Los conflictos agrarios en Guatemala son un problema recurrente, y algunos casos son incluso de carácter histórico. Desde el 2020 la entidad que se hacía cargo de atenderlos era la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (Copadeh), pero el presidente Bernardo Arévalo designó un nuevo mecanismo para atenderlos.

El acuerdo de creación de la Copadeh fue reformado la semana pasada y las frases que hacían alusión a los conflictos agrarios fueron removidas, dejando como parte de sus tareas específicamente los derechos humanos y la paz.

Ahora, los conflictos agrarios se atederán desde la subsecretaría del diálogo adscrita a la Secretaría Privada de la Presidencia.

Para atender los conflictos se firmó un convenio agrario como resultado de los diálogos sostenidos con los diferentes representantes indígenas en la transición de gobierno.

Se lograron cinco acuerdos los cuales son atención a la conflictividad agraria, acceso a la tierra, economía campesina, articulación territorial y creación de espacio político de comunicación permanente, según lo detalló Adrián Zapata, asesor de diálogo.

“Para nuestro gobierno el dialogo no es solo una herramienta es un pilar fundamental que impulsa la participación de la ciudadania”, aseguró Arévalo en el evento protocolario.

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El mandatario resaltó que este convenio refleja el compromiso con la participación ciudadana, tomando en cuenta a todos los sectores. Fueron cuatro grupos campesinos los que firmaron el convenio con el gobierno el Comité de Unidad Campesina (CUC), Comité Campesino Del Altiplano (CCDA), Unión Verapacence de Organizaciones Campesinas (Uvoc) y Nuevo Día.

“El objetivo es muy sencillo, ya fue mencionado que en primer lugar es fomentar el progreso y bienenstar de las comunidades campesinas”, añadió el mandatario.

Son cerca de mil 500 casos de conflictividad agraria los que en su momento atendió la extinta Secretaría de Asuntos Agrarios, y el mismo número los que manejaba la Copadeh hasta el año pasado.

De acuerdo con la expicación del gobernante, en este mecanismo solamente se atenderán conflcitos agrarios, no ambientales, relacionados a minas o hidroeléctricas, ni el conflicto con Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán.

El comisionado por la Paz y los Derechos Humanos, Oswaldo Samayoa, explicó a Prensa Libre que si bien la Comisión no se hará cargo de los conflictos agrarios, colaborarán en este mecanismo especializado, sobre todo en materia preventiva.

“Lo que estamos generando ahorita son estrategias adecuadas para para atender los mismos”, señaló Samayoa.

Retos

Uno de los retos es la reconfiguración de la institucionalidad agraria que incluye al Fondo de Tierras, al Registro de Información Catastral, Registro General de la Propiedad y los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Desarrollo Social, esto a juicio de Claudia Villagrán,  exsubsecretaria de resolución de conflictos de la Secretaría de Asuntos Agrarios.

“Luego de alinear, de armonizar a la institucionalidad y también en algún momento ver cómo hacer que el Congreso tome decisiones que ha ido postergando por muchos años como estos temas de límites municipales”, comentó.

Asimismo, criticó que en los últimos años muchos de los conflictos agrarios se abordaron de una manera represiva más que con el diálogo. Y añadió que se deben priorizar los conflictos que generan más ingobernabilidad.

Sobre esto, Samayoa destacó que no se usará la fuerza para atender estos conflictos, sino se atenderá desde un marco de diálogo y negociaciones, mismo que responde a este nuevo mecanismo presentado.

“La seguridad democrática nos dice que el uso de la fuerza es de último y lo primero que se tiene que hacer es gestionar los acercamientos, las negociaciones y el diálogo con las personas o los que estén en conflicto”, indicó.

Organizaciones indígenas protagonizaron este sábado (2-11-2023) por segundo día consecutivo manifestaciones en la capital guatemalteca en contra del actuar del Ministerio Público (MP) y en demanda de la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, y de otros tres funcionarios del sector justicia.

Durante las protestas, los grupos ancestrales hicieron tres peticiones en específico al presidente electo Bernardo Arévalo, quien pasado del mediodía compareció en la Plaza de la Constitución, uno de los dos puntos donde se concentraron manifestantes, para saludar a los asistentes.

Las peticiones son, la creación de un ministerio de los pueblos indígenas, practicar auditorías a los 14 ministerios y hacer una reevaluación de las obras públicas. Estas demandas persiguen, afirmó la dirigencia indígena, atender a las poblaciones rurales, conocer a dónde y cómo se han utilizado los impuestos y terminar con el “nido de corrupción” en que se han convertido las obras de infraestructura.

Por su lado, Luis Pacheco, presidente de la Junta de Alcaldes de los 48 Cantones de Totonicapán, demandó al presidente electo escuchar al “pueblo que le da su respaldo”.

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“El pueblo es agradecido, señor presidente, pero uno tiene que demostrar esa transparencia y esa voluntad de cambio. No va a ser fácil porque lo hemos visto como dirigentes, pero sí es posible”, remarcó el dirigente indígena.

Pacheco dijo estar confiando en que “la lucha no será en vano”.

“Hemos pasado lluvias, sol, hambre, hemos dejado familias y el trabajo, y estos días la gente se ha movilizado voluntariamente y pagado sus propios pasajes. Nadie nos está financiando, porque estamos en defensa de la democracia, y democracia es que y decidimos quien lleve a nuestro país que eso se respete, nos guste o no”, resaltó.

Agradece respaldo

Por su parte, Arévalo agradeció “en nombre de los cuatro pueblos de Guatemala” a los manifestantes quienes, dijo, han dado un ejemplo de dignidad y lucha.

Se comprometió a trabajar con las organizaciones para llevar el desarrollo a los sectores que han sido “marginados y discriminados”. “Vamos a trabajar escuchando y dialogando con todos los sectores del país, ero muy especialmente con los pueblos originarios para construir esos caminos que permitan llevar el desarrollo a donde más se necesita”, aseveró el gobernante electo.

Además, destacó las manifestaciones encabezadas por los pueblos originarios por el “esfuerzo por defender la democracia y permitir a los guatemaltecos honrados y decentes construir el país que no san negado los corruptos”.

Esta semana estuve en el aniversario de la promulgación de la Ley General de Electricidad la cual cumplió 20 años, gracias a esta ley que le quitó el monopolio al Estado, la población ha sido beneficiada en todo sentido. Veamos alguno de los beneficios, por ejemplo de 1971 a 1996 obtuvieron el servicio de energía eléctrica 152 mil hogares a un ritmo de 5,850 por año, desde la promulgación de la ley, de 1996 a la fecha se han beneficiado 950 mil a un ritmo de 56 mil por año, llegándose a tener una cobertura del 93% de la población, además de eso la matriz energética ha cambiado sustancialmente y ahora el 49% es generado por hidroeléctricas lo que ha significado una reducción en las tarifas de más de 25% y en algunos casos hasta del 40%, en fin el dinámico sector eléctrico ha sido un éxito, lamentablemente no todo es miel sobre hojuelas. Los enemigos del desarrollo se han dedicado a bloquear la construcción de más hidroeléctricas, aduciendo que contaminan el agua, que le quitan el agua a las poblaciones cuando en una hidro la misma agua que entra es la que sale sin ningún contaminante, es considerada mundialmente como la fuente de energía más limpia, además de esta oposición se han dedicado a no permitir el paso de líneas de transmisión que beneficiarían a muchas comunidades que aún están a oscuras, para un ejemplo un transformador que se debió haber instalado hace tres años en una área de sur oriente del país, tan pobre como el corredor seco, hasta ahora va a ser posible, debido a la oposición de comunidades manipuladas por los enemigos del desarrollo.

Un argumento de algunos es que no se beneficia a los pueblos, mentira, durante el acto de aniversario oímos los testimonios de tres alcaldes de municipios beneficiados, y uno de ellos contaba que antes tenía que gastar tres quetzales diarios en candelas o kerosene para candiles, lo que representaba Q90 por mes, ahora con luz solo pagan Q50, si esto no es beneficio ¿Qué es?

Lamentablemente hay todavía algunos baches en el camino, como es el caso de algunas alcaldías que cobran la tarifa de un alumbrado público que no existe o que se limita al parque central, pero los barrios de la periferia no se ven beneficiados con el servicio.

Ayer leímos una noticia de una ONG sueca que va a donar Q5.7 millones a dos poblaciones del corredor seco y cuando se entrevistó a su secretario general, el señor Per Dyman, dijo no conocer nada de Guatemala. Este señor debería de conocer en qué paran los fondos que vienen de la cooperación nórdica, si el dinero se lo van a dar a oenegés ligadas a las organizaciones como CODECA, que además roba energía; el CUC, el FNL y todas las que bloquean cualquier proyecto que traiga bienestar a la población, pues ya sabremos para qué servirán esos fondos, para cualquier cosa menos para desarrollo y mitigar el flagelo de la desnutrición. Dyman habló que la tierra pertenece a otras personas y no a los afectados, le quiero informar al mal informado ciudadano sueco, que en Guatemala desde 1954 se han repartido dos millones de hectáreas, que comparado con las tierras donde se siembra caña, café, hule, palma africana y cardamomo, es más del doble pues todos esos cultivos sumados no llegan al millón de hectáreas, sería bueno que se informara, ¿qué se hace con esas dos millones de hectáreas y donde están ubicadas?, pero estoy seguro que ya se encargaron de decirle que la tierra está en pocas manos y que la pobreza es culpa del sector privado, seguiremos funcionando de mentira en mentira.

Edwin Sánchez, líder campesino, indicó que debido a que las exigencias de nacionalización de energía eléctrica y penalización por el desvío de ríos no han sido escuchadas, tomarán ese tipo de medidas para ser escuchados por las autoridades.

Gregorio Dueñas, campesino, indicó que debido que  solo les ponen atención cuando bloquean carreteras. Añadió que han intentado buscar el diálogo, pero no han obtenido respuesta, por lo que han decidido tomar ese tipo de medidas.

Algunos de los puntos que podrían estar bloqueados

• El Zarco, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu.
• Cocales, Patulul, Suchitepéquez.
• Chiquimulilla, Santa Rosa.
• El Boquerón, Cuilapa, Santa Rosa.
• El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
• Puente Machaquilá, Poptún, Petén.
• La Ruidosa, Morales, Izabal
• Cobán, Alta Verapaz.
• Cuatro Caminos, San Cristóbal Totonicapán
• Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.
• Las Trampas, Sololá

https://twitter.com/SantosDalia/status/729861313363476481

La queja es que el precio del dulce es muy alto en Guatemala, refirió Medina, que puso como ejemplo que en otros países se ha creado un impuesto si se verifica que hay ganancias extraordinarias en el mercado interno como resultado de alguna ventaja o control de mercado, y se aplica sobre el diferencial del precio al que está sujeto en ese mercado.

Según Medina, si es a la exportación no prosperaría, debido a que la política fiscal de Guatemala busca impulsar las ventas al extranjero.

Precio en aumento

En enero  del 2010 el precio del azúcar era de Q2.40 por paquete de 500 gramos,  pero subió 56%,  hasta Q3.75 en marzo de ese año para detener el contrabando a México, entre otros motivos explicados en esa oportunidad. Sin embargo los precios ya no volvieron a reflejarse a los niveles en que estaban en ese año.

Lo más que han bajado es a Q3.50 para esa presentación, precio que se cotiza en febrero para el consumidor final, aunque varían según el establecimiento y en algunas tiendas están en Q4. Aunque según Pedro Cofiño, director general de Máquinas Exactas (empacadora y comecializadora de azúcar) esos precios no han variado desde septiembre del 2012.

Ahora organizaciones campesinas plantean crear un impuesto al azúcar,  que sea pagado por los productores del edulcorante porque creen que el pueblo subsidio al sector productor.

La propuesta,  que presentaron de manera reciente al presidente Jimmy Morales, ha generado rechazo del sector exportador, que argumenta que se  restaría competitividad a ese producto   guatemalteco.

La propuesta,  según los campesinos,  serviría para financiar planes de desarrollo de las comunidades indígenas y campesinas.

Contexto

Crear un impuesto al azúcar que sea pagado por los productores del edulcorante, propuesta de organizaciones campesinas planteada de manera reciente al presidente Jimmy Morales, ha generado el rechazo del sector exportador, que argumenta que se restaría competitividad a ese producto guatemalteco.

Como parte de la iniciativa, ocho organizaciones emplazaron al mandatario (por 30 días hábiles, a partir del 5 de febrero), para que se resuelvan los problemas en el Valle del Polochic y el Gobierno adquiera las tierras que tiene en posesión la empresa Chabil Utzaj —donde opera un ingenio azucarero—, entre otras medidas.

A través de un documento presentado al mandatario, el plan incluye un plan de desarrollo rural local para el Valle del Polochic, así como un programa que permitiría dinamizar la economía indígena.

Los campesinos proponen dos fuentes de financiamiento. Una es obtener recursos de un impuesto directo a los azucareros y aplicarse sobre el diferencial entre el precio en el que el dulce se vende en el mercado local y el internacional, refiere el documento divulgado.

Sin embargo, Daniel Pacual, directivo del Comité de Unidad Campesina (CUC), ofreció una explicación distinta.

“En el emplazamiento también hablamos que se ponga un impuesto a la exportación de azúcar, en vista que en nuestro país pagamos tres veces más caro por ese producto de lo que ellos lo venden en el extranjero”, aseguró.

“Se convierte en subsidio de la población para ese sector”, dijo Pascual. El dirigente indicó que el impuesto no sería sobre el consumo interno, sino de Q0.50 por cada saco de azúcar exportado.

La otra fuente que se propone es utilizar Q70 millones que recibió el Gobierno por dividendos del Banrural por el período del 2015.

Armando Boesche, gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Azasgua), dijo que no conoce la propuesta y tampoco la diferencia de precios en la que fundamentan la propuesta.

Boesche mencionó datos de la Organización Internacional de Azúcar que refieren que el precio por libra de azúcar blanca para el consumidor en Guatemala, reportado en US$0.50 por libra, es el más bajo de una lista de 18 países —en donde no se incluye Centroamérica—.

En Brasil está a US$0.51, Perú, US$0.60, y Colombia, US$0.63, entre otros. Según Pascual, de no tener respuesta de Morales, se presentará un recurso de amparo.

Entre las organizaciones representadas estuvo la Unión Verapacense de Organizaciones Campesinas (Uvoc), la Instancia del Pueblo Maya Q'echi' y la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo (Ajoder), quienes se solidarizaron con lo ocurrido en el vecino departamento y aseguraron que existen actos intimidatorios dirigido a los líderes por parte de la empresa señalada. También, manifestaron su acuerdo con la suspensión judicial que emitieron en contra de la industria palmera.

David Paredes, de la organización Ajoder, expresó: “Repudiamos el hecho de la retención de otros tres compañeros de Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (Condeg), de la comunidad  La Torre, ubicada a un costado de la entrada de Repsa, pues no es justo que estén pasando estas situaciones, sobre todo, con precursores de derechos humanos que protegen la vida y el territorio de los pueblos indígenas. Exigimos al Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Procuraduría de Derechos Humanos que agilicen las investigaciones para dar con los responsables de los acontecimientos”, agregó Paredes.

Los manifestantes aseguraron que con la presencia de estas empresas palmeras se ha generado altos niveles de conflictividad social, porque ocasionan constantes enfrentamientos por tierras y daños al medioambiente, por lo que es necesario que investiguen las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, el Consejo de Áreas Protegidas y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación.

“La situación no afecta solamente a Petén, sino también a Alta Verapaz porque existe una fuerte represión, pues hemos denunciado algunos hechos de la palma africana y visto conflictividad como el caso de la hidroeléctrica Santa Rita, Monte Olivo y Samococh, donde hubo muertes el año pasado”, puntualizó Paredes.

Carlos Morales, representante de Uvoc, manifestó su preocupación y dijo que la situación actual en Guatemala es inestable, pues no se sabe a quién acudir para colocar denuncias porque las autoridades también tienen temor, y un claro ejemplo es que los representantes de los Derechos Humanos no acudieron donde estaban los retenidos.

Desde las 6 horas, grupos de campesinos integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), cerraron el paso en varios puntos del país ante el llamado de otras organizaciones en resistencia.

Hoy los bloqueos están en la ruta al Pacífico el kilómetro, 178, El Zarco, Santa Cruz Muluá, Retalhuleu; kilómetro 112, Cocales, Patulul, Suchitepéquez.

En la carretera Interamericana en Nahulá, Sololá, kilóemtro 157 y 188 en cuatro caminos, San Cristóbal, Totonicapán.

En la ruta al Atlántico los bloqueos están en los kilómetros 54, Sanarate y 82, aldea El Rancho, San Agustín Acasaguastlán, El Progreso y 243, Morales, Izabal.

La ruta a las verapaces está bloqueada en el kilómetro 132, en la cumbre de Santa Elena.

Ayer, Rafael Chanchavac, representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (Cnoc) indicó que las protestas comenzarán a partir de las 6 horas en 20 lugares de la provincia.

Chanchavac dijo que la protesta será para exigir al Gobierno que deje sin efecto el salario diferenciado en varios municipios y que se verifique el cumplimento del salario mínimo en general.

Además, piden que se defina una estrategia de desarrollo rural adicional al proyecto de ley que ya existe en el Congreso, pues consideran que este tiene 32 reformas y perdió su originalidad.

A las 11 horas de este lunes representantes de varias organizaciones que participarán en los bloqueos, llegarán al Congreso en donde se tiene programada una audiencia con diputados de diferentes bancadas.

Al concluir la reunión se dirigirán a Casa Presidencial y entregarán un documento con sus peticiones.

Chanchavac refirió que pedirán al presidente Otto Pérez una reunión y levantarán los bloqueos hasta que reciban una respuesta favorable.

Fijan postura

En conferencia de prensa, organizaciones campesinas exigieron a las autoridades centrales la nacionalización de la energía eléctrica, así como el rechazo al salario mínimo diferenciado.

Además, manifestaron su inconformidad por la persecución a líderes comunitarios y campesinos que defienden el derecho de las poblaciones indígenas al acceso a la tierra.

El mensaje de las organizaciones se centró en la necesidad de movilizarse para dar a conocer su postura por la crisis que afronta el país.

También se explicó que los bloqueos no serán disueltos sino hasta que sean atendidos por las autoridades del gobierno central y en el Congreso.