La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a la Procuraduría de los Derechos Humanos que deja en suspenso temporal la disolución de la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia.
Una persona resultó herida en un nuevo enfrentamiento entre pobladores de Nahualá e Ixtahuacán, Sololá, pese a que recientemente se firmó un acuerdo que pretende la convivencia.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, decidió junto a su Gabinete disolver la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al Fortalecimiento de la Justicia que era presidida por la fiscal general, María Consuelo Porras, y que había sido creada en 1998, producto de la Firma de la Paz.
Luego de años de enfrentamientos entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, este lunes 6 de mayo se firmó un acuerdo que pretende promover la convivencia pacífica entre ambos municipios.
En la conmemoración del 22 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, la secretaria de la Paz, Lourdes Xitumul, llamó a la comunidad internacional a no dejar de cooperar con el país, pero minutos después el presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, y el presidente Jimmy Morales hablaron de evitar la injerencia y tutelaje de las elecciones de 2019.
Para algunos, los acuerdos firmados han tenido algún avance, pero otros opinan que en los últimos años se retrocedieron décadas.
Los Acuerdos de Paz de Esquipulas II han llegado a su final; han muerto. Fueron enterrados para siempre por sus propios fundadores vivientes, quien no quiera verlo así está participando de una festiva demagogia llena de vacíos logísticos, insensibles e impertinentes incapaces de frenar la violencia y la inestabilidad social que actualmente vive Nicaragua, donde nuevamente el crimen, la crueldad institucional y la represión gubernamental han vuelto de la mano de Daniel Ortega, por lo que no considero oportuno lo dicho recientemente por el creador de dichos acuerdos y actual Secretario General del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), Vinicio Cerezo.
El 7 de diciembre de 1996, en Estocolmo se firmó uno de los acuerdos de paz más importantes, el “Acuerdo sobre Reformas Constitucionales y Régimen Electoral”. Subrayamos su importancia porque se refería a dos normas de especial relevancia dentro del Estado y con la adopción de lo sugerido se esperaba no repetir los horrores del siglo 20.
Cuando Otto Pérez ganó las elecciones del 2011 compartí con algunas personas una preocupación: que la vuelta de un militar de alto rango a la cabeza del Estado podría implicar una amenaza para la Guatemala de la posguerra, que transitaba con mucho esfuerzo hacia la democracia que queríamos. Esta reflexión partía tanto del ámbito de lo simbólico como del ámbito de lo real.
A pesar de avances significativos en la búsqueda de desaparecidos del conflicto armado interno y de algunos juicios concluidos con sentencias condenatorias, la justicia transicional en Guatemala deambula entre tropiezos causados por obstáculos impuestos por el propio Estado.
