Rabbé, contra quien pesa una orden de captura desde el pasado 5 de septiembre, envió una misiva de siete páginas dirigida al Pleno del Congreso para solicitar permiso para ausentarse por dos meses.

En la carta el expresidente del Congreso en el 2015, afirma que se violentan sus garantías constitucionales porque “la presión pública existente en medios de comunicación hacía muchos juzgadores han creado un ambiente de condena mediática” en su contra.

El legislador afirma que en el país existe “una clara violación al derecho humano de libertad, así como de la legítima defensa y a la observancia de los procedimientos legales”.

El Ministerio Público (MP), informó que Rabbé es señalado de haber autorizado nombramientos de personal que no cumplían con los perfiles del puesto, en el marco del caso Plazas fantasma.

Le atribuye los delitos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción, por los cuales ya perdió la inmunidad.

Además, “habría autorizado nombramientos para integrantes de Junta Directiva 2015-2016 bajo algunas irregularidades”, detalla la Fiscalía.

Según reportes en redes sociales, Rabbé estuvo de visita en Nicaragua. Se espera que mañana en el presidente del Congreso, Mario Taracena, insista en el Pleno para que sea suspendido de su cargo.

El artículo 7 de la Ley en Materia de Antejuicio se refiere al cese en el ejercicio del cargo o empleo (público), e indica que “un dignatario o funcionario público solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva”.

No es la primera vez que el legislador pide permiso para ausentarse de sus labores dentro del Organismo Legislativo.
La Junta Directiva del Congreso ya ha rechazado varias solicitudes del congresista para ausentarse a las labores parlamentarias.

El permiso solicitado por Rabbé se presentó a la Junta Directiva del Legislativo, y fue rechazada debido a que la argumentación de la inasistencia no fue correctamente explicada en la misiva. El congresista se encuentra fuera del país desde el 16 de agosto.

Rabbé podría presentar una nueva licencia en las próximas horas. En caso de que no se haga y el diputado no acuda a las sesiones del Congreso y no presente excusas, habría posibilidad de ser retirado del cargo.

Rabbé perdió su inmunidad para poder ser investigado por el Ministerio Público (MP),  por su posible vinculación al caso denominado Plazas Fantasma.

• Lea también: Luis Rabbé podría perder su curul

La Ley Orgánica del Organismo Legislativo, establece en el artículo 66, sanciones por inasistencia: “La inasistencia a sesión plenaria por parte de los Diputados, dará lugar a un descuento equivalente al 100 por ciento del 70 por ciento del emolumento diario. La inasistencia de Comisión, dará lugar a un descuento equivalente al 100 por ciento del 30 por ciento del emolumento diario”.

En el mismo artículo se determina que si hay inasistencia injustificada por más de cuatro sesiones celebradas por el Pleno del Congreso en un mes calendario, se podría efectuar un llamado de atención.

• Lea también: Secretaria intentó ocultar información de Rabbé

“La reiterada reincidencia dará lugar a  declarar vacante el cargo. En todo caso se dará audiencia por diez días al diputado para que presente sus justificaciones a la Junta Directiva, la cual hará de conocimiento del Pleno del Congreso el resultado de la audiencia. Sólo el Pleno del Congreso por mayoría de dos tercios -105 legisladores-  del total de diputados que lo integren, puede declarar vacante el cargo y llamar al respectivo suplente”, establece el artículo 66 de le Ley
Rabbé aún puede hacer uso de la figura de las excusas, según el artículo 65 de la legislación. “Cuando a un diputado le fuere imposible asistir a alguna sesión o sesiones para las que hubiere sido convocado, deberá excusarse con anticipación. En caso de enfermedad, situación imprevista u otras causas de fuerza mayor, las excusa o justificación podrá presentarla en una de las sesiones inmediatas”.

La Dirección General de Migración informó que el diputado salió de Guatemala en un vuelo comercial de Aeroméxico el martes último; su destino sería la Ciudad de México. Rabbé no tenía ninguna restricción para salir de Guatemala.

Dos días después que el legislador viajará a México, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), le retiró la inmunidad y se le dictó arraigo, por su posible vínculo en la creación de plazas fantasma en el Congreso.

• Lea también: Luis Rabbé queda sin inmunidad por caso de plazas fantasma

Pierde inmunidad

El 18 de agosto último, el diputado  perdió la inmunidad por decisión de la CSJ, la resolución podría permitir que sea investigado por el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Los magistrados fundamentaron su decisión en el informe de la pesquisa que les remitió la magistrada Zonia de la Paz Santizo Corleto, vocal segunda de la Sala Tercera de Apelaciones de lo Penal.

El reporte de Santizo Corleto estableció  que existe la posibilidad de que Rabbé tenga relación con la contratación irregular de personal del Congreso, cuando fungió como presidente del Organismo Legislativo, en el período 2015-2016.

“Se analizó el informe rendido por el juez pesquisidor, donde se recomendo retirarle ese privilegio, por lo consiguiente fue sometido al cotejo por los magistrados y luego se acordó por unanimidad declarar con lugar la solicitud”, aseveró.
Gestión Penal del Organismo Judicial deberá designar el juez instructor que llevará el proceso penal contra Rabbé.

El caso de Rabbé

Una investigación del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) encontró que la nómina de plazas fantasma en el Congreso que creó la Junta Directiva presidida por el diputado Luis Rabbé, incluyó a maestros, profesionales, bachilleres, secretarias bilingües y hasta un panadero.

Según la pesquisa, ninguno llegó a trabajar en el Legislativo, pero tenían salarios entre los Q8 a Q20 mil.

El ente investigador descubrió que los supuestos empleados prestaban sus servicios a otras dependencias del Estado, para empresa privadas de diversa índole, incluso para empresas de los propios diputados.

Por la aprobación de 235 contrataciones irregulares y no menos de 50 plazas fantasmas en el Congreso, siete diputados, encabezados por Luis Armando Rabbé Tejada y Arístides Crespo Villegas, son señalados de peculado y abuso de autoridad, les añaden nombramientos ilegales.

En este caso también están vinculados, capturados y enviados a prisión los exdiputados Alfredo Augusto Rabbé Tejada, Édgar Romeo Cristiani Calderón y Carlos Humberto Herrera Quezada, además de Luis Mijangos, exdirector del Congreso.

La investigación descubrió que en los primeros días de enero del 2015 Crespo autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para  la directiva.

Más de 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de los Q15 mil. Los nombramientos de las personas en el Organismo Legislativo, que no asistían a sus labores, se autorizaron por Crespo a solicitud de otros diputados.

A Luis Rabbé se le atribuyen 148 contrataciones o nombramientos irregulares. “Los sueldos de las contrataciones fueron de Q4 mil y hasta  Q20 mil”,  indicó el MP.

La Procuraduría General de la Nación (PGN), en cambio, ya trabaja para presentar la demanda de nulidad del contrato de usufructo oneroso que fue firmado en julio del 2012 entre TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal.

Las entidades que deben autorizar los permisos son: Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) la Comisión Portuaria Nacional (CPN) y el Viceministerio de Marina, del Ministerio de la Defensa Nacional. Las autorizaciones van concatenadas unas con otras.

Problema legal

El viceministro de Finanzas y presidente suplente en el directorio de la SAT, Lionel López Valdés, dijo que el tema de TCQ es un problema legal de un usufructo que se discute a nivel de la PGN y que seguramente irá al Gabinete. Señaló, hasta que no se concluya el proceso no habrá autorización.

Al preguntarle a Valdés si la SAT debe emitir alguna autorización para que funcione TCQ, respondió que lo único que debe hacer la SAT es la evaluación técnica sobre si la terminal cumple con los requisitos como depósito temporal aduanero y con los estándares adecuados. Ese proceso todavía no se ha cerrado y está en evaluación técnica, afirmó.

Aseveró que no se ha cerrado el proceso para habilitarlo como depósito aduanero temporal, pero tendrá mucho que ver con el proceso por el que se decidió el Gobierno.

Sin certificación

La CPN, integrada por varias instituciones, no dará la certificación para que TCQ empiece a funcionar hasta que la SAT autorice a la terminal como depósito aduanero temporal.

Stuardo Navas, director ejecutivo interino de la CPN, indicó vía telefónica que, por el momento, no se ha hecho la evaluación que requiere TCQ para empezar a funcionar.

“Hasta que la SAT no autorice a TCQ como depósito aduanero temporal, no se podrá hacer la evaluación, que consiste en verificar si la terminal de contenedores cumple con estándares de la Organización Marítima Internacional, sobre todo con el código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (PBIP)”, manifestó Navas.

La comisión establece que la certificación con base en el código PBIP demanda que las instalaciones portuarias implementen medidas de protección, así como la construcción de infraestructura de protección e instalación de equipos de seguridad, para garantizar la protección de personas, bienes y operaciones .

En el caso de las instalaciones portuarias, el código aplica para interfaz buque-puerto, ingreso y egreso a las instalaciones, acceso a zonas restringidas, manipulación de la carga, entrega de provisiones al buque y vigilancia de la protección de la instalación portuaria, según se estableció.

También El Ejército

La vocera del Ejército, Karen Silvana Pérez, indicó que el Viceministerio de Marina deberá extender una certificación a TCQ; sin embargo, debido a que ese caso se ventila en los tribunales, no se otorgará la certificación hasta que se finalice o haya una resolución de juez.

“Se evalúa el esquema de maniobra para atracar y desatracar de los buques, la resistencia de los apeos para los atraques, además de la batimetría —calado— sobre la profundidad que tendrá el muelle para determinar qué tipo de barcos pueden ingresar”, adelantó Pérez.

Polémico usufructo

El caso salió a luz cuando Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti y ahora es colaborador eficaz del caso TCQ, afirmó a la Fiscalía que “el negocio del usufructo se cerró en Cancún”, el Martes Santo del 2013, y que se iban a recibir US$30 millones como soborno.

De ahí se derivó la captura de 10 personas y se citó al expresidente Otto Pérez Molina y a Baldetti para que rindieran primera declaración por lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Tres requisitos para poder funcionar

Sin embargo, la Cofepris advirtió que este permiso por tiempo indeterminado, que es una excepción dentro de las leyes prohibicionistas mexicanas, es exclusivo para el consumo personal de los cuatro amparados, por lo que las autorizaciones “no permiten actos de comercio o suministro a terceros”.

Además, la dependencia dijo que este consumo “no debe perjudicar a terceros”  de modo que no puede efectuarse en presencia de menores, mujeres embarazadas y, “en general, en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización”.

Los cuatro beneficiarios del fallo de la Corte y del permiso gubernamental entregado a un juzgado penal para su cumplimentación forman parte de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) .

Aunque ninguno fuma marihuana ni busca cultivarla, la intención del colectivo es detonar un debate en el Congreso para legalizarla con el objetivo de reducir la violencia generada por los cárteles narcotraficantes que, entre sus disputas y su combate militar iniciado en el 2006, ha dejado más de cien mil muertos y desaparecidos en el país.

Está previsto que el grupo reciba presencialmente este viernes las autorizaciones en la sede de la Cofepris.

Debate nacional

Luego del fallo de la Suprema Corte en noviembre, la Cofepris recibió cerca de un centenar de solicitudes para cultivar marihuana para autoconsumo, según dijo el 2 de diciembre su titular, Mikel Arriola, anticipando un rechazo a esas solicitudes bajo el amparo de la Ley General de Salud.

El fallo de la corte se dio semanas después de que, en octubre, los padres de la pequeña Grace -una niña de 8 años con un grave tipo de epilepsia- consiguieran una inédita autorización del gobierno para importar un medicamento a base de marihuana tras una dura batalla legal y mediática.

Ambos casos han atizado el debate sobre la despenalización de la marihuana en México e hicieron que el presidente Enrique Peña Nieto convocara para enero un debate nacional con expertos sobre el tema, aunque anticipó que personalmente está en contra de la despenalización por considerar que avalar el consumo de marihuana puede conducir hacia drogas más duras.

En América Latina, el gobierno colombiano se adelantó a México y en noviembre anunció que autorizará la marihuana medicinal, sumándose a 23 estados de Estados Unidos.

Entretanto, el congreso de Chile está debatiendo si legalizar o no la planta, mientras que Uruguay ya lo hizo en el 2013.