Equipos élite de investigación del Ministerio de Gobernación tendrían asignado el caso del supuesto plan para atentar contra la fiscal general, Thelma Aldana.

Aunque el mandatario Jimmy Morales no quiso dar pormenores “para no entorpecer las investigaciones”, sostuvo ayer en Jutiapa que desde un primer momento el Gobierno puso a disposición de la jefa del Ministerio Público (MP) esos equipos especializados, así como un incremento del número de efectivos a cargo de su custodia.

La seguridad de los jueces amenazados en el país también es motivo de preocupación, afirmó Morales, quien también les garantizó la protección que requieran.

Las declaraciones del gobernante se produjeron luego de que el viernes pasado, desde Estados Unidos, Aldana reveló el plan para eliminarla y pidió garantías para realizar su trabajo sin presiones.

Prensa Libre buscó declaraciones de la Fiscal General, quien sigue fuera del país, aunque no fue posible.

Tampoco se logró obtener una declaración de Jorge de León Duque, jefe de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quien también permanece en el país norteamericano, luego de que el viernes anterior buscara en Washington medidas cautelares de protección por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según reveló  Aldana.

G4 los espera

El arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian, informó que el Grupo de los 4 (G-4) tiene programada una reunión esta semana con Aldana y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, para conocer el avance de los casos de corrupción más recientes.

El G-4 está integrado también por la iglesia evangélica, la PDH y la Universidad de San Carlos de Guatemala.

El religioso consideró oportuno que la Fiscal General retorne al país “siempre que tenga confianza de que la van a defender y ayudar.

Exige informe

El Sistema Penitenciario habrá de entregarle un informe acerca de las medidas de seguridad que se siguen en la prisión ubicada en la brigada militar Mariscal Zavala, informó el presidente Jimmy Morales.

El mandatario fue cuestionado sobre el tema luego de que Prensa Libre comprobó las libertades y carencias de seguridad en ese centro.

Aunque para ingresar no se piden documentos ni revisan lo que se ingresa, Morales consideró que sí se llenan las expectativas de seguridad, y recordó que esa cárcel está a cargo de la Dirección de Presidios y no del Ejército.

“Tenemos más de 20 mil reos en diferentes cárceles a quienes tenemos que garantizar su seguridad”, subrayó.

El G4, integrado por el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León; el arzobispo metropolitano, Óscar Julio Vian Morales; el rector de la Universidad de San Carlos, Carlos Alvarado; y el presidente de la Alianza Evangélica, César Vásquez, se reunió en privado con los representantes del Gobierno, en el Palacio Arzobispal.

De León Duque indicó que les hicieron el recordatorio de que la transparencia es primordial y eje fundamental en la gestión de cualquier Gobierno.

“En este caso, como consecuencia de lo sucedido en los meses anteriores, no se puede fallar en el tema de la transparencia”, dijo el procurador.

Alvarado manifestó que el grupo de los cuatro es consciente de la situación que afronta el país, y que es importante tomar medidas estratégicas y fundamentales. Consideran, manifestó, que hay un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazos; pero se debe actuar de inmediato.

“Hay medidas fundamentales y estratégicas que hay que tomar, y una de ellas es la legitimidad del Estado, y eso se logra, como primera condición, con la transparencia”, expuso el rector de la Usac.

Salud

Alvarado añadió que ofrecieron ideas de cómo mejorar el sistema de salud, ya que no es solo el problema de medicinas y hospitales, sino que se necesita de una propuesta integral y se debe trabajar con todos los sectores para resolver en definitiva esa situación.

El vocero presidencial, Heinz Hiemann, manifestó que no tenían un pronunciamiento sobre la reunión, y que más tarde enviarían un comunicado; sin embargo, ello no ocurrió.

Escuchan a Taracena

El G4 también se reunió con Mario Taracena, presidente del Congreso, a quien escuchó sobre las iniciativas de ley que se intentan aprobar, los problemas que enfrentó por hacer pública la nómina de empleados y  salarios, así como la batalla por aprobar las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

El G4 expone, a través de un comunicado, que la crisis por la que atraviesan las instituciones del Estado es la más grave en tres décadas, pero las reacciones de las autoridades y líderes políticos “indican que no ven la profundidad y naturaleza de la crisis, ni asumen la cuota fundamental de responsabilidad que les corresponde”.

La coalición ciudadana, según el grupo, debe integrar a la “Guatemala urbana que ahora está indignada por la corrupción galopante”, con la “Guatemala rural y marginada que siempre ha vivido en crisis”.

El objetivo de la alianza entre la población, sería el de edificar un Estado que pueda proteger a sus habitantes, según la publicación del grupo, que fue creado para ser el garante del Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y Justicia en el país.

“Estamos convencidos que la sociedad guatemalteca tiene la capacidad de producir creativa y pacíficamente esos cambios, superando amenazas vitales como la disgregación del Estado, o fórmulas autoritarias y dictatoriales de gobierno, protectoras de la corrupción, que acarrearían más dolor al país”, dice la publicación.

El G4 llama a que la ciudadanía siga ejerciendo con responsabilidad, prudencia y sesatez sus derechos legítimos de petición y manifestación. “Es fundamental mantener el espíritu cívico, pacífico y libre, rechazando la violencia y las provocaciones”, señala.

El Grupo de los Cuatro también exhorta a las autoridades de los poderes del Estado y a los líderes políticos a “enmendar el rumbo, creando condiciones para una transición democrática y pacífica a una situación política distinta, que de respuesta a la indignación social por la corrupción y la crisis moral en que se encuentra el país”.