Verificamos por usted: ¿Carece la PNC de lineamientos para el uso de la fuerza policial?

La PNC sí tiene lineamientos que dictan cuándo un agente puede usar su arma de fuego y cuándo no, aunque expertos consideran que falta respaldo jurídico para los agentes.

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Agentes de la PNC en el área de conflicto entre vecinos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. (Foto: Prensa Libre)
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Agentes de la PNC en el área de conflicto entre vecinos de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán. (Foto: Prensa Libre)

En los últimos años la Policía Nacional Civil (PNC) ha sido cuestionada por diversos sectores por no hacer uso de la fuerza policial cuando se enfrenta a criminales que colocan en riesgo la vida de agentes o de otras personas.

Políticos de turno han dicho que los oficiales de la PNC no tienen lineamientos claros sobre cómo y cuándo pueden utilizar su arma de fuego. Aseguran que la falta de reglas claras hace que muchos elementos prefieran no emplear armamento letal para no enfrentar consecuencias penales.

Sin embargo, tras hacer una revisión de los reglamentos y órdenes internas de la PNC, se concluye que lo anterior no es cierto, puesto que sí hay lineamientos aprobados que dictan cuándo un agente puede usar su arma de fuego y en qué ocasiones debe evitarlo.

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Expertos en seguridad consultados coinciden en que el problema no es la falta de reglas claras. Más bien, el asunto es la poca preparación, la falta de equipo necesario por parte de los policías y, en muchas ocasiones, la falta de respaldo jurídico para los agentes que hacen uso de su arma de fuego. Esto causa que los oficiales no actúen con base en los protocolos ya establecidos.

“Lo que necesita no es una nueva ley orgánica, se necesita cumplir con dos cosas esenciales: dotar de armas no letales y equipo potencialmente letal a cada uno de los agentes de la PNC. Y lo segundo es entrenarlos para que sepan cuándo pueden usar su armamento y cuándo no”, dijo Oswaldo Samayoa, del Centro de Estudios Legales de Guatemala (CEG).


¿De dónde salió la información?

El martes 18 de enero, la diputada Patricia Sandoval, del partido FCN-Nación, propuso una iniciativa de ley que pretende "regular las disposiciones para el empleo de la fuerza pública". Uno de los argumentos de la congresista al momento de exponerla fue que la PNC no contaba con un instrumento que estableciera cómo emplear la fuerza policial. "Cuando nuestros agentes que salen a dar la cara por la ciudadanía no tienen un instrumento que les otorgue las medidas para poder cubrir la seguridad de los ciudadanos guatemaltecos. Hoy estamos dotándolos de instrumento de carácter urgente y la iniciativa debe ser aprobada de urgencia nacional. La PNC sale a enfrentarse sin una herramienta que le permita combatir con el uso legítimo de la ley a un delincuente", dijo la parlamentaria.

¿Cuál es el  contexto?

El pasado viernes 7 de enero el Ministerio Público (MP) y la PNC acudieron a Nahualá para realizar allanamientos en seguimiento a una investigación por la masacre de 13 personas, entre ellos un policía y 12 vecinos de comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán. Ambos municipios se encontraban en estado de sitio. Sin embargo, los fiscales y las fuerzas de seguridad fueron recibidos a balazos y agresiones físicas por parte de pobladores, quienes se oponían a que dichos elementos ingresaran a la zona. El gobierno confirmó la muerte de un agente de la PNC y las lesiones que sufrieron otros. En redes sociales también circularon videos de la emboscada que fueron víctimas el personal policial. Ante ello, usuarios cuestionaron el por qué los agentes no utilizaron su arma para defender la vida. Días después, la congresista Patricia Sandoval aprovechó la coyuntura para presentar la iniciativa de ley. Según ella, esta permitiría que los policías usen su armamento en ocasiones que lo ameritan. Antes de esta iniciativa, ya se había presentado otra que actualmente está proceso de aprobación por parte de los diputados que integran la Comisión de Seguridad y Justicia del Congreso de la República. Se denomina "Ley de la Policía Nacional Civil". Entre otros temas, reconoce como un derecho de los agentes contar con defensoría legal cuando, en cumplimiento de su función policial, un criminal resulte herido o fallecido.

Por esto sabemos que es
dudoso

En principio, no es cierto que no existan lineamientos sobre el uso de la fuerza, como asegura la diputada Patricia Sandoval. La Ley de la PNC establece en su artículo 12, inciso c, que los agentes deben ejercer sus funciones atendiendo los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. Derivado de ello, la institución emitió la orden general 11-2019, que establece en su artículo 5 que los policías pueden usar sus armas de fuego solo cuando se presentan agresiones letales, o bien, si están próximas a ocurrir y de no usar armas de fuego éstas se consumarían. El artículo 6, además, dice que es prohibido usar armas de fuego contra personas o vehículos en movimiento, salvo lo establecido en el párrafo anterior. También se prohíbe contra multitudes y objetivos que no son claramente identificados o cuando no haya una vida en peligro o riesgo de lesiones graves. No obstante, pese a existir estos lineamientos, hay antecedentes de agentes que deciden hacer uso de sus armas contra delincuentes, pero posteriormente son conducidos a tribunales y enviados a prisión preventiva sin goce de salario, explica Stu Velasco, criminalista y exdirector de investigación criminal de la PNC. “En 2015 cuando llegamos a la PNC nos encontramos con nueve agentes que, en cumplimiento del deber, estaban en prisión sin salario. Contratamos 50 abogados particulares y 150 abogados policías para conformar la defensa técnica”, dijo Velasco. El experto coincide con que los lineamientos para hacer uso de la fuerza están claros, pero hace falta el respaldo jurídico a los agentes. Por ello, ve con buenos ojos la iniciativa propuesta por la Comisión de Seguridad y Justicia, la cual, en su artículo 16, inciso g, establece que cuando el agente haga uso de su arma y producto de ello el agresor resulte herido o fallecido no debe guardar prisión preventiva, sino puesto en resguardo de sede policial mientras el Ministerio Público investiga si su actuación se apegó a los principios doctrinarios. Para esta nota se consultó con el departamento de comunicación social de la PNC si existían agentes en prisión preventiva o con sanciones administrativas por hacer uso de su arma de fuego, pero no hubo respuesta al cierre de la edición.

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