La decisión de Aifán se debió a que Bitkov supuestamente habría pronunciado varios insultos contra la jueza y contra los fiscales del Ministerio Público, por tal razón la juzgadora ordenó su expulsión de la sala de audiencias. El hecho ocurrió la noche del miércoles.

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El relator, Carlos Alberto Solorzano Rivera, de la Oficina Nacional de prevención de la Tortura, presentó el miércoles a las 22.42 horas, una exhibición personal a favor de Bitkov.

En el documento se indica que Igor Bitkov presentaba “graves afecciones en su cuadro clínico, lo cual pone en riesgo su vida, de no ser atendido por un médico y posteriormente ser trasladado para exámenes generales a un centro asistencial, público o privado, según sea el caso”.

Intentan separa a jueza

Los abogados José Rolando Alvarado y Luis Morales vieron frustradas sus intenciones de suspender la audiencia de ofrecimiento de prueba en el caso Migración, y separar a la jueza para que siguiera conociendo el proceso, al rechazar la juzgadora tres acciones planteadas por los abogados.

Debido al atraso en el traslado de Bitkov la audiencia empezó a las 15.30 horas, hora y media después de lo programado, para continuar con la audiencia de ofrecimiento de prueba.

Alvarado planteo de primero un recurso, para que Aifán se excusara y no continuara conociendo el proceso, debido a que, previo a que la Corte de Constitucionalidad regresara el proceso a la etapa intermedia -enviar a juicio- la juzgadora ya había conocido el proceso.

Sin embargo, la juzgadora rechazó excusarse debido a que la defensa no argumentó y no fundamento de por qué debería hacerlo.

Los abogados presentaron un documento fechado el 5 de octubre del 2017 donde detalla que la jueza envió información del caso relacionado de la familia Bitkov a la embajada de la Federación Rusa acreditada en Guatemala, por lo que esa acción se considera una falta grave, ya que solo las partes pueden tener acceso al proceso.

La defensa argumentó que Aifán entregó a la embajada rusa un informe sobre los años que podrían ser condenados los ciudadanos rusos, tres meses antes de que fueran condenados por el Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Yasmín Barrios.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) se opusieron a la recusación al argumentar que la información fue solicitada a la Corte Suprema de Justicia por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores que fue el canal por donde la sede diplomática rusa hizo la petición y argumentaron que es un documento diplomático y desconocen cómo lo obtuvo la defensa.

Aifán rechazó la recusación al argumentar que en efecto la solitud de la información se la hizo la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que la información la entregó cuando ella ya no tenía la carpeta judicial, y además que la orden la recibió de sus jefes inmediatos que son los magistrados de la CSJ, además que se presentó fuera de tiempo.

Al escuchar la negativa, los abogados presentaron una actividad procesal defectuosa la misma que fue rechazada.
Luego de eso, el MP empezó con el ofrecimiento de prueba, la defensa se negó a que fueran intercambiadas las pruebas tanto de ellos como del MP.

El MP presentó una prueba testimonial, dos peritos, 85 documentos, 15 pruebas materiales y cinco documentos periciales.

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En enero de 2015, los medios locales se hicieron eco de la captura de una presunta red de falsificación de pasaportes, que implicaba a funcionarios del gobierno, presuntos traficantes de personas, taxistas, “facilitadores”… y a tres ciudadanos rusos que habían utilizado los documentos con identificaciones falsas, una familia de apellido Bitkov.
El caso, conocido como “Migración”, ya se investigaba desde hacía unos años. Varios funcionarios y unos ciudadanos colombianos fueron condenados por esa causa en 2013.
Pero en la nueva redada, en 2015, los Bitkov fueron los únicos acusados que no tenían ningún vínculo directo con la estructura de la red.

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Casi dos años después, a inicios de enero pasado, se conoció la sentencia: los principales responsables y los otros implicados en el caso recibieron penas entre 8 y 22 años de cárcel, mientras Igor Bitkov, cabeza de la familia rusa, fue condenado a 19 y su esposa Irina y su hija Anastasia, a 14. 
Este miércoles, luego que la Corte Constitucional anulara la condena en abril, una jueza dictaminó que Igor Bitkov será juzgado nuevamente la próxima semana.

Sin embargo, antes de conocerse esta nueva disposición, ya la captura y fallo contra los tres rusos había trascendido el ámbito local y alcanzado dimensiones internacionales por los testimonios de la familia sobre la supuesta persecución política en Rusia y su huida a América Latina, donde -según su abogado- continuó la persecución de Moscú a través de un banco estatal

Así, lo que parecía ser un escándalo más de corrupción dejó de serlo. 

A nivel interno, el caso revivió las profundas diferencias entre el gobierno y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el organismo internacional que investiga casos de corrupción en el país y que fue uno los principales actores en la detención de los rusos.
Mientras, a nivel internacional, una campaña liderada por el empresario estadounidense Bill Browder, conocido como el “enemigo número 1 de Putin” e influyente cabildero en el Congreso estadounidense, comenzó a presentar el encarcelamiento de la familia como una nueva manifestación de la larga mano del Kremlin.
Según esta versión, de la que no se había hablado hasta la entrada de Browder en la historia, Moscú logró penetrar en el Ministerio Público de Guatemala y en la CICIG para conseguir la captura y la elevada condena de los tres rusos, algo que los dos organismos niegan y de lo que no se han presentado pruebas fehacientes que convenzan a las autoridades.

La denuncia de Browder causó tanto revuelo que el caso llegó a finales de abril ante una comisión del Senado de Estados Unidos.
Pero ¿cómo se llegó a este punto?, ¿quién son los Bitkov y cómo su caso se convirtió en un pulso político tanto dentro como fuera del país centroamericano?

Guatemala, 2009

El primer rastro de los Bitkov en Guatemala se registró en 2009, cuando Igor e Irina arribaron procedentes de Turquía.
Se cree que su hija llegó dos años después, aunque no existen registros de su entrada.
Poco después, los Bitvok dejaron de llamarse así, o al menos no eran esos los nombres que se leían en sus pasaportes e identificaciones guatemaltecos.
Igor e Irina tuvieron otro hijo en Guatemala, que tras ser capturados sus padres, fue internado un orfanato y luego, tras evidenciarse algunos maltratos allí, fue devuelto a su niñera, quien tiene actualmente su tutela.
“Ellos entran al país legalmente, pero luego comienzan a utilizar documentos falsos”, explica a BBC Mundo Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, a cargo del caso.

“Igor, por ejemplo, obtuvo aquí una cédula guatemalteca con otro nombre y para ello utilizó una partida de nacimiento falsa. Sacó pasaporte con ese nuevo nombre e hizo negocios”, añade.
Los documentos oficiales lo presentaban como Gregorio Igor Benítez García, originario de Taxisco, un pueblo en el municipio de Santa Rosa, en el sudeste Guatemala; mientras, su esposa comenzó a llamarse María Irina Rodríguez Germanis.
“Como por su físico ese nombre latino generaba sospecha, Igor tomó otra identidad y falsearon otra partida de nacimiento. Sacó entonces un nuevo documento de identificación, creó otra sociedad, contrajo matrimonio, sacó licencia de conducir, compró vehículo y sacó nuevamente pasaporte”, explica el fiscal.
Igor comenzó a llamarse a partir de entonces Leonid Zaharenco.

Auténticos

Pero Rolando Alvarado, abogado defensor de la familia, tiene una visión diferente de lo que sucedió.
“En realidad, no eran documentos de identificación falsos, eran documentos reales, auténticos, y los peritajes así lo dicen”, asegura en conversación con BBC Mundo.
“Ellos desde Europa hicieron contactos con una firma de abogados llamada Cotino International y les aseguraron que todo sería por la vía legal. Luego les dan aquí estos pasaportes con los nombres latinos, que ellos los utilizaban para realizar sus viajes a Europa sin ningún problema, eran legítimos”, añade.
De acuerdo con la versión del abogado, Bitkov realizó los contactos por internet con la supuesta firma, de la que nada se sabe y cuyo dominio desapareció de la red tras la difusión del caso.
Pagaron por sus pasaportes, según la versión de la familia, unos US$50 mil, aunque no existen registros de la transacción.
De hecho, según Alvarado, uno de los principales puntos que demuestran lo que considera arbitrariedades en el juicio contra sus clientes es que la CICIG nunca investigó a la supuesta empresa que estuvo detrás de la venta de pasaportes con identidades falsas.
Matías Ponce, vocero de la Comisión, asegura a BBC Mundo que nunca se demostró el papel potencial de la firma vinculado a la red durante el proceso judicial y, como los Bitkov no presentaron pruebas de que contrataron a la compañía, no se investigó este vínculo.

En opinión del abogado defensor, esto constituye una irregularidad, ya que la CICIG y el Ministerio Público pasaron por alto la investigación de lo que, en su criterio, era un factor clave en la red de falsificación, dado que era a través de este oficina que se vendían los pasaportes, según la versión de los Bitkov.
“Ellos compran estos documentos a esta firma porque los Bitkov son perseguidos políticos, víctimas de una venganza del gobierno ruso y lo primero que hace un perseguido político es buscar un cambio de nombre, porque su vida está en peligro. Entonces ellos no querían falsear su identidad, sino salvar sus vidas”, sostiene.
Durante el juicio, la familia aseguró que habían llegado a Guatemala buscando refugio de Rusia donde, según su relato, fueron acosados por el gobierno.

Rusia, en el origen

En 1997, Igor Bitkov fundó en San Peterburgo la North-West Timber Company, una empresa papelera, que, según dijo, llegó a valer unos US$700 millones.
De acuerdo con su testimonio en el juicio, al que tuvo acceso BBC Mundo, los Bitkov afirman que su caída en desgracia comenzó nueve años después, cuando se negaron a colaborar con Georgi Boos, el entonces nuevo gobernador de Kaliningrado, donde la empresa tenía una de sus fábricas.
La versión indica que Irina Bitkova fue invitada entonces a ser representante regional de Rusia Unida, el partido al que pertenece el presidente Vladimir Putin, a lo que se negó.
“Fueron perseguidos a partir de entonces, incluso llegaron a secuestrar y violar a su hija y también intentaron destruir y apoderarse de su negocio”, asegura a BBC Mundo Bill Browder, el empresario estadounidense que lidera la campaña internacional para la liberación de la familia.

La empresa de los Bitkov reportó pérdidas y comenzó a pedir créditos, lo que los llevó a una deuda por unos US$6 millones con el banco estatal VTB, dirigido por Andrei Kostin, un economista muy cercano a Putin.
Según la versión de la familia, el banco empezó a presionarlos para que vendieran su negocio y pagaran así su crédito.
En respuesta a un cuestionario enviado por BBC Mundo, VTB afirmó que en realidad se trató de un “procedimiento estándar para resolver disputas comerciales financieras serias a través de los canales legales disponibles”, dada la enorme deuda que tenía la familia.
“Igor e Irina Bitkov fueron garantes de préstamos por un crédito otorgado en 2007 por VTB a la empresa Nemansky Pulp and Paper Mill (núcleo industrial de North-West Timber Company). Después de que la compañía dejó de pagar su deuda, en 2009 se lanzó un caso criminal en Rusia contra los Bitkov, acusados de fraude a gran escala”, señala el banco.
De acuerdo con VTB, la deuda no pagada de los Bitkovs asciende actualmente a más de US$42 millones.

En unas circunstancias poco claras, la pareja huyó de Rusia finalmente en abril de 2008.
Tiempo después VTB, junto a los también bancos estatales Sberbank y Gazprombank (que igualmente habían realizado préstamos a la compañía) se hicieron cargo de la empresa y vendieron la mayor parte de los activos, según el testimonio de la familia.
De acuerdo con Browder, la forma de accionar de estas instituciones financieras son “típicas” estrategias que ha utilizado en los últimos años el gobierno de Vladimir Putin para controlar a empresarios que no siguen sus líneas, mientras el banco defiende que se trata de un procedimiento regular.
El fiscal, por su parte, asegura que, durante el proceso legal, no hubo ningún elemento que pudiera demostrar este hecho.
“No lograron probar tal persecución y llamó también la atención el elemento que estuvieron durante siete años en Guatemala y nunca pidieron protección o asilo. La solicitud de asilo se hace cuando ya estaban acusados en este proceso”, explica el fiscal.
BBC Mundo le preguntó al abogado por las evidencias de la persecución, pero Alvarado se limitó a remitir a una carta de un senador de Estados Unidos.
“Para demostrarlo hemos incorporado la carta de un senador republicano, Roger Wicker. Que un senador estadounidense diga que usted es perseguido político, tiene mucho peso y creo que es una prueba muy clara”, afirma, sin aportar otro dato.

¿Influencia rusa?

Uno de los elementos que más dio que hablar del caso y que utiliza Browder como argumento de la supuesta influencia del gobierno ruso en la condena es que fue VTB quien denunció a la familia ante las autoridades guatemaltecas.
“Nos enteramos de esta situación de los rusos porque ese banco interpuso una denuncia contra ellos ante el Ministerio Público”, indica el fiscal.
Para el abogado defensor, la denuncia del banco y su posterior participación en una de las audiencias contra los Bitkov como querellante son también muestras de la influencia de Moscú en el Ministerio Público y la CICIG.
“Aquí la mayor prueba de la interferencia es que un banco estatal ruso, sancionado por Estados Unidos, trató de encausar un procedimiento de un supuesto cobro de saldo, sin pruebas y a través de la vía penal, lo cual es notoriamente ilegal”, considera Alvarado.
Sandoval, si bien acepta que el banco participó en parte del proceso legal, asegura que esto se dio acorde a las legislaciones guatemaltecas y niega cualquier influencia de VTB o del gobierno ruso en la investigación.
Tras un recurso presentado por la defensa, el banco no pudo seguir participando en el juicio, aunque reconoció a BBC Mundo que tiene en curso nuevos procesos legales relacionados con la demanda, de los que declinó ofrecer más información.

VTB asegura que las acciones no tienen nada de extraordinario y que han efectuado procesos similares ante tribunales de Reino Unido, EE.UU. y países de Europa continental.
“Las actividades para localizar a nuestros prestatarios y sus propiedades, así como las reclamaciones actuales sobre tales casos en jurisdicciones internacionales, de conformidad con los acuerdos concluidos y las disposiciones regulatorias vigentes de estos países, son parte del procedimiento regular del banco para recuperar préstamos incobrables y se ajusta a la ley”, indica la institución financiera.
Más allá las dudas que deja el caso, no existe ninguna evidencia conocida de una influencia directa del gobierno ruso en la condena de los Bitkovni de ningún pago a los organismos encargados de la investigación.
Sin embargo, las acusaciones han puesto peligro el trabajo de la CICIG, que desde el año pasado se encuentra en la mira del gobierno de Guatemala.

La CICIG, en el ojo de la polémica

Tras la sesión del Congreso de Estados Unidos para analizar el caso de los Bitkov, el senador republicano Marco Rubio decidió congelar un monto de los fondos que Washington debía entregar a la CICIG, de la cual es su principal contribuyente.
El motivo, según alegó Rubio sin proveer ninguna prueba, era que la Comisión había sido “manipulada y utilizada por elementos radicales y por la campaña de Rusia en contra de la familia Bitkov”.

El futuro de la CICIG, una organización respetada por la independencia que ha mostrado del gobierno guatemalteco en la investigación de la corrupción en el país, pende nuevamente de un hilo.
El año pasado, se supo que la Comisión investigó la presunta de corrupción de un hijo y un hermano del presidente de Guatemala, Jimmy Morales, mientras el propio mandatario y su partido están también en la mira por un presunto financiamiento ilícito en la pasada campaña electoral.
En ese contexto, Morales solicitó a la ONU la revisión del mandato de la CICIG y la salida de su jefe, Iván Velásquez, quien incluso fue declarado persona non grata por el gobierno.
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Ahora, el caso de la familia rusa constituye, en opinión del gobierno, una muestra de la “injerencia de la CICIG”.
“Hemos visto que se ha exagerado y violado el mandato que tiene la CICIG en Guatemala a través de su representante, el señor Iván Velásquez, ya que anteriormente con otros comisionados no había habido esa exageración en términos del mandato”, asegura a BBC Mundo el portavoz del gobierno Heinz Hiemann.

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Para el vocero de CICIG, el caso de los rusos se ha convertido en una herramienta de una “campaña de difamación” contra el organismoy el trabajo que realizan.
“La CICIG actúa en función de su mandato, que surge de un acuerdo entre el Estado de Guatemala y las Naciones Unidas”, asegura.
Entretanto, el caso de los Bitkov tendrá la próxima semana un nuevo capítulo en los juzgados.
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El 15 de enero de 2015, el Ministerio Publico y la Comisión Internacional Contra la Impunidad destaparon el Caso Migración. La policía allanó la lujosa vivienda de la familia rusa en Carretera El Salvador y los arrestó por los delitos de uso de documentos falsificados, usurpación de estado civil y supresión y alteración del estado civil. Fueron capturados junto 40 migrantes, funcionarios del Registro Nacional de las Personas y de Migración.

Desde entonces, Igor Bitkov se encuentra en prisión preventiva y su esposa, Irina Bitkov, e hija mayor, Anastasia, guardan prisión domiciliar.   

Dentro de su vivienda las autoridades incautaron vehículos y una fuerte suma de dinero en efectivo. 
Harvey Pacay, representante del principal acreedor de la empresa de la que eran propietarios los Bitkov en Rusia, el banco ruso VTB, explicó que los detenidos hicieron varios préstamos para la institución y los dejaron de pagar para luego escapar a Guatemala.

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La noticia llegó a los medios rusos que reportaron que la familia Bitkov era perseguido por la justicia por un caso de estafa. El medio local kommersant  escribió que la familia había defraudado a los accionistas de su empresa papelera por 200 millones de rublos—unos US$6 millones—.

La familia dice que su compañía, que llegó a estar valorada en US$700 millones, fue usurpada por funcionarios rusos corruptos y que se vieron obligados a huir del país ante las amenazas y extorsiones de personas allegadas al partido que puso en el poder a  Vladimir Putin.

Los Bitkov señalan que fueron víctimas de la red de migración y pensaban que los documentos eran legítimos, no obstante, la fiscalía no está convencida de eso debido a que personas con su perfil económico y educación debieron saber que no se pueden comprar identidades en ningún país del mundo de forma legal.

El juicio oral y público en su contra continua y los Bitkov se aferran a una solicitud de asilo por su condición, alegan ellos, de refugiados.