Opinión: Esta peligrosa combinación de factores confirma la vulnerabilidad climática de Guatemala
Desarrollar infraestructura resiliente requiere, entre otros, de políticas públicas adecuadas de planificación y ordenamiento territorial.
Centroamérica y el Caribe constituyen dos de las subregiones del planeta con mayor vulnerabilidad climática. La modificación de los patrones hidrológicos ha provocado mayor número de sequías e intensas lluvias asociadas a tormentas tropicales y huracanes, ciclones y el fenómeno de temperaturas oceánicas fluctuantes en el Pacífico ecuatorial (El Niño-Oscilación Sur).
El debate científico no ha finalizado. El Informe Especial 1.5°C (SR15) del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) ha documentado evidencias sólidas que demuestran que el mayor número de eventos meteorológicos extremos está asociado al calentamiento global. Estos fenómenos se verán intensificados en la medida que la humanidad se aleje de la meta de no permitir un aumento de la temperatura mayor a 1.5°C.
En el 2020, la temporada de huracanes en el Atlántico fue tan activa que agotó la lista alfabética regular de nombres de tormentas, por lo que las nuevas fueron nombradas con letras griegas. La nueva lista la inauguraron dos huracanes consecutivos que provocaron graves pérdidas en los países del norte de Centroamérica. El huracán Eta se formó el 31 de octubre, arribando el 3 de noviembre a la costa nororiental de Nicaragua. Tuvo un comportamiento errático, con numerosas variaciones en su intensidad, moviéndose lentamente sobre el norte de Nicaragua y el este de Honduras, hacia el noreste de Guatemala y posteriormente hacia el Caribe, habiendo retomado la fuerza de huracán en la costa suroeste de Florida, desapareciendo el 13 de noviembre, mismo día en que se formaba la siguiente tormenta. Bautizado como Huracán Iota, volvió a golpear la costa noreste de Nicaragua, con categoría 5 —vientos máximos sostenidos de 260 km/h—, debilitándose a categoría 2 —con vientos de 165 km/h—, disipándose el 18 de noviembre.
La organización Germanwatch monitorea las cifras sobre daños directos de fenómenos climáticos extremos en todo el planeta. Sus evaluaciones muestran invariantemente a Haití, Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y República Dominicana entre el segundo grupo de países con mayor Índice de Riesgo Climático Global (IRC). Haití y Honduras han llegado a figurar algunos años dentro del grupo de los 10 países con mayor vulnerabilidad climática del mundo. Como sucede con todos los índices, en su interpretación se debe tener presente la metodología y el contexto. La inclusión de los daños indirectos y el análisis local proporcionarían una mejor aproximación y cuantificación de las dimensiones sociales, ambientales y económicas del riesgo climático. Por otra parte, la situación de vecindad y las cuencas binacionales ponen una llamada atención inmediata en los altos niveles de riesgo climático de República Dominicana y en Guatemala. Una ampliación al concepto de desastres naturales —que incluyen erupciones volcánicas y terremotos, eventos de origen no antropogénico— lleva a otra escala la vulnerabilidad, incrementando los niveles de riesgo de Guatemala.
Los segmentos de la población de menores ingresos y en situación de pobreza resultan ser los más damnificados, tanto en los impactos directos —desde pérdida de vidas, destrucción de vivienda—, como por los indirectos —salud, educación y medios de subsistencia—. La agricultura y la infraestructura vial —carreteras y puentes— generalmente son los sectores económicos que contabilizan los mayores daños económicos. Los servicios públicos como el agua, saneamiento, energía y telecomunicaciones también pueden sufrir afectaciones significativas, requiriendo atención inmediata por la importancia estratégica y esencial que tienen para la vida humana. Los daños ambientales apenas se comienzan a tomar en cuenta. Es en este contexto donde surge el concepto de infraestructura resiliente, que —desde las fases de planeación y diseño, hasta la construcción, supervisión, operación y mantenimiento— debe tener en cuenta la capacidad de adaptarse y hacer frente a los desafíos del cambio climático. El desarrollo de infraestructura resiliente requiere del acompañamiento de políticas públicas adecuadas de planeación y ordenamiento territorial, así como de políticas para la conservación y recuperación de la cobertura forestal, la gestión de cuencas, los servicios ambientales y el uso sostenible de los recursos, entre otras.
Las energías modernas nos acompañan todo el tiempo, tanto en las ciudades como en las poblaciones y comunidades pequeñas, y en forma indirecta, aun en los rincones más apartados y lejanos. Por ello, vulnerabilidades que afecten la continuidad y la calidad de los servicios modernos de energía y su asequibilidad tienen inmediata repercusión en la población, y también afectan las cadenas de servicios y las actividades de transformación y producción, a niveles local y nacional como en los planos regional y global.
La electricidad y los combustibles fósiles son los vectores que han hecho posible el acceso de los servicios modernos de energía a la población y constituyen insumos fundamentales en todos los sectores de la economía. Los combustibles fósiles —derivados del petróleo, en su mayor parte, complementados con una fracción de carbón mineral— dominan la matriz energética guatemalteca y son destinados en su mayor parte hacia el sector transporte. En segundo término, se encuentra el sector industrial —que incluye en sus usos una fracción para autoconsumo y producción de electricidad—. En proporción menor, los hidrocarburos son utilizados en los sectores de comercio, agricultura, construcción, y en los hogares —para la cocción de alimentos—. El país es un importador neto de combustibles fósiles, la producción petrolera es pequeña y se exporta casi en su totalidad. En los últimos años del siglo pasado la factura petrolera representaba alrededor del 10% de las exportaciones totales. En el 2022 dicho indicador podría superar el 30% —por el conflicto en Ucrania—.
En general se reconoce que ha existido una buena gestión en la infraestructura y logística de los hidrocarburos, pero también se pueden identificar rezagos tecnológicos notables —por ejemplo, la inexistencia de poliductos o ferrocarril—. La vulnerabilidad climática directa en este subsector es externa —notoria durante las temporadas de huracanes— y ha sido manejada en forma adecuada, en especial por los estándares de almacenamiento —de 60 días—. Sin embargo, la vulnerabilidad climática indirecta, asociada a los servicios de transporte, es brutal. Todo ello como consecuencia de décadas de fracaso mayúsculo de las políticas y programas de transporte —de pasajeros, de carga, de servicios, público y privado— y la debilidad institucional del sector transporte, que hace impensable la conformación de proyectos con criterios de infraestructura resiliente, mucho menos la discusión y políticas y planes para la movilidad sustentable de largo plazo —con visión de al menos 30 años—. La combinación de los factores que se han presentado en el 2022, en particular en junio —por los precios internacionales del petróleo y el colapso de la infraestructura básica: los grandes colectores, carreteras principales y secundarias, puentes y libramientos—, ilustra de forma muy clara la precaria situación de la infraestructura guatemalteca ante el riego climático. Esto también ha arrastrado al sector energía, en donde los consumos y gastos en gasolinas y diésel se han disparado. Subsidios generalizados —no focalizados— y quizá mal administrados, poco ayudarán.
En el subsector eléctrico es necesario analizar los retos y oportunidades de una transición energética justa —incluidos el despliegue de las tecnologías renovables no convencionales, la digitalización y la electromovilidad—, el bajísimo acceso de la población a combustibles y tecnologías modernas para cocción de alimentos, el nexo agua-energía-alimentos y el papel estratégico que puede jugar el país en la integración energética regional. Estos temas deben ser revisados e incorporados en las políticas y programas de desarrollo.
El autor es ingeniero, con estudios de posgrado en sistemas de energía y maestría en Economía. Cuenta con cuatro décadas de experiencia profesional dedicadas en su mayor parte al sector energía en los países de Mesoamérica. En la Comisión Económica para América Latina y el Caribe fue jefe de la Unidad de Energía y Recursos Naturales
