Verificamos por usted: ¿Política antiaborto fue la causa principal para incluir a Guatemala en el capítulo IV del informe de la CIDH?

El informe menciona otros aspectos, como la persecución de fiscales, jueces y periodistas.

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Alejandro Giammattei condena asesinato de Shinzo Abe
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(Foto Prensa Libre: Gobierno de Guatemala)

Bajo la mirada de la comunidad internacional, el Gobierno de Guatemala se asemeja a los de otros países que se caracterizan por violar derechos humanos, como el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ello quedó en evidencia con el Informe Anual 2021 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En este último documento, la CIDH incorporó a Guatemala en su capítulo IV, donde se incluyen a aquellos Estados que violan el Estado de Derecho a través de ataques al poder judicial y vulneraciones a derechos humanos garantizados en la Declaración Americana o Convención Americana, entre otras causas, según el artículo 59.6 de este organismo.

La CIDH tomó nota de diversas situaciones que le preocupan, como persecución contra fiscales, jueces y periodistas, retrocesos en la lucha contra la corrupción y ataques reiterados a la independencia del sistema de justicia.

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Sin embargo, el gobierno, a través del presidente de la República Alejandro Giammattei, redujo todas las causas por las que se insertó a Guatemala en este apartado a una sola: la defensa de la política gubernamental antiaborto.

Giammattei protestó ante el Consejo Permanente de la OEA que existe una agenda a favor del aborto y le pidió a la CIDH que no se convierta en un activista en estos temas, sino que respete la soberanía y la libertad de cada Estado para decidir sobre ello.

Sin embargo, más allá de las causas “pro vida” y antiaborto que ha abanderado públicamente el gobierno, hay seis temas concretos que preocupan a la CIDH y que motivaron la inclusión de Guatemala en el capítulo I.V.


¿De dónde salió la información?

El pasado 29 de junio Giammattei participó en la Cumbre Anual Internacional de Libertad Religiosa que se celebró en Washington. Allí, aseguró que la causa por la que fue incluido en el capítulo IV del informe es porque firmó el Consenso de Ginebra, el cual fue promovido por la administración del expresidente estadounidense Donald Trump que se opone al aborto. “Somos un país de fe. La mayoría de los guatemaltecos practicamos una religión. Ayer estuve en una reunión del Consejo Permanente de la OEA y ¿saben a qué fui? Fui a protestar porque Guatemala fue incluida en el capítulo IV de los violadores de derechos humanos. Yo soy violador de derechos humanos como Cuba, Venezuela y Nicaragua… ¿Y saben por qué? Porque firmé el Consenso de Ginebra y tenemos una política que protege la vida desde su concepción”, dijo.

¿Cuál es el  contexto?

En lo que va del año, se han registrado 913 nacimientos en niñas de entre 10 y 14 años. Asimismo, se han producido 712 embarazos en niñas de este grupo etario hasta el 27 de abril, según datos del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar). En la legislación guatemalteca se tipifican como violencia sexual todos aquellos embarazos en niñas menores de 14 años. Y si derivado de estos actos se produce un estado de gestación, se incluye una agravación de la pena. Los departamentos donde más casos se han presentado son Alta Verapaz, con 100; Huehuetenango, 94; Petén, 75; Quiché, 66; Quetzaltenango, 38 y Jutiapa, con 25 casos. Mientras que en 2021 fueron 2 mil 041 niñas víctimas de 10 a 14 años que dieron a luz y otras 2 mil 124 resultaron embarazadas tras sufrir una violación sexual. En ese sentido, organizaciones de sociedad civil que velan por la salud e integridad de niñas, adolescentes y mujeres han exigido en los últimos años al Estado de Guatemala que implemente políticas de protección a este grupo que constituye uno de los más vulnerables. Prueba de lo anterior es que, en lo que va del año, los delitos contra la niñez y mujeres son los más denunciados en el sistema de justicia y se estima que el 31 por ciento de denuncias que ingresaron afectaron a este grupo, según el Observatorio de las Mujeres del Ministerio Público.

Por esto sabemos que es
falso

El informe de la CIDH señala retrocesos por parte del Estado de Guatemala en seis áreas fundamentales: lucha contra la corrupción e independencia judicial; institucionalidad de derechos humanos; libertad de expresión; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; memoria, verdad y justicia y situación particular de grupos de especial preocupación. De los 248 artículos que conforman el informe, solo uno, el 222, hace referencia a la firma del Consenso de Ginebra. Aquí se advierte un retroceso en los derechos sexuales y reproductivos, se toma nota de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la familia, que prioriza derechos del no nacido en detrimento de los derechos de las mujeres. Y también se toma nota de la suma al Consenso de Ginebra, que excluye el aborto como parte integral del derecho a la salud sexual y reproductiva. No obstante, los otros 247 artículos del informe hacen mención a aspectos que atañen a criminalización y estigmatización contra magistradas, juezas y fiscales. Se mencionan los casos de Juan Francisco Sandoval, quien fue destituido como jefe de la FECI luego de investigar casos de corrupción que podrían involucrar al gobierno de turno. También se hace referencia a la exclusión de Gloria Porras, quien goza de medidas cautelares de la CIDH, como magistrada de la Corte de Constitucionalidad, pese a haber sido electa por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Asimismo, se advierte al menos 87 ataques contra periodistas y comunicadores en el primer semestre de 2021, entre los cuales figuran dos asesinatos, y apertura de procesos judiciales contra periodistas, entre otras causas. De tal cuenta, la firma del Consenso de Ginebra solo toma parte en uno de lo 248 artículos que conforman el informe y no es la causa principal de la inclusión de Guatemala en el capítulo IV, al lado de otros países violadores de humanos, como asegura Giammatei. "El señor presidente ha expresado la defensa de la vida desde la concepción en concordancia con la Constitución Política de la República y la Concepción Americana sobre Derechos Humanos", dijo la SCSP al ser consultada respecto a los comentarios del mandatario.

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