Los analistas consideran que los próximos meses son cruciales para garantizar la seguridad del planeta y el legado climático de Biden.
“Si no lo logran, habremos fracasado; el país habrá fracasado en la prueba del clima”, dijo John Podesta, que fue asesor principal del presidente Barack Obama y fundador del Center for American Progress, un centro de estudios de izquierda.
Podesta elogió al gobierno de Biden por hacer del calentamiento global una prioridad, con la creación de una oficina de la Casa Blanca para la política climática nacional, el nombramiento de un enviado internacional para el clima que reafirmaría el liderazgo de Estados Unidos en la escena mundial, hacer avanzar un puñado de regulaciones y proponer importantes inversiones en energía limpia.
Pero también señaló que la física del cambio climático no perdona.
El planeta ya se calentó un promedio de 1,1 grados Celsius en comparación con las temperaturas anteriores a la Revolución Industrial. Los científicos advierten que si el aumento de la temperatura supera los 1,5 grados Celsius, la probabilidad de que se produzcan incendios forestales, inundaciones, olas de calor y otras catástrofes cada vez más mortíferas será inevitable. Los expertos dicen que los países deben reducir de manera inmediata y drástica los gases de efecto invernadero causados por la quema de petróleo, gas y carbón si el mundo quiere evitar los efectos más catastróficos.
El año pasado, en las conversaciones internacionales sobre el clima celebradas en Glasgow, Escocia, Biden prometió que Estados Unidos, el mayor contaminador del mundo en términos históricos, reduciría sus emisiones al menos un 50 por ciento por debajo de los niveles de 2005 para finales de esta década. Instó a otros países a tomar medidas similares. Pero eso será difícil de creer si Estados Unidos no actúa antes de que los países se reúnan para las próximas conversaciones sobre el clima en Egipto el próximo noviembre.
“Si no puedes cumplir el objetivo, habrás perdido credibilidad a nivel internacional”, dijo Podesta, y agregó que calificaría el primer año de Biden como “incompleto” en lo que respecta a la política climática.
Cuando llegó a la Casa Blanca, Biden planteó que el cambio climático era una de sus cuatro prioridades, además de la lucha contra la pandemia de coronavirus, el fortalecimiento de la economía y la lucha contra la desigualdad racial.
Fue un cambio drástico después del mandato del presidente Donald Trump, que con frecuencia se burló de la ciencia del clima, buscó expandir la perforación de petróleo y gas y flexibilizó una serie de regulaciones ambientales, incluidas las que rigen las emisiones de gases de efecto invernadero.
“Su acto más importante fue el de trazar un fuerte contraste con su predecesor en los primeros días de su presidencia”, dijo el senador demócrata de Delaware Chris Coons, que tiene estrechos vínculos con Biden.
Biden se reincorporó de inmediato al acuerdo climático de París de 2015, en el que casi 200 países se comprometieron a intentar mantener el aumento de la temperatura “muy por debajo” de los 2 grados Celsius. Canceló los permisos para el oleoducto Keystone XL, que habría recorrido 1945 kilómetros desde las arenas petroleras canadienses hasta Nebraska. Interrumpió los nuevos contratos de perforación de petróleo y gas en tierras y aguas federales, y pidió que se aumentara la producción de energía renovable, con el objetivo de duplicar la energía eólica marina para 2030.
Biden puso a veteranos defensores del clima en puestos clave e hizo de la lucha contra la crisis climática una prioridad en todo el gobierno federal. La primera ola de esfuerzos culminó en una cumbre virtual celebrada en abril, en la que Biden acorraló a los líderes mundiales para que se comprometieran a reducir las emisiones de dióxido de carbono.
En el Capitolio, Biden lideró la aprobación de un proyecto de ley de infraestructura bipartidista de un billón de dólares que incluía miles de millones para la investigación de energías limpias y para hacer que las comunidades fueran más resistentes a los desastres, aunque no hará mucho por reducir las emisiones.
Sin embargo, la agenda de Biden pronto comenzó a fracturarse.
En junio, un juez federal de Luisiana se puso del lado de los fiscales generales republicanos de 13 estados que argumentaban que Biden carecía de autoridad legal para suspender los nuevos arrendamientos de petróleo y gas. Cuando los precios de la gasolina se dispararon en verano y otoño, la Casa Blanca trató de aumentar la producción de petróleo, incluso mientras Biden imploraba a los líderes mundiales que dejaran de quemar combustibles fósiles.
Apenas unos días después de las conversaciones sobre el clima en Glasgow, el gobierno subastó para la perforación en alta mar casi 80 millones de acres en el Golfo de México, un récord para ese lugar, a pesar de una promesa de campaña de Biden de que pondría fin a la perforación en tierras y aguas federales.
Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que estaban obligados por ley a celebrar la venta de los arrendamientos, que según el Departamento del Interior tenía el potencial de producir 1120 millones de barriles de petróleo y 4,4 billones de pies cúbicos de gas natural durante el tiempo que duren los arrendamientos de 50 años. Pero los grupos ecologistas, a los que se han unido varios legisladores demócratas, sostienen que el gobierno podría haber hecho más para evitar la venta y han interpuesto una demanda para que se detenga.
En particular, Biden no logró convencer al único demócrata que se resistía, el senador de Virginia Occidental Joe Manchin, para que votara a favor de su proyecto de Ley Reconstruir Mejor, de 1700 billones de dólares, lo que pone en peligro su futuro en un Senado dividido en dos. La Cámara de Representantes aprobó el paquete en noviembre.
“Siendo objetivos, prometió demasiado y cumplió poco”, señaló Kevin Book, director gerente de ClearView Energy Partners, una empresa de investigación con sede en Washington.
Aun así, Book dijo que, aunque el gobierno no hizo tanto como prometió Biden, ha dado unos primeros pasos significativos.
“El mundo sin ‘Reconstruir mejor’ tal vez no sea tan ecológico como Biden prometió en campaña, pero es probable que sea más amigable con el medioambiente de lo que cualquiera esperaba”, aseveró.
Sin embargo, muchos activistas dicen estar desencantados con el presidente.
“Joe Biden empezó fuerte con las acciones ejecutivas cuando llegó al gobierno en enero, y desde entonces ha sido una verdadera decepción”, dijo Ellen Sciales, vocera del Movimiento Sunrise, un grupo ambientalista liderado por jóvenes que ayudó a impulsar un aumento de votantes jóvenes preocupados por el clima en 2020. Dijo que temía que fuera difícil volver a atraer a esos votantes en noviembre.
“Hizo muchas promesas sobre la reducción de las emisiones, y nos preguntamos si eso va por buen camino”, afirmó, y añadió que “fue una bofetada” para los ecologistas cuando Biden fue a Glasgow a declarar que Estados Unidos era un líder climático, para luego apresurarse a arrendar millones de hectáreas en el Golfo a empresas petroleras y de gas para la perforación.
Mientras tanto, el gobierno se ha tardado en avanzar con nuevas e importantes regulaciones ambientales, en parte porque las agencias quedaron vacías durante el gobierno de Trump, lo cual dejó mucho por hacer a menos personas. El gobierno de Biden también retrasó de manera intencional algunas acciones reguladoras para no enemistarse con la industria o con los legisladores de los estados con combustibles fósiles antes de la votación de la Ley Reconstruir Mejor, según tres personas cercanas al gobierno. La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por su sigla en inglés) dijo que estaba trabajando en nuevas y estrictas normas sobre las emisiones de los tubos de escape que afectarían a los vehículos del año modelo 2027 y que también estaba diseñando nuevas normas para las compañías eléctricas. Las normas que se esperaban sobre los límites de las emisiones de mercurio de las centrales eléctricas y las regulaciones en torno a las aguas residuales de las plantas de carbón también están en proceso.
Los expertos jurídicos también advierten que el gobierno no puede contar con los esfuerzos reguladores. A principios de este año, la Corte Suprema analizará un caso presentado por estados liderados por los republicanos y las compañías de carbón para limitar la capacidad de la EPA para reducir las emisiones.
“Creo que este caso de la Corte Suprema va a establecer con firmeza los límites de la autoridad de la EPA”, afirmó Jeffrey Holmstead, abogado de Bracewell LLP que trabajó en la EPA durante los dos mandatos de George W. Bush.
Manish Bapna, presidente de Natural Resources Defense Council, un grupo ecologista, dijo que veía 2022 como un año determinante.
“La mayor parte del trabajo difícil sigue pendiente”, dijo Bapna.
