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Marco Livio Reyes Díaz, jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), informó que este es el primero de seis que se construirán este año.

Los siguientes serán en Chisec, Alta Verapaz; Tecpán, Chimaltenango; Poptún, Petén; aldea Entre Ríos, Izabal y Taxisco, Santa Rosa.

“Se formará un anillo para evitar que las mercaderías lleguen a las principales ciudades del país y de esa manera combatir eficientemente el contrabando a un costo menor”, afirmó el superintendente.

Funcionamiento

Antes del módulo en Pajapita, habrá un puesto de control de la Policía Nacional Civil (PNC) y del ejército.

En el módulo habrá un mando central que coordinará las acciones, y si un vehículo que se le marca el alto y no es detenido en el siguiente control será detenido, siempre y cuando cometieron algún ilícito.

El puesto de control contará con tecnología con controles no intrusivos (rayos X), y los vehículos serán revisados rápidamente, y si llevan mercancías se les solicitará documentos del pago de impuestos -DAI o IVA importación- y si cumplen con sus obligaciones tributarias podrán seguir su camino.

“Los puestos son temporales y se van a construir puestos más formales”, aseguró el superintendente, quien recordó que la vigencia se aplazó por los efectos coronavirus.

En el lugar hay señales viales, un centro de monitoreo con señal a la capital para observar en tiempo real para observar lo que está pasando de vehículos y mercaderías, planta de energía eléctrica.

El superintendente explicó que además del contrabando, también se controlará el trasiego de armas, drogas y trata de personas.

Plan de acción

Eduardo Girón, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), afirmó que este es uno de los principales proyectos del Gobierno en relación con el combate al contrabando, y como sector seguimos apoyando la iniciativa que tiene el apoyo de los Estados Unidos.

Este es un proyecto distinto para poder controlar el trasiego de contrabando y otros productos ilícitos, y es un buen paso del reinicio del proyecto.

“Como sector privado el contrabando es uno de los flagelos que más se sufre, que genera una competencia desleal, el impago de impuestos y otras acciones formales”, aseveró.

Girón dijo que este modulo es una experiencia de como en Estados Unidos se combatió el contrabando en las fronteras y se compartió la tecnología y como administrarlos en Guatemala.

No obstante la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene más de 25 años de estar vigente, sus preceptos particulares aún no se aplican conforme a lo regulado en dicha norma.

Una de esas reglas peculiares es lo referente al momento de emisión de las facturas, notas de débito y notas de crédito, el cual es distinto si se trata de venta de bienes o de prestación de servicios. El artículo 34 de la ley establece que en el caso de venta de bienes muebles, la obligación de emitir tales documentos debe ser en el momento de la entrega real de las mercancías. Por ejemplo, algunos contribuyentes podrían incurrir en error cuando efectúan ventas y que por no contar con existencias u otras razones el traslado del producto lo realizan en forma parcial y la factura la emiten hasta cuando se complementa el total de las unidades vendidas. Tal forma de proceder es incorrecta, puesto que la exigencia de la ley es que se emita en el instante en que se hace la entrega real de los bienes, es decir, para el caso indicado, se debe emitir por cada entrega parcial, no importa si la venta sea al contado o al crédito. Distinto es en la prestación de servicios, ya que el referido articulo exige que la factura debe emitirse en el mismo momento en que se reciba la remuneración, es decir que la emisión del documento no está en función del instante en que se presta el servicio si no que es hasta cuando se reciba el pago de la prestación. Un caso que se podría citar es el servicio de arrendamiento, cuando el arrendatario se atrasa en el pago de la renta. No obstante, para el dueño del inmueble esos meses constituyen rentas devengadas, conforme a la Ley del IVA no hay obligación de emitir la factura, sino que es hasta cuando se reciba efectivamente la remuneración. Sin embargo, si el contribuyente decide emitirla aunque la misma no sea pagada en el momento, lo puede hacer porque tal proceder no está prohibido por la ley. Desde el punto de vista del impuesto sobre la renta (ISR), tanto para el arrendante como para el arrendatario, en apego al principio contable de lo devengado, deben registrarlo en la contabilidad como ingreso y gasto, respectivamente.

Por otro lado, la ley exige a los contribuyentes que la factura se debe emitir incluso respecto de las operaciones exentas o con personas exentas y establece que en esos casos debe indicarse en el documento que la venta o prestación de servicio es exenta y la base legal correspondiente.

Otra de las disposiciones especiales es lo relacionado con la contratación de extranjeros, ya sean personas naturales o jurídicas, para la prestación de servicios en el país. Tal actividad está sujeta al impuesto al valor agregado y el obligado a pagar el IVA es la empresa que contrata, ya que así lo establece el artículo 6 de la ley, el cual indica que es sujeto pasivo el beneficiario del servicio, si el que efectúa la prestación no está domiciliado en Guatemala. Para esos casos se debe emitir una factura especial, para respaldar el pago del servicio que presta la persona no domiciliada en el país y la retención del ISR a efectuar será según el concepto de renta que el extranjero realice en territorio nacional.

Es recomendable aplicar correctamente las disposiciones especiales antes indicadas, para evitar riesgos fiscales que se traducen en multas e intereses.

Otros temas tributarios, visite: www.chilemonroy.com.

Todo impuesto recae sobre las personas, las empresas no pagan impuestos porque son entes abstractos; en el sentido ontológico estricto, no existen. Toda “acción” que pudiera atribuirse a una empresa está causalmente atada a acciones de personas. El IVA es un impuesto al valor agregado, pero en realidad el “valor agregado” no paga impuestos, solamente las personas tienen esa capacidad. En el lenguaje común, es fácil pasar por alto este principio.

El IVA es un sistema de créditos y débitos en el que las empresas —personas— recaudan el impuesto y lo trasladan al gobierno. El problema que tiene el exportador es que no puede cobrar IVA a su cliente en un país extranjero y no tiene forma de recuperar el IVA que pagó a sus proveedores —como hace cualquier empresa. Es así como surge el llamado “crédito fiscal”. Si el exportador no puede recuperar el IVA pagado a proveedores, esto equivale a un impuesto a la exportación, un aumento sensible en sus costos, que le resta competitividad. De hecho, en ese costo puede esfumarse toda rentabilidad. La ley permite que el exportador pueda recuperar del fisco el IVA que ha pagado y en sentido estricto no puede decirse que goce de un beneficio.

La recuperación del crédito fiscal es un calvario de trámite y documentación para el exportador. En cierta manera esto es necesario porque fácilmente puede prestarse al fraude; debe hacerse una auditoría para determinar que efectivamente hay derecho al crédito fiscal. La ley establece plazos para la devolución del crédito fiscal; plazos que el Estado incumple, situación que atenta contra la liquidez y solvencia del exportador. El incumplimiento de plazos abre una ventana para el “tramitador”; personas con capacidad para influir en la pronta resolución del asunto.

Puede apreciarse un claro hilo conductor entre el caso Construcción y Corrupción y el más reciente caso de la estructura corrupta que agilizaba la devolución del crédito fiscal a los exportadores. En el primer caso mencionado, el Micivi incumple el pago de construcciones ya realizadas, surge el “tramitador” —Sinibaldi y otros— para agilizar el pago; el empresario se ve en la disyuntiva de pagar la coima o ir a la quiebra. Imagine el problema de un constructor que ha cargado con todo el costo, tiene deudas y el cliente no paga. En el segundo caso, la SAT incumple el plazo para devolver el crédito fiscal; surge el tramitador para agilizar el pago. El empresario se ve en la disyuntiva de pagar la coima o esperar años para recuperar su dinero.

Esta observación no pretende exculpar a empresarios que se ven obligados a recurrir al pago de coimas, ni se refiere a negocios con el gobierno que nacen ilegítimos. Me refiero a esos casos de derecho legítimo, donde el incumplimiento del Estado provoca daño. El mismo sistema y la discrecionalidad de funcionarios crean la trampa. La solución, en mi opinión, es que los tribunales funcionen correctamente, con certeza jurídica, de manera que un juez pueda obligar al Estado a cumplir sus obligaciones. Si la ley establece un plazo para la devolución del crédito fiscal, el acreedor, exportador en este caso, debe poder acudir a un tribunal para que este haga valer su derecho de manera pronta y efectiva.

Estos problemas no se resuelven con la sencilla prescripción que requiere que las personas sean más competentes y honestas, que es necesario pero no suficiente. En la medida de lo posible, la ley no debe abrir la puerta. En un estado de Derecho, la certeza jurídica conlleva mecanismos legales claros para compeler el cumplimiento de la ley y de los contratos.

Las finanzas del Estado por lo regular han estado en números rojos, hasta el año pasado que la SAT, dirigida por Juan Francisco Solórzano, logró superar la meta de recaudación de más de Q53 mil millones. Sin embargo, ese logro es posible que ya no se pueda repetir si se aprueba la monstruosidad de exenciones para el sector agropecuario que se fragua en el Congreso y que ya causó una fractura en el gobierno de Jimmy Morales, al extremo de que este ahora parece inclinarse hacia esa propuesta sin entender que esos privilegios harán más deficitarios los ingresos fiscales. Mientras el ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Mario Méndez, apoya esa propuesta, el ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, y el jefe de la SAT, Julio Solórzano, la rechazan. El adefesio de ley permitiría a los sectores favorecidos pagar apenas 0.5% de impuestos sobre la venta bruta, no tendrían que facturar porque solo estarían obligados a llevar un libro de compras y ventas susceptible de cualquier manipulación.

La iniciativa fue presentada en octubre pasado por el diputado y ganadero Gabriel Heredia, de la UNE, así como por Julio César Longo, del FCN. En principio la propuesta solo otorgaba privilegios fiscales al sector ganadero, que ya no tendría que pagar el ISR y el IVA porque todo se reduciría a un impuesto del 1% sobre las ventas brutas de animales, productos y subproductos artesanales e industriales. La propuesta recibió el rechazo total del Ministerio de Finanzas y de la SAT, por considerarla lesiva a los magros ingresos del Estado. De hecho, esa iniciativa demuestra cómo la presente legislatura pretende favorecer a uno de los sectores que más evade el pago de impuestos.

Debido a la corriente de opinión desfavorable, a principios de este año Heredia hizo aún más dañina esa propuesta porque incluyó a sectores agrícolas, con lo que la presión empresarial es más fuerte hacia el Congreso y el Gobierno. La iniciativa ahora se llama Ley de facilitación tributaria para la formalización del sector agropecuario, que incluye a ganaderos y diez actividades agrícolas, entre ellas café, cardamomo, hule, cereales y caña de azúcar. Ese lobby empresarial pondrá de rodillas a diputados y al presidente Morales con una ley que buscan aprobar de urgencia nacional. La belleza de iniciativa pretende exonerar a estos sectores del pago de ISR, IVA y derechos arancelarios a importaciones de maquinaria porque solo tendrían que pagar un tributo único de 1% sobre las ventas brutas. Pero, ojo, de ese único impuesto, el Estado tendría que invertir el 50% en un Fideicomiso de Protección Agropecuaria que favorecería a los mismos sectores privilegiados. En otras palabras, el Estado solo percibirá el 0.50% de las ventas brutas, sin factura, solo anotadas en un libro de compras y ventas. Precioso.

Este golpe contra las finanzas del Estado supone una fuga de ingresos de Q1 mil 156.34 millones, equivalente al 2.2% de la recaudación total. El Congreso será responsable de este paso en falso, pese a las advertencias del ministro de Finanzas y del jefe de la SAT sobre la futura caída de la recaudación fiscal. Para congraciarse con ganaderos y empresarios agrícolas, a los diputados no les importa que esa ley implicará la vulneración del principio de igualdad tributaria, dejará sin control y fiscalización la actividad de esos sectores y permitirá que no usen factura. Estos privilegiados, entre ellos grandes empresarios, ahora pagarán menos que los pequeños contribuyentes, algo que es sencillamente grotesco.

@hshetemul

Empresas y negocios deben recordar no solo estas fechas para declaraciones y pagos fiscales, sino también preparar y presentar diversidad de informes, ya sea durante la última semana de diciembre o las primeras de enero, ya que incluyen liquidaciones de pagos, impuestos retenidos a los trabajadores y otros.

El corrimiento del plazo se hizo por ser el 31 de diciembre de este año y el 1 de enero del 2017 días inhábiles, además de que el 2 de enero fue autorizado un asueto bancario por la Superintendencia de Bancos (SIB), informó la SAT.

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Abel Cruz, intendente de Recaudación, recomendó a empresas y contadores hacer la declaración y el pago de los impuestos durante la presente semana para no saturar el sistema; además, deben tener en cuenta si los bancos, debido al cierre contable y los asuetos, tendrán habilitados sus sistemas de pagos, declaraciones a la SAT y traslados, añadió.

Lucía Aguilar, gerente de Soluciones GT, sugiere a contribuyentes y contadores no hacer los pagos el último día del plazo, ya que a veces los sistemas se saturan y se corre el riesgo de no lograr hacer la transacción a tiempo y que eso sea motivo de multas de hasta el 100% del valor del impuesto.

Recomendaciones:

Las causas pueden ser diversas, pero entre las más comunes está la de ignorar que el pago o la declaración no se ha efectuado.

Uno de los ejemplos más sencillos es el del pequeño contribuyente, que no sabe que debe reportar su inactividad comercial y que aunque no genere ingresos tiene que notificar mensualmente a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Otros casos son los de los contribuyentes que han encomendado sus registros contables a personas que los manejan en forma irreponsable y dejan de pagar impuestos sin notificarlo a su cliente (contribuyente).

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Abel Cruz, intendente de Recaudación de la SAT, afirma que, en la actualidad, el contribuyente tiene diversas herramientas a la mano para conocer su situación y cumplir a la autoridad tributaria.

Por ejemplo, a partir de las reformas tributarias del 2012, los pequeños contribuyentes deben reportar a la SAT cuando no generen ingresos, explicó Cruz.

No hacer este reporte genera una multa máxima de Q1 mil pero, de acuerdo con el Código Tributario, se puede obtener una rebaja del 85% si el contribuyente se presenta voluntariamente a pagar sin solicitud de la SAT.

De esa manera, el pago, por ejemplo, de 40 omisos de pequeño contribuyente podría bajar de un pago de Q40 mil a cerca de Q6 mil, aproximadamente.

El pago se puede hacer al contado, o bien en cuotas de 6, 12 o 18 meses.

Según Cruz, el número de omisiones varía. A principios de año, la SAT recibió 79 mil 784 declaraciones, mientras que en abril el número subió a 109 mil 936, en agosto sumaban 96 mil 118 y en octubre último bajaron a 84 mil 321.

¿Qué hacer?

El primer paso para conocer la situación fiscal es saber en qué regimen se está inscrito.

Acto seguido, el contribuyente debe acercarse a una agencia de la SAT para saber si tiene omisos de algún tipo.

Una vez con el listado de omisos, el contribuyente puede pedir los formularios respectivos en la SAT, o bien generarlos por medios electrónicos directamente desde su computador.

Óscar Chile-Monroy, asesor en aspectos tributarios, califica de “importantísmo” que un contribuyente conozca su relación con el fisco, porque cualquier declaración que no se presente conlleva una multa y eso se debe tomar en cuenta para todos en general, sin importar que no tengan trabajo o ingresos por comercio o de tipo profesional

Chile Monroy aconseja que cada tres o seis meses se pida una solvencia fiscal gratuita para saber el estatus.

Si se lleva la contabilidad con algún contador externo, se debe exigir que se presente la copia de la declaración mensual.

“Hay que estar consciente que si se inscribió una vez por cualquier razón como pequeño contribuyente, queda ligada su relación tributaria con SAT para siempre”, señaló el profesional.

Hasta ayer, el monto recibido asciende a Q34.8 millones; sin embargo, trascendió que está pendiente el pago del IVA por lo que se mantiene intervenida.

El martes pasado, la empresa Ajemaya S. A. fabricante de bebidas carbonatadas realizó un pago de Q27.8 millones a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por un proceso de suspensión condicional de la persecusión penal.

Proceso

La cadena de farmacias enfrentaba un proceso por incumplir el pago de tributos, lo que generó multas del 100 por ciento, además de mora e intereses.

El 5 de mayo último, el jefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa, anunció que la cadena estaba intervenida debido a un caso de defraudación por un monto mayor a Q5 millones.

En esa oportunidad, el Ministerio Público (MP) explicó que la intervención se decidió luego de una sentencia emitida por el Tribunal para garantizar el pago de lo defraudado.

Otra de las empresas farmacéuticas intervenida es Farmacias de la Comunidad, la cual tiene un adeudo de Q5 millones 867 mil; sin embargo, por mora, multas e intereses, el pago ascendería a Q25.8 millones.

Según se informó, el proceso legal empezó en julio de 1999.

La defraudación la habría realizado mediante dos empresas inexistentes con las que se subcontrataba y emitía facturas falsas, según el MP.

La mayor recuperación fue el viernes 6 de mayo cuando la empresa Aceros de Guatemala canceló Q752 millones luego de que un juzgado ordenó la intervención.

La sentencia fue dictada el pasado día 15, pero su contenido sólo fue divulgado hoy por el tribunal, que también obligó a Neymar a pagar los honorarios de los abogados de la defensa.

El fisco multó a Neymar por haber declarado una serie de pagos efectuados por el Santos, su club en aquella época, como derechos de imagen y no como salario, la categoría que las autoridades creen que correspondían en realidad estos depósitos.

Neymar también tiene sendas causas abiertas en la Justicia de España y Brasil por su transferencia al Barcelona, concretada en 2013.

En Brasil el fisco le demanda a Neymar el pago de cerca de 63,6 millones de reales  (US$15 millones aproximadamente) en concepto de impuestos no declarados entre los ejercicios fiscales de 2011 y 2013 debido a esa operación.

Según la agencia tributaria brasileña, el jugador evadió impuestos porque declaró el dinero que percibió por su fichaje por el Barcelona como ganancias de sus empresas y además omitió de su declaración de impuestos el cobro de servicios de publicidad, de derechos de imagen y de otros contratos firmados con el Barcelona.

Para Miguel Gutiérrez, macroanalista de la Fundación para el Desarrollo (Fedes), la primera acción debe poner fin al “ahorcamiento financiero” que experimentó la SAT y que por dos años le negó el 40% de su presupuesto.

Según el analista, otro paso clave debe ser cambiar la plataforma de informática de la SAT, para que las diferentes bases de datos puedan entrelazarse y hacer una fiscalización en forma integral.

Un punto más es recobrar el control de las fronteras, pues “prácticamente, en términos comerciales, el país carece de fronteras”, afirmó.

Según Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), “el presidente está financieramente de rodillas ante un Congreso dominado por la oposición”, por lo que, entre otras acciones, debe iniciar con la implementación de un plan de recuperación de la SAT.

Barrientos agregó que la administración de Jimmy Morales debería corregir los errores en las fuentes de financiamiento aprobadas en el presupuesto de este año.

Otra recomendación de Barrientos es la de aprobar reformas al impuesto sobre la renta (ISR), para subir las tasas marginales a empresas y personas de alto ingreso.

Por aparte, el exministro de Finanzas, Dorval Carías, panelista en una actividad del Icefi, calificó de “vital” fortalecer los ingresos tributarios, porque, de lo contrario, sería obligatorio continuar con la contención del gasto y la focalización de recursos en rubros como el pago de nómina y los servicios básicos.

Según Carías, el presupuesto del Estado debe reformarse y asignar una fuente de financiamiento adecuada a algunas entidades estatales.

Carías recomendó concluir la negociación de los préstamos de US$500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Menkos explicó que la región ha “intentado avanzar en el corto plazo hacia una sostenibilidad de las finanzas públicas” , pero la mayoría de los países continúan teniendo problemas para aumentar la recaudación fiscal, con la excepción de Honduras y Nicaragua.

La mejoría en la carga tributaria de Honduras y Nicaragua, según el economista del Icefi, está justificada por la contención del gasto público y paquetes de medidas fiscales aprobadas por ambos países en los últimos años.

En el caso de Honduras, la mayoría oficialista del Parlamento aprobó en diciembre de 2013 una reforma fiscal que aumentó del 12 % al 15 % la tasa del Impuesto sobre Ventas, incluye nuevos gravámenes y eleva algunos ya vigentes para productos y servicios.

El experto dijo que en Honduras “las cuentas están caminando por buen camino” , sin embargo, reconoció que la política fiscal del país centroamericano se ha centrado en “la sostenibilidad y no en la búsqueda del bienestar”  de la población.

Honduras cerrará en 2015 su carga tributaria con un 16.4 % respecto al Producto Interno Bruto  (PIB) y con una deuda pública de 42.5 %, destacó el informe del ICEFI, denominado “Perfiles Marcofiscales de Centroamérica” .

Además, señaló que Nicaragua continúa siendo uno de los países centroamericanos que tiene “las mejores cuentas fiscales”  y pronostica que cerrará el 2015 con una carga tributaria equivalente al 15.3 % del PIB, por encima de la Costa Rica  (13.1%) ; Guatemala  (10.4%) y Panamá  (9.5 %) , pero similar a la de El Salvador  (15.3 %) .

La baja capacidad tributaria de Panamá y Costa Rica, las economías más dinámicas de la región en los últimos años, “hace pensar en un potencial escenario de insostenibilidad de la deuda” , que al cierre de 2014 representaba el 39.4 % y el 39.3 % del PIB, respectivamente, detalla el informe.

El experto subrayó que los problemas fiscales de Panamá y Costa Rica “no son tan graves”  como los que tiene El Salvador y Guatemala, pero alertó que si estos países no impulsan “medidas inmediatas”  aumentarán sus niveles de endeudamiento en el mediano plazo.

En Guatemala y El Salvador, donde la deuda pública representa el 24.6 % y el 44.6 % del PIB respectivamente, el crecimiento económico “ha sido insuficiente”  y amenaza la sostenibilidad de la misma, indicó el estudio del ICEFI.

En la mayoría de los países centroamericanos es “impostergable una discusión política” , con la participación de todos los sectores, para encontrar “estrategias que tienda a garantizar la suficiencia y sostenibilidad de las finanzas”  y promueva un crecimiento económico “ordenado y sostenible” , señaló el informe a modo de conclusión.

Además exhortó a que Centroamérica suscriba “un pacto social” , que establezca prioridades y objetivos estratégicos claros para mejorar “el tejido social” .

Eso equivale a una brecha —impuestos no cobrados de los programados— de Q3 mil 700 millones.

“Proyectamos un cierre inferior de Q3 mil millones, por debajo de la meta aprobada”, expuso el funcionario tras acudir a una citación del Congreso.

A pesar de que el ministro de Finanzas, Dorval Carías, afirmó la semana recién pasada que esperan que se revierta esa tendencia, todo indica que se mantendrá el agujero fiscal que la SAT no podrá alcanzar.

Las cifras al primer semestre señalan que hay una brecha por Q2 mil 255.80 millones, pese a que hay un incremento de la recaudación respecto del mismo período del año pasado.

La programación de recaudación para el primer semestre era de Q26 mil 748.4 millones, y la SAT solo logró captar Q24 mil 492.6 millones.

Causas

Rivera indicó que varios componentes justifican que este año no se podrá alcanzar la meta. Pero estimó que el esfuerzo de la SAT, como se denomina a la mejora en el rendimiento de la institución, alcanza los Q1 mil 200 millones.

La primera razón de la baja, explicó, es la suspensión temporal del impuesto de Q5 a cada línea activa de telefonía celular y fija, y que recaudaría Q1 mil 300 millones.

La otra causa, señaló Rivera, se refiere a las variaciones de precio de los derivados del petróleo y el tipo de cambio, que han disminuido los ingresos que se cobran en las aduanas.

“La recaudación de este mes es el punto de partida para marcar una mejora en el cobro de impuestos”, aseguró Rivera.

Carías explicó que la baja en la recaudación es la causa de la contención del gasto público y del financiamiento parcial de los programas estatales.

Analistas fiscales consultados por Prensa Libre indicaron que difícilmente la SAT pueda alcanzar las metas programadas para este año si no se fortalece la institución, dadas sus condiciones actuales de debilidad.

La SAT enfrenta una crisis institucional luego que el 16 de abril la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público descubrieran una red que defraudó al fisco, dirigida por altos funcionarios de la Vicepresidencia y de esa entidad, así como personas ajenas a la SAT.

Durante la temporada de Cuaresma y Semana Santa.

Omar Franco jefe de la SAT expuso que “hay un programa de fiscalización para este sector “ y el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

“Se fiscalizará la adquisición de bienes y servicios que estos grupos manejen”, afirmó el jefe de la entidad recaudadora de impuestos.

El monto que se cobra cada turno por las procesiones varía según la iglesia y el tipo de turno, si es ordinario o especial, y va desde Q25 hasta Q800.

La Iglesia Católica pidió realizar auditorías internas desde el 2014 y anunció que el proceso durará dos años por lo que para el 2016 deben entregar dichas fiscalizaciones.