La Sala se llenó, y entre los asistentes se encontraban los magistrados electos para las cortes de Apelaciones  e Iván Velásquez Gómez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

La ausente en la audiencia fue Claudia Escobar, magistrada de la Sala Quinta de Apelaciones, quien renunció a su reelección al argumentar que el proceso fue viciado, lo que desencadenó que el proceso fuera detenido y se iniciaran las acciones  legales.

También causó, por un fallo de la CC, que los actuales magistrados de ambas cortes sigan en sus puestos, que debieron entregar el 13 de  octubre recién pasado.

Los argumentos

La sociedad civil, que pide que se repita el proceso, coincidió  en sus planteamientos en que hubo arbitrariedad en la elección porque se otorgaron punteos a personas no idóneas.  

Hellen Mack, de la Fundación Myrna Mack, solicitó a los magistrados que sean firmes y otorguen el amparo en definitiva.

Añadió que en el proceso hubo falta de ética y eso empujó a que existieran conflictos de interés, lo cual se evidenció en que al elegir las comisiones no lo hicieron por idoneidad, capacidad y honradez.

“Queremos jueces imparciales, probos y objetivos. Hay algunos candidatos electos que tienen una misión clara de cubrir ciertos intereses para dejarlos en la impunidad”, aseguró.

Mario David García, abogado que representó a los magistrados de cortes de Apelaciones electos, afirmó que se rompió el orden constitucional cuando  la CC ordenó que magistrados sigan en forma interina en sus cargos.

Argumentó que el artículo 208 de la Constitución define que el período de los magistrados de CSJ y de Apelaciones es de cinco años.

“Hace dos meses y medio, Iván Velásquez, jefe de la Cicig, hablaba muy dadivoso que los magistrados podían seguir en sus cargos, pero con todo el respeto que me merece el  colega, eso contraviene la Constitución. Eso lo puede proponer en su país, pero aquí no. Hemos tenido que resistir la aberración del injerto de una entidad presuntamente colocada sobre nuestra propia Constitución”, añadió García.

Proteger a Escobar

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó ayer al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) la resolución en donde ordena al Estado de Guatemala otorgar medidas cautelares de seguridad a Escobar, por considerar que sus denuncias son graves.

Marcia Aguiluz, directora de Cejil para Centroamérica y México y representante de  Escobar en la CIDH, señaló vía telefónica, desde Honduras, a Prensa Libre que temen represalias contra  la juzgadora y además se deja de manifiesto que es un riesgo ejercer la judicatura en Guatemala.

Proceso viciado

Desde el  principio el proceso estuvo viciado porque los comisionados no respetaron el Código de Ética. Hubo conflicto de intereses y se evidenció que los criterios que se utilizaron para la elección de los magistrados se derivaron de pactos políticos, señaló la directora de la Fundación Myrna Mack.

La elección  de candidatos no fue por idoneidad, capacidad y honradez.

Hay expedientes  que se presentaron como prueba de que se privilegió a varios candidatos.

La justicia  no es ideología, es un derecho, insistió.

No hubo debate

El abogado del  Centro para la Defensa de la Constitución resaltó que hubo una ausencia de debate en las comisiones de postulación y en el Congreso para discutir si los aspirantes llenaban los requisitos de idoneidad, honorabilidad y elegibilidad.

No se  tomó en cuenta  la Ley de la Carrera Judicial para elegir a los candidatos a magistrados.  

El jurista  también señaló  la elegibilidad para tomar en cuenta quiénes podían optar al cargo, lo cual fue obviado tanto por los comisionados de las postuladoras  como en el Congreso, y no fue resuelto en ninguna instancia.

Evaluación distinta

El analista   de Acción Ciudadana puntualizó que se benefició a unos y se perjudicó a otros durante el proceso.

Especificó que  las tablas de gradación utilizadas para evaluar a los aspirantes de ambas cortes tenían que ser distintas. Se favoreció  a los abogados del ejercicio liberal y dejaron fuera a profesionales con carrera judicial.

Presentó seis  casos en los que demostró que algunos aspirantes recibieron 55 puntos de 50 posibles.  Se eligió a un juez de Paz con cuatro años de ejercicio y se dejó fuera al que tenía 30 años de experiencia, aseguró.

Restituir el orden

Abogado     dijo que representaba a magistrados electos para  Sala de Apelaciones.

La Ley  de la Carrera judicial jamás puede estar encima de la Constitución.

No existe   ningún ámbito político jurídico en Guatemala que no permita efectuar negociaciones.

Las pruebas  que presentaron los amparistas son recortes de prensa.

Al revisar  los amparos no existe ningún tipo de agravio, por lo que se debe revocar el mismo.  Además, demandó que se ordene al Congreso que juramente a los nuevos funcionarios.

Sin investigar

El abogado de  la Cicig argumentó  que tanto las comisiones como el Congreso   hicieron caso omiso a la sentencia de la CC, el 13 de junio de 2014,  que  ordenó investigar a los candidatos para averiguar si cumplían con el perfil.

También dijo  que obviaron hacer una exhaustiva entrevista a los candidatos; y que de manera pública, razonada y expresa fundamentaran  por qué se elegía a determinado aspirante. Solo 43 segundos le bastaron a los comisionados para elegir la nómina de 26 candidatos para la CSJ.

En el Congreso, ningún diputado solicitó  la palabra para escoger a los magistrados  de Apelaciones.