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Verificamos por usted: ¿Se deteriora la libertad de prensa en Centroamérica?

En Centroamérica, periodistas que investigan, fiscalizan y revelan abusos de poder y posibles casos de corrupción se enfrentan a amenazas, difamaciones y ataques.

Periodistas guatemaltecos protestan contra la detención de José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, frente al Palacio de Justicia de Ciudad de Guatemala, el 30 de julio de 2022. (Foto Prensa Libre: Johan Ordóñez / AFP)

Periodistas guatemaltecos protestan contra la detención de José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, frente al Palacio de Justicia de Ciudad de Guatemala, el 30 de julio de 2022. (Foto Prensa Libre: Johan Ordóñez / AFP)

En la última década misiones de observación y defensores de derechos humanos advierten un retroceso en la libertad de prensa en Centroamérica. Cada vez más, las y los periodistas que cuestionan al poder se enfrentan a amenazas y difamaciones que buscan restringir su labor investigativa.

Según el panel de expertos de Reporteros Sin Fronteras, la libertad de prensa es la posibilidad que tienen los periodistas para producir y difundir informaciones en aras del interés general sin ningún tipo de interferencia política, económica, legal, social y sin arriesgar su seguridad física y mental.

En Centroamérica, países como Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua encienden las alarmas ya que en el último año se han intensificado los ataques hacia periodistas que investigan y revelan actos de corrupción y abusos en el poder.

“El periodismo investigativo está siendo atacado. A algunos les duele que haya periodistas que tomen un tema, lo profundicen y lo investiguen. Es esto lo que molesta a quienes detentan el poder porque tenían la falsa idea de que no serían descubiertos al hacer sus maniobras sucias”, afirma Frank La Rue, exrelator para la libertad de expresión de Naciones Unidas e integrante de Fundamedios.

En la región hay una tendencia dictatorial, afirma La Rue, que se caracteriza por la pérdida de pesos y contrapesos en los estados y el uso de las legislaciones vigentes para arremeter contra periodistas, operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

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