El jefe de la Digef, Enrique José Escobar Solórzano; su asesor Jonathan David Colindres González, quien también funge como síndico segundo de la Municipalidad de Mixco, y Jayron David Chamalé González enfrentarán a la justicia por abuso de autoridad, tráfico de influencias y usurpación de calidad, según la resolución del Juzgado Quinto Penal.

Colindres González y Chamalé González son primos y el Ministerio Público (MP) los sindica por supuestamente haber contratado a seis personas como guardias de seguridad para la Digef, a quienes les ofrecieron salarios menores a los que correspondían, según la planificación del gasto.

Las pesquisas detallan que se organizó la contratación en el renglón 199, que se utiliza para la compra de servicios no personales, en la que se afirmó que se pagarían Q9 mil 500 por plaza, pero los guardias solo recibieron Q2 mil 500.
Libres

A solicitud de la Fiscalía, la jueza Judith Secaida ordenó que los procesados deben permanecer en libertad, pero los condicionó a presentarse a fimar  cada 15 días al MP; además les dictó arraigo a fin de asegurar su permanencia en el  país.

El primer grupo de cinco supuestos implicados, de 60,  en las   plazas fantasma del Congreso   declaró ayer ante el juez Décimo Penal, Wálter Villatoro.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) pidió ligar a proceso  a María Lourdes Solórzano, Héctor René Polanco, Martha Estela Baides Soto, Sandra Elizabeth Castellanos y Mónica Guzmán Castellanos.

Los fiscales pidieron que los exasistentes del exdiputado Alfredo Rabbé enfrenten cargos por peculado por sustracción.

De acuerdo con el Código Penal, comete este delito el funcionario o empleado estatal que sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo, y establece una pena de tres a 10 años de prisión.

Los implicados

“No hurté nada ni robé nada”, aseguró Solórzano al pronunciarse frente al juez. Esta diseñadora gráfica explicó que, en efecto, firmó un contrato para prestar sus servicios como asistente. Rabbé, su jefe inmediato, no le especificó horarios, aclaró.

Explicó al juzgador que el trabajo por el que recibió Q10 mil mensuales consistió en editar videos y fotografías para páginas web del exlegislador.

“Nunca llegué al Congreso porque él —Rabbé— me dijo que no era necesario”, afirmó Solórzano, de 29 años.
La Fiscalía presentó el contrato de trabajo de la empresa para la que labora.

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Héctor René Polanco, de 24 años, es   bachiller con estudios de Agronomía. Trabajaba en el ingenio Magdalena  como supervisor y al hacer una revisión de la papelería secuestrada por los fiscales, en mayo pasado, figuró  como otro de los asistentes de Rabbé.

Polanco obtuvo dos contratos por Q206 mil 921. Le explicó al juzgador que  “auditaba la Costa Sur” y rendía informes a Rabbé. “Podía desempeñar los dos trabajos a la vez”, justificó.

Marta Baides Soto, una bachiller de 29 años  y madre de tres hijos, devengó Q56 mil 490.88.

Los fiscales la acusaron de tener al mismo tiempo un contrato 029  en la Dirección de Aeronáutica Civil,  extremo que ella negó.

Madre e hija

Mónica Guzmán Castellanos, sobrina del exdirector del Congreso Luis Mijangos, y, su madre, Elizabeth Castellanos, gozaron de dos plazas a las que renunciaron poco después de que comenzaron las investigaciones, de acuerdo con la Feci.

Guzmán Castellanos, maestra de Párvulos,  devengaba Q3 mil  como instructora en la Municipalidad de Villa Nueva y al mismo tiempo el Congreso le pagó  Q20 mil mensuales, durante siete meses, como empleada de la Dirección General.

Su madre trabajaba en la Fundación Elecciones Infantiles pero también recibía Q20 mil al mes del Congreso.

La audiencia sigue hoy y  el juez decidirá si los liga a proceso.

El Tribunal Quinto de Sentencia anunció el aplazamiento, luego de la ausencia de los abogados del exparlamentario, acusado de los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo.

Rivera, que fue diputado del Congreso y presidente de ese organismo por el Partido Patriota, fue capturado el pasado 9 de marzo y el 24 de mayo último fue enviado a juicio oral y público.

El Ministerio Público  (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala  (Cicig) acusan al expresidente del Congreso de Guatemala de presionar en 2014 a una magistrada para favorecer con una resolución judicial a la entonces vicepresidenta del país, Roxana Baldetti.

Rivera buscaba que la magistrada de la Corte Suprema revirtiera la decisión del Tribunal Supremo Electoral  (TSE) de cancelar el cargo de secretaria general del PP a Baldetti por haber participado en una concentración política

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El expolítico vinculado al primer círculo de Otto Pérez Molina, guarda prisión en la cárcel Mariscal Zavala desde su captura, el 9 de marzo, en su residencia en la zona 11.

Rivera aspiraba a una curul en el Congreso para la octava legislatura, la ganó sin embargo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no le permitió asumir su escaño por el proceso abierto en su contra.

Al no tomar posesión de su curul fue sustituido por Estella Alonzo, pareja sentimental de Otto Pérez Leal, que le precedía en el listado. Rivera fue nombrado representante titular del Congreso ante la Junta Monetaria, cargo que desempeñó hasta su captura.

La jueza quinta de instancia penal Judith Secaida, decidió procesar a los cuatro militares, sin embargo los absolvió por falta de mérito de los delitos de agresión sexual contra Emma Molina Theissen.

Francisco Gordillo, Edilberto Letona y Hugo Zaldaña, enfrentarán cargos por delitos contra los deberes de la humanidad; éste último junto a Manuel Callejas y Callejas se les imputa el delito de desaparición forzada.

Los cuatro militares fueron detenidos el pasado viernes 8 de enero, en un operativo coordinado por la fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, luego de una investigación que se remonta a los hechos registrados el 27 de septiembre de 1981.

La audiencia de primera declaración se realizó en tres jornadas, en donde el MP imputó los delitos a los militares por sus acciones cuando estaban asignados a la zona militar de Quetzaltenango. El único de los imputados que decidió ofrecer su declaración fue Edilberto Letona, quien negó su participación en la desaparición de Molina Theissen.

La desaparición de Molina Theissen

Según la información presentada por el ente investigador, el 27 de septiembre de 1981 en Santa Lucía Utatlán, Sololá, fue detenida Emma Guadalupe Molina Theissen, en un retén militar de control de carreteras; ella llevaba escondida propaganda de estudio y discusión política y fue trasladada a la Zona Militar “GMLB” de Quetzaltenango, donde fue torturada y violada y de donde logró escapar 9 días después.

El 6 de octubre de ese mismo año, tres elementos del ejército vestidos de particular, llegan a la casa de la familia Molina Theissen en la 6a. avenida 2-35 zona 19, La Florida, y se llevaron a Marco Antonio Molina Theissen, hermano de Emma Guadalupe.

El 26 de abril de 2004 el Estado de Guatemala reconoció su responsabilidad en la desaparición del menor ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que condenó al Estado y ordenó buscar a la víctima, investigar y eventualmente sancionar a los responsables materiales e intelectuales del hecho.

Durante 10 años el MP trabajó en la investigación, utilizando como medio el peritaje militar, de derecho internacional humanitario, archivístico, declaraciones testimoniales, entre otros, e individualizó responsabilidades contra cuatro integrantes del ejército en esa época.