La región aspira a recuperarse a partir de este año y en ese proceso se enfrenta a una disyuntiva: mantener viejos patrones de producción y consumo para estimular un acelerado —pero insostenible— crecimiento basado en el extractivismo, o aprovechar la coyuntura para sentar los cimientos de una economía verde que aproveche un rico capital natural mientras protege la biodiversidad y potencia la salud, el empleo y el bienestar a las personas.

Esta oportunidad de transformar nuestra relación con la naturaleza coincide con el Decenio de la ONU para la Restauración de los Ecosistemas 2021-2030, una iniciativa mundial que nació en nuestra región, propuesta por el gobierno de El Salvador.

El Decenio busca impulsar la acción de gobiernos, empresas y ciudadanos para devolver la vida a millones de hectáreas y mitigar la triple crisis planetaria que enfrentamos: el cambio climático, la pérdida masiva de biodiversidad y la contaminación.

América Latina y el Caribe debe responder a este llamado con urgencia. La región alberga siete de los países más biodiversos del mundo, y aunque ya protege 24,2% de su área terrestre y 17,5% de sus mares, muchos de sus ecosistemas están degradados o bajo amenaza de destrucción inminente para abrir paso a actividades económicas.

La XXII reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, que se llevó a cabo del 1 al 2 de febrero, es un espacio óptimo para acelerar la acción. Se espera que luego de esta reunión los países adopten un plan regional, único en su tipo en el mundo, con diez acciones para impulsar la recuperación de ecosistemas terrestres, marinos y costeros en los próximos diez años.

Sin ecosistemas saludables no podríamos producir alimentos y medicinas, obtener agua dulce, regular el clima o limpiar nuestro aire. De hecho, ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible puede lograrse sin un esfuerzo significativo para restaurar nuestro mundo natural.

La restauración de ecosistemas nos ayudará a recuperarnos mejor, crear negocios y empleos, ahorrar costos importantes en adaptación climática y prevenir futuras pandemias por enfermedades zoonóticas.

A nivel mundial, los beneficios económicos de las intervenciones de restauración son hasta 10 veces mayores que el tamaño de las inversiones requeridas. En cambio, la inacción nos puede resultar hasta tres veces más costosa.

Es hora de poner manos a la obra y devolver a nuestra región su esplendor original. Comencemos por aumentar la conciencia sobre la importancia de la biodiversidad, mejorar políticas y fondos públicos en favor de la restauración y apoyar la labor de nuestros científicos.

Nuestros países comparten biomas y paisajes clave como la vibrante Amazonía, la cordillera de los Andes, el Arrecife Mesoamericano o las infinitas llanuras del Gran Chaco. Solo a través de la cooperación podremos avanzar unidos en esta década de transformación.

*Director regional del PNUMA
en América Latina y el Caribe

Preservar la Amazonía es un asunto de interés global y debe convertirse en una de las grandes prioridades de nuestro tiempo. En los últimos 50 años ya hemos perdido 17% de este bosque vital. A pesar de los esfuerzos para protegerlo se registra un incremento alarmante de la deforestación, cuyos efectos se intensificarán a causa de la crisis climática.

Los voraces incendios que están devastando grandes porciones de bosque amazónico son evidencia de que la inclemente expansión agraria y una creciente demanda minera, sumadas a unas condiciones climáticas cada vez más extremas, están acelerando la degradación de los ecosistemas.

Esto es cierto en la Amazonía y también en otros paisajes vitales, como el Ártico, donde se han reportado más de cien grandes incendios desde junio. Ambos lugares, aunque disímiles y lejanos, sufren los efectos de un calentamiento global inédito. El pasado mes de julio podría pasar a la historia como el mes más caluroso jamás registrado, y es posible que 2019 se convierta en uno de los cinco años más cálidos de los últimos siglos.

En este contexto, los esfuerzos para salvar la Amazonía tienen que abrazar lo global y lo local. El cambio en las políticas nacionales de uso de tierras y la lucha contra la crisis climática deben acelerarse. Los países que comparten el bioma amazónico deben fortalecer la gobernanza de sus bosques, integrar a los sectores productivos y promover actividades económicas sostenibles, sin las cuales sería imposible preservar los ecosistemas y generar beneficios socioeconómicos locales.

Todas estas naciones tienen experiencias de conservación exitosas. Entre 2004 y 2012, sus esfuerzos ayudaron a reducir en 80% la deforestación en la Amazonía. Existen importantes lecciones aprendidas en la efectividad de manejo y gobernanza de áreas protegidas, y debemos seguir avanzando, en estrecha cooperación con los Estados de la región y con las 400 comunidades indígenas del bioma, que pueden hacer grandes aportes a la construcción de soluciones innovadoras basadas en la naturaleza.

Sí es posible preservar la Amazonía y su biodiversidad. Necesitamos compromisos y medidas audaces para aumentar el monitoreo de los ecosistemas, restaurar las zonas degradadas y crear un mercado vibrante para las actividades productivas sostenibles, como, por ejemplo, los productos amazónicos no maderables.

La Cumbre sobre la Acción Climática convocada por el Secretario General de la ONU, en septiembre, en Nueva York, y la COP25, sobre Cambio Climático, que albergará Chile en diciembre, son la oportunidad para llevar estos compromisos al máximo nivel.

Las discusiones sobre el Marco Global de Biodiversidad post-2020 ofrecen otro espacio para repensar los modelos de conservación y uso sostenible de biomas estratégicos como la Amazonía. Igualmente, la nueva Década de las Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas provee una plataforma práctica para avanzar en la recuperación a gran escala de este bioma.

Sin la Amazonía y sin los demás bosques tropicales del planeta no podremos limitar el calentamiento global en 2°C —mucho menos en 1,5°C—, con lo cual será imposible cumplir los compromisos del Acuerdo de París. No tenemos tiempo que perder.

* Director Regional de ONU Medio Ambiente

La contaminación atmosférica es el desafío ambiental más acuciante de nuestros tiempos. Por eso este año el tema del Día Mundial del Medio Ambiente es lograr un planeta #SinContaminaciónDelAire.

El aire contaminado mata prematuramente a 800 personas cada hora en el planeta. En las Américas, más de 300 mil personas mueren cada año a causa de la mala calidad del aire. Todo nuestro cuerpo, de la cabeza a los pies, resulta afectado cuando inhalamos gases venenosos que circulan en el aire de nuestras ciudades y campos. No hay región en la Tierra que se libre de este mal, que causa un cuarto de los casos de embolia, cáncer de pulmón y enfermedades del corazón.

Los costos de la contaminación atmosférica exceden US$5 trillones al año, según el Banco Mundial. Las regiones del Mediterráneo Oriental y de Asia Sudoriental son las más afectadas en el mundo. En América Latina y el Caribe, varias capitales o megalópolis no han cumplido los estándares de calidad del aire de OMS, entre ellas Santiago de Chile, Lima, Ciudad de México, La Paz, Buenos Aires o Sao Paulo.

Pero no siempre las capitales son las más afectadas. A menudo son ciudades más pequeñas las que llevan la peor parte. Santa Gertrudis, en Brasil; Coyhaique, en Chile; o Santo Domingo, en Ecuador, estuvieron en 2018 entre las 10 ciudades de las Américas que no cumplieron los estándares en material particulado.

Porque la contaminación atmosférica es también un indicador de la tremenda desigualdad imperante: 97 por ciento de las ciudades en países de ingresos bajos y medios con más de cien mil habitantes no cumplen con las pautas de calidad del aire. Ese porcentaje cae a 49 en los países de altos ingresos.

Los más vulnerables son siempre los que pagan el precio más alto en términos de degradación ambiental. Y es deber de los Estados protegerlos, tal como lo consignó en su reporte de marzo de 2019 el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, David Boyd.

El derecho a un medio ambiente saludable está consagrado en las constituciones de al menos cien países en el mundo. Ha habido avances sustantivos en políticas públicas por un aire limpio en la última década, pero hay que apretar el acelerador. Ya tenemos las soluciones y ya sabemos qué es lo que hay que hacer: mejorar el monitoreo de la calidad del aire, instaurar controles más estrictos para las emisiones de automotores, promover el transporte público sostenible y limitar los gases de efecto invernadero de la industria y la agricultura. Asimismo, debemos ampliar los espacios verdes en las urbes, reducir el uso de leña en los hogares y la quema de basura, controlar incendios e impulsar la eficiencia energética y las energías renovables.

La sociedad civil tiene mucho que aportar, informándose y ejerciendo presión. Pero es deber de los Estados y de las industrias promover las políticas públicas que son necesarias y urgentes. Y son tan urgentes porque la contaminación del aire está inextricablemente ligada al cambio climático. Muchos de los gases que contaminan el aire son también de efecto invernadero. Controlarlos es clave para evitar una crisis climática de consecuencias catastróficas.

Nadie en el planeta debería tener que escoger entre salir a la calle con una mascarilla o quedarse encerrado en casa. No, nuestro derecho es vivir a plenitud al aire libre, en ciudades y áreas rurales sostenibles y resilientes. Nuestro derecho es a vivir en un planeta #SinContaminaciónDelAire.

* Director Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente.

Los asesinatos contra los defensores del medio ambiente se han recrudecido en los últimos dos años. Estos ataques tienen una honda resonancia para cada uno de los habitantes del mundo: si no garantizamos un medio ambiente sano ninguno de nosotros podrá gozar plenamente de los derechos humanos.

El año pasado fue el más sangriento para los activistas del medio ambiente: doscientos defensores ambientales fueron asesinados en 24 países del mundo, y América Latina fue el escenario de 60 por ciento de estos homicidios, de acuerdo con los registros de la organización Global Witness, dedicada a este tema.

No podemos permitir que quienes luchan por nuestro bienestar sigan cayendo en un campo de batalla que trágicamente se va expandiendo a más países de América Latina y el Caribe, una región reconocida internacionalmente por tener la mayor proporción de áreas naturales protegidas.

Si no apoyamos la conservación del medio ambiente y la protección de los defensores, será imposible que todos disfrutemos plenamente de los derechos humanos y que gocemos en 2030 del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El ecologista brasileño Chico Mendes (1944-1988), asesinado a causa de su lucha, lo expresó así hace más de 20 años: “Al principio pensé que estaba luchando por los árboles de caucho, después pensé que estaba luchando para salvar el bosque amazónico. Ahora percibo que estoy luchando por la humanidad”.

La mayoría de los conflictos que ponen en peligro la vida de los defensores tienen su origen en el extractivismo, las grandes obras de infraestructura y la ampliación de la frontera agrícola. En ese ámbito hay mucho que podemos hacer.

Los pueblos tienen derecho a ser escuchados y a que sus comunidades se desarrollen de manera sostenible, con total respeto a los derechos humanos. Los mecanismos de consulta previa y participación pública con los que cuentan muchos países de la región deben aplicarse a profundidad. Se necesitan leyes, políticas y acciones en el terreno que garanticen el ejercicio de esos derechos.

Pero podemos ir más allá y convertirnos en pioneros en el camino hacia una mayor y mejor democracia ambiental: actualmente los países de América Latina y el Caribe avanzan en las negociaciones para crear un instrumento regional vinculante sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, a partir del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Debemos apoyar este proceso.

En las ciudades, donde vive 80 por ciento de la población de nuestra región, se derrochan los recursos naturales como si fueran infinitos. Desde la perspectiva urbana, podrían parecer lejanas las batallas de quienes son despojados de sus recursos naturales y de sus hogares ancestrales. Pero no lo son. Debemos escuchar a los defensores del medio ambiente atentamente. Su lucha vital también es nuestra.