Todas esas empresas son vinculadas por la FGR al blanqueo de 22 millones de dólares provenientes de los 246 millones que supuestamente Saca, presidente del país entre el 2004 y el 2009, malversó del presupuesto nacional.

La petición fue hecha durante la audiencia inicial del proceso penal contra 17 personas, incluida la esposa del exmandatario, Ana Ligia de Saca, realizada entre el este lunes y la media noche del martes y cuya resolución se dará a conocer mañana.

El ente judicial también solicitó que los bienes y cuentas bancarias de los procesados sean embargadas como garantía de retribución de lo malversado, en caso que sean declarados culpables en un futuro juicio.

La ex primera dama es procesada por lavado de dinero y agrupaciones ilícitas por su supuesta participación en el blanqueo de los 22 millones, detalló la FGR.

El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró a mediados de noviembre de 2016 que la esposa de Saca movió un millón de dólares de una cuenta a su nombre en un banco de Dubái, transacción que puede tener relación con la malversación atribuida al exmandatario.

No es la primera vez que la esposa de Saca es relacionada con este proceso, ya que, según la Fiscalía, el expresidente utilizó más de 13 mil 300 dólares de fondos estatales para pagar las deudas de su cónyuge.

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, se encuentran en prisión provisional en la cárcel de La Esperanza, al norte de San Salvador.

A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos”  del exmandatario Saca y quienes aún eran empleados de la Presidencia, ahora procesados por los cargos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Para el fiscal Meléndez, estas personas tenían una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”  y, de ellos, lavaron 6 millones.

El expresidente Saca llegó al Gobierno bajo la bandera del partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista  (Arena) , de donde fue expulsado en el 2010.

El partido Arena también está salpicado por este caso, porque, según la Fiscalía, recibió un cheque por 400 mil dólares de los fondos supuestamente malversados.

Esposa de Saca conocerá mañana su futuro

La exprimera dama de El Salvador Ana Ligia de Saca  (2004-2009) conocerá mañana miércoles su futuro en el proceso legal que afronta por supuesto blanqueo y agrupaciones ilícitas, cuya audiencia inicial fue realizada este lunes, informó hoy la Fiscalía.

La fuente detalló que el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador emitirá su resolución sobre el proceso, en el que también son acusadas otras 16 personas, el miércoles 22 de febrero.

De acuerdo con el Ministerio Público, todos los procesados son parte de la trama de corrupción por la que el expresidente Elías Antonio Saca guarda prisión preventiva con sus bienes embargados.

En dicha resolución, el tribunal puede desestimar las acusaciones de la Fiscalía o enviar el caso a la etapa de investigación judicial.

También señalará si la ex primera dama y otros dos procesados deben ir a prisión preventiva o seguirán en libertad porque supuestamente padecen enfermedades que les impiden ingresar a una prisión y a los que la Fiscalía ha pedido imponer una fianza de 500 mil dólares.

En la audiencia, que culminó pasada la media noche de este martes, el juez impuso la prisión preventiva de forma preliminar a los otros 14 imputados por el vencimiento del plazo legal para decidir sobre su libertad.

El fiscal general, Douglas Meléndez, aseguró a mediados de noviembre del 2016 que la esposa de Saca movió un millón de dólares de una cuenta a su nombre en un banco de Dubái, transacción que puede tener relación con la malversación atribuida al exmandatario.

No es la primera vez que la esposa de Saca es relacionada con este proceso, ya que, según la Fiscalía, el expresidente utilizó más de 13 mil 300 dólares de fondos estatales para pagar las deudas de su cónyuge.

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, se encuentran en prisión provisional en la cárcel de La Esperanza, al norte de San Salvador.

A ellos se suman Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos”  del exmandatario Saca y quienes aún eran empleados de la Presidencia, ahora procesados por los cargos de peculado, agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.

Para el fiscal Meléndez, estas personas tenían una estructura dentro de la Presidencia que movió 246 millones de dólares a catorce cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron 116 millones de dólares “en efectivo”  y, de ellos, lavaron 6 millones.

Ex vicepresidenta investigada por enriquecimiento ilícito

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó este martes que su Sección de Probidad está investigando a la ex vicepresidenta de El Salvador y actual diputada, Ana Vilma Albanés de Escobar, por un posible enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus funciones en el Gobierno entre el 2004 al 2009.

La diputada por el partido derechista y opositor Alianza Republicana Nacionalista (Arena) fue la vicepresidenta durante cinco años del ex presidente Antonio Saca, quien se encuentra detenido y procesado penalmente desde octubre pasado por graves hechos de corrupción, que incluye peculado y lavado de dinero por un monto de 246 millones de dólares.

El magistrado de la CSJ, Rodolfo González apuntó que el nombre de la ex vicepresidenta está incluido en el listado de 76 funcionarios y ex funcionarios que se indagan por presuntos hechos irregulares en sus declaraciones patrimoniales.

“La investigación fue autorizada por la Corte Suprema de Justicia por su calidad de ex funcionaria, como vicepresidenta del periodo 2004 – 2009”, detalló González a medios de prensa locales.

“Hemos pedido informes del sistema financiero, de registros de armas, de vehículos, de propiedades y de movimientos en migración, entre otros puntos a investigar”, agregó González.

Escobar dijo que “no tiene ningún problema de que investiguen su patrimonio”, y añadió que “sus ingresos no sólo provienen de sus actividades políticas si no también de los ingresos que tiene su esposo, Carlos Patricio Escobar, quien durante 40 años ha sido vicepresidente del Grupo Poma”, un poderoso grupo económico de El Salvador.

Junto a Saca también están detenidos tres ex funcionarios que tenían rango de ministros en su gobierno, así como tres contadores. Su esposa, Ana Ligia de Saca, está procesada en libertad bajo fianza, junto a una red de personas, entre estos, varios destacados publicistas, por el delitos de lavado de dinero.

De acuerdo con la Fiscalía, con las últimas acusaciones suman 23 las personas implicadas en peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la trama conocida como “Caso Saca”, un hecho de “los más escandalosos de manipulación del erario nacional”, según sostuvo el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Sidney Blanco.

El ex mandatario, que está siendo procesado desde el año pasado, fue capturado y procesado el 31 de octubre pasado, junto con siete personas más de su entorno, por los delitos de peculado (uso indebido de fondos públicos) por un monto de 246 millones de dólares, así como lavado de dinero.

El cuñado de Saca, hermano de la primera dama Ana Ligia Mixco Sol, es una figura política del partido Gran Alianza Nacional (GANA). Entre los 11 detenidos están tres directores de importantes agencias de publicidad: Funes y Asociados, América Publicidad y Anle Group, respectivamente Gerardo Funes, Rolando Durán y Ernesto Lemus.

Los detenidos fueron trasladados a las bartolinas de la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC).

En el llamado “Caso Saca” están también detenidos y procesados tres importantes ex funcionarios del Gobierno de Saca: el ex vocero presidencial Julio Rank, así como los ex secretarios Elmer Charlaix y César Funes.

Desde el 2014, la Justicia salvadoreña procesa por enriquecimiento ilícito a otros dos ex presidentes: Francisco Flores (1999-2004), quien murió en enero del 2016, y Mauricio Funes (2009-2014), asilado actualmente en Nicaragua.

Pese a su fallecimiento, el proceso civil se le continúa a Flores para recuperar los bienes que habría obtenido ilícitamente, mientras que a Funes se le procesaría en ausencia.  

Las autoridades siguen el curso de la  la investigación por los delitos de corrupción cometidos al supuestamente desviar US$246 millones del presupuesto estatal.

“Buscamos evidencia documental que pueda servir para abonar a la investigación que nosotros hemos venido desarrollando”, dijo a periodistas el jefe de la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía (UIF), Jorge Cortéz.

De acuerdo con el jefe fiscal, en la residencia, ubicada en una de las más exclusivas zonas de San Salvador, no se encontraba ningún familiar de Saca al momento del registro.

Lamentó que en el lugar no encontraron “ningún documento de intereses”, contrario a los incautados en un consorcio de radios de Saca allanado el martes último y “sobre los que se está trabajando”.

Las autoridades también han intervenido una radio del exmandatario en el departamento oriental de Usulután y un negocio de venta de autos propiedad de su primo Herbert Saca.

Las investigaciones afirman que Elmer Charlaix y Elías Antonio Saca lavaron 6 millones de dólares, afirma Jorge Cortez, jefe de UIF pic.twitter.com/KoB1Jmwfvi

— Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) October 31, 2016

Saca y sus exsecretarios privado, de Comunicaciones y de Juventud, Elmer Charlaix, Julio Rank y César Funes, respectivamente, son acusados de formar una estructura que desvío de US$246 millones del presupuesto gubernamental a cuentas privadas.

A ellos se suman, Pablo Gómez, Francisco Rodríguez Arteaga y Jorge Alberto Herrera, “colaboradores directos del expresidente Elías Antonio Saca”, aún empleados de la Presidencia.

Estos afrontarán el proceso penal por los delitos de peculado, asociaciones ilícitas y lavado de dinero en el Juzgado Cuarto de Paz de la capital, la audiencia inicial está programada para el 3 de noviembre.

https://t.co/U5KjEqOUES FGR y PNC realizaron allanamiento en residencia de Antonio Saca esta madrugada pic.twitter.com/fRf4VQvQWP

— La Prensa Gráfica (@prensagrafica) November 2, 2016

Según el fiscal general, Douglas Meléndez, estas personas operaban una estructura al interior de la Presidencia que movió los US$246 millones a 14 cuentas personales de Charlaix, Rodríguez y Gómez, de las que posteriormente retiraron US$116 millones “en efectivo”.

Detalló que durante las investigaciones, iniciadas tres meses atrás, han determinado que al menos US$6 millones fueron blanqueados “vía triangulación” a las empresas de Saca, que incluyen un reconocido consorcio de radios, por parte del exmandatario y Charlaix.

La investigación, denominada “Destape Corrupción”, tuvo como origen un informe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia con el que se inició un proceso civil contra Charlaix por supuesto enriquecimiento ilícito en más de US$18.7 millones.

Dicho informe establece que de una “partida secreta”  del Gobierno en la que se manejaban fondos para la inteligencia estatal se libraron cheques a nombre de funcionarios y que este dinero finalmente acabó en las cuentas de Charlaix.

A nombre de Saca fueron emitidos más de US$15 millones, otros US$497 mil para Rank, US$45 mil para César Funes y US$400 mil para el partido que llevó al poder al expresidente, la Alianza Republicana Nacionalista  (Arena), que en el 2010 lo expulsó.

No es la primera vez que Arena se ve salpicado por este tipo de casos.

Según la Fiscalía, el partido recibió US$10 millones del difunto expresidente Francisco Flores  (1999-2004), que supuestamente desvió donaciones taiwanesas y por lo que afrontó un proceso penal..