Ubico, declarado culpable por narcotráfico en EE. UU., tuvo información de la seguridad del Estado

El exdiputado estuvo al frente de la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso por siete años, además cursó varios diplomados con el Ministerio de la Defensa.

Raúl Barreno Castillo

2 de mayo de 2024

|

14:20h

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Pleno del congreso de la Repœblica aœn sin iniciar la sesi—n extraordinaria, con 117 votos a favor y cuatro en contra, fue aprobada la iniciativa 5111 de la Ley de la Cultura F’sica y del Deporte. En la fotografia: el diputado, JosŽ Armando Ubico. Fotograf’a: Paulo Raquec

En sus 45 años, José Armando Ubico Aguilar, ha sido capturado en Estados Unidos por ingresar heroína a dicho país, fue diputado del Congreso de la República por ocho años consecutivos, integró la estructura criminal “Espartaco”, fue incluido en la Lista Engel del Departamento de Estado y el pasado miércoles 1 de mayo, se declaró culpable en EE. UU. de traficar droga.

Ubico nació en la ciudad de Guatemala el 26 de noviembre de 1978. A sus 23 años fue condenado a más de tres años de prisión y tres años de libertad condicional ya que intentó ingresar drogas por el Aeropuerto de Newark, Nueva Jersey, ante un juez, este se declaró culpable.

Recuperó su libertad en 2005 y fue deportado a Guatemala. Reapareció en el mapa político en el proceso electoral de 2011. Un año después fue contratado como asesor legislativo del Congreso, cargo que ocupó al 2012.

En 2015, se postuló como candidato a diputado por el distrito de Sacatepéquez con el partido Todos. Ocupó la primera casilla y los votos fueron suficientes para tener un espacio en el Legislativo. En 2016, el partido lo nominó para ocupar el cargo de presidente de la Comisión de Cultura

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Carrera política

Pero fue en 2017, que integró la Comisión de Defensa Nacional. La presidencia de dicha sala la mantuvo hasta el 2022, por lo que mantuvo una cercanía total con el Ministerio de la Defensa Nacional, ya que su comisión conoció y dictaminó varios proyectos relacionados al Ejército, además tuvo la oportunidad como presidente de solicitar información confidencial sobre seguridad nacional.

En ese mismo período se convirtió en pieza clave del expresidente de la república, Jimmy Morales. Su cercanía derivó que Ubico entre 2007 a 2011 fue consultor de mercadeo y conoció en el ámbito artístico a Morales quien era antes de ser presidente un cómico.

Fue durante la administración de Morales en el que logró espacios claves en el departamento que lo eligió y en otras instituciones del Estado.

En 2019, ganó de nuevo su reelección con el partido Todos. La sala de Defensa Nacional no la soltó y la siguió dirigiendo, esto le dio la oportunidad de sacar varios cursos en el que el Ministerio de la Defensa Nacional le otorgó varios diplomas, entre estos: Seguridad, Defensa y Gestión de Riesgos, Inteligencia Interinstitucional y Altos Estudios Estratégicos, además participó en seminarios sobre Redes de Amenazas, Transregionales y Transnacionales.

A su cúmulo de diplomados se suma Consultor Político y Marketing Político y Campañas Electorales con Mención en Inteligencia y Contrainteligencia, así como una Maestría en Administración Pública en la Universidad Andragogy.

En la administración del expresidente Alejandro Giammattei, mantuvo los espacios políticos -administrativos en el departamento y fuera de este. Su hermano, Diego Alejandro Ubico Aguilar, etuvo como primer secretario de la embajada y cónsul en Japón, antes de ocupar este puesto en la Cancillería Guatemalteca fue asesor y monitor en la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS).

Otro de sus hermanos, Álvaro David Ubico Aguilar, trabajó en el Fondo para el Desarrollo de la Telefonía (Fondetel) y en la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT), ambas adscritas al Ministerio de Comunicaciones.

El presidente de la Comisión de Defensa

Como presidente de la Comisión que mantuvo por seis años consecutivos y la vicepresidencia de esta en 2023, el Ministerio de la Defensa loe otorgó en 2022, la “Medalla Monja Blanca” por su apoyo en diversas circunstancias a las fuerzas militares. Meses antes, la misma cartera, le dio un trofeo siempre por su apoyo.

Durante su paso en la sala de trabajo conoció y dictaminó iniciativas relacionadas a la legislación interna del Ejército de Guatemala: la Ley Constitutiva del Ejército, Ley Orgánica del Instituto de Previsión Militar, Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil, declarar a las pandillas y maras como terroristas, impulsó el pago de Q36 mil a los exsoldados del Ejército, así como participó en la discusión de las reformas al Sector Justicia.

En el 2019 el Departamento de Estado de los Estados Unidos lo incluyó en un listado de actores corruptos. Lo señaló de participar en lavado de dinero producto del narcotráfico.

El 3 de marzo del 2021 un colaborador eficaz declaró ante el Ministerio Público (MP) que el entonces congresista apoyaba a un grupo de narcotraficantes compuesto por policías y militares.

En las declaraciones, que están consignadas en un audio y en actas testimoniales, el testigo menciona una persona a quien llamó “Jorge Armando Ubico Mendizábal”.

El testimonio se presentó como anticipo de prueba en marzo de 2021, ante el Juzgado Noveno Penal.

El testimonio hace referencia a la manera en que, desde 2015, operó la estructura criminal “Espartaco” en cuatro departamentos de Guatemala y cuyo líder fue el ya fallecido Antonio de Jesús Jerez, alias “Tono Jerez”, y su conviviente Gloria Raquel González García, quien actualmente guarda prisión.

El testigo reveló como parte de su declaración a tres presuntos colaboradores de la organización criminal, en donde menciona un diputado por Sacatepéquez.

Solicitud tardía

El 28 diciembre de 2022 el Ministerio Público (MP) solicitó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el retiro de inmunidad de Ubico Aguilar.

Prensa Libre constató en su oportunidad que Ubico Aguilar había abandonado el país el 18 de diciembre de 2022, vía terrestre hacia El Salvador. Diez días antes de que se presentara la acción penal en su contra.

En el caso de Ubico Aguilar se presentó una acusación en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas.

La nueva acusación

El pasado 1 de mayo, el exdiputado guatemalteco, se declaró culpable de “violación de conspiración internacional para el tráfico de drogas” ante la jueza federal Kimberly Priest, del Distrito Este de Texas, según la información que publicó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su portal web.

Ubico, mediante un acuerdo con las autoridades estadounidenses, llegó al país norteamericano a inicios de esta semana -entre el 29 y 30 de mayo- y fue arrestado.

Según dijo la jueza federal, en su calidad de diputado a Ubico “se le encomendó promover la lucha contra los narcotraficantes que empujan narcóticos ilegales hacia el norte de los Estados Unidos”.

Agregó que “como presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Congreso de la República de Guatemala, era responsable, en parte, de la seguridad nacional de su propio país. En cambio, traicionó cuando decidió asociarse con conocidos narcotraficantes y otros funcionarios corruptos”.

El fiscal señaló que hubo socios extranjeros que apoyaron en el cumplimiento de la ley para que el exdiputado no lograra “esconderse detrás de su posición de poder”.

El 3 de marzo de 2021, Ubico Aguilar fue acusado de violaciones federales de tráfico de drogas por un jurado federal en el Distrito Este de Texas. En ese momento se declaró culpable y admitió su papel en la conspiración, la transmisión de información relacionada con las drogas y moneda estadounidense a otro funcionario guatemalteco en nombre de un narcotraficante internacional.

Esto permitió el paso de al menos 450 kilos de cocaína a través de Guatemala para ser distribuida en Estados Unidos.

Ubico Aguilar podría ser sentenciado de 10 años hasta cadena perpetua en una prisión federal. La audiencia será programada después que la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos complete la investigación del caso, según el informe oficial.

La propuesta fue presentada este miércoles por la bancada Todos, cuyo jefe Juan Ramón Lau, explicó que la iniciativa pretende reducir la mora judicial y fortalecer el Estado de Derecho.

La iniciativa pretende adicionar a la Ley el artículo 521 bis, que señala que “habiéndose ordenado la libertad del procesado mediante desistimiento, sobreseimiento o archivo, el Estado de Guatemala o el querellante adhesivo en su caso, indemnizará al procesado con 50 salarios mínimos, salario mensual vigente para las actividades no agrícolas”.

Además, se podría indemnizar con 100 salarios mínimos, del salario mensual vigente para las actividades no agrícolas, si el sindicado es absuelto “en sentencia firme debidamente ejecutoriada”.

• Para el 2016 el salario mínimo mensual, para las actividades no agrícolas, es de Q2 mil 497.04.

Junto al resarcimiento, también se deberá publicar, en por lo menos dos diarios de mayor circulación, las circunstancias en las que se ordena dicho pago.

La propuesta también busca modificar el artículo 268 del Código Procesal Penal, que se refiere a la cesación del encarcelamiento, para que las prórrogas de privación de libertad se otorguen una sola vez y por no más de seis meses.

Lau explicó que con esta reforma se pone un plazo a las salas de Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema de Justicia, para que cuando se soliciten prórrogas de privación de libertad estas no se otorguen como ahora, que se hace “cuantas veces sea necesario”.

El diputado dijo que “no es justo que una persona esté detenida hasta cuatro años y después el Estado solo diga, disculpe, pero usted no era culpable. Esto conlleva agravios para cualquier persona que esté detenida porque provoca desintegración familiar, pérdida de empleo y la estigmatización ante la sociedad”.

Incluir la aprobación de la ley fue una propuesta de la Comisión Permanente a jefes de bloques; sin embargo, al llegar al pleno muchos diputados manifestaron   rechazo.

 Ovidio Monzón, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso, solicitó tiempo para analizar la propuesta.

“Hay varios puntos que podrían ser ilegales. La ley no es retroactiva y algunos planteamientos  podrían dañar convenios internacionales que protegen los derechos laborales”, manifestó Monzón.

A la Dirección Legislativa llegaron siete enmiendas; la mayoría  para mejorar la redacción de algunos artículos. Sin embargo, varios legisladores que temen hablar porque podrían ser señalados de bloquear los cambios en el Congreso aseguran que la normativa podría institucionalizar algunos vicios que se han rechazado.

Se obvia asistencia

En la iniciativa se oficializa que los 474 trabajadores a que tienen derecho por ley los diputados y que están contratados en el renglón 022  no registren su ingreso y  salida, y en lugar de ello deben presentar un informe mensual al congresista para quien laboren. Ahora se usan tarjetas que se entregan mensualmente a Recursos Humanos para autorizar el pago. Esa figura ha permitido la creación de plazas fantasma, se indicó.

La propuesta, que ha sido analizada en la Comisión de Apoyo Técnico del Congreso, dirigida por Manuel Conde, plantea la creación de la Dirección de Auditoría Interna, pero algunos diputados la creen innecesaria porque ya funciona un departamento que cumple esas funciones.

En la ley se crea la figura de guardia parlamentario, que cuidaría los edificios y otro, a los diputados. Tampoco tendrían la obligación de registrar ingreso ni salida, por se teme que  varios vicios queden avalados.

Pospuesta

Aunque la votación para retrasar la discusión de la ley no se ganó, luego de la aprobación en tercer debate el presidente del Congreso, Mario Taracena, informó que había acordado con varios jefes de bloques posponer la.

“Me plantearon dudas. Vamos a retomar la discusión la próxima semana”, dijo Taracena. No obstante, para “ganar tiempo” sometieron a aprobación la iniciativa de ley que regula la velocidad en el transporte colectivo, aunque solo logró avanzar también en tercer debate.

Luis Contreras, diputado del Movimiento Reformador, intentó persuadir a los congresistas de que le brindaran su apoyo para aprobarla de una vez, pero no los convenció.

Defiende ley

Para el presidente del organismo Legislativo no hay ilegalidades en la ley de Servicio Civil del Congreso, y estima que si se aplazó la aprobación fue “porque los diputados van a salir afectados con ella”.

“Tienen familiares metidos en el Congreso y están acostumbrados a un montón de cosas que los benefician. Hoy que se está planteando un cambio no lo quieren”, insistió Taracena.

 Conde aseguró que la discusión de la ley ha sido abierta para que los diputados planteen sus dudas.

“Me cuesta comprender que ante tanta barbarie e injusticias, todavía existan seres humanos que no quieren entender que el camión a seguir es el de estar apegados al orden establecido como lo es el imperio de la Ley”, resalta Cappa en la carta de renuncia.

Cappa había solicitado públicamente, a título personal, la renuncia de Boussinot a la bancada Todos, el pasado 23 de junio.

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La petición del entonces jefe de la bancada Todos, se hizo luego que fuera ligado a proceso Édgar Leonel Fernández Regalado, exasistente de Boussinot señalado de cobrar las comisiones a trabajadores del Congreso, por orden del diputado.

“Soy uno que está en la lista de los que nos hemos sumado a combatir el flagelo de la corrupción, desde donde me encuentre”, agrega Cappa en la renuncia.

El diputado, representante del distrito de Izabal, señala que seguirá siendo parte del partido Todos hasta que el “Comité Ejecutivo decida lo contrario”.

Es por enfermedad
A través de un comunicado, el partido Todos confirmó la renuncia de Cappa a la jefatura, agradeciendo a titulo del Comité Ejecutivo Nacional el “apoyo del diputado”.

Para la agrupación política, la renuncia de Cappa obedece a problemas de salud y no al tema del antejuicio en contra del diputado Boussinot. 

“Obedece a una prescripción médica, debido a que sufre quebrantos de salud, específicamente problemas cardiovasculares, que requieren reposo y tranquilidad para tratar su padicimiento”, asegura el comunicado.

Antejuicio contra Boussinot

Por exigir dinero a empleados del Congreso y asignarles labores en inmuebles de su propiedad, Christian Boussinot podría perder su inmunidad y enfrentar cargos por abuso de autoridad y peculado por sustracción.

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Las pesquisas de la Cicig comenzaron, según informó el ente internacional a través de un comunicado, luego de una denuncia presentada en 2015 que aseguraba que Boussinot contrataba personas de confianza y en lugar de desempeñar funciones en el Legislativo les asignaba tareas particulares, incluso en empresas del diputado.

El testimonio presentado por la fiscalía también sugiere que Boussinot les pedía un “diezmo”, que rondaba los Q8 mil a los empleados a cambio de mantenerlos en los puestos, todos obligados a marcar su hora de ingreso en el Congreso, donde supuestamente estaban asignados.

*Con información de Jessica Gramajo