Una política de protección social permanente podría ayudar al país a salir de la crisis de la pandemia

Susana Gauster, responsable de Investigación, Influencia y Desigualdad de la organización Oxfam Guatemala indica que es necesario que la población y el Gobierno vean los programas de protección social como una fuente de derecho.

PL Plus
La crisis económica provocada por la pandemia agravó la situación de millones de familias que ya estaban viviendo en condiciones vulnerables. (Foto Prensa Libre: cortesía Oxfam / Pablo Tosco)
La crisis económica provocada por la pandemia agravó la situación de millones de familias que ya estaban viviendo en condiciones vulnerables. (Foto Prensa Libre: cortesía Oxfam / Pablo Tosco)


La crisis provocada por la pandemia del covid-19 alcanzó a millones de familias que ya vivían en condiciones vulnerables antes de 2020. Agudizó los índices de desnutrición aguda y dejó a miles de guatemaltecos desempleados.

De acuerdo a cálculos del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales -ICEFI-, por el contexto de covid-19, más de 1 millón 236 mil personas se sumarían a las 8.5 millones que vivían en condiciones de pobreza. Por esto, Susana Gauster, investigadora de Oxfam Guatemala opina que este es el momento para que el país instale programas permanentes de protección social para minimizar la desigualdad y garantizar la reactivación económica.

¿Cómo evalúan los programas de protección social que promovió el gobierno para atender a los más afectados por la pandemia?

Desde un inicio saludamos el decreto de atención a las familias afectadas por el covid, creemos que fue un buen paso, una buena intención y también se hizo una inversión importante, que realmente es algo que también debería de darse como mínimo todos los años que es más o menos el 2% del PIB. Esta ha sido la cifra que se considera necesaria para asegurar que haya una reactivación económica efectiva. En principio nos pareció bien, en la implementación sí vimos muchas deficiencias y principalmente quiero mencionar dos. Uno es que los programas no tienen un enfoque de derecho, muchas veces los programas de protección social se perciben en la población como un regalo como cuestión de buena suerte y ese es un problema porque la protección social es un derecho, es algo que se debe exigir y por la falta de ese enfoque de género muchos ven mal estos programas porque creen que se les está regalando dinero a los pobres.

El segundo tema es la imprevisibilidad del momento de la transferencia, es decir, aunque la persona sea parte de un programa en específico, no sabe si la transferencia se la van a hacer en una semana o en un mes eso fue algo muy notorio en todos los programas que tenían un atraso bastante fuerte en los fondos que se transfirieron en momentos en que el estado de calamidad ya hubiera pasado, entonces no fue tanto en atención a la crisis.

¿Pero ese 2 por ciento del PIB tendría que ser algo que debería plantearse todos los años?

Si y como mínimo tenía que plasmarse ese monto para este 2021 que se supone que es de reactivación económica, pero que sabemos que aún estamos en medio de la crisis. No vamos a salir de esta crisis antes de fin de año, por eso que el gobierno no haya contemplado fondos para protección social sí es muy preocupante, tanto en términos sociales como en términos económicos. La reactivación económica no solo se va a dar por las carreteras.

Las municipalidades y el gobierno central demostraron que no tienen una base de datos real de dónde estás las familias más pobres del país. ¿Cree que esto fue una de las razones para que el bono no se entregar a quienes más lo necesitaban?

Fueron varias razones y es que impulsaron tantos programas diferentes que había mucha confusión. Estaba el bono familia, el del empleo, el de los trabajadores informales, pero también había de dotación de alimentos, había confusión, duplicidad y mucha gente que no recibía nada y, por el contrario, había quienes recibían dos o tres beneficios. Eso nos lleva a la necesidad de la construcción del padrón único de beneficiarios que no solo organiza y nos da información sobre en qué programa está adscrita cada persona, sino que da información sobre condiciones socioeconómicas y eso también permite priorizar. Eso es algo que sí existe en muchos países latinoamericanos pero en Guatemala estamos en cero en esa parte. Un programa como el Bono Familia es complicado montar sobre la marcha y por eso lo hicieron a través de las facturas de la energía eléctrica que tal vez fue una manera de llegar rápido a la gente, pero no fue la manera más justa o equilibrada. No son muchos países los que lo hacen de esta forma porque en la mayoría de los países ya existían programas de protección social y lo único que hicieron fue ampliar la cobertura o el monto.

Susana Gauster, responsable en Investigación, Influencia y Desigualdad de Oxfam Guatemala. (Foto Prensa Libre: Oxfam)

Es decir, ¿si Guatemala hubiera tenido una política de protección social previa, no hubiéramos resentido tanto los efectos de la pandemia?

Estas políticas deberían ser parte de un estado moderno donde los riesgos de las personas y habitantes de un país puedan sufrir durante su ciclo de vida queden de alguna manera apalancados. En los países europeos es el seguro social el que no deja a la gente en la calle si pierden el empleo, si tienen algún accidente que los deje incapacitados o si se jubilan. En sur África también contaban con una protección social más sólida y esto permite proteger a la población y a las economías, al final es un gana-gana. Son soluciones holísticas e integrales.

En el país hemos tenido la experiencia de que se usan estos programas de manera clientelar. ¿Cómo podríamos superar esto e implementar estas políticas de manera efectiva?

Creo que con los últimos gobiernos sí ha sido muy difícil encontrar un sentido real de la búsqueda del bienestar social. Si en realidad buscaran que la población se beneficie de mejor manera podríamos ver un debate para llegar a la manera más efectiva para que el país progrese y el capital humano crezca, pero sabemos que no es así y que los últimos gobiernos y las mayorías en el Congreso tienen otras prioridades. Por eso es complicado decir qué hay que hacer, porque lo primero es salir de la corrupción y esa es la dificultad principal para que no haya un espacio viable para tener debates de fondo, técnicos y en base a experiencias sobre la viabilidad y efectividad de una política o de un programa. Pero no solo es la corrupción, es un desinterés profundo en la situación social del país.

Por el lado de los gobiernos locales, ¿cuál debería ser la mejor forma para que desde las municipalidades también puedan trabajar en la atención de su población vulnerable?

 Si se puede trabajar a nivel local, el Código Municipal si le da a las alcaldías la posibilidad de promover políticas que atiendan desde su territorio. Sí pueden trabajar programas de protección social como apoyo económico a las familias, o mejoras en el acceso a los servicios de salud pública. Pero también es importante que puedan trabajar en un registro de los habitantes del territorio, una buena base de datos actualizados y que se puedan cruzar. Es generad toda la información para aplicar las políticas más acertadas para que las problemáticas más graves como la desnutrición se pueda erradicar

0