Sobre Toledo —quien gobernó Perú entre 2001 y 2006— pende una orden judicial de captura internacional dictada el jueves, tras haber sido acusado de recibir US$20 millones a cambio de favorecer a la constructora Odebrecht con la concesión para construir la carretera interoceánica, que une Perú con Brasil.

“Invocamos a Interpol Francia a actuar con la mayor celeridad posible ante alto riesgo de fuga en caso Toledo”, escribió el Ministerio del Interior en su cuenta de Twitter.

El exgobernante se encontraba en Francia hace unos días, pero ahora su paradero es desconocido.

Toledo pasó así a integrar la lista de los más buscados de Perú, compartiendo espacio con violadores, asaltantes, asesinos y estafadores, en un programa de recompensas lanzado hace unos meses por el gobierno.

“Interpol tiene que notificar a 190 países que Perú ha lanzado una alerta roja”, dijo a la prensa la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello.

De ser capturado, Toledo deberá cumplir una orden de prisión preventiva por 18 meses, mientras duren las investigaciones.

Alguna vez paladín de la democracia en Perú, Toledo, a sus 70 años, está a punto de convertirse en el segundo expresidente peruano en las últimas tres décadas en ir a prisión por un caso de corrupción, tras el autócrata Alberto Fujimori, de quien fue férreo opositor.

• Lea además | El caso Oderbrecht en Guatemala

Odebrecht, que ha reconocido pago de coimas en Brasil y Latinoamérica a cambio de obras públicas en un caso conocido como “Lava Jato”, reconoce que pagó US$29 millones en Perú ilegalmente entre 2005-2014, durante los gobiernos de Toledo, Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

“Se dicta prisión preventiva al investigado Alejandro Toledo por un plazo de 18 meses. Como se encuentra en libertad se cursa los oficios correspondientes para la inmediata ubicación, captura y reclusión”, dijo el jueves el juez del caso Richard Concepción, quien dispuso una orden de captura nacional e internacional contra el exmandatario.

Su abogado Heriberto Benítez anunció que apelará la decisión judicial. Él había pedido que se le otorgue sólo orden de comparecencia durante la investigación, pues considera que detenerlo sin una sentencia de fondo es una vulneración de sus derechos.

En una entrevista televisiva Toledo había negado los cargos, pero para el juez hay claros elementos presentado por la Fiscalía que le hacen presumir lo contrario.

Para el magistrado, “existe un alto grado de probabilidad de que en la interoceánica se hayan presentado irregularidades con la intervención de Toledo” y “haya recibido pagos”. Explicó que mediante decretos supremos, el expresidente permitió que Odebrecht se salte procesos y se adjudique la obra.

Sinibaldi tiene orden de captura desde el 11 de junio de 2016 por su supuesta participación en la compra de regalos onerosos al exbinomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti con dinero del Estado, en el caso conocido como La Cooperacha, que tiene a varios exintegrantes del gabinete de Gobierno patriotista en prisión.

En el comunicado, supuestamente escrito por el exministro prófugo,  éste señala que Cicig está violando su derecho de presunción de inocencia al “politizar, mediatizar, juzgar y sentenciar los casos”, aunque sin aportar datos o razones del por qué se mantiene oculto en lugar de enfrentar a la justicia.

Además, niega ser dueño de un hangar y de un helicóptero, aunque reconoce que sí lo usó pero como un servicio “rentado”. Acepta ser propietario de cuatro propiedades allanadas, mas no de otras ocho que las autoridades le atribuyen.

Alega que puede comprobar su origen de su patrimonio, producto de su trayectoria empresarial, pero lo hará cuando haya “condiciones adecuadas y no de Inquisición”.

Sinibaldi, quien fue el ministro estrella del gobierno de Otto Pérez Molina y presentado como precandidato a la presidencia en septiembre de 2014, reclama que agentes de Cicig supuestamente han amedrentado a empleados de sus empresas y  considera violados sus derechos.https://twitter.com/ASinibaldi/status/826245259055206404

Sospechoso

A petición del MP y Cicig, un juzgado autorizó la inmovilización nueve inmuebles, un helicóptero y dos hangares relacionados con Sinibaldi, por posible corrupción en su gestión en el Inguat y el Ministerio de Comunicaciones.

El nombre del exministro también ha figurado en investigaciones sobre irregularidades en el Transurbano y la adjudicación de la ampliación de la carretera de Cocales a la frontera con México a cargo de la empresa Oderbrecht, cuyo precio fue aumentado de forma ilegal pero la obra quedó inconclusa.

La empresa brasileña Norberto Odebrecht podría estar bajo investigación por el Ministerio Público (MP) y  según autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV)  podría deberse al contrato para la ampliación de la carretera CA-2 Occidente —ruta al Pacífico—.

El contrato según el CIV fue firmado en el 2012 por la administración de Alejandro Sinibaldi Aparicio, quien está prófugo.

El MP solicitó el miércoles último toda la información que involucre a la empresa en contrataciones o procesos dentro del CIV. “Yo tenía previsto enviarlo al Ministerio Público. Lo iba a hacer en digital, y ellos lo querían autenticado.

Esto lo veo como de oficio, resultado de todo lo que ha ocurrido”, afirmó a Prensa Libre Aldo García, jefe del CIV, quien indicó que aún no han denunciado a la referida compañía.

El funcionario explicó que en la institución se analiza lo actuado desde la firma del contrato a la fecha.

El proceso data del 11 de diciembre del 2012, a las 18.17 horas, cuando fue publicado en el Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala (Guatecompras) el concurso de licitación pública 2425556.

Cuatro horas después fue abierta la recepción de ofertas y se cerró en media hora. Al día siguiente fue adjudicado y finalizado el evento.

La firma

La obra corresponde a la rehabilitación de la vía y ampliación a cuatro carriles de la ruta al Pacífico, desde Cocales, Suchitepéquez, a la frontera con México —140 kilómetros—. Lo pactado establecía un monto de Q3 mil siete millones 970 mil 118.

Una  acción que ven extraña las autoridades es que los costos por kilómetro construido pasaron de Q2.98 millones a Q3.84 millones.

“Ya hice una reunión preliminar con las personas de la empresa, y necesitamos otra. Ellos lo que dicen es que hay cosas que se las pidió la institución y otras que fueron de un acuerdo entre ambos”, explicó García.

El ministro indicó que la regulación de la carretera fue aumentada de 60 a 80 toneladas de capacidad para la circulación del transporte.

“Por ejemplo, si mi regulación en una carretera es de 57 toneladas y la diseño para 60, está bien; pero pasarla a 80, no sé por qué o para qué”, expuso.

Argumentó que la decisión pudo haberse basado en versiones, y no en autorizaciones oficiales.

Se ha pagado 70%

A García le causa duda  que el avance de la carretera sea de 35 por ciento y que la empresa ya haya recibido el 70 por ciento de los Q3 mil millones.

“Pero estamos evaluando el contrato y las acciones que se desarrollaron en todo este tiempo. No estamos acusando a nadie, solo analizamos los hechos”, puntualizó.

La obra está detenida hace varios meses, al igual que los desembolsos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, que prestó dinero para financiarla.

En  comunicación por correo electrónico con la compañía, en mayo de este año, los personeros indicaron que se esfuerzan por asegurar la culminación de la obra, aunque sin señalar un plazo.

Explicaron que el poco avance físico se debe a que la Dirección General de Caminos debe tramitar los derechos de vía en varios tramos  y que son proceso.

Megaproyecto detenido

• Obra lleva cuatro años y  avance se detuvo.
• Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 occidente.
• El proyecto contempla 140 kilómetros de camino en la ruta al Pacífico.
• La obra abarca desde Cocales, Suchitepéquez, a la frontera con México, en San Marcos.
• La contratación se formalizó en el 2012, por  Q3 mil siete millones 970 mil 118, financiados por un banco brasileño.
• Al momento, la obra suma  35 por ciento   de avance físico y  70 por ciento de desembolso.
• El MP solicitó documentos al CIV.