“El pueblo y Gobierno de Guatemala se congratulan por el resultado histórico manifestado en la consulta popular, lo cual demuestra la vocación democrática y reafirma el cumplimiento de Guatemala de sus compromisos internacionales en la búsqueda de una solución pacífica y democrática al diferendo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores después de la celebración del histórico referendo. 

Según datos preliminares, 1 millón 981 mil 29 guatemaltecos, el 26.33 por ciento de los 7 millones 522 mil 920 empadronados, asistieron a las urnas a emitir su sufragio. 

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¿Qué viene ahora en este litigio que lleva más de dos siglos sin resolverse y en el que Guatemala reclama la mitad del territorio de Belice?

1. Notificación a Belice: El Gobierno de Guatemala dijo que, después de la victoria del sí en el referendo “comunicará de manera oficial al Gobierno de Belice la decisión democrática del pueblo de Guatemala con la intención de continuar avanzando en el proceso para la solución del diferendo. 
2. Referendo beliceño: Ahora Belice deberá celebrar su referendo en el que también consultará a la población si desea que ese conflicto sea resuelto por la Corte Internacional de Justicia (CIJ). El vicepresidente guatemalteco, Jafeth Cabrera, dijo que Belice se había comprometido a celebrar la consulta en mayo próximo, pero el embajador de Belice en Guatemala, Alexis Rosado, negó tal información e indicó que necesitarían más tiempo. 
3. Si gana el “no” en el referendo beliceño, ese país tendrá que repetir la consulta o buscar otro mecanismo legal-jurídico para resolver el litigio en la CIJ, pues ese fue el compromiso adquirido en un acuerdo del 2008.
4. Consentimiento: Si gana el sí en el referendo beliceño, ambos países firman el consentimiento, un documento que hace constar que los estados aceptan que la CIJ resuelva el litigio. 
5. Los referendos son necesarios, ya que ni Guatemala ni Belice son países suscriptores de la CIJ. 
6. Demanda y contrademanda: Una vez firmado el consentimiento, Guatemala tiene 12 meses para presentar su demanda sobre el reclamo territorial, insular y marítimo a la Corte; Belice, en tanto, presentará una contrademanda, para lo que tiene 12 meses de plazo una vez le sea notificada la demanda de Guatemala. 
7. A partir del momento en que se le notifica a Guatemala sobre la contrademanda de Belice, tiene seis meses para presentar “una réplica” de la demanda a la CIJ.
8. Cuando a Belice se le notifica sobre la réplica de la demanda, tiene seis meses para presentar una “dúplica”. 
9. La CIJ ocupará entre dos y tres años para evaluar las pruebas de ambos países y emitir una sentencia. 
10. Después de la sentencia, la Corte podrá autorizar la presentación de argumentos adicionales a solicitud de cualquiera de los países. 
11. Al finalizar ese proceso, las partes deberán firmar un documento en el que se comprometen “de buena fe” a aceptar y cumplir el fallo de la CIJ.
12. Después de la sentencia de la Corte, y antes del fallo definitivo, se debe integrar una comisión binacional para demarcar las fronteras, para lo cual los países tienen un plazo de tres meses. 
13. Si no hay acuerdo entre la comisión, debe intervenir la Organización de Estados Americanos (OEA) nombrando una comisión propia para la demarcación. 
14. La Corte emite un fallo definitivo, que es inapelable. 

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Desde este lunes, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en Holanda, acoge la última fase del proceso de alegatos orales sobre la demanda de La Paz para que Santiago acceda a negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el país vecino.

Hasta el próximo 28 de marzo, los equipos jurídicos bolivianos y chilenos presentarán sus argumentos ante los jueces.

Bolivia reclama que existe una obligación de negociar la salida al mar que perdió hace más de un siglo.

Chile, sin embargo, afirma que si dialogó en el pasado fue por un acto de buena voluntad y no como el reconocimiento de una obligación pendiente, que en su opinión quedó zanjada tras la firma de un acuerdo en 1904.

La expectación ante este tema es enorme en los dos países, por lo que ambos seguirán muy de cerca el desenlace de este proceso judicial internacional que comenzó en 2013.

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Pero ¿cómo perdió Bolivia su salida al Pacífico y pasó a ser uno de los dos únicos países de Sudamérica -junto a Paraguay-en no tener litoral?

La Guerra del Pacífico

La mayoría de versiones y documentos señalan que, desde su nacimiento como país en 1825, el territorio soberano de Bolivia se extendía hacia el occidente hasta llegar al mar.

En la costa, su frontera norte era con Perú y la del sur con Chile.

En el siglo XIX, Chile contaba con una economía de exportación basada en las salitreras del norte que se extendían por el desierto de Atacama y el sur del territorio peruano.

Cuando el gobierno de Bolivia impuso un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción, Chile decidió invadir su territorio argumentando que violaba un tratado comercial firmado en 1874.

Este acuerdo establecía que los bolivianos no incrementarían los impuestos sobre el salitre por 25 años, es decir, hasta 1899.

El conflicto que se desató y que involucró a Perú, aliado de Bolivia, es lo que se conoce como la Guerra del Pacífico (o Guerra del Guano y el Salitre), que tuvo lugar entre 1879 y 1884.

La victoria chilena movió su frontera hacia el norte y esto dejó a Bolivia sin 120 mil kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa, según las estimaciones de historiadores.

El Tratado de 1904

La actual delimitación territorial fue fijada en nuevo tratado firmado en 1904, en el que se afirmaba que la soberanía chilena se extiende hasta la frontera con Perú y la de Bolivia no alcanza a tocar el mar.

Sin embargo, en el documento se le otorga a Bolivia a perpetuidad un amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio chileno y por los puertos del Pacífico.

El gobierno de Santiago subraya que, en base a ese tratado, Bolivia tiene acceso libre de impuestos al norteño puerto chileno de Arica. También recuerda que Chile pagó y construyó un ferrocarril que enlaza a Arica con La Paz.

Por eso, las autoridades chilenas rechazan la idea de que su postura esté afectando el desarrollo económico de su país vecino.

Bolivia, sin embargo, considera que el acuerdo de 1904 es profundamente injusto e insolidario, y basado en la posición ventajosa de un país que venció al otro.

Por ello, reclama conseguir como mínimo un corredor de unos 10 kilómetros de ancho que se extienda desde su frontera con Chile al Pacífico, más un pedazo de costa en la cual desarrollar la actividad industrial y comercial bajo su bandera.

Arica y Antofagasta

Actualmente, La Paz accede al mar gracias a los puertos chilenos del norte, por donde operan cada año miles de empresas bolivianas.

De acuerdo con lo firmado en el tratado de 1904, Bolivia cuenta con sus propias autoridades aduaneras en los puertos de Arica y Antofagasta -encargadas de aprobar la documentación que afecta a las cargas con destino a su país-, y puede fijar sus aranceles y tasas relativas a derechos de importación.

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Chile asegura que, especialmente Arica, es un puerto básicamente a disposición de Bolivia, de donde procede la inmensa mayoría de su carga.

Bolivia, sin embargo, denunció en repetidas ocasiones que Chile viola el tratado de 1904 y que no garantiza el libre derecho de tránsito comercial para los bolivianos.

Por su parte, Chile argumenta que aplica tarifas preferenciales para el almacenamiento de algunas cargas bolivianas y que estas concesiones portuarias suponen pérdidas millonarias cada año para su país.

Bolivia, sin embargo, asegura que sus empresas aportan grandes cantidades por el uso de los puertos chilenos cada año y potencian su actividad económica.

Esta situación, históricamente enquistada, vive ahora un momento crucial con el proceso final iniciado en el Tribunal de La Haya. Los jueces no darán a conocer su fallo final hasta dentro de varios meses.

El proceso quedó admitido después de que el Tribunal Supremo de Canadá rechazó este jueves tramitar una apelación de la compañía a la demanda. 

El Tribunal Supremo de Canadá, la máxima autoridad judicial del país, dijo que no aceptará a trámite la apelación y, como es habitual, no proporcionó razones para su decisión.

Tahoe Resources había solicitado al Tribunal Supremo que revisase la decisión del Tribunal de Apelaciones de la provincia de Columbia Británica que había rechazado la petición de la empresa de desestimar la demanda presentada por siete ciudadanos guatemaltecos.

Inicialmente, una jueza de Columbia Británica aprobó la petición de la empresa pero, en enero de este año, el Tribunal de Apelaciones de la provincia revirtió la decisión.

La jueza Nicole Garson, la vocal de la decisión de enero, señaló en sus conclusiones que “la juez erró al determinar que Tahoe había establecido que Guatemala era claramente un foro más apropiado que Columbia Británica para evaluar las peticiones de los demandantes”.

Hoy, la directora del Centro Canadienses para la Justicia Internacional  (CCIJ), Amanda Ghahremani, señaló en un comunicado que “las víctimas de abusos vinculados con compañías canadienses que operan en el extranjero se merecen justicia en Canadá”.

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    Por su parte, Chile considera que, en virtud de un tratado de 1948, la CIJ no puede pronunciarse sobre acuerdos firmados entre La Paz y Santiago antes de esa fecha, y cree que la disputa fronteriza debería dirimirse en el marco de un tratado firmado en 1904.

    En un comunicado, el tribunal recordó que su fallo, que será pronunciado en una fecha anunciada “posteriormente” , versará exclusivamente sobre la “excepción preliminar” , es decir, decidir únicamente si es competente para entrar a juzgar el caso.

    Bolivia sostiene que perdió 120.000 kilómetros cuadrados de territorio y 400 kilómetros de costa tras la guerra del Pacífico  (1879-1883) contra Chile, lo que penaliza su economía por no tener acceso al mar.

    Tras varios intentos de negociación infructuosos entre ambos países, La Paz decidió presentar un recurso ante el tribunal, la máxima instancia judicial de Naciones Unidas, en abril de 2013.

    La decisión de la CIJ sobre si tiene o no competencia para juzgar este caso tardará varias semanas, y de estimarse competente, empezará otra fase que puede demorar mucho tiempo.

Como gol de Messi

El presidente Evo Morales comparó este viernes los argumentos que Bolivia sustentó ante la Corte Internacional de Justicia  (CIJ) de La Haya sobre una demanda marítima planteada contra Chile, con el gol que Lionel Messi hizo el último miércoles en la Liga de Campeones.

“Yo comparo esta defensa de la delegación boliviana, con el gol de Lionel Messi de Barcelona,  hace dos días en el campeonato europeo, en el que Barcelona gana al Bayern de Alemania” , afirmó el mandatario en una declaración pública, calificando de “demoledora”  la labor de sus negociadores en la Haya, a cargo del expresidente y embajador Eduardo Rodríguez y un equipo de juristas internacionales.

 “Uno de los goles de Lionel Messi, fue con mucha inteligencia, con mucha habilidad, porque deja en al suelo al defensa (Jerome Boateng) de Bayern de Alemania” , agregó respectó del triunfo 3-0 del Barcelona frente al Bayern de Múnich, en el cual el argentino anotó los dos primeros tantos en el Camp Nou, por semifinales de la Champions.

Bolivia y Chile culminaron este viernes ante la CIJ, la sustentación de sus argumentos sobre si el tribunal tiene competencia para resolver la centenaria demanda boliviana por la recuperación de una salida soberana al océano Pacífico.

En sus argumentaciones ante la CIJ, Bolivia pidió a Chile “respetar sus repetidas promesas”  de negociar un acceso soberano al mar, el que perdió en una guerra a fines del siglo XIX, mientras Santiago consideró que La Paz busca “cuestionar la estabilidad de las fronteras” , y asegura que la corte no tiene competencia en el tema, pues un Tratado de 1904 definió los límites bilaterales.

Morales también pidió que uno de los jueces de la CIJ, Christopher Greenwood, se inhiba de participar en el proceso, pues fue ascesor externo de Chile en una demanda que tuvo con Perú ante esta misma corte. “Por una cuestión de profesionalismo, por ética y por moral, debería renunciar y excusarse de esta demanda” , agregó.

La decisión de la CIJ sobre si es competente para resolver el tema puede tomar meses. Si se considera facultada, se iniciaría un nuevo proceso sobre el tema de fondo, que tardaría años.