Último trimestre del año. Ya se fue el mes de octubre y viene la aprobación del nuevo presupuesto, el que servirá para financiar el supuesto año electoral. En otros países, antes de aprobar uno nuevo se hace una revisión de cómo ha ido la ejecución del año en curso y de períodos previos. Es un parámetro para ver la razonabilidad del nuevo estimado de gasto que se propone. En los más avanzados, se rinden cuentas de lo que se logró y de lo que se quiere hacer con el nuevo presupuesto. En Guatemala, eso no ocurre. Lo más cercano es el ejercicio que el anterior ministro de finanzas denominó “presupuesto abierto”, donde cada ministerio va y pide a viva voz lo que dice que necesita para hacer lo que dice que va a hacer. Ninguna verificación ex post de qué fue lo que terminó haciendo con lo que se le dio. Así va año con año, la piñata de los millardos.

¿Qué fue del presupuesto de este año? En qué se han gastado los Q.43,186.8 millones de quetzales que la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- había recaudado al mes de septiembre? ¿Cómo va la ejecución de los ministerios en un gobierno que se ha caracterizado por altos niveles de ineficiencia en su gestión?

Los ministerios que están en primera línea apuntalando el Pacto De Corruptos son los que llevan mejor ejecución. Todos por arriba del 66% a septiembre. Lamentablemente, es un gasto destinado a hundir el país en la oscuridad, el aislamiento, la corrupción y la impunidad.

En contraste, los ministerios que le deberían servir más a la población para salir adelante: La peor ejecución la encabezan Cultura y Deportes, con 47% y el MAGA con 49.6%, en un país cuya gente pasa hambre y es el campeón de la desnutrición crónica en América Latina. Le sigue Economía con 54.6% en un país con 60% de pobres, 70% de informalidad y ubicado en el puesto 9 del mundo en desigualdad. El MIDES, que tiene este año su mejor nivel de ejecución con 55%, aunque para poco sirva; Comunicaciones 58.9% pero las carreteras siguen destrozadas; y Ambiente, con 59.3% y su gasto más recordado será el pago de viajes en helicóptero, mientras el país pierde la masa boscosa que le queda. Salud araña el 60% y sigue siendo el mismo desastre de siempre; y Educación el 71.5%, por su fidelidad y complacencia eterna con Joviel.

¿Y qué fue de la inversión? No han podido ni ejecutar los escasos 3.88 millardos que les aprobaron. La ejecución promedio a septiembre es de 49.6%. Casos que lloran sangre: Educación, que tiene 253 millones de quetzales aprobados para inversión, solo ha ejecutado 43.5. Y MSPAS, de 284 millones que les asignaron para inversión en infraestructura, solo ha ejecutado 11.6 millones. Mientras tanto, los médicos sin recursos ni instrumentos para prestar la atención. Sumidos en la precariedad perpetua e ignorados por las autoridades ministeriales y de gobierno. Eso sí, hubo viaje a Astana, Rusia a “renovar el compromiso con la Atención Primaria en Salud” y se llenan la boca de un discurso políticamente correcto, mientras los servicios públicos siguen en la misma lamentable situación. Ni qué decir del agua y saneamiento: 125 millones presupuestados y 19 ejecutados. ¡Y luego quieren insistir en que con la “Ventana de los 1,000 días” reducirán la desnutrición! El programa no es el problema, son las instituciones detrás, que han caído en la incapacidad total de operar sus compromisos técnicos y financieros. Las municipalidades no se quedan atrás: 51% llevan de ejecución de sus presupuestos de inversión al mes septiembre y los CODEDES 39%.

Con estos niveles de eficacia, se entiende que la construcción de una rampa para sillas de ruedas se considere todo un logro digno de un acto oficial.

karin.slowing@gmail.com

“En estos lugares, solo el sector público genera empleo. No hay otras oportunidades, así que la gente hace lo que sea a cambio de una plaza o un contrato en el Estado. Es pura necesidad. Ya dentro, la mayoría está más pendiente de lo que diga o quiera el diputado (o quien les facilitó el contrato), que de sus atribuciones; no le hacen caso a uno. Se saben protegidos”.

Esta lapidaria reflexión emergió durante una entrevista que realicé la semana pasada como parte de una investigación que estoy haciendo. Cinco oraciones que sintetizan una de las repercusiones más negativas y con efectos de más largo alcance que tiene el clientelismo político sobre el funcionamiento de los servicios públicos. Apunta también a la génesis multicausal del problema, que no siempre es visible cuando se discute cómo enfrentar esta plaga.

El daño que hace el clientelismo va mucho más allá de lo que un funcionario defrauda al Estado en términos pecuniarios. La gente contratada de esta manera no le es leal a la entidad que le paga su salario u honorario, sino a la persona que abusó de su poder delegado para facilitarle el ingreso al sistema. Por esa vía mantiene y acrecienta el poder de la figura política y le permite tener a disposición gente fiel que usa a conveniencia para lograr propósitos particulares, realimentando así el ciclo de la corrupción. Como la gente tiene necesidad de un ingreso, muchos terminan cediendo, con tal de que el “patrón” que “le da empleo” lo conserve en el puesto.

Ni es necesario que el político se encuentre en la misma entidad contratante. Ejerce su presión para que otra autoridad nominadora formalice la contratación. De esa cuenta, agentes externos terminan controlando lo que ocurre dentro de otra entidad: es decir, su radio de alcance y daño es mucho mayor de lo que deja entrever el escándalo de las Plazas Fantasma en el Congreso. Afecta la efectividad de la entrega de servicios y de la inversión pública en su sentido más amplio.

En ocasiones también la misma autoridad nominadora es la que opera de esta manera, colocando a personas poco idóneas —pero fieles a su persona— en puesto clave de las entidades, en detrimento de su operatividad. De hecho, muchos de los problemas gerenciales y de abandono profundo que viven actualmente las direcciones de salud, las departamentales de educación o las delegaciones del Maga y otros entes del Ejecutivo, obedecen a esta práctica; no son solamente producto de la restricción de financiamiento. Súmele a eso las connivencias con sindicatos que también han perdido su sentido de misión para explicarse la baja capacidad y calidad de los servicios.

Este asunto debería alertarnos sobre la enorme complejidad que significará atajar dicho fenómeno y erradicarlo; va mucho más allá de aprobar una nueva ley de servicio civil, asunto que de por sí no ha sido fácil tampoco. De hecho, no es una, sino un conjunto de leyes, reglamentos y normas las que “regulan” distintos aspectos que conciernen al Recurso Humano del Estado. Ese enjambre disfuncional de leyes se aprovecha más bien para alojar las prácticas clientelares y legalizarlas.

Por otro lado, si la economía real no tiene capacidad para absorber más gente, ofrecer empleos dignos y oportunidades reales de emprendimiento, el sector público seguirá siendo el único otro espacio atractivo para insertarse laboralmente.

Volvemos al tema básico: hay una fuerte interconexión entre un sistema económico excluyente y una política carente de ética, pero que ha sido útil al sistema. No podemos perder la oportunidad de meditar lo profundamente entrelazados que están ambos aspectos.

karin.slowing@gmail.com

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha emprendido un interesante esfuerzo abriendo un espacio a la ciudadanía en el proceso de formulación del presupuesto 2017. A esta iniciativa, denominada “Presupuesto Abierto”, se está convocando a cada uno de los ministerios del Organismo Ejecutivo, al Organismo Judicial y al Ministerio Público, para que expongan públicamente cuáles son sus demandas de financiamiento para el 2017. Desconozco cuáles son los criterios para ser invitados a dichos eventos, pero se está transmitiendo en directo vía web, y se puede participar por medio de las redes sociales también. Así, podemos involucrarnos y participar.

Hasta ahora, la demanda institucional para el 2017 ha superado en todos los casos el techo de gasto que les fuera asignado en el 2016. Ciertamente, es un reflejo del estado de inanición crónica en que han vivido las entidades públicas, que se agudizó con el saqueo voraz y masivo de los últimos años. Los montos adicionales solicitados son significativos, pero no siempre queda suficientemente claro de las exposiciones ministeriales cómo la demanda financiera planteada se traducirá en mejoras concretas para la población. Para definir eso, se requeriría un proceso más profundo, que examine la eficacia y la relación costo-beneficio de la oferta de bienes y servicios que produce una entidad, con respecto a los resultados y metas que se propone alcanzar. Será difícil hacerlo ya para el 2017, pero debería avanzarse en esa dirección para los próximos presupuestos.

El Minfin deberá hacer un balance entre demanda y realidad fiscal, pues los ingresos adicionales con que espera contar en el 2017 no serán más de cuatro millardos, a los cuales hay que descontarles las obligaciones ya definidas en ley. Basta decir que los montos de las ocho entidades que ya han expuesto sus demandas adicionales ascienden a casi 13 millardos.

Hay que decidir entre seguir repartiendo “pushitos” a todas las entidades, o ser más bien estratégicos y priorizar el financiamiento —aunque sea parcial— de ciertos programas clave que profundicen y/o catalicen algunos de los cambios que tanto anhelamos.

Si a mí me preguntaran, la primera prioridad se la daría indudablemente al MP y al Organismo Judicial, aunque no se satisfaga el 100% de su demanda. Luego, hay tres ministerios que este Estado mínimo no puede dejar sin mejorarles las asignaciones el año entrante: Gobernación, Agricultura y Salud, en ese orden. No olvidaría presupuestar el censo de población.

Si quedara dinero, mi segundo grupo de prioridad sería el Ministerio de Trabajo, para fortalecer la inspectoría; seguido de los ministerios de Ambiente; Educación y Cultura. En todos los casos, no quedaría más remedio que priorizar rubros y/o programas estratégicos como destino del gasto incremental, y convenir metas razonables de alcanzar al final del año.

En paralelo, exigiría que todos los ministerios demostraran mejoras sustantivas en la calidad de su gasto y medidas concretas de control de la corrupción para ser elegibles a fondos adicionales en los próximos presupuestos.

Pienso que el “Presupuesto abierto 2017” es un paso en la dirección correcta y permitirá al Minfin avanzar en cuatro aspectos: 1. Reducir la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos; 2. Incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones clave en el Estado; 3. Tener una mejor idea del tamaño de la brecha fiscal; 4. Identificar elementos que debe incluir una reingeniería del proceso de presupuesto, para que así deje de ser un botín y se convierta en un verdadero instrumento para el bienestar ciudadano.

karin.slowing@gmail.com

Esta extensa cita, escrita allá por los años 2003-2004, proviene de un estudio que solicitara la Municipalidad de Guatemala a un consorcio de empresas colombo-españolas financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Además de un minucioso diagnóstico, las más de 400 páginas contienen una propuesta muy comprehensiva y detallada de qué habría que hacer para modernizar el manejo del vertedero de la ciudad; formula además, escenarios alternativos para su traslado, sin perder de vista que el basurero es también el lugar donde muchísimos guatemaltecos se ganan el sustento para sus familias.

La propuesta no solo abordó los aspectos técnicos de todo el proceso, sino hizo estimaciones de costos de inversión, gastos funcionamiento y otros, sugiriendo además esquemas para financiar ese proceso, incluyendo la explotación del biogás que allí se genera. A decir de los muchos lectores que se comunicaron conmigo la semana pasada, pareciera que de todas las recomendaciones que se hicieron en dicho estudio, la única que se tomó fue la de explotar el gas metano para producir energía eléctrica. La idea era que la Municipalidad contara con recursos para financiar el cierre y traslado del basurero. Se estima que la energía que ya se genera allí ronda el megavatio, lo cual, traducido en quetzales, seguramente representa varios millones adicionales para el erario municipal, que deberían reflejarse en un mejor manejo de este basurero. Pero nada de esto ha pasado.

Entre las muchas recomendaciones que aportó ese estudio, y que no han sido implementadas, estaba la construcción de canales perimetrales para el agua de lluvia. Parece ser que no solo no se hicieron los canales, sino que, a raíz de los hundimientos ocurridos en la zona 6 y la zona 2, se desviaron parte de los flujos de los colectores primarios para desfogar las aguas negras en el riachuelo que atraviesa el basurero municipal. Estamos a la espera del informe del Ministerio Público sobre el desastre ocurrido.

Han transcurridos 12 años desde que se hizo este estudio. Una década desde que se superó el tiempo que se había estimado que el basurero de la zona 3 podía tener vida útil. Obviamente, la Muni ha tomado algunas medidas todo este tiempo, que han permitido prolongar un poco más allá su vida útil. Pero nunca aquellas que pudieron haber transformado de fondo este problema.

Es hora de que la Municipalidad de Guatemala nos rinda cuentas públicas al respecto, así como sobre los recursos generados por la venta de energía producida a partir de la basura y el destino que se le ha dado a ese dinero. ¡Tiene usted la palabra, alcalde Arzú!

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