Una dirección legislativa es fuente de empleo para allegados al gobierno

Un exdiputado de Líder, un promotor de un partido político de la familia Melgar Padilla y una abogada condenada por corrupción figuran en la planilla de la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa del Congreso de la República.

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Una dirección legislativa, creada en 2017, da plazas de trabajo a particulares allegados a la esferas gubernamentales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Una dirección legislativa, creada en 2017, da plazas de trabajo a particulares allegados a la esferas gubernamentales. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La Dirección de Estudios e Investigación Legislativa (DEIL) del Congreso de la República se convirtió en una fuente de empleo para un exdiputado del partido Líder, un fundador de un partido político allegado a un diputado y una abogada condenada por corrupción. Todos tienen contratos con remuneraciones que oscilan entre los Q18 mil y Q29 mil al mes.

El primer caso es el del excongresista de Líder, Roberto Villate, quien cumple su tercer año consecutivo como asesor de la DEIL. Devenga Q18 mil mensuales y en los últimos dos meses solo ha brindado tres conferencias mensuales de una hora cada una, según consta en el portal Guatecompras.

Su contrato inició en 2020 y sus funciones no especifican qué tareas concretas debe realizar. Solo refieren que debe ejecutar “bajo la coordinación de su jefe inmediato el trabajo específico de su competencia” y “brindar asesorías requeridas” por su superior. También se le encomienda realizar análisis de iniciativas de ley o leyes vigentes.

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No obstante, en lo que va del año solo ha realizado seis conferencias, tres en abril y tres en marzo. En febrero únicamente realizó un cronograma de las actividades que realizaría en el año, según los informes publicados en el portal Guatecompras.

Esto quiere decir que cada charla con duración de una hora ha costado a la DEIL Q6 mil, puesto que no constan otras actividades que el exjefe de la bancada del extinto partido Líder, cancelado por financiamiento ilícito, haya realizado como parte de su contrato.

Los informes de labores son firmados por la subdirectora de formación legislativa de la DEIL, Génesis Monroy Ardón, quien es sobrina de la ministra de Educación Claudia Ruiz, y por el encargado del despacho, Jaime Ernesto Canizales Catalán.

Ellos deben verificar las actividades realizadas por Villate Villatoro, pero a la fecha no consta que hayan realizado ningún reparo sobre los servicios prestados. Ambos devengan Q29 mil 150 mensuales.

Castillo Ovalle

En la DEIL también labora Sergio Francisco Castillo Ovalle, quien según una nota de elPeriódico integra la dirigencia del partido Unión Republicana, cuya secretaria general es Astrid Melgar Figueroa, hija del diputado Herber Melgar Padilla. Devenga Q23 mil mensuales y se encuentra bajo el renglón 022 desde marzo de 2021.

Castillo Ovalle laboró como registrador sustituto en Registro General de la Propiedad, en dónde se le recetó un “bono anti estrés por carga laboral” de Q10 mil , según reportaron medios de comunicación en su momento. Asimismo, en este período, trabajadores de la institución lo denunciaron públicamente de hostigarlos para colocar empleados afines a él al tiempo que se despedía a otros trabajadores.

Del Val Herrera

Otra trabajadora que cuenta con una plaza 022 es la abogada Ismenia Beatriz del Val Herrera, quien fue condenada en procedimiento abreviado en 2018 por el delito de falsedad ideológica en el caso Cooptación del Estado.

La abogada devenga Q24 mil y empezó a laborar en la dirección desde septiembre de 2021, según consta en los registros de información pública del Congreso.

La condena Del Val Herrera fue de tres años, sin embargo, la misma se suspendió siguiendo el procedimiento que establece el artículo 72 del Código Penal, el cual refiere que los tribunales podrán suspender condicionalmente la ejecución de la pena si ésta no excede de tres años, si la persona acusada no ha sido condenada previamente por delito doloso y si ha mostrado buena conducta, informó personal fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.

Del Val Herrera fue identificada en su momento dentro de un grupo denominado “lavadores” por parte del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), a quienes se sindicó de blanquear activos captados por una estructura criminal liderada por Otto Pérez y Roxana Baldetti, los cuales provenían de contratistas del Estado a cambio seguir adjudicándoles contratos públicos.

Previo a ser condenada en procedimiento abreviado, Del Val Herrera reconoció su responsabilidad en los hechos que se le imputaron.

Otro contrato

Asimismo, cuenta con una plaza 022 en la DEIL la exgobernadora de Suchitepéquez durante el gobierno de Jimmy Morales, Vanessa Cecilia Marín, quien devenga Q24 mil como profesional 3, según consta en la planilla de la DEIL. Ella labora desde julio de 2019.

En mayo de 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales, fue juramentada como gobernadora de Suchitepéquez.

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Aumento de presupuesto

La DEIL opera desde 2017 y actualmente cuenta con un presupuesto de Q21.6 millones. Se plantea como misión brindar asesoría a los diversos órganos que conforman el Organismo Legislativo “sobre los procedimientos parlamentarios a desarrollar”.

Esta dirección depende directamente de la presidencia del Congreso y su objetivo general es “velar porque se adecúen a la técnica legislativa los proyectos de ley y los dictámenes elaborados por las comisiones de trabajo”.

Desde que se creó, en 2017, se le ha aumentado Q6.8 millones a su presupuesto anual. A la fecha tienen contrataciones en el renglón 022 con ingresos mensuales de Q14 mil a Q24 mil y otros diez asesores 029, entre los cuales figura Villate, con remuneraciones de entre Q10 y Q18 mil al mes.

En total hay 65 personas laborando en la DEIL.

Al consultar al jefe de la DEIL, Jaime Ernesto Canizales, qué méritos observaron en el personal para su contratación, aseguraron que ellos no inciden en contrataciones puesto que todas dependen de junta directiva del Congreso.

Según Canizales, la DEIL se limita a cumplir las funciones reguladas en ley, entre las cuales se encuentra brindar asesoría parlamentaria a diputados y distintos empleados del Congreso. Asimismo, aseguró que desconocía los señalamientos contra algunos trabajadores, por lo que no podía emitir opinión al respecto.

También se intentó contactar a la subdirectora de Formación Legislativa Monroy Ardón, pero se negó a dar explicaciones para esta nota.


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