, cada 10 días aterriza una aeronave con cocaína procedente de América del Sur. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Desde el 2019, en promedio, cada 10 días aterriza una aeronave con cocaína procedente de América del Sur. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Las investigaciones relacionadas con delitos del narcotráfico no son tan sencillas de judicializar, sobre todo cuando hay personal del Ministerio de la Defensa señalado de haber participado o facilitado algún acto ilícito.

El fiscal contra la Narcoactividad, Alan Ajiatas, al explicar las dificultades que debe sortear una investigación indica que entre los mayores desafíos para la Fiscalía está el de “pasar las líneas de fuga de información que rodean las actividades ilícitas” y demostrar que integrantes del Ejército de Guatemala han colaborado en actividades del narcotráfico.

Existen varios ejemplos de la complejidad a la hora de investigar este tipo de actos ilícitos.

Ajiatas pone en discusión uno de los casos más recientes, el de unos soldados que habrían custodiado el traslado de cargamentos de cocaína, lo cual se reveló en un informe del expediente de solicitud de extradición de Kevin Yordano Ortiz López, sobrino de Juan Ortiz, alias Chamalé, condenado a 21 años de prisión en EE. UU. por delitos de narcotráfico.

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Hay otros casos, como la información que abrió camino a la solicitud de extradición a EE. UU. del exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla, señalado de conspirar para trasladar cinco o más kilogramos de cocaína a ese país.

La acusación del Departamento de Justicia de EE. UU. en contra de López Bonilla señala que este colaboró con el grupo armado los Zetas entre 2010 y 2015, incluso se le asignaron agentes de la Policía Nacional Civil para vigilar los cargamentos de droga que trasladaban.

Sobre este caso en particular, Ajiatas refiere que hay más obstáculos. Los hechos se dieron en 2017, por lo que no investigan quiénes de los policías pudieron haber estado implicados en la seguridad de los cargamentos porque el seguimiento a información que conocen por pesquisas de narcotráfico por otros países comenzó un año después, cuando él, junto al fiscal Gerson Alegría, asumió la jefatura de esa fiscalía especializada.

Entre otros casos que se conocen en la fiscalía pero su proceso de judicialización avanza lentamente está la detención del soldado Manuel Choc Caal, quien portaba en su mochila dos paquetes de cocaína que formaban parte de los indicios encontrados en una aeronave incendiada en Las Cruces, Petén.

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El castrense tenía menos de un año de estar de alta en la institución y fue capturado el 19 de abril de 2020. Once días después fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por procuración de impunidad y evasión.

El fiscal explica que el expediente de Caal está en apelación por resoluciones contrarias a las que solicitaron. Una sala debe resolver estos recursos.

País de interés

Un análisis publicado por InSight Crime, un centro de investigación que publica análisis sobre el crimen organizado en América Latina y el Caribe, señala que la infiltración de traficantes de drogas en las fuerzas armadas promete ventajas, desde el uso de vehículos blindados para protección hasta contactos castrenses, para evadir los puestos de control.

Además, indica, el Ejército en Guatemala es una institución política de mucho poder, con fuertes conexiones históricas con agentes aduaneros, por lo que en las zonas fronterizas son fundamentales para el narcotráfico, y es donde, de forma simultánea, la presencia del Estado es débil.

Ajiatas indica que, de existir colaboración de las fuerzas armadas en el trasiego de drogas en el país, se debe demostrar, y ahí radica la complejidad.


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