Irving Muchuch fue secuestrado el 25 de marzo del 2015, cuando acompañaba a un hombre a quien conoció como Jacinto y le ofreció venderle un terreno en la aldea Suchún, Nebaj.

Al llegar al lugar, Muchuch fue retenido por seis hombres armados, quienes lo lanzaron al suelo y le cubrieron la boca para evitar que pidiera auxilio.

Según el testimonio del agraviado, uno de los delincuentes se cubría el rostro con un gorro pasamontañas, mientras los restantes utilizaron camisas con agujeros; sin embargo, un día después del secuestro ya no las usaron, por lo que logró reconocer a sus captores.

Fue así como identificó a Miguel Ramírez Santiago, a quien había conocido como Jacinto, así como a sus otros captores.

Condenan a sus victimarios

Seis hombres recibieron diferentes penas de prisión por el secuestro de dos personas en Nebaj, Quiché, que ocurrieron en el 2015.

Fuentes judiciales informaron que Miguel Ramírez Santiago y Diego Ramírez Pérez fueron condenados a 25 años de cárcel inconmutables por el secuestro de Irving Vitalino Abimael Muchuch Cristal.

Además, Vicente Ramírez Santiago y Andrés Raymundo Brito fueron hallados culpables por el secuestro de Hilario Choguaj López, por lo que se les impuso una condena de 25 años de prisión inconmutables.

Aparte, se determinó que Miguel Raymundo Brito y Pedro de León Chel participaron en ambos secuestros, por lo que fueron condenados a 50 años de prisión inconmutables.  De León Chel recibió otra condena de ocho años por portación ilegal de arma de fuego.

Los hechos

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el secuestro de Muchuch Cristal ocurrió el 25 de marzo del 2015, por el cual el grupo delincuencial exigía Q600 mil de rescate. Aparate, el 13 de junio del 2015, se reportó el secuestro de Hilario Choguaj López.

Durante la quinta audiencia del juicio en contra de los hermanos Diego y Antonio Itzep López, por los delitos de amenazas y detenciones ilegales cometidos en contra del periodista Oswaldo Ical Jom, el abogado querellante Esteban Celada, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), recusó al juez Unipersonal de Sentencia, Mario René Calderón, al indicar que durante ese proceso ha emitido opinión personal al respecto de no poder juzgar a los procesados por el delito de tortura.

En respuesta, el juez no admitió la recusación e indicó que ya había expirado el momento procesal en el que se debió presentar. Además, aseguró que no ha emitido opinión en el caso.

“El juez Calderón Salazar, además de haber compartido su opinión, rechazó tres documentos que aportamos como medios de prueba”, indicó Celada.

Los hechos

La Fiscalía de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) de capital atribuye a los hermanos Itzep López que el 29 de agosto de 2014 lideraron a pobladores de la aldea Santa María Cotoxac, Uspantán, Quiché, para que mantuvieran retenido al periodista Oswaldo Ical Jom, quien llegó a ese lugar para buscar información relacionada con el secuestro de Romelia López Ventura, plagiada el 22 de agosto de ese año y cuyos restos fueron localizados posteriormente en Totonicapán.

La acusación del MP establece que Antonio Itzep, en ese entonces presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de una comunidad vecina, instigó a los pobladores para que retuvieran a Ical Jom y lo ataran a un árbol.

Fue necesaria la intervención de autoridades de Gobierno departamental y municipal de Uspantán para que los campesinos liberaran al comunicador, a quien habían confundido con un miembro del grupo delincuencial que secuestró a López Ventura.

En la audiencia que se efectúo el 8 de agosto último, el juez Calderón rechazó la petición de los fiscales del MP en la que solicitaron que se ampliara la acusación en contra de Antonio y Diego Itzep López y se agregaran los delitos de tortura y plagio o secuestro en perjuicio del periodista.  Los señalados solamente serán procesados por amenazas y detenciones ilegales.

Documentos rechazados

“Entre los documentos que se presentaron y fueron rechazados están  el dictamen de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura en donde el pleno de relatores hacen de su conocimiento que los acusados sí cometieron tortura; sin embargo, él rechazó la prueba y emitió opinión anunciándonos una sentencia absolutoria, es por eso que lo recusamos y, aunque no la haya admitido para su trámite, esperamos que en el momento procesal oportuno, una Sala de la Corte de Apelaciones nos dé la razón y nombre a un nuevo juez”, dijo Celada.

Agregó que Calderón ha emitido opinión en varias ocasiones, pues ha dicho que él ya fue objeto de un hecho similar y que no pudo encontrar justicia, porque la tortura no ocurre en Guatemala.

Al resolver, el juez rechazó la recusación en su contra y la señaló de improcedente. Además, mencionó el artículo 65 del Código Procesal Penal, en el que se establece la forma y tiempo de plantear la recusación.

“El artículo 67 del Código Procesal Penal establece el procedimiento e indica que la excusa y la recusación no suspenderán el trámite del procedimiento. En el presente caso, a consideración del honorable abogado Esteban Celada, externé opinión al momento de que se resolvió lo relativo a una posible ampliación de la acusación. La recusación debió plantearse en su oportunidad y no cuando se efectúa la quinta audiencia del debate oral y público”, afirmó el juez.

Ical Jom, luego de la audiencia que fue reprogramada para el próximo 4 de octubre próximo a petición del abogado defensor de los Itzep López, opinó que el juez Calderón no ha sido imparcial. 

“Todo lo que planten los abogados de CALDH y del MP es rechazado, por ello considero que mi derecho a la justicia se está violentando porque fui vilmente torturado en el ejercicio de mi labor periodística”, aseguró el comunicador.

Los reos fueron identificados como Erwin Giovanni Chim, de 26 años, sentenciado a 106 años de prisión por la muerte del médico cubano Eduardo de Jesús Francis Archer y de Eduardo Francis Rosales; así como el reo Gaspar Córdova Ostuma, 24, sentenciado por extorsión.

Los reos eran trasladados de la Granja Penal Cantel, en Quetzaltenango, hacia un tribula de Santa Cruz del Quiché. 

El informe oficial detalla que el vehículo de la DGSP, con placas O-118BBG, era conducido por Juan García Mangandid, quien debido a la lluvia perdió el control del automotor y chocó contra un paredón.

“Viajamos de Los Encuentros, Sololá, para llegar a nuestras audiencias en Santa Cruz del Quiché, pero cuando el vehículo subía la última pendiente, un camión cargado que circulaba a delante obligó a nuestro piloto a disminuir la velocidad”, relató un guardia.

“El conductor perdió el control del vehículo por el piedrín que había sobre el asfalto mojado, y para evitar volcar empotró el automotor en un paredón”, añadió el agente.

Una autopatrulla destacada en el área urbana de Chichicastenango acudió para auxiliar a los agentes y a los reos, quienes fueron trasladados a un Centro de Atención Permanente de la localidad y luego al Organismo Judicial de Santa Cruz del Quiché.

Se trata de William Gerardo Chavac, de 21 años, y Edwin Giovanni Chim, 26, quienes cumplirán tres condenas de 15, 66 y 16 años -97 años de prisión por los delitos de robo agravado, asesinato en forma continuada y asesinato en grado de tentativa.

Además, Elvis David Guerra Chavac, 21; José Aroldo Pirir Hernández, 21, y Jenny Guadalupe Ruíz, 32, fueron sentenciados a 20, 66 y 16 años en prisión -102 en total cada uno- por los delitos de robo agravado en forma continuada, asesinato en forma continuada y asesinato en grado de tentativa.

“Las sentencias otorgadas fueron las máximas a imponer en cada caso, tomando en consideración que los hechos cometidos por los acusados son lesivos, pues concurren dos agravantes.  En primer lugar, el uso de arma de fuego y actuar en cuadrilla para someter a sus víctimas objeto de robo, y en segundo lugar, existió alevosía para cometer los delitos de asesinato y asesinato en forma continuada”, explico el juez Mario Calderón, ponente de la sentencia.

Calderón añadió que por unanimidad los jueces coincidieron en imponer las condenas debido al daño irreparable y a las secuelas causadas por los acusados a sus víctimas.

“Las muertes de Pablo Francis Archer, médico que con sus conocimientos aportaba a la salud de la población, y de Pablo Francis Rosales, un niño de tan sólo 1 año, a quien de manera violenta y sin ninguna justificación le arrebataron la vida”, refirió Calderón.

Según la investigación del Ministerio Público (MP), el 10 de abril de 2014 los cinco implicados asaltaron un autobús que se dirigía de la capital hacia Quiché, en el que ultimaron a Eduardo de Jesús Francis Archer y a Pablo Eduardo Francis Rosales; además, resultó herida Selfa Domitila Rosales Cetino.

El MP comprobó la participación de los sentenciados en otro atraco el 28 de marzo de 2014, cuando abordaron un autobús de los transportes Halcones, que se dirigía de la capital hacia Huehuetenango.

Los testimonio de un hijo de la pareja y de Juan Casimiro Chivalán Méndez, hermano de la víctima, fueron determinantes para la condena, indicaron autoridades del juzgado.

“El menor dijo que su padre (Ángel Osorio Tix) fue el que disparó contra su mamá.  Esta declaración fue vital para que el juzgado emitiera fallo condenatorio”, dijo el juez presidente, Iván Morán.

El juzgador añadió que el hermano de Chivalán llegó al lugar del ataque y encontró a la mujer en estado agónico, quien le indicó que Osorio Tix la había atacado.

Otros testigos claves para que se dictara la sentencia condenatoria fueron dos vecinos de la pareja, quienes afirmaron que vieron huir de la escena del crimen al acusado y escucharon el testimonio de la víctima, quien en su agonía identificó al agresor.

 “Los testigos declararon que el ataque fue motivado por celos”, manifestó Morán.

Se trata de Diego Alberto de León Pérez o Alberto Diego de León Pérez, quien fue sentenciado a 115 años de prisión por violación con agravación de la pena en concurso real, delito cometido en contra de cuatro mujeres entre abril y agosto del 2012.

Por estas acciones De León Pérez cumplirá 80 años de prisión inconmutables, que equivalen a 12 años por cada una de las cuatro violaciones cometidas, aumentados en dos terceras partes.

Los juzgadores también lo condenaron a 20 años de prisión adicionales e inconmutables, por el delito de robo agravado en forma continuada. Además, deberá pagar con 15 años de cárcel por el homicidio de su presunto cómplice Mateo Cedillo Ramírez.

El otro sentenciado fue Juan Ramón Terraza de León, quien fue hallado responsable del delito de plagio o secuestro, cometido en contra de Catarina Ramírez de León, por el que recibió la pena de 25 años de prisión inconmutables.

Por aparte, los otros sindicados identificados como Humberto Raymundo Gallego, Jacinto Cedillo Ramírez y Domingo Cedillo Ramírez, fueron absueltos de los cargos y se ordenó su inmediata liberación, luego de permanecer en prisión preventiva desde el 2012.

Los hechos

La investigación del MP demostró que todas las violaciones sexuales ocurrieron en el 2012.

La primera de estas ocurrió el 11 de abril, la segunda el 31 de mayo, la tercera el 21 de junio y la cuarta el 7 de agosto del 2012.

Se presume que los acusados cometerían un quinto ataque el martes 13 de agosto del mismo año, pero la joven que sería abusada forcejeó con De León Pérez, quien portaba un arma de fuego que disparó accidentalmente contra su cómplice, Mateo Cedillo Ramírez, a quien causó la muerte.

La captura de los sentenciados se efectuó el 15 de agosto de 2012, en el cantón Simocol, Nebaj, Quiché, con orden de aprehensión emitida por un juez.

Modo de operar

Casimiro Hernández Méndez, fiscal distrital del MP de Quiché, indicó que los acusados aprovechaban la superioridad numérica contra sus víctimas, se cubrían el rostro con gorros pasamontañas, y utilizaban un fusil de asalto y machetes para amedrentar a parejas que sorprendían en el cantón La Planta.

“Unos se turnaban para vigilar que nadie los sorprendiera, mientras los otros vapuleaban a los acompañante de las féminas y le robaban sus pertenencias. Luego, uno por uno, abusaba de la joven”, explicó Hernández.