Verificamos por usted: ¿Son los secuestros un delito creciente durante el 2020?

Analistas consideran que las autoridades deben reforzar acciones para encontrar a los menores que están denunciados como desaparecidos.

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Agentes del Comando Antisecuestros participaron en el rescate. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).
Agentes del Comando Antisecuestros participaron en el rescate. Imagen ilustrativa. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Audios compartidos por WhatsApp, videos con supuesta información o noticias de secuestros han acaparado la atención de la población y de las autoridades durante las últimas semanas; sin embargo, esos crímenes, aunque se registran en las estadísticas oficiales, no representan un problema mayúsculo de seguridad.

Los mensajes anónimos no son congruentes con las cifras que recoge cada mes la Policía Nacional Civil (PNC) y el Consejo Nacional de Seguridad —este último en sus informes—.

De acuerdo con el informe más reciente publicado por el Consejo, con casos oficiales hasta el 30 de septiembre —los datos de octubre no los han hecho públicos—, son 14 denuncias de secuestros que conoció la Policía. Respecto del 2019, sí hay un incremento de tres reportes, lo cual no constituye un aumento que pueda significar un repunte de ese delito.

Las estadísticas de la Policía demuestran que, en efecto, esas denuncias han ido a la baja desde el 2011, porque durante ese año se registraron 124 casos y en el 2019 solo 17.

Además, según la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional (STCSN), en su reporte estadístico de septiembre, registró tres casos más comparado con septiembre del 2019. Guatemala, Huehuetenango y Escuintla son los departamentos con las principales alzas.

César Estrada, fiscal contra secuestros del Ministerio Público (MP), informó ayer en conferencia de prensa que ese delito disminuye en el país, y debido a las investigaciones que han desarrollo, afirmó que en el país no hay estructuras criminales bien organizadas y solo algunas emergentes. Agregó que, del año pasado a la fecha, la Fiscalía tiene 20 por ciento menos denuncias por secuestro.

Explorando un poco más en las cifras oficiales, las alertas Alba-Keneth son más activas, aunque la propia institución explica que no significa que los reportes de desapariciones sean sinónimo de secuestro de menores. De hecho, han aumentado las alertas en solo una comparación intermensual, porque en marzo la cifra de reportes cayó, por las medidas de confinamiento dictadas por la pandemia, y fue solo después de que se relajaron cuando, otra vez, comenzaron a llegar las denuncias, incluso abajo de las que se contaban en promedio en el 2019.

Ruby Monzón, fiscal de la Niñez y Adolescencia del MP, explicó en conferencia de prensa que, respecto de años anteriores, en el 2020 hubo baja del 50 por ciento en la activación de alertas Alba-Keneth en los municipios que son competencia del Modelo de Atención Integral de Niñez y Adolescencia (Maina).

En el 2017, fueron activadas 995; en el 2018, mil 80; en el 2019, mil 436, y en lo que va del 2020, 635, en Guatemala, San Pedro Ayampuc, Santa Catarina Pinula, Fraijanes, San José Pinula, Palencia, San José del Golfo y Chinautla —competencia del Maina–.

Llamado a la calma

Lizandro Acuña, analista en temas de seguridad, señaló que el Gobierno debe llamar a la calma a la población y presentar datos estadísticos, ya que el tema de secuestros en el país ha disminuido porque el Comando Antisecuestros de la PNC ha realizado un buen trabajo a lo largo de los últimos años, y se evidencia en las cifras de secuestros de la última década.

Acuña sí llama a la reflexión en relación con que las alertas de personas desaparecida corresponden en 60 por ciento a mujeres, y aunque no hay secuestros porque no piden dinero o algún intercambio por las víctimas, tampoco aparecen, lo que da lugar a creer que hay incremento de otro tipo delitos, como explotación sexual o venta de órganos, lo que necesita una investigación más especializada para tomar acciones de prevención.

El experto en seguridad pública manifestó que podría haber subregistros, pues las familias tienen miedo de denunciar algún secuestro o desaparición, otro aspecto que deben indagar a profundidad las autoridades.

Acuña explicó que para los casos de secuestro siempre hay una exigencia económica por parte de los secuestradores a cambio de liberar a la víctima, pero en el tema de las desapariciones se sabe que hay redes que captan a los menores de edad bajo el engaño de que tendrán mejores oportunidades económicas, y cuando salen del país son explotadas sexualmente o son utilizados para vender sus órganos.

Para Verónica Godoy, integrante de la organización Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, señaló que aunque el Gobierno ya salió al paso para desmentir un repunte de secuestros, sí se debe seguir investigando para resolver los casos de niños, mujeres y jóvenes desaparecidos.

Además, se debe determinar si son casos aislados o separados con el tema de violencia contra la mujer, para que baje esa percepción en la población.
“Las autoridades deben dar a conocer estadísticas antes de que se les salga de las manos la situación. Deben generar confianza”, expresó.

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