Las 14 organizaciones, encabezadas por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) , Amnistía Internacional y el Consejo de Iglesias de Florida, pidieron la investigación al Departamento de Justicia en una carta.

“Urgimos al Departamento de Justicia que abra una investigación exhaustiva para determinar si las condiciones existentes y las muertes brutales (de reos) que se han producido y en consecuencia, violan leyes que protegen a los presos”, señaló la misiva.

Durante el 2014, se registraron 346 muertes de reos en las cárceles de Florida, un 13% por encima del año anterior. De esas muertes, 176 carecieron de una explicación inmediata, según las organizaciones.

En la carta, las organizaciones documentaron una larga lista de reos que habrían muerto presuntamente por torturas, falta de alimentos o de atención médica y uso de fuerza excesiva por parte de los guardias, dentro de las “condiciones terriblemente inhumanas de las cárceles”  en el estado.

Estimaron que sólo el gobierno federal puede solventar la situación “dado el patrón del Departamento de Prisiones de Florida de no remediar estos indignantes y generalizados problemas”.

En una primera reacción, el Departamento de Prisiones de Florida afirmó que sigue “comprometido con la seguridad de los convictos”  y que muchas de las irregularidades denunciadas “son objeto de investigaciones administrativas y criminales pasadas y actuales”.

La entidad recordó en su declaración que adelanta reformas que espera la muevan en “una dirección positiva”.

La población carcelaria de Florida, la tercera más grande en Estados Unidos, era de cien mil 873 reos en 56 cárceles para finales del 2014, según las últimas cifras del Departamento de Prisiones.

“¡Tu hermano está en Malasia, tú debes estar con él!”, le espetaban a la muchacha mientras era arrastrada por el grupo ante la impotencia de sus progenitores.

Según el relato de la menor, publicado junto a otros en un comunicado de la organización Human Rights Watch (HRW), los traficantes la encerraron junto a 15 personas en un pequeño barco atestado con inmigrantes donde sufrió condiciones miserables hasta que fue rescatada.

“Un día estaba de camino a casa de mi suegro junto a mi marido cuando un grupo de traficantes nos forzó a montar en un gran barco. Estuvimos dos meses en él.

Un día mi marido bajó a mi camarote con la cabeza, hombros y brazos sangrando. Los traficantes le habían propinado una paliza sin saber por qué”, comenta Sameera, de 16 años, que fue liberada por Tailandia.

Yasmine, Sameera y otras mujeres de Birmania, Myanmar, y Bangladés forman parte de un grupo de sobrevivientes que fueron rescatadas de las mafias de trata humana y entrevistadas por HRW para documentar los abusos sufridos.

Escasas raciones de comida, que en muchos casos consistían de un puñado de arroz y una pizca de sal junto a un único vaso de agua al día, e insalubres condiciones sanitarias en naves que zarpaban con destino a Malasia son una constante en las narraciones de las víctimas.

Huyen

No todas las personas fueron obligadas a embarcarse, algunos acudían con la esperanza de un nuevo comienzo.

“Mi hermano contactó con un contratista que me llevaría a Malasia. Él me dijo que el trabajo es seguro allí. Había oído historias sobre muchas personas muriendo en el camino, pero no podía estar más tiempo en mi país”, comenta la joven Hafsa, de 14 años.

Tras dos meses en la bodega del barco, fue trasladada a una pequeña isla de Tailandia donde durante dos días padeció hambre y sed hasta que fue encontrada por las autoridades tailandesas.

La adolescente destaca en su relato la pobreza y la carencia de recursos educativos que afrontan los rohinyás en su tierra a la par que sufren abusos por parte de las autoridades birmanas, quienes, por ejemplo, cobran unos US$600 por expender un permiso matrimonial exigido por el Gobierno.

Khalida, de 25 años, residía en un campamento para desplazados internos erigido cerca la ciudad birmana de Sittwe tras los enfrentamientos sectarios de 2012 y confió en unas promesas de trabajo que terminaron por convertirla en otra víctima del tráfico humano.

“Nos llevaron a un campamento clandestino en Padang Besar, en la frontera que comparten Malasia y Tailandia, intenté huir corriendo por la jungla, pero un aldeano tailandés me encontró y me llevó de regreso”, explica Khalida y señala que por cada rohinyá devuelto pagaban unos US$150.

En la segunda ocasión, logró tropezar con un tailandés honesto que le condujo a la Policía.

“Los traficantes llegaron a nuestro pueblo y nos ofrecieron llevarnos a Malasia gratis para reunirnos con nuestros maridos, que tras la violencia sectaria de 2012 habían partido hacia allí, pero cuando subimos a bordo nos reclamaron una cantidad de dinero que no teníamos. Entonces nos encerraron en la bodega”, señala Raziyaa, de 18 años y procedente de la ciudad birmana de Buthidaung.

Hallazgo

A principios de mes, Tailandia halló campamentos y decenas de tumbas en parte de la frontera con Malasia.

Malasia encontró semanas después en la misma zona 28 campamentos clandestinos y 139 tumbas.

Según estimaciones de Naciones Unidas, unas 25 mil personas zarparon en barcos desde Bangladés y Birmania durante el primer trimestre de 2015.

Representantes de 17 países y organizaciones internacionales tienen mañana una oportunidad en Bangkok para acabar con la crisis de inmigrantes y de tráfico humano que se ha destapado en la región.

No todos huyen

Cientos de radicales budistas se manifestaron ayer en la ciudad birmana de Rangún para exigir que su país deporte a cualquier Rohingya que encuentre en alta mar, en vísperas de la conferencia internacional que se desarrollará el viernes en Bangkok para abordar la crisis generada por el tráfico de seres humanos.
 
“Los bengalíes (así se refieren a los Rohingyas) no respetan el budismo, así que no son ciudadanos de Myanmar. Es muy simple”, afirmó Thu Dammyra, un monje miembro de la organización extremista Ma Ba Tha, publicó el diario El Mundo en su sitio elmundo.es
 
Los fundamentalistas se aferran a la hipótesis de que esta minoría musulmana no es original de Birmania, una hipótesis que contradice los incontables testimonios recopilados por oenegés.
 

La mujer recibió una sentencia menor a la solicitada porque, dijo el juez, sufre una enfermedad mental que se ha negado a admitir.

Crueldad

La fiscalía dijo que la madre suministró a su hijo una alta concentración de sal  (cloruro de sodio), a través de un tubo en el estómago porque deseaba la atracción que la enfermedad del niño provocaba hacia ella, especialmente gracias a sus mensajes en redes sociales.

Spears no mostró emoción alguna al pronunciársela sentencia.

El juez de la corte suprema del estado Robert Neary dijo que el crimen de Spears fue “inimaginable por su crueldad” y causó a su hijo “cinco años de tormento y dolor”.

Trastorno mental

El juez también expresó: “No hay que ser un siquiatra para ver que usted padece de Mnchhausen por poder”.

Dicho trastorno ocurre cuando alguien causa daños intencionalmente a una persona bajo su cuidado y entonces disfruta la atención y simpatía que recibe.

El abogado de Spears se había negado a mencionar el padecimiento como parte de la defensa y ambas partes acordaron no mencionarlo en el juicio.

Tras la sentencia, el abogado defensor Stephen Riebling dijo que es algo extraño que el juez lo mencionase porque a Spears “no se le ha diagnosticado ninguna enfermedad mental”. Ella no declaró en el juicio.

https://www.youtube.com/watch?v=Eap_CxL4ieU

Vea el video en donde Spears comparece ante el juez luego de haber matado a su hijo de 5 años. (Youtube).