Allí está enterrado desde 1975 quien lo mandó a construir: el dictador Francisco Franco, tras ganar la guerra civil (1936-1939).

El lugar se ha convertido en un elemento de polémica política y mediática tras una histórica decisión del Tribunal Supremo, que autorizó esta semana exhumar los restos del caudillo.

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La corte respaldó la iniciativa del gobierno del socialista Pedro Sánchez -una de sus propuestas estrella- para trasladar los restos del Franco al cementerio de Mingorrubio, en Madrid, pese a la oposición de la familia Franco y organizaciones de extrema derecha.

Una finalidad desigual

La tumba de Franco yace en un lugar central y destacado de la basílica, bajo la cúpula y frente al altar mayor.

Al entrar al enclave, el visitante puede ver una gran losa de mármol de 2.000 kilos con una cruz austera y la inscripción “Francisco Franco”, sin más explicaciones o comentarios.

Pero no se trata de la única figura polémica que descansa en el Valle. Allí también está el sepulcro de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, el único partido admitido durante los años de régimen franquista.

El Valle de los Caídos fue uno de los primeros proyectos en los que Franco se embarcó tras llegar al poder. Lo presentó como un monumento para recordar a todos los “caídos” durante el conflicto, sin importar el bando al que pertenecieran.

Según el decreto con el que se dispone su construcción, este debía ser un “lugar de reposo y meditación” para “perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”.

Sin embargo, la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos encargada por el gobierno del socialista José Rodríguez Zapatero (2004-2011) concluyó en su informe que era un sitio de “memoria excluyente que tiene que ver más con la intención del autor del monumento que con la significación de la víctima”.

Según esta comisión, “cada uno” de los elementos del complejo, desde los blasones hasta las esculturas, denotan que fue “pensado como lugar simbólico de la dictadura franquista”.

Mano de obra cuestionable

Las obras empezaron en 1940 y no acabaron hasta 1958, justo a tiempo para que la inauguración se hiciera durante el XX aniversario del fin de la guerra: el 1 de abril de 1959. Estuvieron a cargo de los arquitectos Pedro Muguruza y Diego Méndez.

En aquella época, regía el Sistema de Redención de Penas por el Trabajo. Varios presos se acogieron a éste, y uno de los destinos era la construcción del Valle de los Caídos.

Algunos, como Anselmo Álvarez, un antiguo abad del Valle, han defendido que los reos se adherían de manera voluntaria a este sistema, por lo que -en su opinión- no podría hablarse de trabajos forzados.

La represión que aplicaba el régimen de Franco pone en duda la legitimidad del encarcelamiento de muchos de los reclusos de esa época. Se calcula que unos 20.000 presos políticos participaron en la construcción del complejo.

Las condiciones de trabajo eran muy duras y, si bien la cifra oficial de accidentes laborales durante los 18 años de obras fue 14, los expertos aseguran que se debe tener en cuenta las heridas y secuelas que se produjeron trabajando allí.

Una gran fosa común

Según la comisión, en el Valle de los Caídos se encuentra “el mayor osario de la Guerra Civil”.

Los registros apuntan que, entre 1959 y 1983, se trasladaron hasta allí 33.847 cadáveres, aunque la comisión cree que este número podría ser superior.

Estos están repartidos en columbarios que hay en las ocho criptas con las que cuenta la basílica.

Investigaciones llevadas a cabo concluyeron que algunos fueron hacinados por decenas sin ni siquiera ser identificados, ya que habían sido extraídos de fosas comunes, la mayoría de ellas, con restos republicanos. Por eso, algunos consideran el valle una gran fosa común.

España es uno de los países con más desaparecidos: se calcula que la Guerra Civil y el franquismo suman al menos 140.000.

Existen varios reclamos particulares de familiares en busca de sus seres queridos que exigen la exhumación de restos guardados en el complejo para que sean identificados. Otros se quejan de que estos hayan sido llevados allí sin su consentimiento.

Sin embargo, estos pedidos han sido hasta ahora infructuosos. Entre otros motivos, por la negativa del abad del Valle de los Caídos a permitir las exhumaciones pese a los fallos judiciales.

Mausoleo a un “dictador”

Los detractores del monumento acusan a Franco de haberse construido un mausoleo.

Por su parte, la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) aseguró en Twitter que fue el rey Juan Carlos I quien tomó la decisión de enterrar allí al “Caudillo”.

El Rey emérito fue quien llevó a Francisco Franco al Valle de los Caídos. pic.twitter.com/DTI2Huhb91

— Fundación F. Franco (@FNFFranco) February 19, 2017

Esta fundación, la familia Franco y grupos de extrema derecha se oponen a que los restos sean trasladados del lugar y, en el caso de que la ley obligase a moverlos, su intención era trasladarlos a la cripta que posee la familia dentro de la Almudena, en pleno centro de la ciudad de Madrid y al lado del Palacio Real.

El gobierno socialista se negó a ese extremo, y el Tribunal Supremo ahora le respaldó.

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El Partido Popular (de derecha y quien gobernó en la anterior legislatura a Pedro Sánchez) argumenta por su parte que “remover” este asunto es reabrir las heridas del pasado y causar división.

La formación no piensa “dedicar ni un minuto” a la noticia, al considerarla un debate “que no aporta nada al conjunto de la sociedad” porque los populares “nos ocupamos de los vivos”, según señalaron del PP en unas declaraciones recogidas por la agencia Efe.

Otros miembros del espectro político -como Vox, extrema derecha- tildaron la iniciativa de los socialistas de “maniobra política”, de cara a las elecciones generales del 10 de noviembre, las cuartas que celebrará España en cuatro años.

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Franco, quien juega con el equipo Pares Unifut de la Liga Femenina de Futbol de Guatemala, se tuvo que conformar con el tercer lugar detrás de la canadiense Stephanie Labbé del Washington Spirit de Estados Unidos.

Otros ganadores

La Concacaf designó a Bryan Ruiz de Costa Rica y Alex Morgan de Estados Unidos como los jugadores del año 2016. Aparte se reveló a los ganadores  de 10 categorías adicionales.

En una justa votación los entrenadores y capitanes de las selecciones femeninas y masculinas de las asociaciones miembro de la Concacaf, medios de comunicación y los aficionados, Morgan ganó el premio por segunda vez, mientras que Ruiz logró su primera mención.

Los Premios CONCACAF fueron diseñados para reconocer a los jugadores, árbitros y entrenadores y a sus logros obtenidos.

Felicidades! @Ashlyn_Harris electa la Portera del Año #PremiosCONCACAF 2016 | @ussoccer_wnt @ORLPride pic.twitter.com/QbarqsdEnC

— CONCACAF Español (@CONCACAFEspanol) 18 de enero de 2017

La acusación es contra 24 implicados, entre ellos los ex jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, Omar Franco, así como los cabecillas externos de la organización, Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez,  Salvador González , entre otros.

El ente investigador aportó cuatro mil 815 folios, que incluyen las escuchas telefónicas, así como documentos financieros que evidencia el movimiento del dinero de los 24 detenidos.

También hay documentos que fueron incautados en los 20 allanamientos que se llevaron a cabo. Además, informes oficiales de las instituciones que identifican a los empleados de la SAT.

Se programó para el 10 de agosto próximo, la audiencia en la cual se decidirá si enfrentan juicio por los delitos de asociación ilícita, defraudación aduanera  y cohecho.

Por este caso está prófugo Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la Vicepresidencia de la República, presunto cabecilla de la estructura criminal.

La Cicig, en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), inició la investigación en mayo de 2014, con la sospecha que un grupo de importadores estaba involucrado en acciones de contrabando y, tenían contacto con una red de tramitadores aduaneros para evadir el pago real de impuestos en las aduanas.

La investigación se desarrolló en ocho meses, incluyó seguimiento y vigilancia a los integrantes de la estructura, 66 mil sesiones de interceptación telefónica, seis mil comunicaciones electrónicas, cotejo y análisis de documentos por expertos financieros.