Último trimestre del año. Ya se fue el mes de octubre y viene la aprobación del nuevo presupuesto, el que servirá para financiar el supuesto año electoral. En otros países, antes de aprobar uno nuevo se hace una revisión de cómo ha ido la ejecución del año en curso y de períodos previos. Es un parámetro para ver la razonabilidad del nuevo estimado de gasto que se propone. En los más avanzados, se rinden cuentas de lo que se logró y de lo que se quiere hacer con el nuevo presupuesto. En Guatemala, eso no ocurre. Lo más cercano es el ejercicio que el anterior ministro de finanzas denominó “presupuesto abierto”, donde cada ministerio va y pide a viva voz lo que dice que necesita para hacer lo que dice que va a hacer. Ninguna verificación ex post de qué fue lo que terminó haciendo con lo que se le dio. Así va año con año, la piñata de los millardos.

¿Qué fue del presupuesto de este año? En qué se han gastado los Q.43,186.8 millones de quetzales que la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- había recaudado al mes de septiembre? ¿Cómo va la ejecución de los ministerios en un gobierno que se ha caracterizado por altos niveles de ineficiencia en su gestión?

Los ministerios que están en primera línea apuntalando el Pacto De Corruptos son los que llevan mejor ejecución. Todos por arriba del 66% a septiembre. Lamentablemente, es un gasto destinado a hundir el país en la oscuridad, el aislamiento, la corrupción y la impunidad.

En contraste, los ministerios que le deberían servir más a la población para salir adelante: La peor ejecución la encabezan Cultura y Deportes, con 47% y el MAGA con 49.6%, en un país cuya gente pasa hambre y es el campeón de la desnutrición crónica en América Latina. Le sigue Economía con 54.6% en un país con 60% de pobres, 70% de informalidad y ubicado en el puesto 9 del mundo en desigualdad. El MIDES, que tiene este año su mejor nivel de ejecución con 55%, aunque para poco sirva; Comunicaciones 58.9% pero las carreteras siguen destrozadas; y Ambiente, con 59.3% y su gasto más recordado será el pago de viajes en helicóptero, mientras el país pierde la masa boscosa que le queda. Salud araña el 60% y sigue siendo el mismo desastre de siempre; y Educación el 71.5%, por su fidelidad y complacencia eterna con Joviel.

¿Y qué fue de la inversión? No han podido ni ejecutar los escasos 3.88 millardos que les aprobaron. La ejecución promedio a septiembre es de 49.6%. Casos que lloran sangre: Educación, que tiene 253 millones de quetzales aprobados para inversión, solo ha ejecutado 43.5. Y MSPAS, de 284 millones que les asignaron para inversión en infraestructura, solo ha ejecutado 11.6 millones. Mientras tanto, los médicos sin recursos ni instrumentos para prestar la atención. Sumidos en la precariedad perpetua e ignorados por las autoridades ministeriales y de gobierno. Eso sí, hubo viaje a Astana, Rusia a “renovar el compromiso con la Atención Primaria en Salud” y se llenan la boca de un discurso políticamente correcto, mientras los servicios públicos siguen en la misma lamentable situación. Ni qué decir del agua y saneamiento: 125 millones presupuestados y 19 ejecutados. ¡Y luego quieren insistir en que con la “Ventana de los 1,000 días” reducirán la desnutrición! El programa no es el problema, son las instituciones detrás, que han caído en la incapacidad total de operar sus compromisos técnicos y financieros. Las municipalidades no se quedan atrás: 51% llevan de ejecución de sus presupuestos de inversión al mes septiembre y los CODEDES 39%.

Con estos niveles de eficacia, se entiende que la construcción de una rampa para sillas de ruedas se considere todo un logro digno de un acto oficial.

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Cada año las denuncias de corrupción se incrementan y  son interpuestas sobre todo por la Contraloría General de Cuentas (CGC), pero del 2015 a la fecha la ciudadanía se  ha atrevido más a evidenciar  ilegalidades. A la fecha van 700 y en 2016 fueron mil 200, según la fiscalía  contra la Corrupción,  del Ministerio Público.

A partir de que salieron a luz  los casos de corrupción en el 2015,  la participación ciudadana ha propiciado más denuncias. En enero de este año  se presentaron 150; la mayoría por la Contraloría, asegura Stuardo Campo, fiscal  contra la corrupción.

“Cada año se incrementan las denuncias de corrupción. Gran cantidad de las que ingresan están relacionadas con las municipalidades; entre estas la de Taxisco, Santa Rosa; Los Amates, Izabal; Ciudad de Guatemala, Zacapa, Mixco, Quetzaltenango y uno de los últimos casos es el de San Marcos”, señaló Campos.

El fiscal añadió que la “no ejecución” de proyectos, obras sin terminar, contrataciones dudosas, son algunos de los señalamientos contra las comunas que se observan en los expedientes. 

“Para darle una idea de cómo han crecido las denuncias, en el 2014 se presentaron 200; un año después, 800, y en el 2016, mil 200, mientras que en los primeros meses del 2017 –sin especificar cuáles- ya se registraron 700”, añadió.

El presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam), Edwin Escobar, aseguró que  trabajan en capacitar a los mandos medios y a la misma corporación municipal, para que sean mejores gestores del gasto  público.

“Se habla de muchas municipalidades cuando hay un solo gobierno. La cantidad no obedece a que sean malas, sino que hay 340 comunas. Se vive una coyuntura particular que, en aras de que se está cumpliendo en su rol de fiscalización, hay un intento de estar presentando hallazgos y denuncias como no se había dado antes, muchos sin fundamentos”, refirió Escobar.

¿Y la Contraloría?

En cuanto a las denuncias que interpone la CGC, algunos procesos de investigación  se atrasan porque no van acompañados de las auditorías, las cuales deben ir revisadas por el supervisor, por lo que se hace necesario solicitar una especial, que toma más tiempo.

Carlos Mencos, contralor general de Cuentas,   afirmó que los auditores presentan las denuncias cuando sospechan de un delito, sin haber finalizado las auditorías.

“Los auditores, en muchos casos, encuentran la posible comisión de un delito y presentan la denuncia, y por lo acelerado que pueden ser las investigaciones puede que los rebase el tiempo que tienen para concluir los informes”, explicó Mencos.

El lineamiento  que se debe  seguir  ahora es que desde el momento en que se presenta la denuncia vaya incluido el informe de auditoría, ya que dará al investigador  insumos para  desarrollar  mejor su trabajo.

Mencos explicó, sin proporcionar mayores datos, que algunas de las denuncias presentadas  han sido desestimadas por ese motivo. El reto  ahora es que los auditores respeten la opinión del área jurídica, y si no  hay indicios para sustentar una denuncia,    que presenten otro tipo de acción correctiva.

Problema de muchos años

El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, manifestó que este “pimponeo” entre el MP y la Contraloría lleva muchos años.

Ha sido un juego de pimpón, donde se inculpan ambos entes, ante la falta de avance de las investigaciones. El concepto de que el Estado es una unidad no cala en las instituciones públicas.

Marroquín considera que lo que debería   haber es un trabajo conjunto entre ambas instituciones.
“Parte del esfuerzo que hemos querido hacer en la Alianza por la Transparencia es ese. Crear un espíritu de unidad en el Estado de Guatemala, y por qué tiene que trabajar en conjunto. Pero en este dilema es un desafío por construir”, explicó.

Marroquín agregó que poco sirve   que haya más denuncias si no tienen fundamento, que es bueno que crezca la denuncia con evidencias; de lo contrario, afirmó, “es como inflar un globo; solo  aire”.

Las organizaciones Guatemala Visible, Acción Ciudadana, Fíjate Bien, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Tuiteros por Guate y  Levantemos la Voz, que integran la alianza Congreso eficiente,  hacen un llamado a los diputados a que reconsideren sus acciones para que legislen por el bien de sus representados, y no para sus intereses personales.

Los grupos señalan que el mensaje que transmiten al aprobar de mayoría absoluta este tipo de acuerdos, llevan a pensar que sólo cuando hay un “interés particular” se toman decisiones absolutas, y que la aprobación de otras iniciativas de la ley no ha reflejado lo mismo.

“Que el presupuesto del Estado debe tratarse con mesura y austeridad, ya que el país tiene una larga trayectoria de carencias que deben solucionarse con acciones comprometidas a priorizar gastos, en lugar de legislar a favor de funcionarios. Por lo que instamos a los diputados a legislar en beneficio de las necesidades del país”, indica el comunicado emitido el sábado por la noche.

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“De acuerdo a nuestros datos de monitoreo a Comisiones de Trabajo, existe inasistencia de diputados a las reuniones. No se respetan los procedimientos legales establecidos para el trabajo legislativo en comisiones, y no existe una efectiva rendición de cuentas de los gastos de representación. Por estas razones, consideramos que no es el momento oportuno para aprobar acuerdos que los beneficia, cuando la nación tiene prioridades urgentes en atender políticas públicas”, refieren.

Nota de la Contraloría donde reportan el hallazgo de los diputados con bono 14 y aguinaldo sobrecalculado. pic.twitter.com/l0wxGSKEAB

— Karin Slowing Umaña (@karin_slowing_u) June 8, 2017

También recuerdan que los hallazgos hechos por la Contraloría General de Cuentas en su informe de auditoría 2016 señalan una debilidad institucional en la remuneración de los diputados, por lo cual la aprobación del Acuerdo Legislativo 18-2017 responde a una acción para resolver de forma dicha debilidad.

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El jueves pasado, los diputados aprobaron por mayoría la legalización del pago de bono 14 y aguinaldo de ellos mismos, sobre el ingreso total y no sobre el salario base, lo cual representa una carga millonaria para el gasto público. Según la Contraloría de cuentas este pago, que ya se ha realizado en años anteriores, representa un gasto adicional de Q3 millones 279 mil, que multiplicado por los cuatro años de cada legislatura serían Q13 millones.

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“Hacemos un llamado a los órganos de control del sistema político para que ejerzan sus funciones sin temor, pues es un deber el velar y cumplir la Constitución Política”, concluyen las organizaciones que se suman a diversas críticas realizadas por ciudadanos en redes sociales.

Diputados devengan aguinaldo, bono 14, caja chica y gastos de representación sin tener relación de dependencia #QueDevuelvanElDinero

— Regina Román (@regina_roman) June 9, 2017

Diputados evitan devolver dinero de bono 14 y aguinaldo pero les hicieron devolver a trabajadores este año esos rubros, pero ellos se salvan pic.twitter.com/0KtSxgcYAz

— GuatemalaPost (@GuatemalaPost) June 9, 2017

Pidan una ley de cualquier cosa y tardará años en llegar. Pero Dios guarde los diputados se quiten el aguinaldo y bono 14 https://t.co/bK0vdo6iJh

— Ximena Enriquez (@XimeEnriquez) June 8, 2017

Sin pena ni gloria ha transcurrido la labor parlamentaria durante el primer período de sesiones ordinarias, al menos eso es lo que piensan los mismos diputados, quienes calificaron su gestión con un promedio de 5.4 puntos.

La Constitución divide la labor del congreso en dos períodos ordinarios de sesiones, el primero concluye este 15 de mayo. La mayoría de los jefes de bloques y diputados son críticos y reconocen que no han avanzado mucho, por lo que a esta primera fase de su labor anual le otorgan punteos que van de cuatro a seis puntos sobre 10.

Los más optimistas fueron el jefe de Fuerza, Raúl Romero; y la subjefa del Movimiento Reformador (MR), Alejandra Carrillo, quienes coincidieron en calificar su labor con siete puntos.
Donde no están  de acuerdo los diputados es en las causas que han provocado que su trabajo no avance. Para algunos hay falta de liderazgo, otros culpan a las bancadas mayoritarias y algunos al presidente del Congreso, Óscar Chinchilla.

Incluso, algunos se atrevieron a indicar que la polarización que han provocado las reformas constitucionales, ha impactado de manera negativa en la labor parlamentaria.

Diputados se autovaloran

Los congresistas puntearon su labor y la del presidente del Congreso.

Según Mario Taracena, diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), las calificaciones deben dividirse. “Los diputados shucos, los torcidos sacaron 10, porque lograron parar las reformas y el trabajo de las comisiones. A ellos les ha ido muy bien. Ahora los que queremos avanzar tendríamos un cuatro, porque estamos estancados”.

Alianza fallida

Este año el partido de gobierno, que había quedado fuera de cualquier negociación en el 2016, logró una alianza con las bancadas MR, Todos, Alianza Ciudadana y Unión del Cambio Nacional (UCN), algunos diputados creen que el estancamiento se debe a que esta coalición no funcionó.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala (EG), asegura que la alianza fue fallida, incluso, a pesar de que Chinchilla ha intentado posicionar una agenda, “los mismos que lo llevaron a la presidencia lo dejaron solo”.

Agregó que “habían pactado varias elecciones como la Junta Monetaria y el Consejo Nacional del Migrante, y cuando todo eso se vino abajo empezó el disgusto y la pugna. Se agudizó cuando plantearon iniciativas que no avanzaron como la de impunidad para diputados y la ganadera. Hubo molestias y eso complicó la alianza”.

La subjefa del MR reconoció que “a la alianza le afectó no avanzar con algunas prioridades”, y manifestó su molestia porque en la Corte de Constitucionalidad se aprueba todo lo que la UNE impugna.

Agenda dispersa

Juan José Porras, jefe de Visión con Valores (Viva), aseguró que el reto para el próximo semestre es acordar una agenda. “Hay mucha dispersión, cada bloque quiere su iniciativa, hay que buscar un acuerdo que cohesione”, detalló.

Para Porras, el partido de gobierno debe de definir qué les interesa en verdad y priorizar su agenda, pues eso  ha impedido acuerdos.
Para Eduardo Zachrisson, jefe del Partido de Avanzada Nacional, el receso parlamentario debiera de utilizarse para buscar acuerdos reales entre los jefes de bloques. “Solo  están apagando incendios, hay que ver qué lo está provocando y buscar soluciones”, propuso.

Adim Maldonado, del partido de gobierno, ve un claro problema en la división de las bancadas, porque aunque los jefes de bloque logran acuerdos, los diputados no llegan o no votan.

La manera opaca en que se rinden cuentas y la compra de voluntades para llegar a puestos claves dentro de las instituciones que dirigen el deporte  es una situación que acarrea graves problemas al deporte nacional, opinan políticos, exfuncionarios y analistas de transparencia.

Los expertos consideran que promover reformas a la ley del deporte podría ser una solución solo si las personas que llegan a los puestos de mando tienen la voluntad de trabajar por el bien del país y que antes que nada atiendan los semilleros, ya que no existen planes o proyectos de largo plazo para lograr buenos resultados en el deporte.

El deporte recibe 3 por ciento del total del presupuesto nacional de ingresos. Este año  recibió Q1 mil 42 millones 837 mil 527.91, monto repartido entre la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG), Q361.5 millones; Comité Olímpico Guatemalteco (COG), Q95.6 millones; Educación Física, Recreación y Deportes, administrado por el Ministerio de Educación, Q364.5 millones, y el Fomento al Deporte no Federado y la Recreación, administrado por el Ministerio de Cultura y Deportes, Q221 millones.

Poca transparencia

Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, comentó que aunque la CDAG y el COG utilizan el portal Guatecompras.gt, tienden a tener problemas para la fiscalización.

“El hecho de que utilicen estos sistemas no es garantía de que se estén haciendo bien las cosas. El problema de la poca transparencia se agrava porque hay mucho caudillismo dentro de esas instituciones”, afirmó.

El experto aseguró que “esto es comparable a la política tradicional del país,  porque al igual que en los departamentos en el deporte hay caudillismo dentro de las propias federaciones”.

Según el portal Guatecompras.gt, hasta el 11 de septiembre, la CDAG ha adjudicado Q34.2 millones; es decir, el 9.4 por ciento de su presupuesto vigente, mientras que el COG ha adjudicado Q1.8 millones, lo que representa el 1.8 por ciento de su presupuesto.

Un registro bastante bajo al tomar en cuenta que faltan menos de cuatro meses para que finalice el año.

El informe de la Contraloría General de Cuentas del 2015 precisa que en la CDAG y en el COG hubo hallazgos, como la falta de publicación de informes y  publicaciones extemporáneas en el portal Guatecompras.gt.

El primer caso ocurrió en la Confederación y el segundo en el Comité Olímpico.

Compra de voluntades

Francisco Lee, expresidente de la CDAG, afirmó que “generalmente hay grupos de poder que han utilizado el deporte para sus propios beneficios”.

Lee asegura que el modelo de deporte guatemalteco está rebajado, porque “el dinero que llega a las arcas del deporte, en sus cuatro áreas, no ha sido usado con eficiencia y eficacia que espera el pueblo guatemalteco”.

“Siempre se ha escuchado, y aunque es difícil de probar, que se da la compra de votos —para elegir a la junta directiva de la CDAG y federaciones—, pero además se ha escuchado de personas que han llegado porque han otorgado plazas”, aseguró Lee, quien agregó que “hay dirigentes que han negociado su puesto por presupuesto, es decir una componenda que es: voto por vos, pero me das más presupuesto”.

El exdirigente deportivo asegura que eso se da porque “no hay un sistema creado en el deporte”, un problema de desarrollo magnificado con intereses particulares y de grupos.

El diputado Carlos Fion, integrante de la Comisión de Deporte del Congreso, mostró su preocupación por la manera en que se administra ese rubro.

El congresista denunció que se sabe que “las federaciones nacionales tienen asociaciones que en su mayoría son fantasma y solamente las constituyen para tener votos”.

“Hay dirigentes que tienen el control de esas asociaciones y por lo tanto tienen el control de la elección. Hay denuncias de federaciones en la que los votos tienen valor, es decir aquel que tiene más dinero y más invierte compra los votos”, señaló.

Oswaldo Herbruger, también expresidente de la CDAG, comentó que se ha perdido la idea de que los dirigentes deportivos que manejan fondos públicos son servidores públicos. “El deporte no debe ser ajeno a una mejor actuación de nuestras gestiones públicas”, aseveró, y destacó la necesidad de que las personas y entidades que velan por una mejor ejecución de los fondos del Estado se fijen en las instituciones deportivas y su actuación.

José Luis Chea Urruela, ministro de Cultura y Deportes, aseguró: “Cultura no debe tener el Viceministerio de Deportes, porque el deporte debería tener una unidad rectora. Que funcione en una sola entidad, darle un nivel jerárquico y alguien que mande”, aseguró.

Contraste

Los Q1 mil 42 millones que se entregan al deporte es un monto superior a lo que reciben otras instituciones del Estado.
El Ministerio de Energía y Minas recibe Q70 millones y el Ministerio de Ambiente Q142 millones; el primero recibe 14 veces menos recursos y el segundo siete.

La Procuraduría General de la Nación recibe Q64 millones y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Q21 millones; es decir, 16 y 47 veces menos dinero.

Al Organismo Judicial se le asignaron en el 2016 Q1 mil 191 millones; o sea, 14 por ciento más que al deporte, para atender la justicia del país.

Estructura es débil

Óscar López, ministro de Educación, reconoció que “hasta ahora en el deporte escolar ha sido poco lo que se destina dentro de la Dirección de Educación Física” para constituir un semillero de actividades deportivas posteriores.

“No tenemos profesores de Educación Física en todas las escuelas, no tenemos los implementos; esa situación complica que sea un semillero”, refirió.

No hay respuesta

Durante dos días,  Prensa Libre intentó obtener la versión de los presidentes de la CDAG, Denis Alonzo, y del COG, Gerardo Aguirre, pero no fue posible.

Se contactó con el relacionista de ambas entidades, Francisco Ardón, quien ofreció enviar por escrito, o vía telefónica, la versión de ambos dirigentes, pero hasta el cierre de la edición no se había recibido ninguna comunicación oficial.

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) ha emprendido un interesante esfuerzo abriendo un espacio a la ciudadanía en el proceso de formulación del presupuesto 2017. A esta iniciativa, denominada “Presupuesto Abierto”, se está convocando a cada uno de los ministerios del Organismo Ejecutivo, al Organismo Judicial y al Ministerio Público, para que expongan públicamente cuáles son sus demandas de financiamiento para el 2017. Desconozco cuáles son los criterios para ser invitados a dichos eventos, pero se está transmitiendo en directo vía web, y se puede participar por medio de las redes sociales también. Así, podemos involucrarnos y participar.

Hasta ahora, la demanda institucional para el 2017 ha superado en todos los casos el techo de gasto que les fuera asignado en el 2016. Ciertamente, es un reflejo del estado de inanición crónica en que han vivido las entidades públicas, que se agudizó con el saqueo voraz y masivo de los últimos años. Los montos adicionales solicitados son significativos, pero no siempre queda suficientemente claro de las exposiciones ministeriales cómo la demanda financiera planteada se traducirá en mejoras concretas para la población. Para definir eso, se requeriría un proceso más profundo, que examine la eficacia y la relación costo-beneficio de la oferta de bienes y servicios que produce una entidad, con respecto a los resultados y metas que se propone alcanzar. Será difícil hacerlo ya para el 2017, pero debería avanzarse en esa dirección para los próximos presupuestos.

El Minfin deberá hacer un balance entre demanda y realidad fiscal, pues los ingresos adicionales con que espera contar en el 2017 no serán más de cuatro millardos, a los cuales hay que descontarles las obligaciones ya definidas en ley. Basta decir que los montos de las ocho entidades que ya han expuesto sus demandas adicionales ascienden a casi 13 millardos.

Hay que decidir entre seguir repartiendo “pushitos” a todas las entidades, o ser más bien estratégicos y priorizar el financiamiento —aunque sea parcial— de ciertos programas clave que profundicen y/o catalicen algunos de los cambios que tanto anhelamos.

Si a mí me preguntaran, la primera prioridad se la daría indudablemente al MP y al Organismo Judicial, aunque no se satisfaga el 100% de su demanda. Luego, hay tres ministerios que este Estado mínimo no puede dejar sin mejorarles las asignaciones el año entrante: Gobernación, Agricultura y Salud, en ese orden. No olvidaría presupuestar el censo de población.

Si quedara dinero, mi segundo grupo de prioridad sería el Ministerio de Trabajo, para fortalecer la inspectoría; seguido de los ministerios de Ambiente; Educación y Cultura. En todos los casos, no quedaría más remedio que priorizar rubros y/o programas estratégicos como destino del gasto incremental, y convenir metas razonables de alcanzar al final del año.

En paralelo, exigiría que todos los ministerios demostraran mejoras sustantivas en la calidad de su gasto y medidas concretas de control de la corrupción para ser elegibles a fondos adicionales en los próximos presupuestos.

Pienso que el “Presupuesto abierto 2017” es un paso en la dirección correcta y permitirá al Minfin avanzar en cuatro aspectos: 1. Reducir la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos; 2. Incrementar la participación ciudadana en la toma de decisiones clave en el Estado; 3. Tener una mejor idea del tamaño de la brecha fiscal; 4. Identificar elementos que debe incluir una reingeniería del proceso de presupuesto, para que así deje de ser un botín y se convierta en un verdadero instrumento para el bienestar ciudadano.

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