Una buena ejecución del presupuesto se traduce en mejores servicios en un momento en que la población está a merced del Estado debido a la emergencia por el covid-19. El techo presupuestario para atender la crisis ascendió a Q1 mil 676 millones, gracias a las readecuaciones aprobadas por el Congreso a petición del presidente Alejandro Giammattei, a través del estado de Calamidad decretado en marzo.
Cuatro meses después de la primera readecuación en el presupuesto, el Ministerio de Salud solo ejecutó el 16.6 por ciento. La organización civil Laboratorio de Datos detectó que esa cartera había erogado solo dos centavos por cada quetzal aprobado para atender la emergencia sanitaria, y los demás ministerios estaban en una situación similar.
Estos datos fueron parte del argumento para destituir a Hugo Monroy como ministro de Salud, y al ser cuestionada sobre la baja ejecución, la nueva jefa de la cartera salubrista, Amelia Flores, explicó que muchas unidades ejecutoras tienen miedo de utilizar los fondos para el covid-19 y prefieren hacer uso del presupuesto regular asignado para este año.
Mientras Salud trata de agilizar sus procesos, los diputados promueven reformas a la Ley de Contrataciones del Estado para ampliar el techo a las municipalidades. La iniciativa ya tiene dictamen favorable de las comisiones legislativas de Finanzas y Asuntos Municipales, con el argumento de que necesitan mitigar la emergencia.
El presidente Giammattei se unió a las voces que piden reformar la Ley, pero esa posibilidad despierta sospechas, por temor a que haya intenciones ocultas. Giammattei justificó la urgencia por cambiar la normativa de compras y aseguró que son las municipalidades las más interesadas.
Los montos de compras de baja cuantía para las comunas están obsoletos, a criterio del gobernante, porque “no se compra mayor cosa”.
“Imagine que usted es alcalde y se le quema la bomba de un pozo de agua. Sus Q90 mil no le alcanzan para la compra de una bomba gacha. ¿Usted cree que los vecinos se van a esperar dos meses, tres meses… a que usted llene los requisitos de Guatecompras, y ellos sin agua? Mientras tanto, obliga al alcalde a parcializar, a violar la ley, porque sus vecinos se le irán encima si usted no les pone rápido el agua”, ejemplificó Giammattei en una reciente entrevista con Prensa Libre.
El presidente hizo referencia al monto establecido por el actual régimen para las compras de baja cuantía. Si el valor sobrepasa el tope —Q90 mil— tiene que crearse una licitación en Guatecompras.
Este control ha propiciado una práctica recurrente en las comunas, que consiste en fraccionar las compras. Es decir, dividen los montos y hacen varias adquisiciones que no pasen del límite establecido.
Cambio de modalidad
El mandatario no es el único que habla sobre “lo obsoleto” de la mencionada normativa como un contratiempo para adquirir bienes y servicios en el Estado.
El expresidente Jimmy Morales hizo famosa la frase “Déjenme trabajar”, y la utilizó en distintas ocasiones. Una de ellos fue cuando se quejó de la dificultad para las compras en el Estado.
En el 2019, el último del gobierno de Morales, se propuso un modelo distinto de compras. El entonces ministro de Finanzas, Víctor Martínez, trabajó en un proyecto para enviarlo al Congreso, que no incluía reformas a la ley, sino la creación de un nuevo sistema, al que llamó General de Adquisiciones del Estado.
¿Es el presupuesto covid un problema?
Si bien hay áreas de Salud que califican la normativa como obsoleta, el problema recae en otros factores que no tienen que ver con la legislación.
Marvin Flores, investigador de Acción Ciudadana, explica que el 20 por ciento de los problemas de ejecución tienen que ver con esa normativa, y el resto, con la falta de planificación, la rotación del personal y la ignorancia sobre la ley.
Francisco Bermúdez, director del Área de Salud de Sacatepéquez y secretario general del Sindicato de Directores de Área, Hospitales y Profesionales Médicos, dijo: “A pesar de que las unidades ejecutoras hagamos bien el procedimiento, a veces nos lo bota gente de la Anam (Asociación Nacional de Municipalidades) o del Ministerio de Salud, porque han cambiado a mucha gente. Algunos no tienen la suficiente experiencia o tienen miedo y nos botan el procedimiento”, dice. A decir de Bermúdez, de 47 eventos publicados en Guatecompras, en 30 ha habido problemas en los procedimientos y solo se asignan 17.
Para Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), la Ley de Contrataciones no estipula un procedimiento claro para las compras internacionales; por ejemplo, las necesidades provocadas por la pandemia, como las pruebas de diagnóstico, ventiladores o escafandras.
“Todos esos productos no se fabrican en Guatemala, y si se producen no tienen la certificación de calidad o no se tiene suficiente grado de especialización (…) Las medicinas sería algo importante que el Gobierno puede comprar a nivel internacional, si tuviera un procedimiento más claro y eficiente”, explica.
El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, indicó que Salud sí ha estado ejecutado recursos, pero en lugar de hacerlo sobre los préstamos que aprobó el Congreso, lo está haciendo sobre su presupuesto vigente para 2020.
“Creo que el Ministerio de Salud se había estado yendo por una forma más fácil para ellos, que era utilizar una fuente “11”, que son los ingresos corrientes, y no una fuente de préstamos”, dijo González Ricci.
Uno de los problemas que surgirán cuando termine el estado de Calamidad es que solo estará disponible el dinero de los préstamos, que les costará utilizar, porque ya no estará vigente un estado de emergencia, dijo el ministro de Finanzas.
En un principio, González Ricci adujo falta de conocimiento de la Ley de Contrataciones, pero después cambió de argumento porque el Ministerio de Finanzas ofrece capacitación semanal con las unidades ejecutoras. “El problema también es la falta de dirección y exigencia para que usen los préstamos”, agregó.
La pandemia ha sido la excusa para impulsar reformas a la Ley de Contrataciones, y la propuesta de los diputados despertó suspicacia. A decir de Zapata, una cosa es la Ley de Contrataciones pero otro es la Ley de Servicio Civil. “Hay que recordar que cada cuatro años cambia la gente en los ministerios, y eso hace que se pierda la capacidad de ejecutar el presupuesto”, señaló, y recordó que este gobierno no es la excepción.
“Eso va por muy mal camino. Están queriendo agarrar la crisis de covid como un pretexto para relajar los controles. En el estado de Calamidad ya se les permite comprar de manera fácil y ágil, y no entiendo por qué siguen las quejas”, indicó Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
González Ricci dijo que se reunirá con el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, Duay Martínez, para dar a conocer sus observaciones y preparar las enmiendas, a fin de que se presenten cuando se empiece a discutir la iniciativa en el pleno.
Karin Slowing, experta en gestión pública y exsecretaria de Planificación y Programación de la Presidencia, recordó que lo último que se debe hacer es echarle la culpa a la ley.
“La capacitación de la gente se ha abandonado. Me refiero a la de funcionarios que tienen que conocer a profundidad la Ley de Compras y Contrataciones, tienen que estudiarla y aprender a usarla porque todo instrumento, si uno no lo conoce, no le resuelve los problemas”, observó.
Flores coincidió en este punto y afirmó que no existe ninguna dependencia del Gobierno que vele por la capacitación constante a funcionarios en aspectos relacionados con normativas y ejecución.
Agregó que la rotación de personal cada cuatro años en las municipalidades y entidades estatales causa que no se dé seguimiento a los proyectos de desarrollo.
“Cuando llega un alcalde nuevo elimina a toda la gente que conocía, por experiencia, el tema de contrataciones públicas, y pone a gente nueva que comete una serie de errores”, refirió.
Giammattei, por su parte, reafirma que se tiene que actualizar la Ley. “¿Que tenemos que actualizar? Sí. Hay la necesidad. Nosotros recibimos el apoyo de más de 300 municipalidades que están pidiéndole al Congreso que, por favor, modifique —la normativa—. Nosotros hablamos con miembros de la junta directiva del Congreso, les hicimos llegar la solicitud de los alcaldes y esperaríamos que pase muy rápido la modificación”, expuso.
