El Reino Unido empezará una nueva andadura al margen del bloque de los 27, al comenzar a establecer los términos de su “divorcio”, después de que los británicos votaran a favor de desligarse de la Unión en el referendo del pasado 23 de junio.
La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, tiene ante sí un escenario difícil pues tendrá que buscar –en el plazo fijado de dos años de negociaciones– un acuerdo que satisfaga a las naciones que conforman el Reino Unido y también a la UE.
Está previsto que el embajador británico en la Unión Europea, Tim Barrow, haga entrega el miércoles personalmente al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la carta en la que el Ejecutivo de Londres notificará que invoca el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que establece el proceso para la salida de un país comunitario.

A partir de ahí, empieza la cuenta atrás para consumar la desconexión, que deberá hacerse efectiva, según los planes previstos, el 29 de marzo de 2019.
También mañana, paralelamente, May acudirá al Parlamento para informar a los diputados en la Cámara de los Comunes (baja) de que este país ha activado el artículo 50.
Los medios locales anticipan el martes que Tusk hará una breve declaración de acuse de recibo y, al día siguiente, el presidente del consejo hará circular entre los 27 un borrador sobre cuáles serán las directrices de negociación con Londres.
Esas directrices serán adoptadas formalmente en la cumbre especial organizada para el próximo 29 de abril en Bruselas.
Tras la activación del “brexit”, se espera que ambas partes establezcan en las negociaciones los términos de la salida británica y decidan cómo serán sus futuras relaciones comerciales.

Costos

Sobre la negociación, las partes abordarán el coste que tendrá que asumir Londres por la retirada –al que los medios se refieren como “la factura del divorcio”–, el estatus legal de los ciudadanos expatriados y la división de los activos comunitarios.
Ambas partes deberán aclarar qué ocurrirá con la situación legal de los comunitarios que viven en este país así como con los británicos que residen en el continente tras el “brexit” y tendrán que resolver, entre otras cosas, qué ocurre con las pensiones que cobran esos ciudadanos cuando Londres camine en solitario.

El ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, ha rechazado en declaraciones emitidas por la BBC que este país vaya a tener que pagar a Bruselas la cantidad de US$59 mil, como se ha barajado.
“Cumpliremos, por supuesto, con nuestras obligaciones internacionales, pero también esperamos que se respeten nuestros derechos. No creo que vayamos a hablar de esas cantidades”, dijo anoche Davis a un programa especial del “brexit”  en la BBC.

Migración

Además, sobre el tema de la migración –un factor determinante a la hora de que los británicos se inclinaran por la opción del “brexit”  en el plebiscito–, Davis apuntó que los niveles de inmigración tendrán que aumentar “de vez en cuando”  pues hay industrias y servicios públicos que dependen de mano de obra extranjera.

Sus declaraciones han sido interpretadas como una señal de que la salida británica del bloque no resultará en una caída dramática en la migración neta en este país.

El Reino Unido activará ese día el Artículo 50 del Tratado europeo de Lisboa mediante una carta de la primera ministra Theresa May al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, anunció el gobierno el lunes.
Además, May se dirigirá al Parlamento para anunciar la salida de la Unión europea (UE), bloque construido sobre las cenizas de la Segunda Guerra Mundia
El 23 de junio de 2016, “el pueblo británico tomó la decisión histórica de abandonar la UE. El próximo miércoles, el gobierno dará curso a esta decisión e iniciará formalmente el proceso” de salida, dijo en un comunicado el ministro a cargo del Brexit, David Davis.
Londres y Bruselas tendrán dos años para sellar un acuerdo de divorcio que se espera que aclare, entre otras cosas, si los europeos en el Reino Unido conservarán la libertad de trabajar y residir en el país, la factura que Londres tendrá que pagar por sus compromisos presupuestarios hasta 2020 y la nueva relación comercial.

Según el comunicado británico, el embajador ante la UE, Tim Barrow, informó ya al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, de la fecha en que el Gobierno invocará el artículo.

La UE, lista para la ruptura

“Todo está listo por nuestra parte”, respondió el portavoz de la Comisión Europea, el ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. “Estamos listos para comenzar las negociaciones”, agregó.
Tras la activación del artículo Tusk presentará “en 48 horas” un borrador con las grandes líneas de negociación, anunció en un tuit.
Los 27 deberán aprobar estas líneas en una cumbre extraordinaria, que podría celebrarse a principios de mayo. A continuación, la Comisión Europea presentará su propuesta formal para el inicio de las negociaciones.
Las negociaciones podrían comenzar formalmente entre seis y ocho semanas después del 29 de marzo, indicaron fuentes europeas.

“Estamos en el umbral de la negociación más importante para este país en una generación”, añadió Davis.
“El gobierno es muy claro en sus objetivos: un acuerdo bueno para todas las naciones y regiones del Reino Unido y para Europa; una alianza nueva, positiva, entre el Reino Unido y nuestros aliados y amigos de la UE”, sentenció el ministro.

El fin de una relación complicada

El Reino Unido fue la última potencia europea en ingresar en el bloque, en 1973, y tras dos negativas del entonces presidente francés Charles de Gaulle, que veía en los británicos un Caballo de Troya de Estados Unidos.
En 1975, dos años después del ingreso en lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, el Reino Unido ya celebró el primero de los dos referendos sobre la pertenencia al bloque, mostrando los primeros síntomas de incomodidad: donde Londres veía simplemente un mercado, sus socios europeos veían un proyecto político.
En sus 44 años en el club, los británicos prefirieron quedar al margen de los grandes avances de la integración europea, como la moneda única, el euro, y el espacio Schengen, que eliminó los controles fronterizos.
Desde el momento del acceso británico, se estableció “una relación utilitarista con el acento puesto en la dimensión económica”, explicó Pauline Schnapper, profesora de estudios de la civilización británica en la Universidad de la Sorbona de París. “La dimensión sentimental era casi inexistente”, añadió.
“Fue una relación transaccional”, estimó, en la misma línea, Anand Menon, profesor británico de política europea del Kings College de Londres. “En consecuencia, el divorcio es bastante lógico”.

Descontento escocés y norirlandés

Los británicos aprobaron la salida por 52% a 48%, pero lejos de zanjar el debate, el tiempo transcurrido desde junio ha agriado las relaciones entre europeístas y euroescépticos y amenaza con desintegrar el país.

Así, el gobierno regional escocés, en manos de los nacionalistas, iniciará el miércoles los trámites para celebrar un segundo referendo de independencia, después de que sus habitantes se desmarcaran de la tendencia nacional votando abrumadoramente a favor de seguir en la Unión Europea.
En Irlanda del Norte, la única nación británica con frontera terrestre con la UE, el Brexit también crea desosiego por el impacto que tendrá el regreso de los controles aduaneros en la frágil economía local, y por el más que posible fin de los fondos europeos de ayuda al proceso de paz entre protestantes unionistas y católicos republicanos.
En los próximos días, antes de activar el Artículo 50, May visitará ambas regiones, informó Downing Street.

La integración social es otra de las materias pendientes, a pesar de los pronunciamientos sobre las intenciones de “garantizar la generación de empleo y el crecimiento económico”. El tema fue derivado a la Comisión de Coordinación de Ministros de Asuntos Sociales (CCMASM).

Los derechos culturales de los 295 millones de habitantes que viven en los países socios están garantizados sobre el papel, pero en la práctica hay problemas hasta para circular con un bien artístico entre un país y otro. Y menos se ha podido llegar a un acuerdo para regular un eventual sistema de comercio de bienes culturales.

Un avance en la integración cultural significó la incorporación de la lengua guaraní como idioma oficial, además del castellano y el portugués, un reconocimiento a la lengua de la gran mayoría de los habitantes de Paraguay, parte del norte argentino y del sur de Brasil.

En el campo de la ciencia hasta ahora solamente se ha acordado la implementación de un canal de diálogo intercientífico entre los sistemas de conocimientos tradicionales e indígenas y las ciencias modernas, respetando las visiones de los diferentes países.

Hace 20 años que el Mercosur intenta, sin éxito, firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, y cuando no aparecen diferencias entre los bloques, principalmente por el proteccionismo, saltan obstáculos internos, muchas veces también como consecuencia de posiciones proteccionistas.

En cada una de las cumbres presidenciales, que se realizan semestralmente en los países socios por el sistema de rotación alfabética, se repite la necesidad de reactivar el bloque, al que todos consideran vital para la vida de los pueblos.
Pero los propios presidentes, más allá de su compromiso de mantener la sociedad regional, reconocen que “la consolidación de la Unión Aduanera requiere avanzar, entre otros aspectos, en la facilitación del comercio intrazona, la reducción de las asimetrías y la integración de las estructuras productivas” para fortalecer el modelo regional de desarrollo económico.

El Mercosur no tiene un camino definido para avanzar sostenidamente. En lo que parecen coincidir los actuales presidentes es en la necesidad de ser inteligentes, ingeniosos y comprometidos para ir construyendo “la mejor ruta”, como sugirió recientemente el nuevo presidente argentino, Mauricio Macri.