Una fuente de la Cancillería dijo que el embajador de Guatemala en el Reino Unido, Acisclo Valladares Molina, tendría un beneficio, otorgado por él mismo, que le permitiría permanecer en Guatemala pese a su nombramiento en el extranjero.
El ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo destituyó a 12 personas de ese ministerio que no tenían el perfil para el que fueron contratados, ya que 10 de ellos ocupaban cargos diplomáticos sin tener la experiencia requerida.
El anuncio lo hará el presidente Alejandro Giammattei, quien nombrará a nuevos representantes del país en el extranjero.
Ricardo Ismael Montes Maldonado, fue suspendido por 30 días calendario de su cargo, luego de ser acusado de acosar sexualmente a una trabajadora del consulado de Guatemala en Houston, Texas. La víctima renunció luego de no recibir el apoyo de las autoridades del ministerio de Relaciones Exteriores.
La Cancillería guatemalteca dispuso que los cambios de personal diplomático y administrativo deben efectuarse cada año y con un aviso de tres meses de anticipación a los afectados.
Después de que se revelara a través de un video la forma en que murió el adolescente guatemalteco Carlos Gregorio Hernández Vásquez, bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, recordó que el Estado guatemaltecos debe garantizar el bienestar de sus ciudadanos.
El exvocero presidencial Heinz Hiemann asumió como consejero de la embajada de Guatemala en Australia.
Además del nombramiento del abogado del presidente Jimmy Morales, Luis Antonio Lam Padilla, como embajador de Guatemala ante la ONU, hay por lo menos otros cinco funcionarios diplomáticos que tienen relación estrecha con las actuales autoridades.
La candidata presidencial Sandra Torres hizo una invitación abierta al excandidato presidencial del Partido Humanista, Edmond Mulet, para que sea parte de su gabinete en un eventual gobierno de la UNE; sin embargo, él no aceptó.
Los ministros de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como el procurador general de la nación fueron denunciados por no acatar una resolución judicial en torno al caso de investigadores de la Cicig, por lo que, según un análisis jurídico, estos pueden ser encausados por desobediencia.
