Convenio de Budapest

Ciberseguridad: Qué es el convenio de Budapest y por qué se busca integrar a Guatemala

Tue, 29 Oct 2024 12:00:00 +0000

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Ciberseguridad: Qué es el convenio de Budapest y por qué se busca integrar a Guatemala

Tener acceso a recursos técnicos y financieros si el país es blanco de los ciberdelincuentes es el principal argumento de los promotores para adherir al país. El plazo límite es abril de 2025.

Enrique Canahui

29 de octubre de 2024

06:00h

Expertos en ciberseguridad confirman que quedarse fuera del Convenio de Budapest deja vulnerables a las empresas, el Estado y a los propios usuarios. Foto con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Cuando Costa Rica sufrió la interrupción de sus servicios críticos por un ataque cibernético a más de 30 de sus instituciones en abril de 2022, se acogió al Convenio de Budapest para recuperar sus sistemas afectados y acceder a fondos para los US$10 millones que le exigían los cibercriminales.

El gobierno de ese país no tuvo otra opción que pagar por recuperar los datos intervenidos. Posteriormente, reportó que más del 90% de los sistemas comprometidos en el seguro social se recuperaron, pero la restauración completa dejó costos y daños colaterales estimados en millones de dólares.

Este ataque evidenció la vulnerabilidad de la infraestructura digital en el ámbito gubernamental y la creciente amenaza de ciberataques. El Convenio de Budapest es un instrumento que incluye estándares internacionales mínimos y normativa de derecho internacional relacionada con el tema de ciberseguridad.

Sin ley de ciberdelitos

Guatemala está pendiente de aceptar y ratificar dicho convenio internacional, por no tener —todavía— una legislación homologada con los requisitos que le dan vida a ese instrumento. En la actualidad existe una iniciativa pendiente de dictamen en el Congreso, que es la 6347.

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Adoptar una base legal, ampliamente aceptada internacionalmente como lo es el Convenio de Budapest, permite a los países avanzar más rápidamente en materia penal contra la ciberdelincuencia. “No aprovechar estos avances realizados por la comunidad internacional sería equivalente a “reinventar la rueda” en términos de legislación en ciberseguridad”, comenta Luis Cabrera, miembro de la Comunidad Bancaria de Ciberseguridad (BanCert).

De la aprobación de una ley como la contenida en la 6347 se desprendería,

además de la regulación, la creación de juzgados especializados en ciberdelitos. Sin estos, el Ministerio Público no puede presentarlos con esa figura y los jueces se ven en la tarea de tipificar los actos ilícitos en figuras que ya existen en la legislación común.

“Lo que hace Budapest, es tratar de que todos hablemos un mismo lenguaje a nivel internacional y que la figura del ciberdelito en el país donde ha ocurrido el incidente pueda ser homogenizada. Por eso, la regla general es que las penas tienen que ser similares”, indica Luis Morales, asesor de la Comisión de Asuntos de Seguridad del Congreso de la República.

Agrega que ser parte del convenio abriría las puertas al mundo con los países que ya están adheridos, considerando que este tipo de hechos ilícitos evolucionan constantemente y que los países, por sí solos, tardan más en desarrollar una aplicación que en ver cómo lo vulneran.

Para proteger esa infraestructura crítica del país, se hace precisa la ley de ciberseguridad, iniciativa que se analiza en el Congreso de la República, la cual incluye la parte del ciberdelito y ciberdefensa. Pero hace falta trabajar en la iniciativa sobre infraestructura crítica específicamente, así como en la de protección de datos. Esta última en fase de trabajo por parte del diputado ponente, José Pablo Mendoza, de la bancada Compromiso, renovación y orden (Creo).

¿Se puede prorrogar?

Sin embargo, para Edie Cux, titular de la Comisión presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE) “no hay ningún tipo de restricción por parte del país, es algo que se ha hablado con el Ministerio de Relaciones Exteriores en que se pueda solicitar una prórroga sobre la invitación. En otras palabras, no hay que correr con la aprobación de una ley. Lo que sí hay que hacer es, si se va a normativizar, tienen que hacerse las consultas, consensuarse entre todos los organismos del Estado, incluso la banca que está más avanzada en ese tema y que efectivamente se vaya cumpliendo con los estándares para poderlo conversar”.

Si bien se puede esperar, e incluso hacer alianzas con otros instrumentos internacionales para la adopción de mejores prácticas y estándares en la ciberseguridad, Jorge Alfaro miembro de Bancert, considera que por medio del Convenio de Budapest “es más directo”, pues puede ayudar a las instituciones a fortalecer y proteger sus sistemas con información sensible de clientes o ciudadanos por medio de la confiabilidad, integridad y disponibilidad de estos.

El Minex confirmó que, “según el procedimiento general del Consejo de Europa, el propósito del período de validez de la invitación a la adhesión es que el Estado interesado tome las medidas necesarias para asegurar que su legislación nacional le permitirá la aplicación del Convenio”.

Añade que: “lo procedente será que, con base en los avances en las medidas que Guatemala vaya logrando para asegurar el cumplimiento de las obligaciones a ser asumidas al hacerse parte del Convenio de Budapest, se lleve a cabo el cabildeo necesario para gestionar una nueva invitación a Guatemala”.

Alfaro expone que la necesidad de implementación de nuevas normativas y la mejora de infraestructura podrían movilizar inversiones tanto del sector público como privado, fomentando el desarrollo de la industria local de ciberseguridad. “La adhesión puede estimular programas de educación y concienciación sobre ciberseguridad, tanto en el ámbito corporativo como en la ciudadanía, contribuyendo así a una cultura de seguridad más robusta”, complementa.

“Es fundamental que las instituciones gubernamentales privadas y académicas trabajen en conjunto para garantizar que la implementación del convenio sea efectiva y alineada con las necesidades del país. De esa forma, garantizar que las políticas implementadas no comprometan los derechos y libertades de la sociedad civil y los consumidores”, agrega German López, quien también integra la mesa de Bancert.

Próximos pasos

Desde el punto de vista penal, dice Cux, el Congreso de la República tendría que hacer la ponderación de la iniciativa con base en el Convenio de Budapest. La discusión de esa ponderación no es mínima: primero, hay que definir cuáles son los medios rectores, cuáles van a ser las penas, cuál es el bien jurídico tutelado o la afectación; si afecta a una base de datos o a un conjunto de personas. “Eso ayudaría a definir cuáles son delitos cibernéticos en Guatemala. Y es algo que debería de estar contemplado en la ley que se está proponiendo para evitar ajustes o reformas posteriores”, apunta el comisionado.

Por lo mismo, a su criterio, hay que ampliar más la conversación, hay expertos que pueden apoyar a crear una ley más fortalecida, consensuada y legitimada, lo cual es lo más correcto que se puede hacer. Incluso, dice, hace falta hacer un análisis de estándares comparados para viabilizar que la ley vaya coherente.

En ese aspecto, es necesario homologar la ley con los requisitos de la Convención de Budapest, pues una cosa es hacer la ley y otra, sí esta coincide o no con el contenido de dicho convenio, indica Secil de León, catedrático universitario y analista internacional.

Como decisión de país, en este caso, del Ejecutivo, el presidente por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores tendría que solicitar el ingreso para ser parte de la convención. Una decisión que después, lo tiene que ratificar el Congreso. Ese es el procedimiento, “Hacer la ley no significa que automáticamente vamos a entrar a una convención ni solicitar ser parte de. Ese es otro trámite adicional”, subraya el jurista.

Al contar con la ley, se supone que Guatemala ya tendría avanzado un paso que es la homologación de los dos cuerpos legales. La convención tiene definiciones, conceptos y delitos que están tipificados y desarrollados. “En nuestra propuesta de ley tenemos que adherirnos a las definiciones, a los delitos, homologarlos. Si no coinciden, se tienen que hacer las reformas para que sea coherente con la convención internacional. Es algo que tiene que ir en la ley, no en el reglamento porque éste es sólo operativo”, advierte.

También hace la observación de que la ciberseguridad y la ciberdefensa son dos ámbitos distintos. En ese sentido, el Ejército ya creó un comando de Defensa en ciberseguridad. Lo que no se sabe es si en la iniciativa, se denomina al Ministerio de Gobernación como el ente responsable, pues según la Constitución Política de la República, Artículo 244, la seguridad y la defensa son temas del Ejército. Pero la firma de los Acuerdo de Paz lo dividió y al Ejército sólo le corresponde la defensa, mientras que la ciberseguridad, sería una responsabilidad de gobernación, del poder civil, detalla.

“Habría que ver, cómo están haciendo eso en la iniciativa de ley, porque en el mundo la ciberseguridad es un ámbito y la defensa es otro. Sólo en Guatemala, constitucionalmente el ejército cumple las dos funciones. Algo que, en los Acuerdos de Paz, están divididos”, apunta De León.

Enfatiza en la necesidad de crear una entidad rectora estatal, para que sea la que represente a Guatemala en el tema de la ciberseguridad frente a la convención internacional. “Algo que, en ocasión de la ley, es oportuno hacer, si se toma en cuenta que, ser parte de; la cooperación internacional viene a ser una vía para que países como los nuestros, tengan acceso a ese tipo de beneficios”.

Según Cabrera, adherirse al Convenio de Budapest es un paso necesario porque no hacerlo oportunamente, “deja vulnerables a los ciudadanos ante ciberataques, sin poder contar con las mejores prácticas jurídicas en esa materia”. De igual manera, añade, la población se quedaría sin los mecanismos de intercambio de información y herramientas de ciberdefensa y ciber resiliencia, comprometiendo la soberanía de nuestro ciberespacio.

¿Qué es el convenio de Budapest y cómo adherirse?

El convenio de Budapest es un esfuerzo colaborativo que implica el intercambio de información, experiencia y tecnología entre los países firmantes. Uno de estos mecanismos de intercambio es la red 24/7, en la cual cada país designa un punto de contacto localizable las 24 horas del día los siete días a la semana, con el fin de garantizar una asistencia inmediata para investigaciones sobre ciberdelitos, asesoramiento técnico, obtención de pruebas, suministro de información jurídica, entre otras ventajas, indica Cabrera de Bancert.

A la fecha más de 66 países se han adherido al convenio, entre ellos, varios de la región Latinoamericana como Costa Rica, Panamá, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay. Hay otros invitados a hacerlo como en el caso de Guatemala, cuyo plazo para que lo haga, se vence en abril próximo.

Consultada la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, indicó que el Convenio sobre la Ciberdelincuencia es un tratado del Consejo de Europa al que Guatemala solo puede acceder mediante adhesión, a través de una invitación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, con el consentimiento unánime de los Estados Parte (Art. 37.1 del Convenio).

“El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó oportunamente ante la Unión Europea la invitación del Comité de Ministros del Consejo de Europa para la adhesión de Guatemala al Convenio. La decisión fue adoptada por el Comité el 22 de abril de 2020 y la invitación es válida por cinco (5) años a partir de entonces, hasta el 21 de abril de 2025” defiende la institución.

Este contenido se produce bajo la alianza editorial “No permita que lo estafen”, en conjunto con la Asociación Bancaria de Guatemala, un convenio que busca crear conciencia a los guatemaltecos sobre los peligros de las estafas en línea.

Buscan aprobar ley de ciberseguridad antes de que termine el año

Wed, 02 Oct 2024 11:00:00 +0000

política

Buscan aprobar ley de ciberseguridad antes de que termine el año

Pese a ajustada agenda del Congreso, diputados ponentes y de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional ven posibilidades de que la iniciativa se discuta y vote a finales de este año o inicios del otro, dados los plazos que establece el convenio de Budapest, clave para la cooperación en el tema.

Ximena Fernández

2 de octubre de 2024

05:00h

La agenda del Congreso se encuentra cargada en lo que queda de sesiones ordinarias, con elección de cortes, de junta directiva y discusión de presupuesto. (Foto Prensa Libre: Emilio Chang)

Pese a que no se ha asignado presupuesto específico para ciberseguridad en el ejercicio fiscal de 2025, diputados ven posibilidades de que se discuta este año la iniciativa 6347, sobre el mismo tema. Guatemala no cuenta en la actualidad con una regulación especializada para perseguir la ciberdelincuencia.

Jorge Mario Villagrán, presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, que tiene a cargo la iniciativa, puntualizó que se han realizado estudios a la misma para contar con una base sólida y dictaminarla, por lo que ve “posible” que se logre aprobar antes de que se termine el presente año.

Manfredo Marroquín, de la organización fiscalizadora de transparencia Acción Ciudadana, aseveró que la ley ha sido motivo de discusión pero “no tanto como se debería, debido a temas como la elección de cortes, la aprobación del presupuesto y la negociación de la nueva junta directiva del Congreso”. Antes de aprobarla, cree que es importante el análisis de la ley con diferentes actores expertos en el tema.

Según Marroquín, Guatemala se encuentra desprotegida dentro del ciberespacio, por lo que una conversación al respecto es importante en el tanto se respeten tanto la libertad de expresión como el acceso a información pública. “Es necesario realizar más conversaciones sobre el tema antes de emitir una decisión ante el pleno” insiste.

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Cristian Álvarez, diputado de la bancada Creo y ponente de la iniciativa, argumenta que se procura crear una ley de protección de datos y catalogar las delincuencias realizadas a través del mundo cibernético como un delito en Guatemala, como el robo de identidad y de información personal en redes sociales. Añade que se espera compartir información de ciberataques hacia el estado, para que, a partir de un centro estatal, se tenga más seguridad al divulgar la manera en la que los delincuentes operan.

No obstante, mientras que la ley no se apruebe, Guatemala no podrá formar parte de foros a nivel mundial que especifican la necesidad de contar con este tipo de regulaciones. Tal es el caso del convenio de Budapest, mencionó José Pablo Mendoza, diputado de Creo y ponente de la ley. Explica que ese acuerdo internacional dio un plazo hasta el 2025 para que el país pueda integrarse. Este foro trata sobre la ciberdelincuencia y, según Álvarez, es necesario incluir a Guatemala para no perder el conocimiento que tienen otros países con más experiencia en el tema.

“Guatemala no es un país que sea ejemplo de vanguardia tecnológica”, expresó Marroquín, quien argumentó que a partir de esto, es necesario aprender sobre países más actualizados en este tipo de temas. A pesar de sus reservas en los puntos de discusión, Marroquín expresó que la ley debería ser categorizada como de “urgencia nacional” para poder hacer la aprobación lo antes posible. Mendoza indica que se ha trabajado el tema desde el 25 de septiembre en la comisión designada, por lo que, explicó, la ley debería aprobarse este año o a inicios del siguiente.

Villagrán aseguró que, desde la comisión, están analizando a profundidad la ley para no perder los alcances que esta puede llegar a tener. “El convenio de Budapest es un mecanismo que nos permitirá pertenecer a una red de apoyo de organizaciones expertas en ciberseguridad a nivel mundial”, indica el presidente de la comisión, quien también dijo que una ley alineada con las normas internacionales podría mejorar la integración de empresas extranjeras y abriría nuevos mercados para Guatemala.

Inversión extranjera

Además del riesgo de no ingresar a este tipo de foros, Guatemala también puede perder oportunidades a nivel de inversión, debido a la falta de seguridad, precisó Álvarez. Villagrán expresó que una ley de ciberseguridad podría mejorar significativamente la atracción de inversión extranjera, puesto que, según el jefe de la comisión, las empresas suelen evitar a los países propensos a los cibercrímenes.

Según Villagrán, un marco legal en ciberseguridad ayudaría a garantizar a las empresas que, tanto sus datos como operaciones se encuentran resguardados de ciberataques. Esto mejoraría la confianza y seguridad para los inversores, quienes verían una reducción de los riesgos asociados a invertir en el país. La ley de Ciberseguridad, argumentó Villagrán, también ayudaría a proteger la propiedad intelectual de las empresas extranjeras, lo cual es un punto importante para empresas tecnológicas, manufactura y sectores de investigación y desarrollo.

La economía, de manera digital contaría con un entorno seguro y confiable, siguió Villagran, quien aseguró que el crecimiento de las fintech y el comercio tecnológico puede generar confianza en el entorno digital, atrayendo, a su vez, a inversores de estos sectores. Villagrán concluyó que una ley de ciberseguridad podría reducir los ataques a infraestructuras críticas, lo cual representaría menores costos a las empresas.

Marroquín argumentó que para el desarrollo de esta ley se necesitan recursos, los cuales, aún no han sido definidos, según Mendoza. “Si no hablamos de recursos, estamos hablando de letra muerta”, expresó Marroquín, quien mencionó que dentro del nuevo proyecto de presupuesto para 2025, debería haber una sección para financiar esta nueva ley. “No obstante, por el momento, no hay ninguna” señaló.

Amenazas y denuncias

Según el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos (OGDI), se registraron, hasta julio del 2024, 583 alertas de crímenes cometidos a través del campo cibernético. Durante el primer semestre de este año, el OGDI, resaltó que, de 583 alertas de ciberdelincuencia, 117 eran denuncias por ciberestafa. Asimismo, el OGDI registró el robo de identidad, las ciberamenazas y voces clonadas por la Inteligencia Artificial como principales delitos en el país.

Álvarez asegura que la ley de ciberseguridad es esencial, tomando en cuenta que entidades de gobierno han sido víctimas de ciberdelitos. El jefe de bancada afirmó que el Mineduc es una de las entidades que presenciaron un ciberdelito, exponiendo los datos de los maestros que buscaban su jubilación y que se encuentran en suspensión de pagos. De igual manera, el diputado de Creo expresó que, con la ley de simplificación de trámites, es importante resguardar los datos de los ciudadanos que ahora estarán en plataformas virtuales.