Lamentablemente, hay situaciones que vedan este derecho. La semana pasada conocí la situación de María, quien por causa de no poder obtener su Documento Único de Identificación (DPI) se encuentra privada de obtener un pasaporte que le permita viajar con su esposo y sus hijos al país donde su cónyuge es ciudadano.

Lo trágico es que esta historia se repite miles de veces: personas que por no tener documento de identificación afrontan un calvario.

Al ser un requerimiento el DPI para poder emplearse, muchas personas que no lo tienen se ven eliminadas prematuramente en el proceso de selección de talentos. Otras personas, no pueden ni siquiera abrir una cuenta bancaria o efectuar otros trámites que requieren la mostración fehaciente de su identidad legal.

Es una injusticia que los jóvenes con 18 años recién cumplidos, vean su ilusión de estrenarse como ciudadanos esfumarse al no poder recibir en un tiempo prudencial su DPI, lo cual representa barreras en inscripciones universitarias y búsqueda de trabajo.

Las consecuencias de no poder identificarse legalmente superan la circunstancia personal y se convierten en un alto costo para la sociedad, impiden la generación de ingresos y con ello el consumo comercial, así como incrementa la necesidad de tener que trabajar informalmente, sin declarar impuestos.

Conozco a un par de amigos, cuyo DPI se deterioró, pero en lugar de solicitar una reposición han optado por unir las piezas con cinta adhesiva ante el temor de quedarse sin la credencial por tiempo indefinido.

Los que hemos estado en situaciones informales en otro país —en mi caso en EE. UU.— comprendemos los desafíos que esto implica. Por eso comprendo la difícil situación de estar sin identidad, pero cuando escucho estas historias de guatemaltecos en Guatemala, valga la redundancia, me es difícil comprender cómo uno puede estar indocumentado en su propio país. ¡Es una irresponsabilidad y un obstáculo para el desarrollo del país, no un contratiempo!

No es ético tener a tantos guatemaltecos viviendo este calvario, no es ético de parte de las instituciones del gobierno a cargo de proveer el DPI dejar tanto tiempo sin resolver esta situación. Es cierto que nuestro país necesita resolver otras situaciones, pero no es ético que exista una fila de espera superior a las 300 mil personas sin que la Presidencia u otro organismo del Estado intervenga para poner orden y agilizar la solución mediante los recursos legales, técnicos y económicos necesarios.

A los encargados de la emisión del DPI, tengan iniciativa propia y resuelvan esta situación —por el bien del país— recuerden que detrás del problema de la violación al derecho de identidad de las personas, hay graves implicaciones productivas, en derechos de locomoción y también en el cumplimiento de responsabilidades fiscales de las personas. Es un círculo en el cual, a final de cuentas, todos somos afectados.

La situación alcanza a seres inocentes: pensemos en aquellos recién nacidos que no pueden ser registrados y reconocidos legalmente por carecer sus padres de documento de identificación. Debe existir un consenso serio y permanente para enfrentar esta situación que pasó de ser un atraso incidental a una verdadera crisis de Estado, puesto que si cientos de miles de ciudadanos no tienen forma de acreditar quiénes son y a donde pertenecen debido a una debilidad institución, ¿a quién más pueden recurrir?

Por ejemplo, de 1950 a 1970 se utilizó la cédula de ciudadanía, que luego fue remplazada por la cédula de vecindad.

Luego de 64 años se cambió al Documento Personal de Identificación (DPI), supuestamente a prueba de falsificación.

Cambios en la cédula

El 30 de noviembre de 1951, durante las elecciones generales, se produjo una confusa situación sobre si se debía exigir la cédula de vecindad para ejercer el voto, debido a que era innecesario presentarla, porque no está estipulado en la Ley Electoral, debido a que el ciudadano, desde el momento que poseía libreta de ciudadanía era porque ya se había identificado previamente cuando llegaba a la mayoría de edad.

En las elecciones generales del 20 de noviembre de 1961 se acuerda que todos los ciudadanos debían votar con la nueva cédula, la cual era obligatorio presentar en la mesa receptora de votos.

El 5 de marzo de 1965, el gobierno de Enrique Peralta Azurdia adquirió unas nuevas máquinas, conocidas como Shoup, que serían utilizadas para conocer de forma rápida los cómputos. Se implementaron las cédulas plásticas, un novedoso sistema, debido a que existían dos documentos: la cédula de ciudadanía, la cual facultaba para ejercer el voto, y la otra utilizada ante las autoridades o para trámites personales.

El cambio de la cédula plástica se debía a que el tribunal electoral habría detectado la existencia de 300 mil cédulas falsificadas, las cuales fueron entregadas durante el gobierno de Miguel Ydígoras Fuentes, y por lo cual se señaló fraude electoral.

Con el nuevo sistema se tabularían por sistema electrónico IBM los resultados electorales y esto evitaría fraudes de identificación.

En 1987, durante el gobierno de Marco Vinicio Cerezo Arévalo, se modifica la Ley Electoral y de Partidos Políticos, debido a que para el siguiente proceso electoral la cédula de vecindad sería el único documento oficial que los guatemaltecos debían utilizar para emitir el sufragio

Esto dejó sin efecto y obsoleta la cédula de ciudadanía, debido a la falsificación.

Tecnología en nuevo documento

En septiembre de 2011, durante el proceso electoral, por primera vez se utilizó el DPI, el nuevo documento plástico que tiene incorporado un chip en el cual se guardan todos los datos personales, que son leídos por una máquina escaneadora.

Este documento sustituyó a la vieja y falsificable cédula de vecindad para ejercer el voto.

La Asociación Puente se presenta como una iniciativa no lucrativa, que calcula que en Estados Unidos hay unas 350 comunidades y microcomunidades donde viven migrantes guatemaltecos, cada una con su idioma y cultura propia.

Según información de la organización, habría cerca de dos millones de guatemaltecos que viven en Estados Unidos, pero debido al subregistro, se estima que la cifra supera los 2.5 millones.

De esa cantidad unos 400 mil podrían tener anomalías en sus registros y no podrían acceder a documentos oficiales y en consecuencia no tener pasaporte y acceso a alivios migratorios, señala la asociación.

Pedro Pablo Solares, asesor de Puente, afirma que en Guatemala es recurrente pensar en migrantes guatemaltecos que radican en estados grandes como Nueva York, Los Angeles, Chicago, Miami, o Texas, sin embargo, hay lugares como Alabama o Tennessee en donde viven miles de connacionales.

“No hay una comunidad migrante, ni una entidad que los represente, tampoco hay un líder migrante, porque ni siquiera sabemos cuántos son”, asegura Solares.

Isabel Pinillos, directora de Puente, afirma que la organización surgió como una iniciativa que busca visibilizar a los guatemaltecos que viven en Estados Unidos, para que sean reconocidos como actores de desarrollo del país.

El contacto directo con la asociación es a través de www.puentenortemigraciones.wordpress.com; www.puente.norte.migraciones@gmail; y en el Twitter @puenteGT.