El fiscal general salvadoreño, Douglas Meléndez, dijo en conferencia de prensa que en la acusación contra Funes y otras 31 personas se pide al Juzgado Quinto Paz que decrete la detención para comenzar las gestiones de extradición.

Meléndez apuntó que desconoce si el Gobierno de Nicaragua, cercano a Mauricio Funes y al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), daría luz verde a esta petición judicial.

Expresidente Mauricio Funes es condenado por enriquecimiento ilícito

La investigación de la Fiscalía, denominada “Saqueo Público”, da cuenta de que este dinero fue utilizado para pagar viajes “a diversas partes del mundo”, comprar licores, armas, automóviles de lujo, cirugías plásticas y comprar propiedades.

Funes dice que Fiscalía carece pruebas en su contra

Mauricio Funes aseguró que la Fiscalía carece de pruebas en su contra para acusarlo de una millonaria malversación de fondos públicos que involucra a exfuncionarios y familias del exmandatario, exiliado en Nicaragua desde septiembre de 2016.

2016:La Prensa de Nicaragua destaca presencia de políticos

Además, Funes explicó que escuchó que la Fiscalía dice que realizo 365 viajes de placer con su familia, lo cual “significa que en 5 años de la Presidencia viajé en promedio cada 5 días, entonces no goberné ni estuve en el país, porque cada 5 días tenía que estar fuera”.
El expresidente, quien llegó al poder en 2009 bajo la bandera del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), catalogó la investigación de la Fiscalía de “ridícula”.
Este viernes, el Ministerio Público salvadoreño ordenó la captura de Funes y 30 allegados, entre ellos su actual pareja, Ada Michelle Guzmán, dos hijos del exmandatario, su expareja Regina Cañas y demás familiares, así como exfucionarios de su gobierno. 

Blanqueo de US$10 millones 

Una de las personas detenidas y presentadas ante la justicia es el empresario Miguel Menéndez, un expiloto de autos de carrera conocido como Mecafé, quien fue presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) en el gobierno de Funes.
Otros involucrados

Contenido relacionado:

>Expresidente Mauricio Funes es condenado por enriquecimiento ilícito

Un documento redactado por la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), que analizó la distribución del IDP y al que Prensa Libre tuvo acceso, detalla que al confrontar los reportes oficiales del Gobierno a través del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) y el Sistema Integrado de Administración Financiera aplicado a las municipalidades (SIAF-Muni), aparece un desorden financiero que implica el incumplimiento del Ministerio de Finanzas (Minfin) en trasladar el total de lo recaudado.

El presidente de la Anam y alcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, expresó que durante el gobierno del Partido Patriota hubo malversación de fondos provenientes de esa recaudación.

“A las municipalidades no se les trasladaron por lo menos Q120 millones. Ahora todo el mundo se queja del mal estado de las carreteras, y queremos que esa situación no continúe”, expresó.

Según el informe, del 2009 al 2015 a la Municipalidad de Guatemala se le transfirieron Q258.1 millones y al resto de comunas, Q516.3 millones, un total de Q774.4 millones. Sin embargo, las corporaciones solo han recibido Q653.6 millones, lo que implica un faltante de Q120.8 millones.

Repartición

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, informó que esa dependencia ha repartido según las asignaciones y ha respetado los montos de manera estricta. “No sé si la diferencia de cálculo de las municipalidades está en lo que piensan ellos que recibió el Estado en general, pero el Ministerio ha ejecutado y ha repartido el dinero como corresponde”, explicó.

Según el departamento de Comunicación del Minfin, la asignación de esos recursos se basa en el artículo 26-101-97, Ley Orgánica del Presupuesto y sus Reformas, que establece que la distribución sobre el impuesto de derivados del petróleo no puede otorgar más ingresos que lo establecido por el techo presupuestario aprobado por el Congreso.

De acuerdo con los datos del Minfin, basados en el Sicoin y el portal de transparencia, al 31 de diciembre del 2015 ya se habían entregado los aportes exactos conforme al presupuesto aprobado, por lo que no hubo ningún desvío, según Finanzas.

Otro problema

El reporte de la Anam señala un desorden financiero en el traslado de lo recaudado a la Unidad de Conservación Vial (Covial), del Ministerio de Comunicaciones, producto de una contratación por encima de lo presupuestado.

Se intentó obtener la opinión de dicha entidad, pero no fueron enviados los datos solicitados.

Murphy Paiz, presidente del Colegio de Ingenieros, detalló que hay dinero que no ha sido trasladado a Covial y que se ha desviado para otros usos, pero no se sabe dónde está. “Hay una deficiencia administrativa o complicidad porque no se hace la presión suficiente para que trasladen los fondos. Del 2004 al 2011 no se nos trasladaron ni pagaron Q1 mil 544 millones”, expresó.

De acuerdo con el presidente de ese colegio, la deuda del 2015 es de Q379 millones. “Ya estamos en marzo y los procesos de adjudicación del mantenimiento vial del 2016 no se han hecho, por lo que en abril o mayo podrían comenzar los contratos, pero en esa época empieza el invierno”, advirtió.

“Se nos informó que se le asignaron Q780 millones del 2015 a la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, y eso no serían ni ocho meses de recaudación del IDP a los combustibles; faltan casi Q400 millones que no se sabe dónde están o qué van a hacer con ese dinero”, afirmó.

Destino

El decreto 38-2005 señala que el impuesto por la distribución de cada galón de gasolina superior es de Q4.70; regular, Q4.60; diésel, Q1.30, y del propano, Q0.50.

La cartera del Tesoro destina a la Municipalidad de Guatemala Q0.10 por cada galón de gasolina superior y regular, y el resto de comunas recibe Q0.20 por cada galón de ambos combustibles, destinados a servicios de transporte y a mejorar, construir y mantener la infraestructura vial, tanto urbana como rural, de cada municipio.

Del impuesto recaudado de gasolina superior, regular y el diésel, el Minfin destina Q1 por cada galón al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, como fondo privativo para la conservación y mejoramiento de la red vial, incluida infraestructura de caminos rurales.

Según la investigación del MP,  los extrabajadores hicieron el traslado y caja de registro a un edificio abandonado que era propiedad del IGSS, el cual remodelarían y de esta manera dejar de alquilar para reducir los costos.

Añade que el ilícito ocurrió entre agosto del 2012 y agosto del 2013 cuando presuntamente se efectuaría la remodelación del edificio y estimaron que el valor era de Q1.5 millones. Bajo esa justificación hicieron los pagos por medio de fondos rotativos y de esta manera desviaron el monto por Q10 millones.

Explica que el dinero fue distribuido de la siguiente manera Q6 millones en la compra de materiales de construcción y Q4 millones para el pago de los 40 trabajadores, quienes devengaban Q300 al día; además, la autorización para el pago de empleados era de Q1 mil 500 mensuales a cada uno.

Condenados 

Las condenas fueron emitidas contra el subgerente del IGSS, Mynor Rodolfo Robles Valle; el jefe del departamento de servicios de apoyo, Marco Vinicio Rivera García; y el jefe de división de mantenimiento, Carlos Fernando Lucero De León.

También contra el encargado de presupuesto del departamento del servicio de apoyo, Henry Giovanni Rosa Rodas; la encargada de compras del departamento de servicios de apoyo, Elsa Leticia Lux Tetzaguic; y la encargada de compras de la división de mantenimiento Mónica René Chinchilla Santizo. Todos sentenciados a dos años de prisión por el delito de incumplimiento de deberes.

Entre los condenados también figuran Carlos Fernando García Alfaro, encargado de la obra de Morales Izabal, quien fue condenado a tres años por el delito de fraude; a Carlos García Urbina se le dictó una condena de dos años y cinco meses de prisión y a una multa de Q 500 por el delito de estafa; además, Rodolfo Turcios y Lionel Octavio Ángel Peralta del departamento de transportes, se les benefició con suspensión condicional de la persecución penal.

Durante el debate, la fiscalía presentó como prueba fundamental los informes de la Contraloría General de Cuentas, las auditorías internas del IGSS, la investigación interna e inspecciones oculares, así como los planos del proyecto el cual nunca se finalizó.

Personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público (MP), presentó este lunes los elementos de prueba en contra del exdiputado, quien presidió el Organismo Legislativo de 2013 a 2014.

Los fiscales presentaron como acto conclusivo el escrito de acusación ante el Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal, indicó el MP en su portal de internet.

“De acuerdo con los indicios, el exparlamentario estaría vinculado con la sustracción de fondos del Organismo Legislativo en el año 2013, cuando fungió como presidente. En ese periodo contrató un cuerpo de seguridad de la Empresa Grupo SIS”, explica la nota.

Según la fiscalía, entre las pruebas aportadas existen dos peritajes financieros y una prueba pericial de grafotécnia, dos declaraciones de colaboradores eficaces, 55 pruebas documentales y 45 materiales.

El exdiputado es señalado por los delitos de asociación ilícita, peculado por sustracción y lavado de dinero u otros activos.

Desvía fondos

La investigación del MP detalla que en el año 2013 Muadi Menéndez tenía asignado un grupo de seguridad personal de 30 guardias, conformado por personal de la empresa privada Grupo SIS, cuyos miembros devengaban un salario de Q5 mil que eran pagados por dicha compañía.

Para desviar los fondos del Congreso, el primer paso consistió en ofrecer a los miembros de su equipo de seguridad un pago extra de Q2 mil a su salario.

Esos recursos habrían sido pagados con fondos del Congreso. A cambio de ello, cada uno debía firmar un contrato por un sueldo de Q8 mil mensuales con este organismo.

La fiscalía menciona que después de aceptar las condiciones del ofrecimiento, Claudia María Bolaños Morales, quien está en prisión preventiva por este caso, abrió cuentas a nombre de los agentes y procuró que en los documentos quedara registrada su firma.

El MP determinó, por medio de las investigaciones, que durante el período de 2013 a 2015 se sustrajeron del Congreso un total de Q4 millones 739 mil 729 de manera ilícita.

En la última década varios escándalos relacionados con desvío de fondos y malos manejos de las administraciones han sido llevados a tribunales, no exentos de polémica, ya que en la mayoría de casos la sentencia es menor al dinero perdido.

En noviembre de 2007 fue condenado a 9 años de prisión y al pago de Q3 millones el ex ministro de Gobernación del gobierno de Alfonso Portillo, Byron Barrientos, por peculado y falsificación de documentos. Junto a Barrientos fue condenado el ex viceministro Luis Dávila. Las pesquisas lograron comprobar que de agosto del 2000 a diciembre del 2001, Barrientos autorizó el desvío del dinero a cuentas de particulares y de la falsificación de firmas de una de las cuentas.

Los Q81 millones no se recuperaron y Barrientos cumplió únicamente cuatro años de prisión al solicitar redención de penas.

En 2009, durante el gobierno de Álvaro Colom, se destapó la estafa por Q40 millones a Gobernación por la empresa Proyectos Maskana, una empresa de cartón. El dinero estaba destinado para compra de vales de combustible para la Policía Nacional Civil, (PNC). Maskana recibió los fondos y los repartió a 18 empresas vinculadas de Panamá, Brasil y Estados Unidos.

Por este caso fue condenado el exdirector de la PNC, Baltazar Gómez Barrios, a cinco años de prisión; Héctor Lapoyeu, exdirector y exjefe de Logística de la PNC, a dos años; el exministro de Gobernación Raúl Velásquez aún enfrenta el proceso por abuso de autoridad, concusión y lavado de dinero.

En el mismo año se firma un convenio con la empresa Fundtech para remodelar la cárcel de máxima seguridad Fraijanes II, por Q17.5 millones. El exministro Salvador Gándara firmó el contrato. Posteriormente el exministro Raúl Velásquez autorizó el traslado de reos de alta peligrosidad a pesar de no haberse finalizado la remodelación. En Mayo de 2010, a raíz de un motín en Fraijanes 2, quedó en evidencia el fraude de la constructora encargada de los trabajos ya que peritos del Ministerio Público en una inspección encontraron deficiencias en las instalaciones.

Por el caso de Fraijanes 2 fueron procesados Gándara y Velásquez; el primero fue dejado en libertad y Velásquez fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, continúa preso por el proceso pendiente en su contra por el caso Maskana.

Ante la ausencia de una ley anticorrupción, la cual es una de las propuestas de la plataforma para la reforma del Estado, los casos seguirán dándose con total impunidad, como quedó evidenciado este martes 23 de junio, con la captura de una estructura dentro de la PNC sindicada de desvío de fondos.