El Ejército de Guatemala informó que comenzó una operación militar que busca desarticular un grupo armado que opera entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, una zona en la que se mantiene una disputa de límite de tierras y que el pasado domingo atacó a una unidad y un destacamento castrense en el segundo municipio y que dejó cuatro soldados heridos. 

El vocero del Ejército, Rubén Téllez, comentó que el domingo pasado en un patrulla militar viajaba el segundo comandante de la Quinta Brigada de Infantería con sede en Huehuetenango, pues realizaba una supervisión en los destacamentos ubicados en el área. 

Señaló que al comandante lo acompañaban siete soldados más como parte de su equipo de seguridad, pero durante uno de los traslados fueron atacados con arma de fuego desde algunas elevaciones que se encuentran cerca de la cabecera municipal de Santa Catarina Ixtahuacán. 

Expresó que el ataque duró más o menos 1 hora y en el incidente resultaron heridos dos solados.  

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Téllez contó en un instante en donde el ataque fue un poco más esporádico, los militares lograron moverse a un área más segura y ventajosa para defenderse, a la zona llegaron vehículos con personas civiles y le prendieron fuego al carro en el que viajaban los militares. 

En el área se coordinaron acciones para reforzar a la unidad militar e incluso la Policía Nacional Civil los apoyó para evacuar a los heridos. 

El grupo armado civil organizó a varios pobladores y se dirigieron hacia el destacamento militar de Santa Catarina Ixtahuacán el cual atacaron en horas de la tarde. Afirmó que el asedio concluyó hasta las 20 horas. 

Durante este incidente resultaron heridos otros dos soldados, quienes junto a los dos del ataque a la unidad militar fueron llevados a un centro asistencial.  

Los heridos son el teniente Abner Pérez Bartolón, el sargento Humberto Pu Mejía y los soldados Figudil Martín Hernández y Alberto Ola Meret, quienes fueron trasladados por la Fuerza Aérea Guatemalteca rumbo al Hospital Centro Médico Militar, en la capital. 

Operación militar contra grupo armado 

El coronel Téllez confirmó que desde la noche del domingo se trasladaron a la zona en conflicto otros equipos y personal militar, así como capacidades tecnológicas para iniciar operaciones para desmantelar estos grupos armados.  

“Ya esto es un ataque directo,0 es completamente injustificado que pone en riesgo la la gobernabilidad, la seguridad y también la vida de las personas”, comentó Téllez.  

Añadió que la presencia miliar en Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán ya sobrepasa los 200 soldados quienes, más los recursos que se trasladaron el domingo, van a permanecer en el lugar hasta lograr con la identificación de los responsables del ataque, recoger el armamento de tipo militar que tienen lograr desmantelar al grupo o grupos armados.  

Según Téllez, la unidad militar fue atacada con armas de calibre 7.62, que es la munición que utilizan las AK-47 y otras ametralladoras.  

“Fue un ataque directo sobre unidades militares y esto pues definitivamente va a merecer y va a recibir una respuesta de grado militar. Ya no va a ser una situación tan de estar esperando allanamientos ni nada, porque ya van a ser operaciones militares las que se desarrollan en el lugar hasta desbaratar a estos grupos”, afirmó Téllez.  

“Ellos tienen armamento de grado militar, según lo que se pudo ver ayer tienen una organización, también se pudo establecer que conocen lo que están haciendo, saben moverse en el terreno, conocen de táctica entonces ya recibirán el trato que recibiría un grupo armado ilegal, ya no sería delincuencia común, sino que tal vez sería como un grupo armado ilegal”, afirmó Téllez.  

Comentó que las primeras acciones son reconocimiento del área desde donde fueron atacados los soldados. En el lugar también el Ministerio Público lleva a cabo algunas diligencias para recoger evidencias.

Ambiente estaba tranquilo 

Tellez señaló que el conflicto entre pobladores de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán se había tranquilizado; sin embargo, hace unos días la pugna revivió. 

Indicó que hace dos días unos pobladores de Santa Catarina Ixtahuacán fueron a cortar leña en terrenos que Nahualá reclama como propios y esto suscitó un primer ataque en el que resultó herida una persona y se reportó un fallecido. 

Horas más tarde apareció muerto un abogado de Nahualá, incinerado dentro de su vehículo, y luego el alcalde de dicho municipio, Manuel Guarchaj, habría sido herido durante incidentes por conflictos territoriales. El jefe edil fue trasladado al hospital de Quetzaltenango. 

Grupo armado sería de Nahualá 

El ministro de Gobernación, David Napoleón Barrientos Girón, comentó que desde el pasado domingo se reforzó la presencia de agentes de la PNC en área de conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, por las amenazas que había de ataques entre vecinos de ambos municpios. 

Afirmó que se cree que las personas que emboscaron a los militares son grupos armados de Nahualá, y que desde hace unos días ya habido conflicto entre los propios vecinos de ese municipio, pues incluso agredieron al alcalde Manuel Guarchaj. 

El ministro expresó que él se desplazó al área de conflicto y en el destacamento militar en donde estuvo supervisando se podía ver que pobladores les disparaban desde varios puntos.  

Recordó que ha habido una mesa de diálogo entre ambas comunidades, la cual ha liderado el presidente Alejandro Giammattei, y durante unos tres meses las cosas estuvieron tranquilas entre ambos municipios, pero ahora se reactivó el conflicto y por el momento no se tiene contemplada otra reunión debido a las disputas recientes.  

No se ha analizado estado de Sitio 

Al ser consultado sobre si era posible algún estado de Sitio en ambos municipios, el ministro comentó que por el momento no se ha contemplado la necesidad de instalar uno en el área, pues ls situación este lunes ya está más tranquila en el área, pero dijo que van a seguir monitoreando la situación.

Conflicto centenario  

El conflicto entre Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, se remonta a 1862 cuando el primero de los municipios inició un proceso de separación, aunque otros sostienen que desde la época colonial ambos pueblos mantenían enfrentamientos, según algunos historiadores. 

Sin embargo, desde aquel año, la escalada de violencia ha trascendido a niveles ingobernables, donde ambos bandos utilizan armas de grueso calibre. 

En 1862 cuando Nahualá se separó de Santa Caterina Ixtahuacán no se delimitó correctamente el área conocida como El Alto y quedó en medio de los dos municipios. Con el tiempo las comunidades fueron creciendo y se acercaron más, con el resultado de una exacerbación de la conflictividad por la presión que había de tierras y recursos naturales. 

En 1999, luego del paso del huracán Mitch, que agravó la inestabilidad del terreno donde estaba Santa Catarina Ixtahuacán se decidió cambiar la cabecera municipal de lugar, y se fundó precisamente en El Alto. 

En la actualidad se supone que el gobierno de Alejando Giammattei lidera una mesa de diálogo en las comunidades que, a decir de expertos, no ha dado ningún resultado positivo. 

Pero esta vez nada tiene que ver con el río San Juan o con los humedales o las islas que ambos países históricamente se han disputado.

Ahora, las tensiones crecen por un confuso suceso en un cruce fronterizo que dejó un joven nicaragüense de 24 años muerto en el lado de Costa Rica.

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El gobierno de Carlos Alvarado presentó este martes “su más enérgica y rotunda protesta” ante Managua, por “las acciones de efectivos del Ejército de ese país” que, según Costa Rica, incursionaron el lunes en territorio costarricense y dieron muerte al joven nicaragüense.

El cadáver fue encontrado frente a una casa en el municipio de Pocosol de San Carlos, en el norte de Costa Rica en la tarde del lunes y desde entonces comenzaron los cuestionamientos sobre lo sucedido.

“Costa Rica consideró un hecho de enorme gravedad el generado por las acciones de seis efectivos del Ejército de Nicaragua que penetraron al territorio costarricense”, indica un comunicado de la Cancillería enviado a BBC Mundo.

“Además del asesinato que se cometió en suelo costarricense por parte de oficiales de Nicaragua, el ingreso de militares nicaragüenses al territorio costarricense constituye una grave violación a la integridad territorial y soberanía nacional de la República de Costa Rica”, agrega.

San José consideró lo sucedido como “contrarios al principio cardinal bajo el Derecho Internacional del respeto a la inviolabilidad del territorio de los Estados” y exigió las “explicaciones del caso y las seguridades de que hechos como este no se volverán a repetir”.

El gobierno de Nicaragua no se pronunció de momento sobre lo sucedido, pero el presidente Daniel Ortega retiró este martes a su embajador en San José y lo envió a una nueva misión en Turquía.

¿Qué pasó?

De acuerdo con la prensa local, el hecho tuvo lugar al mediodía del lunes, cuando personas uniformadas procedentes de Nicaragua cruzaron el límite fronterizo entre los dos países persiguiendo a un hombre.

“Dichos efectivos del Ejército de Nicaragua, según confirmaron testigos que presenciaron los hechos, dieron muerte en este sitio al ciudadano nicaragüense de nombre Rubén Loáisiga, cuyo cuerpo quedó en la zona, y regresaron posteriormente al territorio de Nicaragua”, según el comunicado del gobeirno de Costa Rica.

De acuerdo con la prensa local, el cadáver se encontró en suelo costarricense a 150 metros de la frontera con Nicaragua.

¿Por qué existen tensiones entre los dos países?

Las tensiones entre Nicaragua y Costa Rica han trascendido sus históricas tensiones fronterizas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.

San José ha condenado públicamente la represión del último año por parte de las fuerzas nicaragüenses contra los que se han manifestado contra la gestión del presidente Ortega que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha dejado 328 muertos, aunque otros organismos de derechos humanos aseguran que la cifra es de 500.

Este mes, Managua anunció que presentaría una demanda contra San José ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte en territorio costarricense del nicaragüense Henry Ruiz, supuestamente durante un operativo policial.

Costa Rica asegura que la muerte de Ruiz, supuestamente durante una operación contra el contrabando, está siendo utilizada por el gobierno de Ortega para distraer la atención sobre la situación interna del país.

Ambas naciones acudieron a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por una disputa fronteriza en 2010, luego de que Nicaragua hiciera obras para aumentar el caudal del río San Juan, algo que fue considerado por Costa Rica una violación de su territorio.

A primeras horas de este día, un contingente de 125 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía del Ministerio Público (MP) de Ixchiguán se dirigía hacia Tuinimá, Tajumulco, donde efectuaría al menos ocho allanamientos para cumplir con varias órdenes de captura; sin embargo, pobladores del lugar, al notar la presencia de las autoridades en La Ventana, utilizaron armas para evitar que se desarrollara el operativo.

Por si no lo vio:

Creen que no se cumplirán expectativas de estado de Sitio

Otros pobladores lanzaron objetos contundentes, aparentemente desde la montaña, y una piedra que impactó contra uno de los vidrios de una unidad de la PNC, que acompañaba el operativo; sin embargo, las 135 personas designadas a las diligencias salieron ilesos y se confirmó que no repelieron el ataque.

Una fuente que prefirió el anonimato señaló que se vivieron momentos tensos, pues aunque no se pudo determinar la cantidad de pobladores que se opusieron al operativo, aseguró que eran ráfagas de balas que se escuchaban desde la parte alta de las comunidades.

Tienen armas

La fiscal dijo que su personal determinó de forma preliminar que eran armas de grueso calibre, como AK47, por lo que ya no se pudo ingresar a la comunidad donde se pretendía capturar a personas prófugas de la justicia.

Ambos municipios han permanecido en conflicto desde hace 84 años por la falta de límites territoriales; sin embargo, el pasado 7 de agosto venció un plazo de 90 días de estado de Sitio, que tenía por objeto retomar el control de las comunidades, así como localizar el armamento en poder de pobladores, pero solo se reportó la incautación de municiones de armas cortas y de grueso calibre, así como bombas de fabricación artesanal.

Por el momento las autoridades departamentales y activistas de derechos humanos empezaron a verificar el incidente para determinar qué grupo utilizó armas, por qué continúan en manos de pobladores y por qué razón se opusieron a las diligencias; sin embargo, no se han pronunciado al respecto.

Debido a que no existen garantías para que el MP continúe realizando las diligencias, la fiscal encargada aseguró que se ha suspendido el trabajo en los dos municipios, porque no se puede arriesgar al personal.

“Nosotros, en cumplimiento del mandato constitucional, organizamos este tipo de diligencias, pero por esto quedamos imposibilitados, porque no se le puede dar continuidad a los expedientes. Esta fue una manifestación donde los pobladores no permiten el ingreso de las autoridades, independientemente del tipo de diligencia que se realice, no vamos a exponer al personal”, expresó la fiscal.

Plantaciones

Una fuente del MP confirmó que en el trayecto hacia Tajumulco se observó que las poblaciones reiniciaron la siembra de amapola, por lo que la erradicación de esta es otro de los propósitos del estado de Sitio que al parecer no se logró, a pesar de que para este martes se tenía previsto que empezara la entrega de insumos para sustituir las plantaciones ilícitas.

“Para los proyectos de microriego estamos entregando madera, rotoplás y mulch, mientras que para los proyectos de cosechadores de agua de lluvia estamos entregando lámina, mulch, madera y electromaya. Para el viernes esperamos haber beneficiado a 900 familias de Ixchiguán”, explicó Juan Carlos Velásquez, extensionista del Ministerio de Agricultura.

También confirmó que han constatado que después de la erradicación de las plantaciones de amapola y marihuana los pobladores no han continuado con la siembre ilícita y se mostraron optimistas en que las comunidades aceptan los insumos para sustituir las plantaciones.

Fuentes del Ejército confirmaron que se mantiene el control en las comunidades Villa Real, Tajumulco; y Tuichán, Ixchiguán, así como en elevaciones tres mil y tres mil cien, lugares donde hasta antes del 11 de mayo, cuando el Ejecutivo decretó estado de Sitio, las poblaciones se atacaban a balazos.

El Ejército tiene designados en el área a 160 efectivos, mientras que la Policía Nacional Civil, 154 agentes, a solicitud de ambos alcaldes para prevenir que las personas se continúen enfrentando.

La Brigada de Infantería de Marina, a través del apostadero naval del río Sarstún, y el Comando Naval del Caribe, realizaron un operativo en resguardo de la soberanía nacional, luego de que se detectara una promoción de una oenegé en la que invitaba a ciudadanos beliceños a cruzar el islote en cayac, como una actividad ecoturística; pero personeros de una agrupación política tenían otras intenciones.

El ejército detalló que al menos siete embarcaciones, 15 cayac y dos lanchas, con elementos de la guardia costera de Belice, llegaron alrededor de las 10 de la mañana al lugar y comenzaron una actividad deportiva que no contaba con la autorización ni permisos de la cancillería guatemalteca, por lo que a través de unidades metal shrak los acompañaron hasta que salieran de las aguas guatemaltecas.

Agregaron que detrás de las embarcaciones deportivas aparecieron lanchas tiburoneras en las que Will Mahia, reconocido candidato a la alcaldía de Punta Gorda, Belice, lideraba un grupo de al menos 30 personas que intentaron instalar una bandera de su país y cantaron su himno nacional, pero no lograron su cometido.

Estaban armados

Unidades del ejército detectaron que en una de las lanchas los tripulantes viajaban dos presuntos elementos de la guardia costera beliceña, con gorros pasamontañas y portaban armas tipo M-16, las cuales deben contar con autorización, por lo que un capitán de la Brigada de Infantería guatemalteca, luego de identificarlos, los invitó a salir de aguas nacionales.

Personeros del departamento de Migración y de la Superintendencia de Administración Tributaria se presentaron al lugar para solicitar las solvencias respectivas de los beliceños, pues para la realización de todo tipo de actividad en aguas de otro país deben de tramitarse, pero los extranjeros no contaban con esos mismos.

En litigio

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Así lo determinó hoy el gobernador general de Belice tras consultarlo con el primer ministro de ese país, según anunció la oficina de prensa del Gobierno beliceño en un comunicado, en el que se explica que se busca proteger a la población civil beliceña.

La prohibición de que personas y embarcaciones que no tengan autorización accedan a la porción del río Sarstún que pertenece a Belice se empezó a aplicar hoy mismo y en principio se mantendrá durante un mes.

El Gobierno beliceño argumentó que era “necesario”  adoptar esta medida para “evitar cualquier conmoción o amenaza para la seguridad pública que pudiera surgir como consecuencia de la continua y tensa disputa entre Belice y Guatemala sobre el (río) Sarstún, y el punto de inflexión que podría suponer el acceso no regulado de beliceños”  al área.

“Se espera que durante el período de un mes en el que las restricciones estarán en vigor se encuentre una solución diplomática al problema, y que esa solución permita el acceso seguro de los civiles beliceños a lo largo del río Sarstún”, añadió.

Analizan acciones

La cancillería guatemalteca informó que el comunicado del Gobierno beliceño fue remitido a la Comisión de Soberanía, donde analizan las acciones que ese país tomó.

El próximo lunes podrían dar a conocer una postura oficial en repuesta a la limitación que implementan en el río Sarstún.

Esta decisión se conoció después de que dos hombres de nacionalidad guatemalteca fallecieran este jueves en territorio beliceño cuando supuestamente realizaban una transacción de droga, según informó la cancillería de Guatemala.

Se descarta que este hecho tenga relación alguna con la muerte el pasado miércoles de un menor de edad en la zona fronteriza del río Sarstún  (al sur de Belice), ya que tuvo lugar en Benque Viejo, un área urbana muy cercana a la frontera oeste de Belice con Guatemala en la que no hay presencia militar.

La Cancillería guatemalteca está ahora a la espera del informe forense, explicaron fuentes oficiales a Efe, quienes fueron enfáticas en señalar que este hecho es un “incidente aislado”  que nada tiene que ver con la muerte del adolescente en la llamada zona de adyacencia.

La tensión entre Guatemala y Belice aumentó considerablemente a raíz de que la semana pasada muriera el menor guatemalteco, de 13 años, en la denominada zona de adyacencia  (frontera no delimitada) entre ambas partes por fuego beliceño.

Guatemala respondió desplazando tropas a la zona y Belice, que dijo haber actuado en defensa propia ante un ataque previo de la parte guatemalteca, pidió a la Organización de Estados Americanos  (OEA) que iniciara una investigación independiente de lo ocurrido.

Los dos países mantienen una disputa territorial por el reclamo guatemalteco de cerca de la mitad del territorio de Belice, un país nacido de la colonia que el Imperio Británico formó de facto en el siglo XVIII en esa área y que era parte de la Capitanía General instaurada por el Imperio Español en 1540 dentro del Virreinato de Nueva España.

Con información de Henry Pocasangre

Uno de los integrantes del referido equipo de futbol explicó que el sábado último pasaron por Belice y se dirigieron a la frontera de ese país con México para participar en una cuadrangular.  

Añadió que este lunes cuando regresaban, fueron detenidos por una hora en la aduana beliceña, donde los agredieron verbalmente y les indicaron que debían pagar BZ$200 (Q773), porque supuestamente se les venció el permiso para estar en ese país.

Explicó que les indicaron que el cobro se debía, porque algunos ingresaron a Belice con pase local y otros con pasaporte. 

Añadió que el pase local tiene vigencia  de tres días y vence este martes; además, con el pasaporte pueden llegar hasta México, por lo que consideran injusto el actuar en su contra.

Jugadores consultados indicaron que se comunicaron con el consulado de Guatemala en Belice para  que interviniera.
Añadieron que luego de un diálogo entre el personal del consulado y empleados de la aduana, se le permitió seguir su camino y no pagaron nada.

Antecedente

La tensión entre Guatemala y Belice comenzó el 22 de este mes cuando Julio Alvarado, 13 años, murió baleado a causa de que fue víctima de soldados beliceños en la zona de adyacencia, en Melchor de Mencos.

En el ataque resultaron heridos su padre Carlos Alvarado, 48, y su hermano de 11. El crimen contra el menor causó reacciones en distintos sectores y de ambos gobiernos que recientemente acordaron hacer lo necesario para rebajar la creciente tensión.

Guatemala mantendrá el refuerzo militar en la zona fronteriza con Belice “el tiempo que sea necesario”  luego de la muerte de un niño por el ejército beliceño y que complicó las relaciones entre ambos países, informó el sábado pasado el ministro de Defensa de Guatemala, Williams Mansilla.