El fiscal Juan Francisco Sandoval, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), informó en conferencia de prensa este miércoles 12 de agosto que este nuevo caso se deriva de la investigación del caso La Línea, en los que están involucrados el ex presidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

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La investigación del referido caso permitió descubrir la existencia de una organización criminal que operó por lo menos entre mayo del 2014 y abril del 2015.

Esta estructura efectuó actos de corrupción en las aduanas de Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla. Las operaciones que habían sido objeto de persecución penal están relacionadas con la Aduana de Puerto Quetzal.

Como parte del proceso investigativo, la Feci en conjunto con la Policía Nacional Civil efectuaron al menos 26 allanamientos en el departamento de Guatemala, El Progreso, Petén, Jutiapa, Zacapa e Izabal. Se reportan siete capturas.

Sandoval agregó que la investigación posterior a abril del 2015 determinó la vinculación de otras personas participantes dentro de la organización criminal La Línea, entre estos funcionarios de la SAT (supervisores o coordinadores de rampa).

También consolidadores, que se trata de particulares que se dedican a contratar en nombre propio y por su cuenta, servicios de transporte internacional de mercancías destinadas (embarques o cargas).

Además, desconsolidadores, que son los encargados de hacer la gestión que permite el ingreso de mercancías al territorio guatemalteco, por medio de la desagrupación de lo contenido en los embarques previamente consolidados bajo un mismo, estos últimos y los antes mencionados aprovechando la organización criminal La Línea defraudaron al Estado de Guatemala.

Explicó que luego de desarticulada parte de la organización en el 2015, se pudo establecer la existencia de tres sistemas empresariales que operaron alrededor de empresas desconsolidadoras.

Estos tres sistemas empresariales se dedicaban a la consolidación y desconsolidación o la importación de mercadería para mantener de esa forma el monopolio y control absoluto en las aduanas del país.

Participaron entre el 10 de mayo del 2014 y el 10 de abril del 2015 en el paso de contenedores registrados por la organización criminal La Línea, por el cual se cobraron al menos Q5 millones 127 mil por concepto de cobro anómalo denominado “cola” y por los cuales se defraudó al Estado de Guatemala por al menos por Q14 millones 315 mil 429. 49.

En algunos casos los consolidadores manipularon las facturas presentadas como respaldo del contenido de los contenedores consolidados.

Al extremo de crearlas por completo, con mercancía, cantidades y precios que no corresponden a lo importado, logrando con ello disminuir el monto de impuestos a pagar.

El tercer sistema empresarial según el Ministerio Público (MP), fue dirigido por Salvador Montenegro Brol por medio de 12 importaciones y tuvo comunicación con miembros de La Línea.

Añadió que el segundo sistema empresarial descubierto cobró Q2.4 millones en cobros indebidos y defraudaron a la SAT por Q9.7 millones.

Según el MP, Selvyn Palma dirigió un segundo sistema empresarial para defraudar en aduanas por medio de 134 importaciones.

El primer sistema empresarial efectuó 70 importaciones en 2014 y 2015, pagando sobornos por Q1.1 millones y defraudaron Q3 millones.

Juan Francisco Sandoval explica que hay comunicaciones que prueban participación de los funcionarios aduaneros en contubernio con empresarios. pic.twitter.com/uz1VD0R7mk

— Edwin Pitán (@Epitan_PL) August 12, 2020

A decir de la Feci, funcionarios de rampas de revisión de Santo Tomás fueron colocados con influencias por empresas para manipular declaraciones y hacer reajustes.

La investigación permitió establecer los montos depositados a diferentes cuentas y que los consolidadores no utilizaban facturas originales que los clientes individuales obtienen del proveedor en el extranjero al efectuar el pago por la compra de la mercadería.

El fiscal resaltó que, esta estructura, compleja en su diseño tiene todo un andamiaje de control en puestos claves dentro de la SAT, esto desde los mandos altos y mandos medios, hasta los coordinadores de rampa y vistas aduaneros.

La Feci afirmó que todas las actividades se tenían previamente pactadas, los coordinadores y supervisores eran los encargados de dar cuenta al encargado externo de La Línea, siendo en el presente caso el de la Aduana de Santo Tomás, Jorge Alfredo Guillén Sagastume. Según el MP, ellos eran los responsables de recibir el monto de dinero que se repartiría entre los integrantes de la estructura criminal

Cada uno de los integrantes con roles delimitados para operar y con ello defraudar al Estado en la salida de mercaderías de cada uno de los recintos aduaneros, previo pago de los dueños de los contenedores, esto causó daño enorme al fisco del país.

Marco Díaz, jefe de la SAT, afirmó que la línea ha dejado de operar. También añadió que presentó 21 denuncias nuevas por defraudación de Q451 millones.

Apoyo contra la corrupción

La SAT declaró que siempre ha colaborado y seguirá haciendo en torno a las investigaciones de corrupción para generar transparencia y certeza en las operaciones aduaneras y tributarias. Además, alentó a la ciudadanía a que denuncie actos de corrupción y potenciales anomalías.

La Superintendencia de Administración Tributaria, ante las capturas efectuadas hoy por las autoridades correspondientes informa: pic.twitter.com/pSyvLF1TXl

— SATGT (@SATGT) August 12, 2020

Capturados

Empleados de la SAT

• Lorena Damaris Túnchez Mejía
• Mynor René Cotom Guzmán.
• Juan Francisco Rodríguez Jacobo.
• Javier Ayala y Ayala, exempleado de la SAT.
• Edgar Augusto Marroquín Herrera, exempleado de la SAT.
• Marco Antonio Sagastume López, empresario consolidador (Sistema empresarial 1).
• Salvador Montenegro Brol, empresario consolidador (Sistema empresarial 3).

Prófugo

• William Garth Campbell Serovic, empresario consolidador (Sistema empresarial 1) Prófugo desde 2016.
• Hay cinco órdenes de captura pendientes y una persona citada.

Al menos  Q34.5 millones en coimas provenientes de unas 20 empresas  podrían haberse repartido  cuatro personas, entre ellas   tres sindicadas en los casos  La Línea  e Impunidad y Defraudación.

Los avances en las investigaciones que emprendió la Fiscalía de Delitos Económicos establecieron que  Geovanni Marroquín, asesor de la empresa Tres Puertos; el exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco; el exintendente Jurídico Alfonso Castillo y el exintendente de Fiscalización Ariel Guerra, tendrían una línea propia de negocios ilícitos.

Los hallazgos indican a los fiscales que unas  20 empresas podrían haber  utilizado  los servicios de este grupo para gestionar más rápido la devolución del crédito fiscal o  evitar   auditorías. Entre esas  firmas se encuentran compañías  de hule, azúcar, gas, palma africana, chatarra y hierro.

Los negocios manejados con estas entidades podrían haber alcanzado los Q300 millones, monto por el cual Marroquín recibió en concepto de sobornos  Q34.5 millones, que se repartió con  Franco,  Guerra y  Castillo.
Forma de operar

Marroquín era el enlace   principal entre los clientes y los funcionarios de la SAT. 

“Con ayuda de un intermediario, contactaban a las empresas para darles las negociaciones disfrazadas de asesorías”, se explicó en  la Fiscalía a cargo de la investigación.

La mayoría de solicitudes estaban relacionadas con la devolución del crédito fiscal, que según afirmaron, son procedimientos en los que  la SAT se tarda  hasta cuatro años para hacerlos efectivos, debido a la cantidad de peticiones que llegan a la entidad tributaria.

En el desarrollo de los acuerdos, Marroquín  requería a sus clientes  el  11.5 por ciento del  total de la devolución fiscal que la empresa solicitaba. 

Una vez   llegaban a un acuerdo con   Marroquín,  él   llamaba  a sus contactos en la SAT —Franco y otros funcionarios de alto rango— para informar que su cliente necesitaba  un procedimiento. 

Los entonces  funcionarios de la SAT   gestionaban la aceleración, si se trataba de una devolución fiscal, o bien cancelaban alguna de las auditorías que estuviera programada para hacer.

“En esta parte se considera que estaban las irregularidades, ya que  los funcionarios ordenaban que la empresa del cliente se ahorrara una cola que tardaba hasta cuatro años y su trámite fuera en dos años o menos”, se ejemplificó en la Fiscalía.

Se agregó: “Para comprobar esas acciones ilícitas encontraron que tres empresas hicieron la solicitud de la  devolución; dos de ellas siguen a la espera de que la SAT las  audite para que puedan recibir su dinero, mientras la que asesoró Marroquín recibió el dinero en menos de dos años”.

Pagos y facturas

Con las resoluciones listas  informaban a Marroquín, quien de inmediato avisaba al “cliente” que ya podía ir al Banco de Guatemala a retirar el dinero. 

Después cobraba la comisión, que era pagada en cheques a nombre de al menos cinco compañías relacionadas con él.

“Marroquín emitía facturas por estos servicios, aunque en realidad correspondían al cobro de las comisiones”, revelaron las fuentes. 

Los cheques eran cobrados  por su  asistente  y  el efectivo, después, era entregado a personas cercanas a los entonces funcionarios.

Por medio de un testimonio, la Fiscalía constató   que el asistente de Marroquín le entregó dinero en “concepto de soborno”  al  piloto de Ariel Guerra y, además, que parte de las “comisiones” fueron  utilizadas para pagar las tarjetas de crédito a nombre de  Franco.

Otras de las pruebas encontradas a Marroquín y que sustentan esa red, son cuadros de controles de los pagos pendientes que tenía con los funcionarios de la SAT.

Aceros

El 10 de junio último, la fiscalía de Delitos Económicos  entregó la acusación formal al Juzgado de Mayor Riesgo B, contra 15 personas señaladas en dicha red.

La investigación preliminar reveló que Aceros de Guatemala es una de las empresas que, por medio de Marroquín, buscó los servicios de Tres Puertos, los cuales eran disfrazados de asesorías contables para crear un blindaje tributario.

“El servicio que brindaba era evitar las  auditorías de la SAT y que se agilizara el pago de devolución del crédito fiscal de la empresa acerera”, se indicó.

Marroquín gestionó  tres devoluciones del crédito fiscal a Aceros de Guatemala, valoradas en Q21.2 millones por los que recibió una comisión del 11.5 por ciento, que significó  Q2.4 millones, según las investigaciones de la Fiscalía.

“Las tres negociaciones fueron por Q11.8 millones, Q9 millones y Q1.3 millones”, se detalló.

La Fiscalía a cargo de las pesquisas no ha podido establecer de forma precisa en qué momento Marroquín y los exfuncionarios de la SAT comenzaron a promover este tipo de negocios ilícitos.

Asimismo, se sospecha que el número de las empresas que en teoría asesoró la organización de defraudación podría crecer, pues los investigadores sospechan que el ex superintendente Franco  manejaba su propia “cartera de clientes”. 

De comprobarse, el dato de las comisiones también podría variar.

Embargan 16 bienes

Seis inmuebles y 10 vehículos de diferentes marcas, a  nombre de empresas relacionadas a   Geovanni Marroquín   podrían pasar al Estado, luego de que el Ministerio Público solicitara y obtuviera la inmovilización.

En la Fiscalía de Delitos Económicos del MP se informó que  la petición fue requerida el pasado jueves al juzgado, para que se investigue si fueron adquiridos con dinero lícito.

Algunos de los bienes  inmovilizados eran las empresas que prestaban servicios de los negocios ilícitos disfrazados de asesorías contables.

Cuentas

Además, se informó que también se pidió el embargo de varias cuentas bancarias, sin mencionar la cantidad y a quién correspondían. 

No se descartó que se embarguen bienes de los otros implicados en el proceso penal que se desarrolla  en el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Antecedentes

El 12 de febrero último, el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)  desarticularon una estructura de defraudación.

Por este caso, conocido como  Impunidad y Defraudación, están ligadas a proceso 15 personas entre exfuncionarios y auditores de la SAT y  particulares relacionados a dichas empresas.

La acusación formal del caso fue presentada el pasado 10  de junio   y cuatro días después se tenía programada la audiencia de fase intermedia —audiencia en la que el juez decide si envía a juicio oral y público a una persona—, aunque se suspendió por el desarrollo de otras audiencias programadas.

Ligados a proceso

En el caso  Impunidad y Defraudación hay 15 personas señaladas, lo que incluye a la empresa Aceros de Guatemala, estas son:

• Álvaro Omar Franco
• Élder  Fuentes García
• Geovanni  Marroquín
• Ariel de Jesús Guerra
• José Mangandi Ortiz
• Alfonso Romeo Castillo
• Evelin Yulisa  Gómez
• Alicia López Paiz
• Osmin Ronaldo Ceijas
• Giovani Estefan Reyes
• Nidia Verónica Espina
• Julio Ernesto Román
• Pedro J. Raúl Paiz
• Alfredo M. Ledocarrillo
• Rigoberto Chacaj Soc
• Frank M. Trujillo, el abogado de Aceros de Guatemala no había sido ligado y fue hasta mayo que el juzgado lo vinculó.

Sobre Trujillo pesaba una orden de captura, pese a ello su abogado defensor afirmó el pasado lunes al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, que su cliente se presentaría este martes a la audiencia de primera declaración de los implicados en el caso conocido como Impunidad y Defraudación.

Trujillo, quien es hermano de Héctor Trujillo, exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) y quien está implicado en un caso de corrupción en la Federación Nacional de Fútbol (Fedefut), pidió al juez que revoque la orden de captura en su contra porque se presentó al juzgado.

El abogado de Aceros de Guatemala se presentó de forma voluntaria en Tribunales. Fotos: Paulo Raquec Vía @jramos_pl pic.twitter.com/PVkF7ZW8xR

— Prensa Libre (@prensa_libre) February 16, 2016

“Necesito que se respete el ejercicio de mi profesión. Solicito que se revoque mi aprehensión, si es que se dictó, y se me permita seguirme presentando como lo hice hoy”, indicó Trujillo al juez Gálvez.

El Juez admitió la solicitud y permitió que Trujillo regresara a su vivienda, con la condición de regresar este miércoles para rendir su declaración.

Se mantiene en caso

El abogado Mario Cuevas, defensor de Giovanni Marroquín Navas, intentó separar al juez del caso, aduciendo que no existía una orden de la Cámara Penal, de la Corte Suprema de Justicia, para que el expediente se mantuviera bajo su control.

Cuevas dijo que los procesos que se encuentran en los juzgados de competencia ampliada no permanecen allí por convieniencia del Ministerio Público, sino por resolución de la Cámara Penal, y que en este caso no había.

Gálvez rechazó dejar el caso y argumentó que las pesquisas se originaron por la investigación que la Fiscalía hacía contra la red de defraudación aduanera denominada La Línea, cuyo control sí está a su cargo.

“Las escuchas -telefónicas de este caso- no son modernas. Se trata de procedimientos que se efectuaron entre el 2014 y 2015. El caso La Línea comenzó el 16 de abril del 2015. El 16 de abril del 2015 concluyó la interceptación de llamadas”, dijo Gálvez.

Impunidad y Defraudación

El 12 de febrero último, el Ministerio Público (MP), con apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), capturó a una red de funcionarios y ex funcionarios de la SAT, gracias a una investigación de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos como resultado de las evidencias detectadas en las escuchas telefónicas del caso La Línea. Ese día se capturó a:

• Alfonzo Romeo Castillo Castro, director de la Intendencia Jurídica
• Elder Hermelindo Fuentes García, intendente de la SAT
• José Antonio Mangandi Ortiz, gerente de Contribuyentes Grandes
• Evelin Yulisa Natareno Gómez, jefa Intendencia de Verificaciones
• Alicia López Paiz, mandataria de la entidad
• Osmin Ronaldo Ceijas Díaz, auditor
• Giovani Estefan Reyes Pérez, auditor
• Nidia Verónica Espina Batres auditor
• Julio Ernesto Román García, auditor
• Pedro José Raúl Paiz Valdez, representante de empresa
• Alfredo Muñoz Ledocarrillo, representante de empresa
• Rigoberto Chacaj Soc, representante de empresa

Ayer fue detenida María Eugenia Valdés Gómez, representante de Aceros de Guatemala, en el hospital universitario La Esperanza, situado en la zona 10 capitalina.

De acuerdo con el MP la empresa Aceros de Guatemala, por conducto de Tres Puertos, se sirvió de la red de corrupción liderada por Omar Franco Chacón, ex superintendente de Administración Tributaria y Geovani Marroquín Navas, ambos integrantes de la organización criminal conocida como La Línea y se encuentran en prisión.

El propósito de la empresa era obtener la desestimación de tres querellas por un monto de Q255 millones 612 mil 266.82, mediante la alteración de las auditorías hechas por la SAT.

La misma empresa, que fue favorecida con devoluciones de crédito fiscal por una suma cercana a los Q95 millones se valió de la misma red para agilizar al menos uno de los pagos a su favor por Q11.8 millones, todo a cambio de promesa remuneratoria a favor de los directivos y ex directivos de la SAT.

Los delitos que se imputan a esta organización son asociación ilícita, cohecho activo, cohecho pasivo, tráfico de influencias, obstaculización de la acción penal y colusión.

#RedCorrupcionSAT | En desarrollo audiencia indagatoria. Vídeo: Paulo Raquec pic.twitter.com/bpoQdFxYnZ 1/2

— Prensa Libre (@prensa_libre) febrero 16, 2016