El sargento Ryan Glenn emergió de la oscuridad. El oficial tenía una linterna y una pantalla con coordenadas que le mostraban dónde se podía encontrar Jiménez y otros seis hombres en el frío caliche. Eran unas manchas amorfas de calor visibles para la cámara infrarroja del dron. Pronto llegaron más oficiales.

“Gasté todo mi dinero para llegar aquí”, dijo Jiménez después de que los oficiales lo sacaron a él y a los otros hombres de la maleza.

Los hombres asumieron que habían sido detenidos por agentes de inmigración por cruzar de manera ilegal a Estados Unidos. Estaban equivocados. En cambio, fueron arrestados por agentes de la patrulla de carreteras de la policía estatal de Texas por cargos de allanamiento de morada en un vasto rancho privado.

Durante varios meses, el estado de Texas ha estado involucrado en una labor por reutilizar las herramientas de la aplicación de la ley estatal para detener el aumento repentino de personas que cruzan ilegalmente al país.

Para hacer esto, los funcionarios texanos dirigidos por el gobernador Greg Abbott encontraron una forma de eludir el hecho de que la aplicación de la ley de inmigración es un trabajo del gobierno federal: los departamentos de policía estatales y locales se asocian con los propietarios de los ranchos fronterizos y utilizan las leyes de allanamiento para arrestar a los migrantes que cruzan sus tierras.

El nuevo planteamiento se basa en la participación de funcionarios locales y, hasta ahora, se adoptó en dos de los 32 condados de la región fronteriza del estado: Kinney, que incluye Brackettville, y Val Verde, su vecino del oeste.

Los funcionarios estatales no pudieron decir qué efecto, si lo hay, ha tenido el programa en la reducción de los cruces ilegales, que, en lo que va del año, aumentaron hasta al menos 1.2 millones en Texas, la cifra más alta registrada en más de dos décadas. (No está claro cuántos migrantes están tratando de cruzar más de una vez). Pero la operación cambió la vida tanto de los migrantes atrapados en sus procesos particulares como la de los residentes rurales que viven bajo su red.

Quizás en ningún lugar se haya sentido con más intensidad este programa que en la ciudad de Brackettville, un antiguo puesto fronterizo de 1700 habitantes conocido por sus ranchos de caza y ganado circundantes, un antiguo fuerte que alguna vez albergó a los exploradores Seminole Negros del ejército y una réplica envejecida del Álamo construida para una película de John Wayne.

Desde hace un tiempo, los policías estatales desbordaron Brackettville.

Las persecuciones a alta velocidad son tan frecuentes que la escuela local instaló barreras de piedra para protegerse contra choques. Los helicópteros patrullan el cielo nocturno. Los ganaderos, que en su mayoría son blancos, cierran sus puertas con llave y llevan pistolas cuando recorren sus propiedades, algo que muchos nunca habían hecho antes. Los residentes de la ciudad, la mayoría de los cuales son pobres e hispanos, se quejan de que los oficiales recién asignados al área los siguen de manera rutinaria.

“Eso le pasa a mucha gente aquí en Brackett”, dijo el alcalde, Eric Martínez, usando el apodo de la ciudad. Dijo que lo siguieron y luego lo detuvieron después de salir de una reunión del Concejo Municipal porque, según le dijo el oficial, la luz de su matrícula no tenía suficiente luminosidad.

La presión policial forma parte del enfrentamiento entre Abbott y el gobierno de Biden sobre cómo manejar el aumento de llegadas a la frontera con México. Los agentes federales han estado expulsando con rapidez a los migrantes bajo una regla de salud pública, pero Abbott argumenta que el gobierno ha hecho poco para detener el flujo. Ha dedicado 3000 millones de dólares para implementar una serie de medidas en la frontera, incluido el envío de policías estatales y tropas de la Guardia Estatal de Texas, la creación de una barrera fronteriza con contenedores de envío y el uso de la Guardia Nacional para construir varios kilómetros de cercas a lo largo del río Bravo.

Pero los arrestos de migrantes por allanamiento de morada ha sido un elemento más problemático de lo que se conoce como Operación Estrella Solitaria, que ha contribuido al abarrotamiento de los tribunales y las poblaciones carcelarias locales y genera alarma entre los abogados defensores y los protectores de los migrantes.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos se negó a comentar sobre la iniciativa, y los agentes federales no se están asociando con la policía estatal para realizar arrestos por invasión de propiedad.

Joaquín Castro, un representante demócrata por San Antonio, solicitó una investigación federal de la Operación Estrella Solitaria, y este otoño dijo en una carta al Departamento de Justicia que el programa estaba “causando estragos en el sistema judicial de Texas” y “condujo de modo directo a una violación de las leyes estatales y los derechos constitucionales del debido proceso”.

Los hombres arrestados como consecuencia del programa, unos 2000 hasta ahora, a menudo han estado detenidos durante semanas sin acceso a abogados. Más de 1000 se encuentran recluidos en cárceles estatales que fueron reutilizadas para albergarlos. (Las mujeres y los niños fueron entregados a agentes federales).

Dado que el proceso es nuevo y se está llevando a cabo en pequeños condados rurales, el sistema habitual para la asignación de abogados defensores se ha visto desbordado. El condado de Kinney también ha tenido problemas para presentar la documentación de arresto en el tiempo requerido por la ley.

Después de sus arrestos, los migrantes son trasladados a un solo centro de procesamiento, una gran carpa en la ciudad fronteriza de Del Rio, donde una oleada de migrantes haitianos inundó la comunidad a principios de este año, y estos fueron trasladados luego a prisiones estatales reacondicionadas en otros condados.

Mientras la policía estatal verifica los documentos de identificación de los detenidos, los hombres no son entregados a las autoridades federales hasta el final de sus casos, un proceso que, hasta ahora, con frecuencia ha durado varios meses. A la mayoría de los que han comparecido ante un juez, sus casos han sido desestimados o se les ha puesto en libertad bajo fianza mientras esperan las fechas de las audiencias, dijeron sus abogados.

Y a muchos de los liberados que solicitaron asilo se les permitió permanecer en Estados Unidos para continuar con sus casos, dijeron los abogados defensores, a diferencia de los detenidos en la frontera por las autoridades federales, porque se aplica la regla de salud pública, utilizada para expulsar con rapidez a los migrantes, a los recién llegados y no a los que ya están en el país.

Aun así, muchos han languidecido en las cárceles estatales a la espera de una audiencia, lo que genera preocupaciones constitucionales.

A pesar de la aplicación de la ley adicional, la marea de migrantes que pasa a través de la frontera de Estados Unidos continúa y las tensiones aumentaron en el condado de Kinney. En busca de ayuda, los funcionarios han discutido incorporar a un grupo de milicias, Patriots for America, o emplear a contratistas de seguridad privados con experiencia en Irak y Afganistán. El condado ha estado solicitando donaciones a través de un sitio de recaudación de fondos religiosos para poder “frenar la invasión de Estados Unidos”.

Más de 50 ganaderos del condado de Kinney se inscribieron en el Departamento de Seguridad Pública de Texas para permitir que la policía estatal patrulle su propiedad y arreste a personas por entrar sin autorización, dijo la agencia.