El ultraderechista abandonó Brasil el viernes y viajó a Estados Unidos, dos días antes de finalizar su período de gobierno. Por primera vez desde 1985, un mandatario entrante no recibirá la banda presidencial de manos de su predecesor y todavía es una incógnita quién se la entregará a Lula.

Se esperan unas 300.000 personas en las calles de la capital para acompañar de cerca la investidura y un megaconcierto con más de 60 músicos en la emblemática Explanada de los Ministerios.

Al grito de “¡Lula, guerrero del pueblo brasileño!” y “¡Aha, uhu, la Explanada es nuestra!”, miles de seguidores empezaron a concentrarse desde primeras horas de la mañana, constató la AFP.

Dos bandas carnavalescas de la ciudad de Olinda, en el estado natal de Lula, Pernambuco, cantaban y danzaban sobre la avenida donde se encuentran los principales edificios del ejecutivo. La mayoría iba vestida de rojo, los colores del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula.

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Algunos se pasaron primero por el hotel donde se hospeda el presidente electo, como Valter Gildo, quien desplegó una banderola que rezaba “Bienvenido de vuelta a la capital, presidente Lula”.

“Es un día histórico, el regreso de un trabajador a la Explanada que defiende las causas sociales, las minorías, las cuestiones raciales”, dijo este operador de maquinaria, de 46 años.

Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 años, será proclamado por tercera vez presidente tras haber gobernado entre 2003 y 2010, junto a su vice, Geraldo Alckmin, en una ceremonia en el Congreso prevista a las 15H00 locales (18H00 GMT).

Poco después, llegará el momento álgido: se espera que descienda del tradicional Rolls Royce negro descapotable frente al palacio presidencial de Planalto, camine por la rampa del edificio y reciba la faja, una cinta de seda verde y amarilla, los colores de la bandera nacional, bordada en oro y diamantes.

Al izquierdista lo arroparán además una veintena de jefes de Estado, el mayor número para una toma de posesión en Brasil.

Entre estos, figuran los mandatarios de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Honduras y Uruguay, además del rey de España, Felipe VI.

Washington envió a la secretaria de Interior, Deb Haaland, la primera indígena en integrar un gabinete en Estados Unidos y dura crítica de Bolsonaro, mientras que por parte de China asistirá el vicepresidente Wang Qishan.

Pese a que el viernes Bolsonaro levantó la prohibición que regía sobre el ingreso de Nicolás Maduro a territorio brasileño, Venezuela estará representada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, según confirmó a la AFP la asesoría de prensa de Itamaraty.

Lula prevé restablecer las relaciones diplomáticas con Caracas, rotas en 2019 cuando Brasilia reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente encargado.

Desafíos inmediatos

El presidente izquierdista tendrá desafíos inmediatos mayores a los que enfrentó en sus otras dos presidencias, que dejó con una inusual popularidad del 87%.

Unos 30 millones de los 215 millones de brasileños pasan hambre y la economía a duras penas logra recuperarse tras el golpe de la pandemia.

“En los primeros 100 días deberá demostrar qué rumbo tomará el gobierno. La victoria electoral fue apretada y enfrentará un país dividido con una oposición aguerrida. Necesita liderar un gobierno de pacificación y unión nacional”, explicó Leandro Consentino, politólogo del instituto Insper de Sao Paulo.

Lula se impuso a Bolsonaro en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% de los votos frente a 49,1%, un resultado que dio cuenta de una sociedad profundamente polarizada.

El exsindicalista deberá conquistar “credibilidad” sobre el manejo de las cuentas públicas ante una situación fiscal delicada, pese a que sus promesas de campaña requieren un aumento del gasto para financiar programas sociales, según Consentino.

Según una encuesta del instituto Datafolha del sábado, solo 51% de los brasileños considera que Lula gobernará mejor que Bolsonaro, informó el diario Folha de Sao Paulo.

Preocupación por la seguridad

Brasilia movilizará para la asunción de Lula el 100% de su policía y podría desplegar hasta 8.000 agentes.

Mil agentes realizarán tareas de “inteligencia y seguridad”, el mayor contingente para una investidura.

Y el porte de armas para varias categorías de civiles estará prohibido.

Los preparativos para la toma de posesión se vieron sacudidos luego de la detención de un bolsonarista que colocó un explosivo cerca del aeropuerto de Brasilia para “causar caos”, provocar la declaración de un estado de sitio y evitar así la asunción, según su propia confesión.

Desde el balotaje, miles de seguidores de Bolsonaro se movilizaron en varias ciudades para rechazar el resultado en las urnas y pedir una intervención militar.

Entre tanto, el ultraderechista, que desde que perdió la elección se ha mantenido prácticamente en silencio, se instaló en Florida para un viaje previsto hasta el 30 de enero.

Según Folha de Sao Paulo, Bolsonaro se aloja en la casa del exluchador de artes marciales brasileño José Aldo, en la ciudad de Kissimmee.

“Es fácil entender el por qué ciertos sectores políticos, sociales, económicos (y militares/el paréntesis es mío), se oponen al trabajo del MP y CICIG. Este es el resumen de los procesados hasta el día de hoy: 2 Presidentes, 1 Vicepresidenta, 1 Presidente con antejuicio, 3 candidatos presidenciales o vicepresidenciales, 19 altos funcionarios de gabinete, 3  secretarios de la presidencia, 4 jefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), 1 presidente del Banco Nacional, 1 Directorio del Seguro Social, 25 diputados, 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 3 magistrados de apelaciones, 6 jueces, 12 militares, 155 empresarios incluidos líderes de negocios de renombre, 9 miembros de directorios bancarios, 3 propietarios o representantes de emporios mediáticos, 182 oficiales y servidores públicos, con procesos penales por corrupción, algo sin precedente en Guatemala, en la región o en el hemisferio”.

El mensaje anterior aterrizó en mi bandeja de mensajes una tarde hace varios días, cuando aún no se había sumado el caso de los tres militares ligados a hechos de corrupción en la Industria Militar. Y habría que analizar despacio el caso de varios de los políticos del párrafo anterior, quienes más allá de ocupar cargos políticos, también son militares. Pero más que intentar diseccionar los datos anteriores con bisturí fino, lo que pretendo es hablar de una práctica normalizada en Guatemala: la de la corrupción que, como un cáncer, ha enraizado y hecho metástasis en todo nuestro cuerpo-país. Hablo de un mecanismo que precisa de minuciosos relojeros trabajando a la perfección, para que cada pieza esté en su lugar y la hora sea dada con la mayor precisión posible. Un mecanismo que nunca pudo haberse diseñado y puesto a trabajar sin esos relojeros. Así que la corrupción es causa y consecuencia. Causa de todos nuestros males y consecuencia de un diseño perverso que no surge espontáneamente, sino tiene hondas raíces históricas.

Y a propósito del mecanismo, acabo de terminar de ver la primera temporada de una serie que ha causado revuelo en Netflix y lleva el mismo nombre: El Mecanismo. A esa serie le presté el nombre de este artículo. Su cocreador, José Padhila, dice que es una serie de ficción basada en algunos hechos reales, específicamente en el caso Operación Lava Jato (Lava autos, en portugués), que habla sobre el caso Petrobras en Brasil, que involucra a tres presidentes: Lula, Rousseff y el actual, Michel Temer. Ficciones, intenciones, denuncias e inexactitudes aparte, yo quiero resaltar el “cómo” de una práctica que sí se refleja bien en cada capítulo de la serie y está institucionalizada (esa sí) en Guatemala, como en varios otros países del continente latinoamericano.

Se habla de que la serie es “ingenua y engañosa”, usada políticamente para interferir con la campaña de Lula, reduciendo complejos temas políticos, históricos y sociales a la lucha contra la corrupción. Pero más allá de esto, desnuda la forma en que opera el mecanismo de la corrupción en nuestra Latinoamérica, tan golpeada en la segunda mitad del siglo XX por guerras, conflictos y dictaduras militares. En nuestro país también hay un “Mário Garcez Brito”, alias O Mago, que se la pasa haciendo lobby al más alto nivel y resulta siendo abogado defensor de los contratistas que se encuentran en problemas con la justicia. En nuestro país también hay un Ibrahim, con mente fría y sin corazón, en la intersección donde se cruzan todas las líneas de la corrupción, delatando a unos y otros y moviendo los hilos para que el suyo no se corte por lo más delgado.

En nuestro país también está el equivalente al policía Marco Rufo, que destapa todo el caso a partir de investigaciones minuciosas, lo cual le cuesta su estabilidad familiar y seguridad personal. En Guatemala también hay personajes que podrían ser protagonistas de todas las temporadas de la serie. Porque lo que hemos perfeccionado es el mecanismo. Ese que hace que las élites de distintos sectores hagan de la corrupción una profesión de éxito, cual perfectos relojeros.

 El exmandatario brasileño  (2003-2010) , de 71 años, ya fue condenado por Moro en julio a nueve años y medio de cárcel, como beneficiario de un tríplex en el balneario de Guarujá  (Sao Paulo) ofrecido por la constructora OAS a cambio de su influencia para obtener contratos en Petrobras.

El ícono de la izquierda puede recurrir la sentencia en libertad, pero si esta es confirmada por un tribunal de segunda instancia le será difícil evitar la cárcel, por no hablar de la impugnación de su eventual candidatura en los comicios de octubre de 2018.

Lula da Silva vive horas bajas. Su reciente gira de tres semanas por el noreste, su bastión electoral, se cerró sin haber concitado concentraciones masivas con las que podría arroparse ante un cerco judicial cada vez más estrecho.

Enfrenta actualmente cinco causas penales, aparte de aquella por la cual fue condenado en primera instancia, por cargos que van de corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de organización delictiva a tráfico de influencias y tentativa de obstrucción a la justicia.

Pero el exlíder sindical se declara inocente y denuncia un acoso que apunta a impedir su retorno al poder y a dar un golpe de gracia a su formación política, el Partido de los Trabajadores  (PT) .

Las explosivas confesiones de Palocci

Esa línea de defensa quedó al borde del derrumbe cuando su exministro de Hacienda Antonio Palocci, miembro de la cúpula del PT, afirmó la semana pasada ante el juez Moro que la denuncia que será tratada el miércoles “procede”  porque “los hechos relatados en ella son verdaderos” .

En concreto, Odebrecht, una empresa clave en la saga de corrupción de Petrobras, habría pagado el terreno del Instituto Lula en Sao Paulo y puesto a disposición de su familia un apartamento en la vecina Sao Bernardo do Campo.

Palocci, detenido hace un año y condenado en junio a doce años de reclusión, agregó que Lula, en vísperas de transmitir el poder a su heredera Dilma Rousseff, avaló en 2010 un “pacto de sangre”  entre el PT y Odebrecht, que ponía a disposición del partido 300 millones de reales“(171 millones de dólares al cambio promedio de ese año).

Tanto Lula como el Instituto que difunde su legado negaron cualquier irregularidad.

” La historia que Antonio Palocci cuenta se contradice con otros testimonios“y ” se entiende sólo en el contexto de un hombre preso y condenado en otros procesos“, que trataría de negociar una delación premiada ” sin pruebas“, escribió Lula en su cuenta Facebook.

El PT anunció que se movilizará para apoyar a su líder histórico en Curitiba, pero los observadores dudan de que lleguen a los cerca de 7.000 partidarios que desplazó a la meridional ciudad conservadora con ocasión del primer interrogatorio, el pasado 10 de mayo.

Entre tantas contrariedades, Lula tuvo recientemente un consuelo, cuando la Fiscalía pidió absolverlo en la causa de obstrucción a la justicia, por considerar que el delator que sustentó la denuncia había mentido.

Un reconocimiento que para la defensa del expresidente ilustra lo ocurrido en todos los expedientes abiertos en su contra.
    

Las disyuntivas del PT

El PT no consigue levantar cabeza. Con muchos de sus líderes históricos acusados o encarcelados, la que otrora fuera la mayor fuerza de izquierda de occidente trata de curar aún las heridas de la destitución de Rousseff, acusada en el 2016 por el Congreso de manipular las cuentas públicas.

Para el 2018, apostó todas sus fichas en Lula, el político con más intenciones de voto y un prestigio aún fuerte en regiones que se beneficiaron ampliamente de sus programes de reducción de la pobreza. Pero es también el que mayor rechazo genera entre los posibles candidatos.

Su debilitamiento obligaría a elaborar un ” Plan B“, aunque nadie en el PT lo diga abiertamente.

” Lula podrá difícilmente ser candidato y su candidatura es muy problemática actualmente“, afirmó el filósofo Ruy Fausto, profesor emérito de la Universidad de Sao Paulo, autor de ” Caminos de la izquierda: elementos para una reconstrucción“.

Para sobrevivir a esta ” gran crisis“, Fausto propone que el PT admita que perdió su papel hegemónico en la izquierda.

” Que el PT deje la posibilidad de incorporación de otros grupos a la campaña y la posibilidad de tener un candidato independiente“, aunque sea difícil ganar en 2018, dijo Fausto a la AFP.

Pero si el PT optara por ” lanzar un candidato de su aparato, eso sería un desastre”, advierte.

Entre los candidatos más mencionados en los corrillos figura el exalcalde de Sao Paulo, Fernando Haddad.

La ciudad sureña de Curitiba será el escenario para esa confrontación. De un lado, los miles de partidarios del histórico líder de izquierda que llegaron para apoyarlo, y del otro, la multitud de seguidores del magistrado que encarna la lucha contra la corrupción sistémica que intoxica al Estado brasileño.
La Policía montó una operación de gran escala para separar a los grupos antagónicos en distintos puntos de la ciudad y levantó un cerco perimetral en torno al edificio de la Justicia, donde solo se permitió el ingreso de las partes involucradas. El resto de los expedientes fueron suspendidos.
Lula respondió los cuestionamientos del juez Sergio Moro sobre un caso que investiga si recibió un apartamento tríplex de lujo en un balneario de Sao Paulo de manos de la constructora OAS, sumergida en el escándalo de sobornos en Petrobras, a cambio de “ventajas indebidas”, según la definición judicial.

Lula  (71 años) y Moro  (44), frente a frente. Finalmente.
“El expresidente está preparado para dar su testimonio al juez Sergio Moro. Y va con la fuerza de la verdad”, dijo su abogado defensor, Cristiano Zanin Martins.
Pese al consenso generalizado entre analistas de que Lula, señalado por la fiscalía general como el comandante de la red de sobornos en Petrobras, será condenado en esta primera instancia, Martins sostiene que aún no han probado una sola de las acusaciones.
“No tuvo ninguna participación en un esquema ilícito en Petrobras. Nada demuestra que eso pasó. Al contrario, las pruebas demuestran su inocencia. Y ahí es donde se constata que es un asunto político Para qué continuar acusando a Lula si ya demostró su inocencia?”, agregó.
El expresidente lidera holgadamente los sondeos de intención de voto para los comicios de 2018 y los estudios más recientes muestran que la brecha en su favor crece, pese a tener un amplio índice de rechazo junto a su Partido de los Trabajadores  (PT), que fue barrido en las últimas elecciones municipales.

Sentencia

La sentencia se conocerá entre 45 y 60 días después y sería la primera ligada al exmandatario en el marco de la Operación Lava Jato, que desvendó un fraude de más de US$2 mil millones en la petrolera estatal.
De acuerdo con las leyes brasileñas, Lula no podría postularse si una eventual condena es ratificada en segunda instancia, que según los plazos habituales del tribunal en el estado de Paraná, es un proceso que suele insumir un año.

El expediente, conocido como el “apartamento de Guarujá”, es una de las cinco acusaciones que hasta el momento pesan en contra de Lula, por corrupción pasiva, lavado de dinero, tráfico de influencia y obstrucción a la justicia.
El exmandatario niega todos los cargos y afirma que se trata de una ficción creada para maquillar una disputa política que pretende impedirle volver al poder en 2018, cuando lidera todos los sondeos de intención de voto.
La fiscalía lo acusa de haber recibido US$1.16 millones de OAS, incluyendo el apartamento de Guarujá  (Sao Paulo) y si se benefició del costeo del almacenamiento de sus bienes personales y de su acervo presidencial entre 2011 y 2016.
Si es condenado, y el fallo ratificado en segunda instancia, el hombre que ganó fama mundial por capitanear el “milagro brasileño”  hace una década deberá bajarse de la carrera al 2018.

El día D del interrogatorio estuvo precedido por un nuevo cimbronazo en su contra: un juez de Brasilia ordenó suspender las actividades del Instituto Lula, que transmite su legado político, por sospechar que esa entidad podría haberse usado para cometer “varios ilícitos criminales”.
La suspensión fue firmada el 5 de mayo y comunicada el martes, víspera de la audiencia.

Los cargos se refieren fundamentalmente a la supuesta propiedad de un apartamento en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, y de una casa de campo en el interior de ese mismo estado.

Ambos inmuebles fueron frecuentados por Lula y su familia y en las notarías de Sao Paulo aparecen a nombre de personas vinculadas al expresidente, quien niega a rajatabla que sean suyos y se dice víctima de una persecución política.

Sin embargo, las autoridades judiciales sospechan que en realidad pertenecen a Lula y que serían producto de diversos “favores”  que habría hecho desde el poder a algunas empresas implicadas en la red de corrupción que operaba en la estatal Petrobras.

Las causas contra Lula estaban inicialmente en manos de Moro, pero pasaron a la Corte Suprema una vez que el expresidente fue nombrado ministro del gabinete de la mandataria Dilma Rousseff, que fue suspendida de sus funciones el pasado 12 de mayo para responder a un juicio de destitución.

Mientras fue responsable del caso, Moro ordenó una de las más impensables acciones de la Policía, a la que envió al domicilio de Lula a primera hora de la mañana del pasado 4 de marzo, un día que Brasil se estremeció ante una operación que tenía como blanco al líder más carismático del país.

El expresidente fue llevado a una comisaría a declarar en forma coercitiva mientras los agentes allanaban su casa y las de algunos familiares y fue liberado tras ser interrogado durante casi cuatro horas.

La decisión de reenviar el caso al despacho de Moro fue tomada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros de la Corte Suprema, debido a que Lula carece ahora de la condición de aforado que le habría garantizado ser juzgado por ese tribunal.

El nombramiento de Lula como ministro de su heredera política y sucesora en la Presidencia días después de su interrogatorio suscitó polémicas, pues se sospechó que escondía la intención de librarlo de Moro y blindarlo con el aforo del Supremo, tradicionalmente más lento que la justicia de primera instancia.

Las sospechas se agudizaron cuando el propio Moro divulgó una grabación, autorizada por la justicia, de una conversación entre Rousseff y Lula, en la que la mandataria le informaba de que le adelantaba con un mensajero el acta de su nombramiento.

“Estoy mandándote a Bessias junto con el papel, para que puedas usarlo en caso de necesidad. Es el acta de posesión” , dijo Rousseff en esa conversación y sobre un inusual anticipo de un documento que los ministros solo reciben cuando asumen efectivamente el cargo.

Aún así, el propio Zavascki determinó en ese momento que el caso que implicaba a Lula debía pasar a la órbita del Supremo, decisión que el mismo juez echó para atrás la noche de este lunes.

Junto con la causa que implica a Lula, Zavascki remitió a la jurisdicción del juez Moro los procesos iniciados en torno a otros tres exministros de Rousseff sospechosos de haberse beneficiado de la corrupción en Petrobras.

Se trata del exjefe de gabinete Jaques Wagner y los exministros de Información Edinho Silva y de Derechos Humanos Ideli Salvatti, que como en el caso de Lula eran investigados por el Supremo por su antigua condición de aforados, que acabó una vez que Rousseff fue suspendida de sus funciones.

Los tres exministros son reconocidos dirigentes del Partido de los Trabajadores  (PT) , fundado por Lula en 1980, al que pertenece también Rousseff y uno de los más salpicados por la corrupción en la petrolera estatal.

Por ese asunto, el juez Moro ya ha condenado a 15 años de prisión a Joao Vaccari Neto, extesorero del PT, y a 23 años a José Dirceu, uno de los líderes históricos del partido y considerado el “hombre fuerte”  del primer mandato de Lula.

La sesión que debía juzgar las demandas que mantienen suspendida la designación de Lula como ministro de la Presidencia en el Gobierno de su ahijada política y sucesora acabó ni bien comenzó, frente a unas dudas planteadas por el magistrado Teori Zavascki.

El juez señaló que aún debe pronunciarse sobre algunas denuncias que pesan contra Lula y pidió que la corte suspendiera entonces la decisión sobre su nombramiento como ministro, lo que fue acatado de inmediato por los otros diez magistrados.

La corte no propuso una fecha para retomar el juicio, por lo que puede ocurrir que, aún si la sentencia fuera favorable a Lula, el expresidente igual no pueda asumir.

La razón está en que el Senado decidirá dentro unos quince días si instaura un juicio con miras a la destitución de Rousseff, quien en ese caso sería separada del cargo durante los 180 días que dure el proceso y su lugar lo asumiría el vicepresidente Michel Temer, quien ha roto toda relación con la presidenta y con Lula.

De modo que si el Senado es más rápido que el Tribunal Supremo y decide procesar a Rousseff, Lula quedaría de todas maneras fuera del Gobierno junto con su sucesora.

Lula fue nombrado ministro de la Presidencia el pasado 16 de marzo y llegó a asumir el cargo un día después, pero un terremoto político y una catarata de medidas cautelares dejaron sin efecto su nombramiento y su posterior investidura.

El mismo día que fue designado, el juez Sergio Moro, a cargo de las corruptelas en la estatal Petrobras y que investigaba a Lula, difundió un polémico audio de una conversación autorizada por la justicia, en la que Rousseff sugería que el nombramiento buscaba ayudar a blindarle ante la justicia con fueros privilegiados.

En la conversación, Rousseff le decía a Lula que le envió con un mensajero el acta de su nombramiento para que la usara “en caso de necesidad” .

Eso fue interpretado como un intento de evitar cualquier acción del tribunal a cargo de Moro antes de que Lula obtuviera el fuero privilegiado que le otorgaría su condición de ministro.

Tanto Lula como la propia Rousseff condenaron la grabación y su difusión, pero una vez que se hizo público su contenido decenas de jueces de primera instancia dictaron medidas cautelares objetando el nombramiento del expresidente como ministro.

En contra de que Lula pueda asumir un cargo en el Gobierno se ha posicionado hasta el procurador general de la República, Rodrigo Janot, quien en un documento remitido a la Corte Suprema hace dos semanas afirmó que en el nombramiento había claros indicios de lo que calificó como “desvío de finalidad” .

De acuerdo con la opinión de la Procuraduría General, “el momento del nombramiento, la inesperada anticipación del acto en que asumió el cargo y la circunstancia bastante fuera de lo común del envío del acta de nombramiento refuerzan la percepción de desvío de finalidad” .

En su momento, Rousseff había alegado que la “experiencia”  de su padrino político ayudaría al Gobierno a enfrentar la seria crisis política que la tiene al borde de un juicio político.

Lula, de hecho, aún sin el cargo, intentó articular fuerzas para impedir que el proceso contra Rousseff avanzara en la Cámara baja y se dedicó por entero a tratar de convencer a diputados de que frenaran el trámite.

Sin embargo, su fracaso fue mayúsculo. El pasado domingo, la Cámara de Diputados aprobó por una aplastante mayoría de 367 votos frente a 137 que el trámite avanzara hasta la instancia decisiva del Senado.

“La serpiente está viva”

 
“Pasaron muchas cosas en las últimas semanas, y el hecho de no haber sido autorizado antes a ocupar el cargo fue un choque, una sorpresa que tuvo consecuencias gigantescas para el gobierno” , dijo Praa.
 
Pero después de “Dilma” , Lula es el hombre a derrotar por sus numerosos adversarios.
 
“La serpiente está tan viva como siempre” , afirmó recientemente con su voz cascada y su estilo inimitable.
 
A pesar de sus problemas judiciales, Lula ganaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2018 con 21% de los votos, según un sondeo de Datafolha del 10 de abril. A sus 70 años, ya se propuso como precandidato del PT.
 
En la encuesta quedó por delante de la ecologista Marina Silva  (19%) y del líder de la oposición de centro-derecha, Aecio Neves  (17%) , derrotado por Rousseff en el 2014, y del actual vicepresidente Temer  (1 a 2%) .
 
“Tiene mucho carisma, hizo un gobierno muy popular con altísima aprobación (…) pero yo no creo que pueda volver a ganar una elección” , afirmó el analista, citando el alto nivel de rechazo que también genera entre los votantes brasileños.
 

Según informaron medios locales, Mendes suspendió la investidura de Lula, realizada el jueves, por entender que tuvo por objetivo conferirle el privilegio de los fueros propios del cargo.

Con esto, la denuncia penal y el pedido de arresto preventivo por sus presuntos nexos con los ilícitos en Petrobras, que penden sobre el ex mandatario, saldrán de la órbita de la Justicia ordinaria y pasarán al ámbito de la Corte Suprema.

Según Fux, el recurso que interpuso el Gobierno para levantar la suspensión no es válido en esta situación. El magistrado determinó además que la decisión final sobre el veredicto de Mendes sea analizada por el pleno del Supremo, que por ser semana santa se reunirá recién el 30 de marzo.

Mientras tanto, el expresidente sigue sin la protección de los fueros, ante especulaciones sobre una posible decisión del juez Sérgio Moro, quien coordina los procesos vinculados al caso Petrobras y tiene en sus manos las acciones que penden sobre Lula, de decretar su arresto.

Por eso, sus abogados presentaron un pedido de habeas corpus que también tiene como objetivo retirar de la jurisdicción de Moro las acciones y llevarlas a la del Supremo.

Esta acción cayó por sorteo en manos de la jueza de la máxima corte del país Rosa Weber, quien todavía no se pronunció respecto de la misma, pero ya rechazó otros pedidos similares presentados por la defensa de Lula.

Mientras el Gobierno y los abogados del ex mandatario libran su batalla en tribunales, las manifestaciones en favor de la destitución de Rousseff y contra la nominación de Lula como “primer ministro” han perdido fuerza.

No obstante, en la noche del lunes se congregaron en frente al Palacio del Planalto -sede de la Presidencia- en Brasilia, unas 5.000 personas, según la policía, que con luces láser iluminaron la sede presidenc

El primer recurso fue presentado ante el magistrado Teori Zavascki, responsable de dos causas abiertas en el Supremo que cuestionan el nombramiento de Lula como ministro, y la segunda fue dirigida al presidente de la corte, Ricardo Lewandowski.

El segundo recurso está firmado por seis renombrados juristas y, al igual que en el primero, solicita que el Supremo anule la decisión tomada el pasado viernes por un magistrado de esta corte ordenando la suspensión cautelar del nombramiento de Lula como ministro.

En esa decisión cautelar tomada el pasado viernes, el magistrado del Supremo Gilmar Mendes anuló el nombramiento de Lula como ministro, con lo que le privó del fuero privilegiado asociado a ese cargo y ordenó que su causa regrese al tribunal de Curitiba dirigido por el juez Moro.

Este juez es responsable de haber aplicado 93 condenas en los últimos dos años a implicados en el caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, también ordenó que Lula fuera interrogado en una comisaría el pasado 4 de marzo y puso escuchas telefónicas para investigar al expresidente.

En ambos recursos, los abogados de Lula argumentaron que el magistrado Mendes se excedió en sus competencias al tomar una decisión sobre la jurisdicción del proceso abierto en contra del exmandatario, que es investigado por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación.

Por ello solicitaron a otro juez del Supremo, Teori Zavascki, que anule la decisión de su colega de forma cautelar, hasta que el pleno de la Corte analice el caso.

Escuchas

En su solicitud, los abogados argumentan que el juez Moro puso escuchas “ilegales”  contra Lula, su familia y contra el bufete de abogados que le representa y después ordenó la divulgación de las grabaciones, incluyendo conversaciones entre el expresidente y su sucesora, Dilma Rousseff.

La fiscalía acusó a Lula formalmente de los delitos de lavado de dinero y falsificación, por supuestamente haber ocultado que es dueño de un apartamento de lujo en un edificio de la constructora OAS, una de las empresas implicadas en las corruptelas del caso Petrobras.

De forma paralela, la Abogacía del Estado también anunció que recurrió la decisión del Supremo para conseguir que la corte le permita asumir el cargo de ministro de la Presidencia.

En su sentencia, que tiene carácter cautelar y deberá ser refrendada o revocada por el pleno del Supremo, Mendes consideró que el nombramiento se realizó “claramente”  con el propósito de “impedir”  un posible arresto de Lula.

Denuncian “intimidación”

El Instituto Lula denunció el domingo una campaña de “intimidación”  judicial y mediática contra el expresidente brasileño, investigado por corrupción, y junto a sus abogados pidió que la corte suprema anule el bloqueo de su nombramiento ministerial.

    “Lula no ha sido acusado de ningún crimen, incluso después de haber sido sometido a una verdadera invasión -de su vida privada- y a intimidaciones en los últimos meses”, dijo el instituto, que denunció asimismo un “acoso mediático”.

La encuesta, hecha por la firma Datafolha y publicada por el diario “Folha de So Paulo”, muestra que el apoyo al juicio político contra Rousseff creció ocho puntos en el último mes.

El rechazo a la gestión de Rousseff subió hasta el 69% de los encuestados, pero el diario no ofreció cifras sobre el porcentaje de apoyo a la mandataria o de sondeos anteriores.

La encuesta se hizo los pasados jueves y viernes, con encuestas a dos mil 794 personas de 171 municipios y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

El sondeo se efectuó en plena conmoción por el nombramiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como ministro de la Presidencia, lo que generó protestas en las calles, y en días en los que la Justicia divulgó grabaciones comprometedoras para el exgobernante y para Rousseff.

Lula está acusado formalmente de supuestos delitos de blanqueo de dinero y falsificación, en el marco de las investigaciones de un caso de corrupción, motivo por el que un juez ordenó las escuchas telefónicas.

El domingo pasado se celebró la manifestación más multitudinaria contra el Gobierno de Rousseff, que congregó a cerca de 3.6 millones de personas en todo el país, según recuentos de la Policía. El sábado también hubo manifestaciones contra Rousseff.

El viernes se produjeron marchas similares, pero convocadas por movimientos favorables al Gobierno y que reunieron a cerca de un millón de personas, según los organizadores o unas 300 mil personas, según la Policía.

Las previsiones apuntan a que su salida del poder podría producirse entre finales de abril y mediados de mayo.

La cámara de Diputados de Brasil comenzó el viernes la primera sesión de las 15 previstas para que una comisión especial recomiende la apertura o el archivamiento de un pedido de juicio de destitución contra  Rousseff.

El presidente de la Cámara, Paulo Cunha, quiere acelerar este paso del proceso, para que se complete en un plazo de un mes.

“Es mejor que sea rápido para que el país pueda conocer su verdadera agenda. No podemos quedarnos con una única agenda que sea la del impeachment (…) Podría ser en 30 días”, dijo Cunha tras dar por iniciado el trabajo del cuerpo Legislativo

“Lo más probable es que sea en la semana del 20 o del 27 de abril”, añadió.

 La “operación Lula”  estuvo además cerca de zozobrar, por sospechas de que el mandatario se proponía ante todo, asumiendo un cargo ministerial, obtener fueros especiales que lo libraran de las investigaciones del juez anticorrupción Sergio Moro sobre el escándalo Petrobras.

La filtración de una conversación telefónica pinchada entre Lula y Rousseff avivó esa sospecha y provocó nuevas protestas, principalmente en Sao Paulo y Brasilia.

Dos jueces presentaron recursos para bloquear su entrada en funciones.

 “La gritería de los golpistas no me va a sacar del rumbo ni va a poner de rodillas a nuestro pueblo” , declaró Rousseff durante la ceremonia de nombramiento de Lula.

Rousseff, del Partido de los Trabajadores  (PT, izquierda) , fue acusada por un grupo de juristas apoyados por la oposición de haber aumentado gastos sin permiso del Congreso y de tapar agujeros del presupuesto con préstamos de bancos estatales en el 2014, el año de su reelección, y a inicios del 2015.

El plan de Cunha, un fino conocedor de la cámara abiertamente enfrentado con Rousseff, es que la comisión de 65 diputados constituida el jueves funcione todos los días posibles, hasta cumplir las 10 sesiones previstas para la defensa y las cinco para que sus integrantes lleguen a un dictamen y hagan una recomendación a los 513 diputados federales de Brasil.

Un eventual parecer favorable a un juicio de destitución debe ser aprobado por los dos tercios de la Cámara  (342 diputados) . De no lograr ese número, el pedido será archivado.

Si la cámara de Diputados aprueba un pedido de impeachment, y el Senado, de 81 escaños, lo ratifica por mayoría simple, Rousseff será apartada automáticamente de su cargo por un plazo máximo de 180 días.

Y su destitución definitiva ocurririía si el Senado la vota al cabo del proceso, esta vez por mayoría de dos tercios  (54 senadores de un total de 81) .

La comisión también puede recomendar no avanzar con el proceso, lo que igualmente exigiría una ratificación por el plenario de la Cámara.

“El parecer de la comisión es una etapa de pasaje. Cualquiera sea la decisión que tome, va a ser sometida al plenario. Es el plenario el que va a decidir la apertura, o no, del proceso de impeachment” , subrayó Cunha.

Dispersan protestas

La Policía brasileña dispersó el viernes a decenas de manifestantes que estaban concentrados desde la noche del miércoles en la céntrica Avenida Paulista, para exigir la renuncia de Rousseff y expresar su rechazo al nuevo ministro de la Presidencia, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva.

Sin éxito en las negociaciones para una retirada pacífica, la Policía Militarizada de Sao Paulo ordenó en la mañana de este viernes la intervención de la Tropa de Choque, como se conoce al batallón antidisturbios, para dispersar la manifestación que duraba ya cerca de cuarenta horas.

Los policías utilizaron descargas de agua con mangueras de presión y cuando algunos de los manifestantes respondieron con piedras y objetos en su contra, los agentes lanzaron gases lacrimógenos.

La acción fue rápida y no demoró más de diez minutos, suficientes para liberar el tráfico de vehículos en la céntrica avenida, identificada como el “corazón financiero”  de Brasil.

Los manifestantes salieron a la calle al final de la tarde del miércoles, cuando se confirmó el nombramiento de Lula como ministro, y prolongaron sus protestas con el propósito de evitar una manifestación a favor del Gobierno y del exmandatario programada para este viernes.

El expresidente juramentó su cargo en un clima de polarización política, pero su nombramiento quedó en entredicho con una suspensión cautelar ornada por un juez minutos después de tomar posesión en Brasilia.

Las centrales obreras y movimientos sindicales favorables al Gobierno de Rousseff y en defensa de Lula, investigado en el marco del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, convocaron a una jornada de movilizaciones para este viernes.

El último domingo, durante una multitudinaria jornada en contra de Rousseff y Lula, que según la Policía reunió 3,6 millones de personas en todo el país, de las cuales 1.4 millones sólo en la Avenida Paulista, las autoridades de Sao Paulo impidieron la presencia de manifestantes pro Gobierno para evitar conflictos.

Con esa misma justificativa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sao Paulo intentó negociar la salida este viernes de los manifestantes contra el Gobierno y, sin éxito en el diálogo, ordenó su dispersión a través de la acción de la fuerza pública.

Brasilia también tuvo el jueves recién pasado protestas a favor y en contra del Gobierno.

Entrada la noche, centenas de personas se movilizaron y acudieron a los jardines frente a la sede del Congreso, donde llegaron a escenificar el entierro del Partido de los Trabajadores  (PT) , formación a la que pertenecen Rousseff y su ministro Lula.

El lago que cerca el Congreso separó el cordón policial de los manifestantes, que llevaban carteles en los que se podía leer “El poder del pueblo”  y “Fuera PT” .

Las protestas del jueves a favor y en contra del Gobierno se realizaron también paralelamente a la instalación en el Congreso de una Comisión Especial, que determinará si existen indicios para un eventual juicio político con el fin de destituir a Rousseff.

Amaral salió de prisión el pasado 19 febrero. Pasó casi tres meses recluido acusado de intentar obstruir las investigaciones sobre la trama de corrupción en Petrobras.

Su arresto lo convirtió en el primer senador en ejercicio en ir a prisión, y fue decretado después de que fue filmado intentando sobornar a través de terceras personas a un ex director de Petrobras para que no relatara algunos entretelones vinculados al caso Petrobras.

En el marco del acuerdo de delación premiada que firmó con la Fiscalía, Amaral acusó a Rousseff de interferir en el Poder Judicial designando al juez Marcelo Navarro como miembro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), quien se habría comprometido a evitar que fueran decretadas órdenes de arresto o, en su defecto, que fueran aceptados pedidos de liberación, de acusados de participar en los desmanes en la petrolera nacional.

Agregó que Rousseff estaba al tanto de las irregularidades de algunos negocios de la petrolera, como el de la compra de una refinería en Pasadena, en Estados Unidos, realizado en la época en que Rousseff presidía el Consejo de Administración del ente estatal, y que resultó en millonarias pérdidas.

Respecto a Lula, dijo que fue el ex mandatario quien le dio la orden de intentar sobornar al ex director de Petrobras Nestor Cerveró, que está preso, para que no implicara al empresario José Carlos Bumlai, amigo personal de Lula, en caso de firmar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía.

Fue en cumplimiento de esa tarea que Amaral fue preso. El senador fue filmado por el hijo de Cerveró prometiendo la interferencia del Gobierno para liberar al ex director de la prisión y ofreciéndole un salvoconducto para salir del país.

En otra declaración explosiva y muy perjudicial para el Gobierno, Amaral sostiene que el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, le ofreció a través de un asesor ayuda para ser liberado de prisión, a cambio de que no firmara el acuerdo de delación que hoy fue oficializado.

Mercadante también le ofreció dinero para la familia del senador, puesto que “sabía” que estaba pasando por dificultades financieras. La ayuda sería concretada a través de una empresa vinculada al PT, añadió el senador, para quien el “emisario” de Mercadante actuó en nombre del Gobierno de Rousseff.

El tenor de las declaraciones de Amaral cayeron como una bomba en Brasilia. Incluso, podrían retrasar la llegada al Gobierno de Lula, quien fue invitado por Rousseff para asumir un ministerio con “superpoderes” y que según el diario “O Globo” el ex presidente estaba decidido a aceptar.

Lula, por su parte, enfrenta serios problemas que han llevado a la Fiscalía de Sao Paulo a solicitar su detención preventiva, sobre lo cual la Justicia aún no se ha pronunciado.

La Fiscalía de Sao Paulo considera que Lula debe ingresar en prisión por los presuntos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos en relación a un apartamento que está a nombre de una constructora implicada en un caso de corrupción en la petrolera Petrobras.

En caso de incorporarse al Gobierno en calidad de ministro, Lula pasaría a tener foro privilegiado, con lo que todas las causas en su contra deberían pasar de la Justicia común al Tribunal Supremo.

El Gobierno no ha confirmado que la decisión haya sido tomada, pero sí que es una posibilidad que Rousseff baraja.

Impeachment –

Rousseff, electa en el 2010 y reelecta en 2014, tiene apenas un 11% de apoyo y es blanco de la indignación popular por la recesión que proyecta hundir a Brasil en su peor ciclo económico en un siglo y por el lodazal de corrupción que salpica a la élite empresarial y política.

    El principal aliado del PT, el centrista PMDB, al que pertenece el vicepresidente, Michel Temer, está tentado de abandonar la coalición de gobierno, una iniciativa que dejaría a Rousseff a las puertas del juicio político.

    La Corte Suprema podría destrabar el proceso de impeachment esta semana, definiendo su formato y habilitando a la Cámara de Diputados a instalar la comisión que la encamine al plenario.

En caso de que lo acepte, una mayoría de dos tercios de los 541 diputados federales deberán decidir en una sola votación si inician el juicio de la presidenta.

Si no consigue 172 manos levantadas, Rousseff será la segunda mandataria enjuiciada desde el retorno de la democracia, luego de que el expresidente Fernando Collor de Melo renunciara en la antesala de su destitución en 1992.

La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS —implicada también en el escándalo de Petrobras— y cuya propiedad ha sido negada por el expresidente en reiteradas ocasiones.

Los fiscales alegan en su denuncia que presentaron ante la Justicia y que fue filtrada hoy a los medios que es “imprescindible”  ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el exmandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.

Los fiscales agregan en la denuncia que los seguidores del exmandatario pueden promover “maniobras violentas”  y presentarlo como “un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho”.

Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras 15 personas, fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo.

La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.

Lula acusa a fiscales de parcialidad

En tanto, el expresidente brasileño afirmó que el fiscal que solicitó su detención preventiva volvió a dejar clara su parcialidad y su intención de usar el cargo para fines políticos.

“El fiscal que anticipó su decisión de denunciar a Luiz Inácio Lula da Silva antes de escucharlo dio otra prueba de parcialidad al solicitar su detención preventiva”, informó el Instituto Lula, una fundación encabezada por el exjefe de Estado y que opera como su portavoz.

Por aparte, el gobernante Partido de los Trabajadores  (PT) consideró que el pedido de detención preventiva carece de “fundamentos”  y responde únicamente a un “hecho mediático”.

“El pedido de prisión preventiva va en la línea de lo que venían haciendo el fiscal y sus aliados, sin pruebas, contra el presidente Lula”, dijo a la prensa el presidente del PT, Rui Falcao, tras una reunión en el Instituto Lula en la que participó el exmandatario.

Presenta cargos

La fiscalía presentó el miércoles cargos contra el expresidente brasileño en una investigación por lavado de dinero, arrojando más dudas sobre la que en su día fuera una de las figuras políticas más destacadas de Brasil, ahora perseguido por acusaciones de corrupción.

Los cargos presentados por la fiscalía de Sao Paulo parten de acusaciones de que el exmandatario ocultó la supuesta propiedad de un ático en primera línea de playa en la ciudad de Guaruja.  

Silva ha negado ser el dueño de la vivienda, que pertenece a la constructora OAS. La empresa es uno de los grandes objetivos de una investigación federal paralela sobre corrupción que se centra en la petrolera estatal Petrobras. La semana pasada, Lula da Silva fue detenido para prestar declaración y la Policía registró su casa como parte del proceso.

Los cargos presentados el miércoles contra Silva tienen que ser aprobados ahora por un juez. En un comunicado, el que en su día fuera un inmensamente popular expresidente dijo que los investigadores “no son imparciales” y que no tienen autoridad para llevar a cabo las pesquisas. “Los cargos presentados por la oficina del fiscal general de Sao Paulo no son una novedad porque ya fueron anunciados en la revista Veja el 22 de enero de 2016”, dijo Silva en un comunicado.

Los investigadores ofrecerán una conferencia de prensa el jueves. El pasado viernes, investigadores federales dijeron que estaban intentando averiguar si las reformas efectuadas en el departamento de Garuja y otro proyecto en una casa de campo utilizada por Silva y su familia constituían favores hechos a cambio de beneficios políticos.

Ambos lugares fueron sometidos a importantes remodelaciones pagadas por empresas constructoras que durante décadas tuvieron contratos con el gobierno federal. Las empresas están también en el centro del escándalo de los US$2 mil millones de Petrobras. Silva admite haber visitado el ático en dos ocasiones, pero dijo que nunca fue de su propiedad, y sostiene que la casa de campo pertenece a unos amigos que le dejan utilizarla.

Los investigadores federales buscan determinar también si Silva vendió su influencia en el actual gobierno a cambio de ofrecer discursos y donaciones al Instituto Lula, su organización sin ánimo de lucro.

Jair Jaloreto, un experto en lavado de dinero de Sao Paulo, dijo que el caso del ático que motivó los cargos presentados el miércoles es “muy confuso”. “Veo más riesgo para Lula en las investigaciones sobre la casa de campo. Si no ofreció los discursos por los que cobró, eso también podría ser lavado de dinero. Pero el caso del departamento es difícil. Nunca lo utilizó, no hay documentos que digan eso. Será difícil que los investigadores lo demuestren”, explicó.

Silva gobernó Brasil entre 2003 y 2010. A pesar del escándalo de pago de sobornos a cambio de votos que forzó la dimisión de su jefe de gabinete y otros, dejó la Presidencia con un nivel record de popularidad y seleccionó personalmente a su sucesora, la actual presidenta Dilma Rousseff, que ganó las elecciones fácilmente.

Silva y Rousseff han visto como su popularidad caía en picado al tiempo que Brasil entraba en su peor recesión en décadas y las investigaciones se extienden. El índice de aprobación de Rousseff es de un solo digito ahora, aunque se ha recuperado ligeramente en los últimos tiempos. La mandataria enfrenta además un juicio político.

Sin embargo, el expresidente se resiste a aceptar la idea, señala la publicación citando a ministros del círculo cercano a la mandataria.

En el Gobierno existen fuertes temores de que Lula sea arrestado en el marco de la operación Lava Jato, que investiga la enorme trama de corrupción que operó en la petrolera estatal durante buena parte de sus dos Gobiernos (2003-2011) y los de Rousseff, quien gobierna desde ese año, señala el diario.

Lula fue llevado a declarar ante la Policía Federal el pasado viernes, luego de denuncias realizadas por el Ministerio Público.

Los fiscales sostienen que existen “evidencias contundentes” de que el político de izquierda se benefició a sí mismo y a su Partido de los Trabajadores de los desmanes en Petrobras.

Además de la acción policial, en sectores del partido de Gobierno y también entre aliados implicados en los desmanes, existe el temor de que en los próximos días empresarios presos por sus nexos con el escándalo firmen acuerdos de colaboración con los investigadores.

• En INFOGRAFÍA: Policía brasileña allana domicilio de Lula.

Esto ocurre después de que el Supremo Tribunal Federal -la máxima corte judicial del país- determinara ejecutar la pena de prisión de cualquier persona cuyo proceso llegue a segunda instancia judicial, echando así por tierra los recursos que solían interponer las defensas de los empresarios para aplazar su arresto una y otra vez.

A las eventuales “delaciones premiadas” de los empresarios se suma la que firmó días atrás el senador del PT y ex líder del Gobierno en la Cámara Alta, Delcídio Amaral, quien estuvo más de 80 días preso acusado de intentar obstruir las investigaciones sobre el caso Petrobras.

• En VIDEO vea: “Dilma Rousseff se solidariza con Lula”.

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Según divulgó la revista IstoE, Amaral declaró a los fiscales que tanto Lula como Rousseff estaban al tanto, desde el comienzo, de los fraudes en la estatal; que Lula intentó sobornar a exdirectores de Petrobras arrestados para que no firmaran acuerdos de colaboración y que la mandataria llegó a interferir en el Poder Judicial para favorecer a esos empresarios.

De confirmarse la veracidad de esas declaraciones, Lula, quien no tiene fuero privilegiado, podría ser arrestado.

 La actuación de la justicia y de las fuerzas de seguridad con el exmandatario recalentaron la crisis política que vive desde hace un año el mayor país de América Latina, hundido en una recesión económica y sacudido por una trama de multimillonarios sobornos en la petrolera estatal.

    El sábado, unos 500 simpatizantes de Luiz Inacio Lula da Silva se agolparon frente a su vivienda en Sao Paulo y hasta la propia presidenta Dilma Rousseff viajó desde Brasilia para apoyarlo personalmente.

    “Lula estuvo muy animado durante el encuentro que tuvimos junto con la presidenta Dilma para apoyarlo. La presidenta dijo: Lula, eres muy importante para el pueblo y para Brasil. Y Lula me dijo que se sentía muy motivado para la lucha” , dijo el diputado oficialista Vicente da Silva tras la reunión.

    La fotografía de Rousseff junto a Lula saludando desde un balcón contrastó con las celebraciones del viernes, en las que algunos brasileños convocaron por las redes sociales a celebrar la acción policial que obligó al expresidente a dar explicaciones por el escándalo de corrupción que le costó más de 2.000 millones de dólares a Petrobras.

    Y es también un retrato del momento político que vive Brasil, en el que Rousseff enfrenta dos procesos que podrían terminar anticipadamente su mandato, impulsados por una oposición en guerra abierta contra su gobierno.

Favores

Fiscales brasileños sospechan que Lula aceptó millonarios favores de constructoras acusadas de desfalcar a Petrobras, en una causa que investiga el armado de un sistema político-empresarial de sobornos y fraudes destinado a financiar fuerzas aliadas al gobierno y a enriquecer a los involucrados, según la describe la fiscalía.

    Esa escandalosa trama llevó a la policía a golpear las puertas de la casa de Lula, en una gran operación que incluyó efectivos armados y cortes de calles.

    El carismático expresidente, que a sus 70 años podría postularse por el gobernante Partido de los Trabajadores  (PT) en las elecciones del 2018, se declaró ultrajado, y en inflamados discursos aseguró el viernes: “si me quieren derrotar me tendrán que enfrentar en las calles de este país” .

    “Estoy dispuesto a viajar por todo ese país. Si alguien piensa que me va a callar con persecuciones y denuncias, yo sobreviví al hambre, y quien sobrevive al hambre no desiste nunca” , dijo Lula, que de niño fue lustrabotas y luego tornero mecánico y sindicalista.

    Una manifestación en su favor fue convocada para el martes, mientras que la oposición hará una protesta el 13 de marzo para pedir la salida de Rousseff.

    La situación de Lula, una de las figuras políticas más importantes de América Latina en las últimas décadas, llevó a la izquierdista regional a solidarizarse, como fue el caso del presidente de Bolivia, Evo Morales, y de Venezuela, Nicolás Maduro.

    El sábado se sumó el mandatario de Ecuador, Rafael Correa: “Estoy seguro que no tiene nada que ver en los escándalos de los que se los acusa, pero si quieren investigar que lo hagan con el debido proceso. Pero se ha querido humillar” , dijo en su programa de radio y televisión.
    

Impeachment

Los problemas judiciales de su antecesor debilitan aún más a Rousseff, que cuenta con apenas 11% de popularidad.

    Al escándalo en Petrobras que ha llevado a la cárcel a figuras de su partido se suma un proceso de destitución en su contra por maquillar las cuentas públicas y una investigación sobre la financiación de la campaña que la llevó a la reelección.

    “La declaración forzosa de Lula dará más fuerza a los pedidos de impeachment, y la oposición gana un nuevo ímpetu para intentar forzar la salida de Rousseff” , dijo el analista André César.

    El recalentamiento del ambiente político coincide con una recesión económica que proyecta convertirse en la peor en un siglo.

    El senador Aecio Neves, del PSDB, que perdió el balotaje contra Rousseff en el 2014 por 3% de los votos, anunció que la oposición buscará bloquear las votaciones en el Congreso hasta que se instale una comisión de impeachment.

Maniobra cuestionada

Aún no hay acusaciones contra Lula. Los fiscales dicen que hay indicios de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, pero aclaran que esta fase aún es investigativa.

    La coerción usada sobre un expresidente fue cuestionada por juristas y hasta por un ministro de la Corte Suprema.

    “No se puede obligar a alguien a prestar testimonio cuando no está obligado a hacerlo. Es el caso de Lula que ya prestó testimonio espontáneamente en el marco de este caso” , dijo a la  AFP  Thiago Bottino, experto en derecho penal de la Fundación Getulio Vargas  (FGV) .

    El juez Sergio Moro, que tramita el caso, explicó en una inusual nota que su intención fue la de evitar tumultos entre manifestantes y la fiscalía llamó a esa discusión “nada más que una cortina de humo” .

El presidente del PT arremetió contra los “sectores de la policía y del poder judicial”  que dirigen “una operación destinada a cambiar el resultado de las urnas” , con el apoyo de “los grupos de comunicación y de la oposición de derechas” .

Falcao señaló que las “investigaciones selectivas”  y los “atropellos de garantías individuales”  evidencian que “la nación sangra con la construcción de un régimen de excepción y arbitrario” , el cual, a su juicio, está comandado por “sectores conservadores” .

“Estos mismos grupos reaccionarios, en el pasado, recurrían los cuarteles” , dijo Falcao, en referencia a los militares, que en 1964 establecieron una dictadura en el país que duró 21 años.

El dirigente del PT afirmó que esos “grupos conservadores”  alistan “enemigos de la democracia, en los tribunales, en el Ministerio Público y en la Policía Federal” , “estimulados y protegidos por la prensa monopolista” .

Para Falcao, Lula es el principal objetivo de quien “no acepta el proceso de transformación”  iniciado en el 2003, cuando el PT llegó al poder, y “marcado por el cambio de vida y el creciente protagonismo de los trabajadores de la ciudad y del campo” .

Falcao convocó a la militancia para defender el “sistema democrático” , la soberanía popular y a Lula, a quien consideró “el hijo más ilustre”  de Brasil.

El expresidente brasileño fue llevado hoy a declarar por su supuesta implicación en la trama de corrupción de Petrobras, pero fue liberado horas más tarde y se trasladó a la sede del PT en Sao Paulo, donde se ha reunido con dirigentes de la formación.

Los movimientos sociales afines al PT anunciaron movilizaciones para defender a Lula, quien gobernó Brasil entre el 2003 y wl 2010.

La reunión fue convocada por Rousseff después de que la Policía Federal inició una vasta operación vinculada a las corruptelas en la estatal Petrobras, que comenzó con un allanamiento a la residencia de Lula, así como también en casas de miembros de su familia y algunos empresarios allegados al exmandatario.

Salvo el ministro de Justicia, que asumió su cargo este jueves, el resto de los participantes en la reunión convocada por Rousseff pertenecen al Partido de los Trabajadores  (PT) , fundado por Lula en 1980 y que es la formación más salpicada por los escándalos que se investigan en Petrobras.

El Gobierno aún no ha reaccionado de forma oficial frente a la operación, pero el presidente del PT, Rui Falcao, convocó a la militancia del partido a “movilizarse”  ante lo que calificó de “momento grave, en que se monta una operación política, un espectáculo mediático en torno a Lula y su familia” .

Lula es investigado desde hace semanas por los supuestos delitos de ocultación de patrimonio y blanqueo de dinero, aunque la Fiscalía añadió el viernes que también es sospechoso de enriquecimiento ilícito.

Decenas de personas afines o adversarias del expresidente se han concentrado frente a su residencia y a la comisaría en que presta declaración para manifestarse y llegaron a liarse a puñetazos frente a la propia policía, los periodistas y muchos curiosos.

La Policía Federal, responsable de la operación, aún no ha aclarado si Lula, el líder más carismático de Brasil contemporáneo y padrino político de la actual mandataria, Dilma Rousseff, permanecerá detenido o será liberado una vez que concluya su declaración. 

“Violencia” 

El Instituto Lula del exmandatario sostuvo que las acciones policiales de este viernes representan “una agresión al Estado de Derecho” .

    “La violencia practicada hoy contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña” , dijo el Instituto en un comunicado.

    La acción de la policía “es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema” , agregó.

    Lanzando gritos y coreando consignas, decenas de manifestantes se agolparon en la sede de la policía federal del aeropuerto de Congonhas, donde Lula declara desde las 0Hh00  (11H00 GMT) , algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se han enfrentado a golpes, constataron periodistas de  AFP .

Propiedades de lujo

Los mandatos de allanamiento y traslados para declarar “están siendo ejecutados por la policía federal para investigar posibles delitos de corrupción y lavado de dinero del esquema Petrobras practicados por el expresidente Lula y asociados” , dijo la fiscalía del estado de Paraná, a cargo de la investigación del megafraude a la petrolera.

    “Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte” , sostuvo la fiscalía en un comunicado.

    Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario del estado de Sao Paulo y de la finca. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.

    “Creemos que la finca es realmente del señor Luiz Inacio” , dijo el fiscal Lima.

    Lula continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, y al del partido que fundó, el izquierdista Partido de los Trabajadores  (PT) .

    La “Operación Lava Jato”   (lavadero de autos) que desvió más de dos mil millones de dólares de Petrobras es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país.

    Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.

    El artículo con supuestas declaraciones de Amaral publicado por la revista IstoÉ encendió la ira del gobierno y la propia Rousseff advirtió indignada que las filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como un arma política, y que el combate a la corrupción es y seguirá siendo la prioridad de su gobierno.

 “Me sentí prisionero hoy de mañana” , dijo Lula en la sede nacional del Partido de los Trabajadores  (PT, izquierda) en Sao Paulo, tras dar testimonio ante la policía federal en el aeropuerto de Congonhas.

“Si querían escucharme solo tenían que llamarme que yo iba, porque no debo y no temo”  a la justicia, sostuvo.

El poderoso exmandatario de izquierda, que gobernó Brasil del 2003 al 2010, calificó el allanamiento de su domicilio por parte de la policía este viernes y su traslado coercitivo a declarar bajo sospecha que se benefició del megafraude a Petrobras como “un show mediático”  y “un espectáculo de pirotecnia” .

Los fiscales “encendieron en mí la llama. ¡La lucha continúa!” , sostuvo Lula.

El expresidente denunció asimismo en una conferencia de prensa el intento de “criminalizar al Partido de los Trabajadores” . Hoy en Brasil, “ser amigo de Lula es algo criminal” , se quejó.

En el centro de Sao Paulo, decenas de partidarios del expresidente agitaban banderas rojas del PT y carteles de apoyo a Lula. “¡No habrá golpe!” , gritaban algunos.

“Si se mete con Lula se mete conmigo” , era una de las frases escritas en las pancartas que portaban los manifestantes.

“Vine a dar mi apoyo a Lula y a defender la democracia contra esta expresión de antipetismo que se ha instalado en Brasil y en la prensa. Yo voto por el PT desde 1980” , dijo a la  AFP  una de las partidarias de Lula, Edva Aguilar, de 58 años, que vestía una camiseta con los rostros del exjefe de Estado y de la presidenta Dilma Rousseff.

Los fiscales que investigan a Lula detallaron este viernes sus principales sospechas de “posibles crímenes de corrupción y lavado de dinero”  contra el exmandatario, una de las figuras políticas más importantes de América Latina.

“Lula, además de líder partidario, era el responsable final de la decisión de quiénes serían los directores de Petrobras y fue uno de los principales beneficiarios de los delitos. De hecho, surgieron evidencias de que los crímenes lo enriquecieron y financiaron campañas electorales y la caja de su fuerza política” , dijo la fiscalía de Paraná en un comunicado.

Policía brasileña allana la casa de Lula

Lula da Silva abandonó la comisaría de la Policía Federal tras un interrogatorio que se prolongó por más de tres horas, en una jornada donde la Policía allanó su domicilio para investigar si es culpable de corrupción y lavado de dinero en el marco del fraude a Petrobras.

“Estamos analizando evidencias de que el expresidente y su familia recibieron ventajas para conseguir acciones dentro del gobierno. Eso aún es una hipótesis”, dijo a periodistas el fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, a cargo de la investigación.

El fiscal sostuvo que cerca de US$8 millones fueron pagados a Lula, que gobernó Brasil de 2003 a 2010, en forma de donaciones u honorarios por conferencias por grandes constructoras acusadas de corrupción en Petrobras.

“Los favores son muchos y difíciles de cuantificar. Es más fácil cuantificar las obras en el tríplex y las obras en la finca”, dijo en referencia a dos propiedades que la Fiscalía sospecha fueron pagadas por constructoras en beneficio de Lula.

Las empresas son Odebrecht, OAS, Camargo Correa, Queiroz Galvao, Andrade Gutierrez y UTC.

“No hay nadie exento de investigación en el país (…) Lula no tiene fueros privilegiados”, aseguró Lima.
    

“Violencia”

El Instituto Lula del exmandatario sostuvo que las acciones policiales de este viernes representan “una agresión al Estado de Derecho”.

“La violencia practicada hoy contra el expresidente Lula y su familia, contra el Instituto Lula, la exdiputada Clara Ant y otros ciudadanos ligados al expresidente es una agresión al Estado de Derecho que afecta a toda la sociedad brasileña”, dijo el Instituto en un comunicado.

La acción de la Policía “es arbitraria, ilegal e injustificable, además de constituir una grave afrenta a la Corte Suprema”, agregó.

Lanzando gritos y coreando consignas, decenas de manifestantes se agolparon en la sede de la Policía Federal del aeropuerto de Congonhas, donde Lula declara desde las 0Hh00  (11H00 GMT), algunos para apoyarlo y otros para repudiarlo, y varios se han enfrentado a golpes, constataron periodistas de  AFP.
    

Propiedades de lujo

Los mandatos de allanamiento y traslados para declarar “están siendo ejecutados por la policía federal para investigar posibles delitos de corrupción y lavado de dinero del esquema Petrobras practicados por el expresidente Lula y asociados”, dijo la fiscalía del estado de Paraná, a cargo de la investigación del megafraude a la petrolera.

“Hay evidencias de que el expresidente Lula recibió valores oriundos del esquema Petrobras por medio del envío y reforma de un apartamento tríplex y de una finca en Atibaia, de entrega de muebles de lujo en las dos propiedades y de almacenaje de los bienes por una empresa de transporte”, sostuvo la fiscalía en un comunicado.

Lula niega ser propietario del tríplex en un balneario del estado de Sao Paulo y de la finca. La fiscalía sospecha que los predios fueron reformados por grandes constructoras brasileñas, que a cambio obtenían contratos en la estatal Petrobras.

Lula continúa siendo una de las figuras políticas más influyentes de Brasil y su destino está estrechamente ligado al de su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, y al del partido que fundó, el izquierdista Partido de los Trabajadores  (PT).

La “Operación Lava Jato”   (lavadero de autos) que desvió más de US$2 mil millones de dólares de Petrobras es considerada la mayor investigación anticorrupción de la historia de Brasil y ya ha enviado a prisión o amenaza con hacerlo a parlamentarios, gobernadores, exfuncionarios y algunos de los principales empresarios del país.

Los allanamientos se producen un día después de un vendaval político en Brasil tras la filtración de supuestas declaraciones de un senador oficialista, Delcidio Amaral, acusando a Rousseff de interferir en la investigación del escándalo en Petrobras y a Lula de estar al tanto del esquema de corrupción.

El artículo con supuestas declaraciones de Amaral publicado por la revista IstoÉ encendió la ira del gobierno y la propia Rousseff advirtió indignada que las filtraciones a la prensa no pueden ser usadas como un arma política, y que el combate a la corrupción es y seguirá siendo la prioridad de su gobierno.

    Cerca de medio millar de partidarios de Lula, vistiendo camisetas rojas y agitando banderas del izquierdista Partido de los Trabajadores  (PT) gritaba en su apoyo. A pocos metros, un grupo un poco menos numeroso gritaba “¡Fuera Lula, fuera PT!” , constató un fotógrafo de la  AFP .

    Los ánimos se caldearon rápidamente con gritos y hasta golpes. La policía intervino con gases lacrimógenos y enfrentamientos cuerpo a cuerpo para separar a los bandos de manifestantes, que llegaron a bloquear el tránsito y algunos de los cuales resultaron heridos.

    Imágenes de la televisora Globo mostraron a policías golpeando fuertemente a algunos manifestantes.

    Este caso y otras investigaciones judiciales que tienen a Lula como blanco amenazan su eventual candidatura a la presidencia en el 2018. El exmandatario niega las acusaciones y asegura que es víctima de un complot para desprestigiarlo antes de los comicios.

    Algunos manifestantes pro Lula lanzaron piedras y palos contra el gran muñeco inflable “Pixuleco”  que representa al exobrero metalúrgico vestido de presidiario y que opositores cargan consigo en todas las manifestaciones contra el gobierno. Finalmente consiguieron derribarlo.

Interrogatorio suspendido

Cerca de la medianoche del martes, una medida cautelar suspendió la declaración que Lula debía prestar ante la fiscalía del estado de Sao Paulo, que investiga al expresidente y su esposa Marisa por “lavado de dinero que incluye el delito de ocultamiento de patrimonio” .

    El Consejo Nacional del Ministerio Público  (CNMP) , encargado de supervisar a los fiscales, canceló la convocatoria a petición de un diputado del PT que cuestionó al fiscal encargado del caso, Cassio Conserino. Este declaró a la prensa que habría “indicios”  para acusar a Lula cuando el proceso está recién en fase de recopilación de pruebas.

    La solicitud de dejar sin efecto la convocatoria a Lula, que es investigado por presunta corrupción en otras causas, también señala que el proceso fue “encaminado”  a un fiscal, algo vedado por las reglas procesales en Brasil.

    La resolución que suspendió su declaración judicial deberá ser ratificada o descartada por el plenario del Consejo, “probablemente la semana próxima” , dijo este miércoles a la  AFP  una fuente del organismo.

    En una rueda de prensa, Conserino declaró este miércoles que llevará documentos al Consejo para revertir la suspensión del interrogatorio de Lula, a fin de “cumplir con el objetivo de indagar los graves hechos que involucran personas que se consideran encima y al margen de la ley” .

    La fiscalía sospecha que el apartamento tríplex en Guarujá pertenece a Lula aunque oficialmente aparece como posesión de la constructora OAS, una de las firmas involucradas en el megafraude a Petrobras que es investigado por la operación Lava Jato.

Lula declaró en 2006 haber pagado una cuota para este proyecto inmobiliario en la Bancoop, la cooperativa de bancarios que era propietaria de esta obra, y que finalmente, por inviabilidad, fue transferida a OAS. La defensa del expresidente afirma que Lula finalmente desistió de la compra y pidió la devolución del pago.

    En paralelo, investigadores del caso Lava Jato que intenta desmadejar el fraude en Petrobras sospechan que OAS habría entregado apartamentos del mismo desarrollo inmobiliario en Guarujá en pago de sobornos a cambio de contratos con la petrolera.

    Lula recibió en la sede del Instituto que lleva su nombre y que lo representa a una delegación de diputados del PT que fueron a brindarle su apoyo. Consultado por la  AFP , un portavoz del instituto dijo que no se esperaban declaraciones del expresidente durante la jornada.

Vaccari, de 56 años, fue tesorero del PT, al que pertenecen la presidenta Dilma Rousseff y su antecesor y padrino político Luiz Inácio Lula da Silva, hasta abril pasado, cuando dimitió después de ser detenido por la Policía Federal en el marco de la investigación de las corruptelas en Petrobras.

Empresario vinculadas a Petrobras

 La Policía brasileña informó de la detención de uno de los propietarios de la constructora Engevix, en el marco de una nueva operación relacionada con la corrupción en las empresas estatales Petrobras y Eletronuclear.

“Ha estado movilizando dinero de la corrupción incluso durante este año” , cuando la investigación ya estaba en desarrollo, dijo en una rueda de prensa el fiscal Carlos Fernandes Santos Lima en referencia al empresario José Antunes Sobrinho, quien fue detenido hoy en Florianópolis  (sur) .

Según las autoridades, Antunes Sobrinho obtuvo unos 140 millones de reales  (cerca de 36 millones de dólares) mediante fraudes con una serie de contratos de Eletronuclear, empresa estatal del sector de energía.

El vicealmirante Othon Luiz Pinheiro da Silva, que fue presidente de la empresa, fue detenido en julio pasado.

La Policía Federal llegó a las corruptelas en Eletronuclear a través de las investigaciones en Petrobras, empresa que ha admitido que una vasta red de corrupción enquistada en su seno se apropió de unos 2 mil millones de dólares entre el 2004 y el 2014.

El “caso Petrobras”  salpica a una veintena de grandes empresas privadas, que según las autoridades obtenían contratos amañados, inflaban sus valores y luego repartían las diferencias con exdirectores de la empresa y políticos que amparaban el fraude.

Por este asunto también está bajo investigación medio centenar de políticos, en su mayoría de la base de apoyo al Gobierno de Dilma Rousseff, incluidos los presidentes de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del Senado, Renán Calheiros. 

 El documento al que accedió la  AFP  es una solicitud realizada el jueves por el delegado de la Policía Federal Joselio Azevedo de Sousa al máximo tribunal, que tramita las vinculaciones políticas de la trama que costó más de 2 mil millones de dólares a la petrolera, llevó a prisión a encumbrados empresarios y tiene en la mira a decenas de legisladores.

    El expresidente Lula “en su condición de mandatario máximo del país, podría haberse beneficiado del esquema en curso en Petrobras, obteniendo ventajas para sí, su partido, el PT (Partido de los Trabajadores), o incluso para su Gobierno, con el mantenimiento de una base de apoyo partidario sustentada a costa de negocios ilícitos” , señala el pedido.

    Lula aparece mencionado, desde muy temprano en el escándalo, en algunos de los testimonios dados a la justicia por implicados en el caso que colaboran a cambio de una reducción de sus condenas. Pero según aclara el propio delegado policial, los testimonios no aportan pruebas.

    “Los colaboradores, no obstante, no disponen de elementos concretos que impliquen la participación directa del entonces presidente Lula en los hechos” , dice.

    La petición está ahora en manos de la Corte Suprema, que deberá decidir si la envía para su revisión a la fiscalía general que investiga la parte de la causa que atañe a políticos -mayormente protegidos por fueros, aunque no es el caso de Lula-, si lo destina al juzgado federal de Paraná  (sur) que tramita la esfera privada del escándalo, o si la descarta.

    El “Petrolao”  consistió en una red de sobornos armada entre directivos de Petrobras, grandes constructoras, intermediarios y especialistas en lavar dinero, para amañar licitaciones, cobrar sobreprecios y desviar fondos al extranjero durante 10 años. La investigación señala que ese dinero engrosó fortunas personales y financió a partidos políticos.

La investigación fue abierta formalmente el 8 de julio, después de un procedimiento preliminar sobre las actividades del exmandatario, que por lo pronto no será llamado a declarar, añadió la vocera.

“Estamos tranquilos. El Instituto Lula tiene certeza de la transparencia y legalidad de las actividades del expresidente Lula”, indicó José Crispiniano, portavoz de una fundación creada por el exmandatario tras dejar el gobierno.

“Ya dimos todas las informaciones a la fiscal Mirella de Carvalho Aguiar este fin de semana y nos extraña que en tan poco tiempo haya analizado todo el material”, añadió.

Lula habría utilizado su influencia internacional para que la empresa Odebrecht, la mayor firma de construcción e ingeniería de América Latina, ganara contratos en países de la región y de África entre el 2011 y el 2014.

Estas prácticas podrían constituir delitos de tráfico de influencias dentro de Brasil y tráfico de influencias en transacción comercial internacional, y es eso lo que investiga la fiscalía.

Odebrecht habría financiado viajes del exmandatario a países como Venezuela, República Dominicana, Cuba y Ghana, donde la constructora tenía interés en cerrar negocios, señaló Época en su momento.

Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora, está en prisión bajo sospecha de participar de una red de desvíos en la petrolera brasileña Petrobras, que le habría costado a la estatal unos US$2 mil millones.

AVANCE #MUNDO | Fiscalía de #Brasil abre investigación contra el expresidente Inácio Lula, por tráfico de influencias pic.twitter.com/t6LAE7YHL9

— Prensa Libre (@prensa_libre) July 16, 2015

Según antecedentes de la investigación en curso sobre este caso, la trama de corrupción involucra a exejecutivos de Petrobras, empresarios y políticos que se habrían coludido para amañar contratos con la estatal gracias al pago de sobornos que, a su vez, engrosaron fortunas personales y financiaron a partidos políticos.

El oficialista Partido de los Trabajadores fundado por Lula da Silva aparece actualmente como uno de los más involucrados en este caso.