“Los procesos de intervención a empresas por adeudos tributarios aportaron la mitad para cerrar el indicador”, expuso Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas.

El funcionario confirmó que técnicos de organismos financieros internacionales acompañaron a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y al Minfin para la implementación de la estrategia de cobranza.

También lea: Con el frío navideño aumenta la venta de chocolate.

El ministro explicó que existe una presa por Q10 mil millones que está pendiente de ser cobrada a contribuyentes individuales y jurídicos.

La semana pasada, una compañía distribuidora de energía liquidó Q190 millones a la SAT por orden judicial.

Algunos funcionarios ven como normal que el Ejecutivo, al final de su primer año de labor, no haya podido ejecutar el presupuesto heredado de Q71.2 millardos. En dos meses y medio tendrá que gastar, cuando no ejecutar, Q23.7 millardos, con la excusa de que otros gobiernos así lo hicieron.

Durante la última reunión de Gabinete de Ministros se puso en evidencia esa incapacidad, por lo que el presidente y sus ministros evalúan la remoción de algunos funcionarios. El peor caso es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pues de los más de Q4 millardos con que cuenta, apenas ha ejecutado el 25.95%, con los resultados conocidos: carreteras en total abandono y puentes arrastrados por la primera crecida de los ríos, producto de contratos lesivos a los intereses de la Nación. Vivienda popular inexistente y lo poco que se hizo, de pésima calidad e inconcluso.

El problema no son los ministros y funcionarios, entre quienes no dudo habrá personas capaces. Es la estructura del Estado la que está mal, pues ya otros gobernantes la volvieron ineficiente a fin de dejar que otras instancias se hicieran cargo, beneficiando a los amigos y permitiendo, so pretexto de la descentralización de la Administración Pública, la pérdida sistemática de los bienes del Estado y sus empresas. Algunos agentes y las alianzas público privadas la coparon en su beneficio, surgiendo engendros como Pronacom, Anadie y otras taras con extraordinarios salarios para sus funcionarios que no reflejan beneficio alguno para el país.

Entre las propuestas de Anadie está la malograda idea de concentrar a 12 mil empleados públicos en un solo lugar y otros desatinos para la Antigua Guatemala, producto de la ignorancia. Respecto del Centro Administrativo del Estado (CAE), primero intentó ubicarlo en donde estuvo el antiguo Hospital Militar, pero el Ejército, creyéndose propietario de la parcela, lo rechazó. La existencia de la antigua Estación Central del Ferrocarril, sus talleres, patios de maniobra, tornamesa y otras instalaciones, a cargo de Fegua, otra institución igualmente inútil, permitió al actual ministro de Finanzas, entonces director de Anadie, lucubrar sobre su posible uso, sin considerar impactos en la circulación vehicular, diseño urbano e importancia de la conservación de la arquitectura.

Anadie ve con desprecio aquellas instalaciones industriales, ignorando su valor y considerándolas simple chatarra, y como tal, sujeto de depredación, a fin de dejar el terreno baldío, libre de cualquier vestigio histórico-cultural digno de proteger.

En otras palabras, el presidente Morales, ante su loable postulado “Ni corrupto ni ladrón”, bien hará en dedicar los siguientes tres años y tres meses de gobierno a reestructurar el Estado, eliminado entidades públicas inútiles; hacer que los ministerios cumplan sus funciones y que las entidades de planificación hagan lo propio. Las alianzas público privadas podrán cumplir su cometido, resolviendo los problemas que el Estado plantee y ganando lo que deben ganar; acción que todos aplaudiremos.

jmmaganajuarez@gmail.com

EL DIÁLOGO NACIONAL ES UNA VÍA correcta para que todos los sectores puedan pronunciarse sobre el rumbo que debe tomar la administración de la justicia, así la posibilidad de una consulta constitucional estaría avalada por el consenso nacional. Empero, la sola idea de que esas enmiendas tengan que ser conocidas y aprobadas por el Congreso despierta dudas sobre su futuro por la existencia de mafias en ese organismo. Basta recordar cómo fue manipulada y desarmada la reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, para comprender que una reforma al sector justicia podría ser también mancillada. La ley electoral fue trasquilada a conveniencia de los diputados y no pasaron los cambios al financiamiento partidario y la elección por listados.

EN LA CORRELACIÓN DE FUERZAS para avanzar en la modernización y democratización del Estado no se puede contar con el Organismo Legislativo porque los resultados han sido nefastos. La única acción correcta que se ha visto en las últimas fechas fue que por unanimidad los diputados despojaron de su inmunidad al magistrado Douglas Charchal para que pueda enfrentar a la justicia. Tendría que haber mucha presión ciudadana para que los parlamentarios tuvieran una actitud decente frente a la necesaria transformación de la justicia, sin que medien los intereses espurios del crimen organizado incrustado en ese organismo.

PERO QUIZÁ EL MAYOR obstáculo es la falta de fondos. Se sabe que el Organismo Judicial (OJ) apenas tiene la mitad de los jueces de la media latinoamericana y que el Ministerio Público (MP) tiene presencia en apenas el 10 por ciento del territorio nacional. El OJ requiere, como mínimo, Q2 mil 694 millones anuales, más de mil millones de su actual asignación, mientras que el MP requiere unos Q1 mil 800 millones, más de Q300 millones de su presupuesto actual. No tendría ningún sentido aprobar una reforma si no se prevén fondos suficientes para su funcionamiento. De ahí la importancia de que se tome en cuenta la iniciativa del comisionado de la Cicig, Iván Velásquez, para que se cree un impuesto temporal para financiar al sector justicia. La propuesta no está dirigida a todos los guatemaltecos, sino únicamente a los grandes patrimonios.

EL PRESIDENTE JIMMY MORALES tiene una oportunidad histórica de acuerpar esa iniciativa que permitiría aumentar los fondos del Estado. A la fecha lo que se ha visto es una actitud ambigua del mandatario hacia la propuesta de Velásquez, quien retoma una iniciativa que tuvo éxito en su natal Colombia. Frente a nosotros solo está la posibilidad de mejorar la administración de la justicia y eso no se puede hacer solo con buenas intenciones. Por eso insisto, sin presupuesto no habrá reforma judicial que sea efectiva.

@hshetemul

Esta sería en la cuarta versión del dictamen desde que el Ejecutivo envió al Congreso la propuesta, el pasado 1 de febrero.

Entre otros destinos, en la última versión conocida la Comisión de Finanzas dedicó Q175 millones para el pago y contratación de videovigilancia, Q40 millones para la compra de escritorios para las escuelas y Q200 millones en seguridad alimentaria, lo cual sería manejado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Sin embargo, esos rubros fueron motivo de rechazo.

Mario Taracena, presidente del Congreso, informó ayer a los jefes de bloques que se comunicó con varios diputados y estos le manifestaron su rechazo a los destinos del presupuesto descritos, por lo que no apoyarían la readecuación.

“En aras de lograr acuerdos, hablé con los integrantes de la Comisión de Finanzas para retirar los rubros que están generando ruido”, dijo Taracena.

El 4 de abril último, Prensa Libre publicó la nota “Readecuación tendría acuerdo de FCN y UNE”, en la que se informó que ambas bancadas, con intermediación de Giovanni Estrada Zaparolli, desde el Ejecutivo, habrían acordado modificar la iniciativa a cambio de favorecer al bloque uneísta con recursos que permitieran pagar las cámaras de vigilancia, con lo que también se vería beneficiado Todos.

“Algunos diputados mal intencionados están generando chismes y rumores. Ya no van a tener qué decir, porque vamos a quitar esos rubros”, aseguró Taracena a los jefes de bloques.

Comisión

Carlos Barreda, de la Comisión de Finanzas y perteneciente a la Unión Nacional de la Esperanza (UNE), dijo que a pesar de que al bloque de gobierno le correspondía buscar los consensos para la readecuación, nunca lo hicieron, por lo que Taracena fue quien hizo un sondeo.

Según Barreda, la mayoría de jefes de bloques pidieron más recursos para el sistema hospitalario, por lo que se optaría por retirar los Q175 millones de las cámaras de videovigilancia y transferirlos a Salud, lo que incluye la red hospitalaria departamental. También hay intención de dotar de fondos al aeropuerto La Aurora, así como para el aumento a jubilaciones.

“Aún no se ha hablado de rubros, solo de los posibles destinos. Habrá que llegar a consensos para hacer los cambios”, manifestó Barreda.

Explicó que existe rechazo a cámaras de videovigilancia porque “una empresa tiene denuncias ante el Ministerio Público y otra más enfrenta un proceso de lesividad. Además, hay interés de apoyar a Salud Pública”.

El 1 de abril último, Taracena y varios jefes de bloques se reunieron con el presidente Jimmy Morales, cita en la que se solicitó apoyo para las modificaciones. A partir de ese momento el presidente del Congreso empezó a empujar la propuesta como propia.

La Ley estableció un incremento de Q500 para los jubilados que devenguen menos del salario mínimo, el cual en un año se incrementará en Q500 más. Aunque diputados y docentes coincidían en la necesidad del alza, estos últimos se negaron a aportar más dinero de su retiro.

Joviel Acevedo, líder magisterial, justificó que muchos maestros ganan unos Q3 mil 500, “tienen muchas deudas y pagan sus pasajes para ir al pueblo donde dan clases”, por lo que no les queda poco  para aportar.

En la actualidad, los maestros en el escalafón A devengan Q3 mil 646 al mes; de ello aportan el 11 por ciento (Q401.06)  para su pensión, y con los cambios debían pagar Q72.92 más; es decir, Q473.98.

Con las reformas aprobadas ayer, el incremento ya no será cubierto por los trabajadores. Estos seguirán aportando el porcentaje establecido en la ley aprobada en 1988, y la carga se sumará al Presupuesto de la Nación, el cual tiene tres vías de financiamiento: impuestos, bonos del tesoro y préstamos.

Cambio bajo presión

Mientras  Acevedo salió triunfante del Congreso, los diputados, que días antes defendían su decisión, indicaron que habían cometido un “error” al cargar el aumento a los trabajadores estatales activos.

Marcos Yax, diputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), se mostró triunfante y aplaudió el cambio de fuente de financiamiento. “Los maestros nos dieron una lección”, dijo. Pero al  ser cuestionado sobre la falta de recursos del Estado e indicarle que las pensiones de los empleados en la iniciativa privada los cubren ellos mismos, titubeó por varios segundos, como pensando la respuesta; incluso cerró los ojos y dijo: “Estas son componendas que se vienen desde el año pasado contra este gobierno… creo que cometimos un error”.

 Agregó: “Espero que el señor presidente —Jimmy Morales— le pueda dar una solución”.

En cambio, Selvin García, subjefe de Compromiso, Renovación y Orden, considera que fue una “ligereza” del Congreso la fuente de financiamiento inicial.

 Boris España, jefe del Movimiento Reformador, también dijo haber cometido un error al no haber estudiado las fuentes de financiamiento.

Sin fuente

El presidente  Morales, durante la visita al centro de monitoreo de la Comisaría 12, se refirió a la reforma a la Ley de pensiones del Estado: “Desde el principio se debió buscar leyes que solucionen la problemática y no que la agudicen”.
“¿De dónde tiene que salir ese dinero? Entonces, ahí es donde las ponencias deben venir completas y nos tienen que dar una fuente de ingresos de donde nosotros lo podamos sacar”, subrayó el mandatario.

Añadió que de la recaudación fiscal es imposible, porque está por debajo de las necesidades que tiene el Estado. “Entonces tiene que ser una fuente de financiamiento de algún préstamo que se pueda ejecutar con la velocidad y transparencia que sea necesaria”, expresó.

CC rechaza acciones

La Corte de Constitucionalidad (CC) denegó las tres inconstitucionalidades que presentaron en forma individual los maestros Bernardo Caal, Humberto Solares Morales y Jorge Misael Pérez contra el decreto 11-2016, en el cual se establecía un descuento a los empleados públicos para incrementar la pensión de los jubilados del Estado. Las acciones fueron rechazadas sin haberlas entrado a conocer, por considerarlas prematuras.

Martín Guzmán, secretario general de la CC, informó ayer que fueron presentadas dos nuevas acciones en contra del mismo decreto, por parte de Efrén Sandoval y Édgar Horacio Portillo, las cuales serán conocidas en los próximos días.

Jairo Flores, presidente de la referida sala, expuso que se incluirán cambios en los artículos 69 y 72 del presupuesto, para viabilizar la ejecución de préstamos que en la actualidad están en vigencia y para los que se necesita espacio presupuestario.

La norma permitirá crear condiciones que agilicen la ejecución de préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los ministerios de Educación, Desarrollo y Comunicaciones por US$150 millones —Q1 mil 150 millones— destinados a diferentes unidades.

Esa modificación permitirá usar fondos de los mencionados préstamos.

Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, calificó la situación de “razonable”, porque no se ampliará el techo presupuestario.

Reconoció que una de las preocupaciones será el retraso en la aprobación del dictamen que liberaría los candados para colocar el 50% de bonos, Q4 mil 700 millones, durante el primer semestre del año y el resto en el siguiente, porque generará incertidumbre en la caja fiscal. Esa norma quedó eliminada en el dictamen consensuado.

También se dispuso que se fiscalizará el destino de los bonos de manera mensual por la Comisión y se citará al ministro de Agricultura, Mario Méndez, por una asignación que se le dará por la sequía.

Flores indicó que el dictamen original se mantendrá, es decir, no se aprobará una emisión de Q1 mil 663 millones ni la reorganizacón de la deuda pública, más la propuesta de reforma de la Superintendencia de Administración Tributaria y el destino de Q2 mil 137 millones en bonos para varias instituciones.

La demanda de este martes de los agentes financieros fue por Q1 mil 53 millones.

Víctor Martínez, viceministro de Finanzas, informó que la intensión es que los tenedores ofrezcan mejores tasas de interés para los títulos de deuda que emita el Estado.

“Es una acción en la cual pretendemos ahorrar recursos”, afirmó el funcionario recientemente. 

Las tasas que se colocaron este martes fue de 7.4% a títulos para un vencimiento de 15 años. 

En el primer evento de licitación y subasta se adjudicó Q1 mil 826 millones que fue el 26 de enero, y en el segundo por Q389.5 millones, el 2 de febrero.

El 9 de febrero pasado, la adjudicación de Q2 millones.

Con la operación de este martes se acumula un monto de Q2 mil 800 millones vendidos en el mercado interno.

Los mayores compradores de la deuda son inversionistas privados.

El dinero que se capta del mercado financiero privado, se destina para el financiamiento público.

En gestión

El Congreso aprobó este año un techo de Q9 mil 400 millones de deuda interna y estableció una norma que en el primer semestre del año se debe colocar el 50% que equivale a Q4 mil 700 millones.

El pasado 1 de febrero el Ejecutivo presentó una iniciativa para incrementar el monto de Q1 mil 663 millones para  alcanzar  Q11 mil millones de deuda bonificable al Legislativo.

El mercado  financiero tiene una liquidez en el sistema por más de Q5 mil millones.

La demanda de este martes de los agentes financieros fue por Q1 mil 413.5 millones.

Los resultados de este evento,  es drásticamente bajo  con el comportamiento que se venía reportando desde que se empezó con las  ventas.

En el primer evento de licitación y subasta se adjudicó Q1 mil 826 millones que fue el 26 de enero, y en el segundo por Q389.5 millones, el 2 de febrero.

Los mayores compradores fueron inversionistas privados. La adjudicación de este martes fue por un plazo de vencimiento por 7 años a una tasa de interés del 6.6%.

La  cartera del Tesoro dijo que con la colocación de este martes suma Q2 mil  217 millones;  de los Q4 mil 700 millones que serán colocados en el primer semestre del año, como norma que aprobó el Congreso.

El monto que estará pendiente es de Q2 mil 483 millones o sea el 52%.

Historial

El presidente Jimmy Morales solicitó a la instancia de jefes de bloques el lunes 1 de febrero una ampliación de bonos del Tesoro por Q1 mil 663 millones.

Eso significa ampliar el techo de Q9 mil 400 millones que aprobó el Congreso  a Q11 mil millones de deuda bonificable, sí el Legislativo avala el aumento de la deuda interna

Morales, que se hizo acompañar de representantes del OJ, MP y la Usac, dijo que es en el Congreso donde se deben agilizar los trámites y aprobar el endeudamiento, que servirá para financiar el Presupuesto 2016 y las obligaciones del Estado con esas tres entidades.

“Podemos decir que el funcionamiento de estas instituciones está hoy en manos de la voluntad política de los señores diputados”, dijo Morales en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura.

Silvia Valdez, presidenta en funciones del OJ, dijo que el actual presupuesto es insuficiente para el funcionamiento de todo el año; con los recursos actuales solo se podría garantizar hasta agosto.

Por su parte, Mayra Veliz, secretaria general del MP, también se sumó a la petición de Morales y dijo que esa institución espera que el Congreso permita el cambio de la fuente de financiamiento de Q490 millones, y con esto se pueda garantizar la operación del ente investigador durante todo 2016, y ampliar su presencia en los 340 municipios.

Morales hizo la solicitud formal ante el Congreso de la aprobación de los Bonos por más de Q1 mil millones, además de las modificaciones presupuestarias, el pasado lunes, sin embargo, el presidente del Legislativo, Mario Taracena, dijo que será en la instancia de jefes de bloques que se defina la agenda legislativa y su prioridad.

Morales cuestionado

En una atípica conferencia de prensa, Morales también defendió la donación de medicamentos e insumos médicos, y aseguró que nunca ha llegado un producto vencido a los hospitales.

Afirmó que menos del 10 por ciento de lo donado se devolvió porque ya habían caducado. También anunció que se está esperando una segunda donación de unos Q50 millones de fármacos, ahora con procesos de certificación para garantizar su fecha de vencimiento y eficacia.

Los medicamentos vencidos que fueron devueltos habían sido donados por la Fundación Esperanza de Vida, pero que no fue mala voluntad de esa entidad.

Las respuestas de Morales fueron, por momentos esquivas, en otros casos directas, y en más de una ocasión en tono molesto, ante la insistencia de la prensa de ahondar en temas como medicamentos, declaración de probidad y las designaciones de sus funcionarios.

Esta es la segunda vez que el gobernante se dirige a los periodistas en esta nueva modalidad de brindar una conferencia de prensa cada diez días.

Morales y su equipo de comunicación recurrió a audios de entrevistas y conferencias previas para responder algunas preguntas de la prensa, al intentar explicar que eran temas que “ya había respondido”.

El Presidente también intentó limitar el tiempo y cantidad de preguntas durante la conferencia, al decir: “Mirá cuántas preguntas son, cuántos servidores estamos acá. Este tiempo serviría para poder servir a la población. Te imaginás si empezamos con repreguntas, no terminamos”.

En consecuencia, reporteros de Plaza Pública y Guatevisión le hicieron ver que limitar las repreguntas era enviar un mal mensaje, a lo que Morales respondió que había respondido todas las dudas.

Cuando se le pidió explicación por el nombramiento de tres allegados con poca o nada de experiencia en sus campos, Morales expresó: “Si por cada nombramiento que hagamos vamos a tener que estar dando alguna explicación… Son como 400 mil… no sabemos. Creo que con eso está respondida su pregunta”.

En las redes sociales comenzaron las comparaciones de que eran tácticas utilizadas por la exvicepresidenta Roxana Baldetti para defenderse o evadir preguntas.

Los mayores compradores fueron inversionistas privados por medio  de licitación en la Bolsa de Valores Nacional. También hubo subastas en la ventanilla del Banco de Guatemala, que fueron adquiridads por entidades públicas.

Los resultados durante la primera jornada,  indican que se colocó el 91.3% del cupo que fue de Q2 mil millones. 

La  cartera del Tesoro dijo que la colocación en este primer tramo equivale al 38% de los Q4 mil 700 millones que serán colocados en el primer semestre del año, como norma que aprobó el Congreso.

La próxima colocación será el martes 2 de febrero.

¿Que son? 

• Finanzas captará dinero del mercado financiero para el gasto público para este año.
• Los bonos es uno de los  mecanismos que  el Estado recurre para financiar el gasto público. 
• A cambio  paga intereses y comisiones a los poseedores de los títulos cuando  vence el período.
• Al emitir  bonos, el Estado incrementa la deuda interna y externa.
• El monto  de la deuda interna era de Q72 mil 964 millones a noviembre.
• Los bancos  del sistema y entidades financieras privadas, son los que en su mayoría poseen los títulos.
• El mercado  financiero tiene una liquidez en el sistema por más de Q5 mil millones.

Lea también | Ministro de Finanzas: No tengo conflicto de interés

Bancos, principales tenedores

Los principales bancos del sistema y los que cuentan con el mayor patrimonio son los tenedores —poseedores— de la deuda bonificable que emite el Estado, según el estudio “Situación y perspectivas del mercado de deuda soberana en Guatemala”, la cual muestra la evolución del endeudamiento público interno en los últimos seis años, publicó Prensa Libre en marzo de 2015.

El saldo de la deuda bonificada en quetzales para 2015 era de Q54 mil 824 millones, incluido el descuento de los pagos de amortización que el Ministerio de Finanzas (Minfin) haría a los tenedores de los títulos.

El informe muestra que del 2008 al 2015 hay una evolución y tendencia sustancial de la emisión de bonos que se han comercializado en el mercado local en quetzales.

Por ejemplo, indica el informe, la colocación interna en quetzales ha ganado terreno, pasando del 39% en 2008 a un esperado 46% previsto para el cierre de 2015 en términos del total de operaciones de crédito público. Es decir que en ese período la venta en quetzales se ha incrementado 7%.

El estudio resalta que en buena parte las crisis de deuda son producto de riesgos cambiarios de las monedas ya que deben de ser de mediano y largo plazo, algo que en Guatemala no ha ocurrido en comparación con otros países que han enfrentado crisis.

La deuda bonificable consiste en la venta de los bonos del Tesoro que emite el Estado para captar fondos privados y destinarlo para el gasto público.

A cambio el Estado paga una tasa de interés o rendimiento a los acreedores de los títulos.

El informe revela que en segundo lugar como tenedores de la deuda soberana del país en quetzales se encuentra entidades públicas con una porción del 35.7% que representa un monto de Q19 mil 572 millones para el cierre del 2015.

En este caso, la mayoría son títulos adquiridos con fondos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) que es el principal inversionista.

Otro 15.3% que representa Q8 mil 388 millones son títulos poseídos por otras entidades financieras, casas de bolsa, corredores y otros actores.

El 5.6% restante, los tenedores que equivale a Q3 mil 70 millones, son títulos en manos de pequeños inversionistas y corredores.

La situación, según el Ejecutivo, se repetirá durante el primer trimestre del año, por lo que el Ministerio de Finanzas recurrirá a solicitar esta semana al Congreso una ampliación de deuda por Q1 mil 600 millones.

La deuda bonificada se ampliará a Q11 mil millones y se colocará en el mercado nacional. El monto aprobado para este ejercicio es de Q9 mil 400 millones. En noviembre pasado, la Junta Monetaria emitió opinión favorable a la emisión de hasta Q11 mil millones en bonos.

Para cubrir el déficit de gastos por Q3 mil 600 millones de enero, el Gobierno requeriría al menos Q7 mil millones, que ya están comprometidos; sin embargo, Morales dijo ayer que calcula recaudar por lo menos Q4 mil millones.

Además se necesitan Q600 millones que responden a deuda devengada no saldada por la administración anterior.

Julio Héctor Estrada, ministro de Finanzas, afirmó ayer que también solicitará ampliar en Q400 millones el techo presupuestario, para llegar a Q71 mil 196 millones.

El presupuesto del 2016, aprobado por el Congreso en noviembre del año pasado, asciende a Q70 mil 796.3 millones, menor a la propuesta original, de Q72 mil 964.3 millones. La reducción fue de Q2 mil 168 millones.

El ministro indicó que con la ampliación los recursos se destinarán a cubrir compromisos del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Salud Pública, entre otras dependencias.

En una reunión con empresarios de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (Amcham), el mandatario indicó que la brecha fiscal en el 2015 fue de Q5 mil 400 millones.

Se calcula que la recaudación tributaria del 2015 alcanzó los Q49 mil 712 millones, aunque resta conocer los resultados finales.

Presiones

Estrada afirmó que una de las preocupaciones para el primer trimestre es la estructura de financiamiento del gasto.

En el presupuesto vigente, el Congreso aprobó la emisión de 50% de bonos por colocarse en el primer semestre, y el mismo porcentaje en el segundo.

El funcionario explicó que, en el primer semestre, el Legislativo, según lo estipula el plan de gastos, deberá avanzar en la aprobación de dos préstamos para apoyo presupuestario, por US$650 millones —unos Q4 mil 972.5 millones—.

Sin embargo, dijo, uno de los temores es que el Parlamento no avance en la discusión y haya presión en la caja fiscal.

Los préstamos se tienen con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por US$300 millones —Q2 mil 295 millones—, y el Banco Mundial (BM), por US$350 millones —Q2 mil 677 millones—.

El ministro afirmó que si no se aprobaran los préstamos y solo se colocara el 50% de bonos, habría problema para pagar a proveedores y contratistas, entre otros compromisos.

Estrada dijo que en la iniciativa de ampliación de techo presupuestario y emisión de deuda se incluye la solicitud de modificar la colocación de bonos en un solo tramo.

De ser aprobada la iniciativa de más bonos, la deuda pública superaría los Q134 mil millones.

Improvisación

Érick Coyoy, ex viceministro de Finanzas, dijo que las medidas que adopta el Gobierno son precipitadas y muestran improvisación.

Afirmó que el Congreso no cuenta con una agenda legislativa, no está organizado y no tiene las condiciones para que estas solicitudes sean prioritarias.

Coyoy cree que esta crisis financiera es reflejo de falta de coordinación en el período de transición, e incluso recordó que el gobernante propuso un presupuesto de unos Q69 mil millones.

“Parece muy precipitado que la primera acción del Gobierno sea de más endeudamiento, y no es una buena señal para la contención y eficiencia del gasto”, enfatizó.

Teme colapso

Durante la reunión con los empresarios, Morales describió un escenario negativo en cuanto a las finanzas del Estado, aunque propuso acciones para revertir esa situación.

“Hay crisis en las finanzas públicas que pueden provocar un colapso en el Estado, el Organismo Ejecutivo, el Organismo Judicial y los gobiernos locales”, advirtió.

El presidente enfatizó que hay obligaciones que se deben cumplir, como las transferencias a municipalidades, el Organismo Judicial y la Universidad de San Carlos.

“Pero no se asusten”, dijo el mandatario, antes de enumerar medidas para enfrentar ese panorama.

“Tenemos que pagar gastos con deuda, colocación de bonos y uso de la flexibilidad fiscal temporal en caja para cumplir compromisos inmediatos y prioritarios”, afirmó.

El mandatario se mostró confiado en que el Congreso avance en las solicitudes de modificación a la Ley del Presupuesto “que permitan hacer frente a obligaciones de forma programada y responsable”, además de enfrentar la deuda de arrastre.

Respecto de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el gobernante fue enfático en que será reformada.

Morales hereda una sistema tributario débil, luego de que en los últimos años la SAT no alcanzó las metas de recaudación, además de una constante contención del gasto que incidió en una menor calidad de servicios públicos que se reflejó en el sistema de Salud.

La emisión responde a la posible falta de liquidez en la caja fiscal, así como el cambio de condiciones en el mercado financiero internacional.

La venta podría empezar a finales de enero o la primera semana de febrero.

El monto aprobado por el Congreso como deuda bonificable para 2016 es de Q9 mil 426 millones; del total, se definirá qué cantidad se colocará en el mercado local y en el extranjero (eurobonos).

Antes de llevar a cabo la convocatoria, el Minfin deberá publicar el reglamento en el cual se establecerán los mecanismos e instrumentos de venta para los poseedores —tenedores— de los títulos.

Para este año, el Congreso aprobó una colocación de bonos con un plazo de hasta 50 años. Los períodos han sido de 10, 12 y 25 años.

En el reglamento también se establecerá la tasa de interés promedio a ofertar.

El dinero que se capta del mercado se destina para el gasto de este año.

Eurobonos

Es un título de deuda pública que emite un país en el mercado internacional para financiarse. La captación de dinero puede ser en euros o dólares.

La cantidad  recaudada se destina para el gasto público. A cambio, el país deudor deberá pagar intereses a los tenedores de esos títulos por  el tiempo establecido de vencimiento.  

El monto mínimo para participar en el mercado internacional es de US$500 millones.

Para realizar esta operación, un comité técnico empezó a realizar los análisis del proceso de selección del banco corresponsal.

La última colocación de Eurobonos que llevó cabo Guatemala fue en el 2013 por US$700 millones.

Edwin Martínez, exviceministro de Finanzas dijo el pasado lunes —en una citación al Congreso— que ellos dejaron un calendario de programación para la venta de bonos para el 2016.

Sin embargo, dijo que será una decisión de las nuevas autoridades.

Prensa Libre consultó a Julio Héctor Estrada, nuevo ministro de Finanzas; sin embargo, el departamento de comunicación del Minfin dijo que él ofrecería una conferencia la próxima semana.

“Es un ambiente bastante difícil para el Gobierno; no hay fondos. Han robado la mayoría de los fondos, entonces tienen que usar lo que tienen de mejor manera. Guatemala tiene la peor recaudación de fondos en toda la región. Hay que recaudar más y tiene que usarlos de manera mejor; la creación de impuestos es una decisión del Gobierno y del Congreso”, dijo Robinson al referirse a la aprobación del presupuesto del 2016.

El diplomático agregó que los gobiernos no han utilizado de manera eficiente los recursos que han recibido, por lo que es muy importante que el próximo use los fondos para servir a la población.

“Hay muchos retos, tienen que recaudar más, tienen que usar los recursos de una manera mejor y las instituciones tienen que funcionar. Yo creo que si las instituciones funcionan y el Gobierno demuestra que puede usar los recursos de una manera más eficiente, van a poder recaudar más”, expresó Robinson.

Impuesto sugerido

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, sugirió recientemente la creación de un nuevo impuesto para la lucha contra la impunidad. Sin embargo, el sector empresarial mostró descontento y rechazo a la propuesta de un nuevo tributo, aunque este fuera temporal y sin importar el destino.

El embajador estadounidense dio las anteriores declaraciones al finalizar su participación en el seminario Elecciones, crisis y reforma política 2015, en un hotel de la zona 9.

Fedefut

En la mencionada actividad, el diplomático afirmó que Brayan Jiménez, expresidente de la Federación de Futbol (Fedefut) de Guatemala, quien tiene orden de aprehensión con miras a extradición a EE. UU., podría aparecer pronto.

“Hoy o mañana va a aparecer y va a tener que responder en las cortes de los Estados Unidos”, manifestó Robinson.

Ambientalistas consideran que el presupuesto asignado para el ambiente es insuficiente y no alcanza para cumplir con los compromisos que Guatemala contrajo.

Para 2016, el Congreso aprobó Q693.4 millones de presupuesto entre el Ministerio de Ambiente, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, el Instituto Nacional de Bosques, el Programa de Incentivos Forestales y el Programa de Incentivos para Pequeños Poseedores de Tierras de Vocación Forestal o Agroforestal, que significa el 0.97 por ciento del total del presupuesto —Q70.7 mil millones—.

Julio González, del Colectivo Madre Selva, afirmó que ese presupuesto es ineficaz porque Guatemala es un país megadiverso, vulnerable a fenómenos naturales y al cambio climático. “Gran parte del presupuesto se gasta en salarios; no hay forma de vigilar los grandes proyectos, menos el trabajo de campo que el país requiere”, afirmó.

El Ministerio de Ambiente informó que en la cumbre COP21, que se celebra en París, Francia, Guatemala se comprometió a desarrollar una estrategia de restauración forestal en 30 años y reducir las emisiones por deforestación y degradación de bosques.

Rafael Maldonado, del Centro de Acción-Legal y Ambiental, comentó que estos compromisos no son realistas porque no se cuenta con los recursos. “Será lamentable ver al ministro de Ambiente o secretario de Conap del próximo gobierno salir a prácticamente pedir limosna a la cooperación internacional para intentar cumplir esos compromisos”, aseveró.

Aprobación contra reloj

Seis minutos antes de agotarse el plazo constitucional, el Congreso aprobó el Presupuesto 2016, en medio de señalamientos de algunos diputados por cambios de último momento.

Los más de Q70 mil millones que se aprobaron a última hora, también van acompañados de normas presupuestarias, algunas impuestas desde la Comisión de Finanzas y otras agregadas a último momento.

Faltando 10 minutos para llegar a la media noche y con la expectativa que no iba a alcanzar el tiempo para la aprobación, el diputado Carlos Herrera tomó la palabra para la lectura en la redacción final, y se saltó algunos artículos para que alcanzara el tiempo.

Del artículo 7 al 10, luego al 12, 15  y así hasta llegar a los 77 artículos, para llamar a votación faltando 8 minutos para que venciera el plazo constitucional.

A 6 minutos de la media noche, con 100 votos a favor, 8 en contra y 50 diputados ausentes, se aprobó el Decreto 14-2015, que le dio vida al Presupuesto 2016 y el gasto de Q70 mil 796 millones.

Aunque Morales solicitó un presupuesto de Q69 mil 923.8 millones, y el aprobado fue de Q70 mil 763.9 millones, González está seguro de que la autorización de gastos es muy reducida, comparada con las necesidades del Estado.

“Morales se va a encontrar con una deuda de arrastre de Q2 mil 500 millones en los ministerios de Salud, Comunicaciones y Gobernación, solo de 2015, y deberá pagarlos para que los proveedores distribuyan. Esos recursos no están contemplados en el Presupuesto y deberá buscar fondos”, explicó el congresista.

Agregó que parte de los gastos se financian con Q9 mil 426.5 millones en bonos del tesoro, pero solo se podrá colocar el 50 por ciento, ya que Finanzas está en proceso de negociación de US$550 millones (Q4 mil 400 millones) en créditos, que antes de ejecutarse deben ser aprobados por el Congreso. Si esos recursos no se logran, solo este organismo podría eliminar esa norma presupuestaria.

“En ambos casos, Morales o su equipo deberán acudir al Legislativo para que autorice la deuda, tal y como lo establece la Constitución. Espero que el presidente electo no cometa el mismo error que el expresidente Otto Pérez Molina y decida alejarse del Congreso”, manifestó González.

José Ramírez, encargado del Presupuesto del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) en el Congreso, dijo: “El techo es aceptable, comparado con lo que propusimos. Lo que no está acorde son los pilares, le disminuyeron mucho a Salud; definitivamente habrá que hacer una redistribución”.

El vicepresidente electo, Jafeth Cabrera, aseguró que respetarán los candados específicos aprobados con el plan de gastos, aunque considera que esas restricciones deben ser puestas por el Ejecutivo, no por el Legislativo.

Cabrera aseguró que no han planificado reunirse con los diputados para una readecuación, sino que será su responsabilidad “refundar” el presupuesto y hacer los cambios necesarios.

El próximo vicepresidente afirmó que para atender la crisis de Salud han recibido ofrecimientos de cooperación internacional, de Taiwán y el Banco Centroamericano de Integración Económica, para dotar a los hospitales con los medicamentos básicos.

Cambios

Aunque el Instituto Nacional de Estadística (INE) recibió una inyección de Q10 millones, solo servirá para fortalecer a dicha institución ante los retos que tendrá luego de la aprobación de la Ley de Contrataciones.

No se previó el censo nacional de personas, para el que se requería un aproximado de Q150 millones.

Otra partida modificada fue la Dirección General de Caminos, a la que le restaron Q684 millones de los que tenía asignados en el proyecto de Presupuesto que envió el Ejecutivo el 2 de septiembre al Congreso.

Esta reducción obligará cambiar el listado geográfico de obras, aseguró el secretario de la Comisión de Finanzas, por lo que se estableció un candado en el que se obliga a tener aval de la Secretaría General de Planificación antes de las modificaciones.

Una de las ganadoras fue la Universidad de San Carlos de Guatemala, que además del aporte constitucional de Q1 mil 489.8 millones, recibió Q47.1 millones contemplados en un préstamo con el BCIE para la construcción de edificios en el interior del país.

En los cambios de último momento de la Comisión de Finanzas, la Usac recibió otra inyección de Q400 millones más, y eso generó la molestia de González y de Porras, lo que causó que votaran de manera razonada, pues argumentaron que se desconocía a qué se destinarían dichos recursos.

En tanto, otras entidades perdieron, como el programa de fertilizantes, que fue eliminado.

También se inició el proceso de desaparición del programa de reforma policial al que solo le acreditaron Q5 millones; se eliminó la Comisión Presidencial de Transparencia y Gobierno Electrónico (Copret), y se elevó el presupuesto de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) por el pago de resarcimiento en Chixoy.

También se garantizó el pago de Q1 mil 715 millones en deficiencias netas al Banco de Guatemala.

Aboga por el MP

El jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, lamentó que no se haya erogado más en fortalecer al Ministerio Público.

“Si se quiere acabar con esos súper niveles elevados de impunidad, a través de la lucha a profundidad de la corrupción, es necesario que haya recursos financieros”, manifestó.

Agregó que se puede contribuir con capacidad técnica a través de las investigaciones, pero “no podés hacer milagros”.

Al sustentar el presupuesto para 2016, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, afirmó el pasado jueves que representa un incremento de 6.6 % respecto a 2015.

El presupuesto ha sido formulado sobre la base de los objetivos y líneas de política económica del Gobierno de Ollanta Humala, que son apuntalar el crecimiento potencial de la economía en el mediano plazo a través de las ganancias de productividad, una mayor inclusión social y el crecimiento con estabilidad macroeconómica.

Para el próximo año, se destinará el 17.9 % de los recursos del presupuesto a la educación, que aumentará en más de 2.500 millones de soles (US$737 millones) respecto a 2015, “lo que permitirá revalorizar la carrera docente, mejorar la calidad del aprendizaje en todos sus niveles y reducir la brecha de infraestructura educativa”, precisó el primer ministro.

El ministro de Economía, Alonso Segura, estimó que la economía del país crecerá en torno a un 2.8 % este año y un 4% durante 2016, en contraposición a la proyección oficial, que había establecido 3 % y 4.3 % para cada año, respectivamente.  “La proyección de consenso, no de fuente oficial, es que el PIB este año crecería 2.8 %, ligeramente por debajo de la proyección oficial, que es 3 %, o la del BCR (Banco Central de Reserva), que es 3,1 %”, explicó el ministro.

Agregó que su despacho cree que “efectivamente” este año el país crecerá alrededor de 2,8 %, una cifra que “con un poco de suerte quizá podría ser 2.9 %”, según dijo.

En octubre pasado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó la proyección de crecimiento de Perú a 2.4 %, mientras que el Gobierno peruano fijó el crecimiento en 3 %.

Segura dijo al respecto, que la economía peruana está en una “fase gradual” de recuperación económica, basada en el gasto público por parte de los gobiernos regionales, la producción minera, la segunda temporada de pesca y el consumo privado.

Roberto Alejos, diputado del bloque Todos, explicó que aún existe desconfianza sobre el verdadero apoyo que tiene la aprobación del presupuesto que manejará el gobierno de Jimmy Morales.

“Después de lo ocurrido en las elecciones y de los juicios contra varios diputados, el comportamiento en el Congreso es atípico, nadie sabe quién dice la verdad. Además ha habido mucho retraso en la aprobación que da a pensar que en verdad no quieren presupuesto”, manifestó Alejos.

Esta preocupación la compartió también Mario Taracena, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien solicitó aprobar de urgencia nacional ayer el proyecto, dejar el fin de semana para analizarlo y terminar la aprobación el lunes, pero la moción fue rechazada.

“Solo demuestra que no hay ganas de aprobar el Presupuesto. Que digan de una vez que ya hay acuerdos con Jimmy Morales para que se quede el de 2015 porque no tiene candados”, exclamó Taracena en tono molesto.

Carlos Barreda, diputado de la UNE, aseguró que la bancada cuenta con un paquete de normas presupuestarias para modificar el Presupuesto si queda el de este año, “pero las presentará con el nuevo Congreso, porque este impediría el cambio”.

Álvaro González Ricci, secretario de la Comisión de Finanzas del Congreso, aún guarda la esperanza de que se dé el visto bueno al dictamen que esa sala readecuó, en tanto comparte la idea de establecer controles al gasto.

Alejos aseguró que el plan B ya se discutió con varias bancadas que prometen dar su apoyo. Se plantean cambios como eliminar o poner destino a Q1 mil 965 millones que están en la partida de Obligaciones del Estado. También se obligaría al Ejecutivo a llegar al Legislativo para aprobar bonos y préstamos, y varios candados garantizarían recursos a ministerios como Salud Pública y Educación.

Oenegés de la discordia

Ayer, en la sesión, se veía a varios diputados ir y venir; la mayoría con listados donde figuraba el resumen de los recursos que se destinaron a varias oenegés, pues muchas de ellas no eran de su agrado o, según los congresistas, tenían relación con funcionarios.

“Hay Q200 millones en una oenegé para un prófugo”, reclamó Taracena.

También se señaló que hay recursos para el Club de Leones o para algunas que calificaron de desconocidas, como la Asociación Centro Don Bosco, que tiene Q15 millones, y otras que carecen de nombres específicos.

González afirmó que la idea de no hacer cambios a estas partidas en la Comisión era justo para que fuera el pleno el que decidiera hacer modificaciones.

En la sesión convocada para el lunes se espera que haya enmiendas de curul si hoy se logra que avance en segunda lectura.

Presión por cargo en CC

Varios diputados denunciaron que la bancada de Libertad Democrática Renovada condicionaba su apoyo al Presupuesto a cambio de elegir al representante del Congreso ante la Corte de Constitucionalidad.

Líder proponía al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Pineda, pero no recibió apoyo.

En una jornada atípica de viernes, el Congreso se reunió para conocer el proyecto de Presupuesto y comenzar el proceso de aprobación del mismo que esta semana recibió el dictamen favorable pero no unánime de la Comisión de Finanzas.

El proyecto de gasto superó la primera lectura y aún con algunas objeciones de algunos diputados, se logró aprobar en su primer debate, quedando pendientes dos más y la aprobación por artículos para su aprobación definitiva.

Según la Ley el Congreso debe aprobar o improbar el Presupuesto del siguiente año antes del 30 de noviembre, por lo que los diputados tienen hasta la media noche del próximo lunes para sancionar el proyecto de gastos 2016.

Por el escaso tiempo para debatir, 108 diputados aprobaron una moción para finalizar la sesión permanente este viernes y este sábado volver a reunirse en pleno para conocer e intentar aprobar el Presupuesto en una segunda lectura.

Se prevé que el lunes nuevamente se volvería a sesionar y aprobar en definitiva el proyecto de gasto de la Nación, finalizando así el actual período de sesiones ordinarias en el Congreso y el último de la séptima legislatura.

Congreso se adjudica Q837 millones

Previo a debatir sobre el presupuesto nacional, los congresistas aprobaron con 114 votos los recursos económicos para el 2016 del Organismo Legislativo por un monto de Q837 millones 350 mil.

El dictamen incluye un monto para la Procuraduría de Derechos Humanos por Q120 millones y un monto al Parlamento Centroamericano por Q13 millones 600 mil.

En la sesión plenaria efectuada este jueves, los diputados aprobaron el incrementó a Q80 millones del presupuesto anual de los Bomberos Voluntarios, recursos que recibirán a partir de 2016.

La iniciativa 45-20 fue aprobada de urgencia nacional  y obtuvo  93 votos a favor y 24 en contra, con esto, los bomberos tendrán una ampliación presupuestaria de Q30 millones.

La Ley de Orgánica del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos fue reformada por última vez en el 2004, y establecía que se debe asignar a este grupo un presupuesto anual mínimo de Q30 millones.

Los socorristas solicitaban este incremento para poder comprar equipo, adquirir motobombas y contratar personal, por lo que hicieron una protesta afuera del edificio para exigirlo.

El anuncio de la aprobación causó alegría en quienes desde la mañana se presentaron frente al Congreso para sonar las sirenas de las ambulancias.

Donaciones ingresarán

Este jueves también se aprobó la iniciativa 4827, con la que se exonera de impuestos a los equipos de importación de los rotarios.

La iniciativa fue presentada el 29 de abril de 2014 y el no haberla aprobado ponía en riesgo el ingreso de equipo de rayos X, máquinas para extraer leche de soya, medicinas, marcapasos, equipo médico, material educativo, alimentos y otros insumos que serán donados por los clubes.

Como parte del beneficio obtenido por el país por medio de los rotarios ya se instalaron tres de 29 equipos digitales de rayos X. El monto total de la donación sería de Q20 millones y se concretó con un acuerdo entre la Organización Panamericana de la Salud, el Ministerio de Salud y los rotarios.

Sin presupuesto

A cuatro días de que se termine el periodo de sesiones del Legislativo, los diputados evitaron conocer en primera lectura el proyecto de presupuesto para 2016.

Integrantes de la Junta Directiva del organismo se retiraron y con ello forzaron a que la sesión fuera convocada para
mañana viernes, a las 10 horas.

Luego de un tira y encoge, discusiones, disensos y modificaciones, la sala legislativa fijó el presupuesto 2016 en Q70 mil 796 millones 305 mil 204.

El proyecto de gasto difiere en Q32.3 millones respecto al borrador presentado el pasado martes y sería este jueves, durante la sesión, que el pleno podría conocer la iniciativa en primera lectura.

El Congreso tiene como fecha última para aprobar o improbar el presupuesto el 30 de noviembre, día que también finaliza el período de sesiones ordinarias.

El presupuesto especifica en el dictamen que Q46 mil 046 millones 745 mil 909 será para gastos de funcionamiento del Estado, mientras que Q12 mil 300 millones se distinan a inversión y otros Q12 mil 448 millones 941 mil 19 corresponden a la deuda pública.

El ministerio que más presupuesto tiene asignado en el dictamen es Educación con Q12 mil 892 millones, de los que Q12 mil 876 millones son para funcionamiento y Q16 millones para inversión.

De las dependencias del Ejecutivo que menos asignación tiene es el Ministerio de Energía y Minas, con una asignación de Q70 millones, y la Procuraduría General de la Nación con Q64 millones.

La Comisión de Finanzas también apoyó la colocación de Q9 mil 426 millones en Bonos del Tesoro para el financiamiento del gasto.

Según el documento divulgado este martes, el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, sería de Q70 mil 763 millones 967 mil 507.

Se tenía contemplado que hoy se firmara el dictamen para someter a discusión el Presupuesto 2016 en el pleno, pero el mismo fue retrasado para el miércoles.

La Comisión de Finanzas dio a conocer este martes el borrador del Presupuesto, el cual incluye los acuerdos alcanzados entre las bancadas que están representadas en dicha Sala Legislativa.

El Presupuesto, que podría conocerse este jueves en el pleno, incluye una asignación que supera los 4 mil 330 millones para el Ministerio de Gobernación (Mingob).

Mañana estaría el dictamen de la comisión, cuando ya circula un borrador del presupuesto 2016. Vía @CongresoT pic.twitter.com/HE5TtPH7du

— Prensa Libre (@prensa_libre) November 24, 2015

También designa más de 5 mil 465 millones al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de los cuales 2 mil 270 millones estarían destinados para recuperación de la salud.

La propuesta indica que el endeudamiento interno será de Q9 mil 394 millones. Además, el endeudamiento externo está contemplado en Q3 mil 045 millones y de ingresos tributarios se obtendrían más de Q54 millones.

El Presupuesto llegó en septiembre al Congreso y a partir de allí empezaron los cabildeos para su aprobación. Los diputados tienen hasta el 30 de noviembre para aprobarlo.

Principales asignaciones:

Restricciones

El borrador que podría recibir dictamen este miércoles incluye la prohibición de gastos superfluos y prohibe asignar gastos en almentos, bebidas, combustibles, así como viáticos y gastos de representación. El gasto en líneas telefónicas no puede superar los Q600 mensuales.

Las limitaciones aplicarán a las dependencias del Ejecutivo, sin embargo no afecta el gasto en los otros tres poderes del Estado.

También se regula la negociación de los Pactos Colectivos, fijando entre los requisitos para suscribirlos que se ajusten a las condiciones financieras del Estado y el Ministerio de Finanzas estará obligado a participar de todas las negociaciones.

Se retiran

El 26 de octubre pasado, un día después de ganar la elección presidencial, Jimmy Morales manifestó que el Presupuesto 2016 debería ser de Q69 mil millones.

Para ello nombró a José Ramón Lam y José Carlos Castañeda, encargados del programa económico del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), quienes tenían la función de cabildear en el Congreso.

Sin embargo, luego de conocer que el Presupuesto tendría candados, el 10 de noviembre recién pasado Morales decidió retirar  a su equipo de la discusión.

Del monto, US$300 millones aportaría el Banco Mundial (BM) y US$250 millones el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Esas instituciones condicionaron la aprobación del préstamo al pago del resarcimiento a afectados por la construcción de la hidroeléctrica de Chixoy, a aplicar más transparencia y al fortalecimiento de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Para financiar lo que resta del 2015, “no se tiene contemplado emitir bonos”, afirmó el funcionario, pero se está a la espera de un desembolso de US$125 millones de otro préstamo de apoyo presupuestario del BID, dijo Carías la semana pasada.

Al respecto, el viceministro de Finanzas, Saúl Figueroa, comentó ayer que ese desembolso del BID no se ha recibido, pero ya se gestionó, porque “tiene que dar tiempo (de tenerlo disponible) en diciembre, si no, la crisis va a ser mayor”, reconoció.

Agregó que esta semana se convocará la colocación de bonos por Q360 millones, pero se analiza si se trasladan al Banco de Guatemala (para pagar las pérdidas operativas), pero “aún no esta definido”.

Los diputados de la Comisión defienden su trabajo y rechazan el señalamiento. Sin embargo, reconocen que a lo interno de esa sala también hay desconfianza, al extremo de que ayer en la tarde convocó el vicepresidente de esa instancia, Juan José Porras, debido a que el presidente, Leonardo Camey, no asistió ni respondió ninguna llamada.

Orlando Blanco, jefe de la Unidad Nacional de la Esperanza, aseguró que se ha evidenciado que hay una estrategia para bloquear el presupuesto y las modificaciones que se puedan plantear.

Incluso, se sabe que “emisarios del presidente electo, Jimmy Morales, se han reunido con diputados que no fueron reelectos y les han solicitado que bloqueen la aprobación porque prefieren quedarse con el instrumento fiscal actual, pues tiene un techo más elevado y carece de candados”, dijo el congresista.

Trabas

Una estrategia que los diputados consideran que se ha utilizado consiste en proponer la eliminación del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

“No se puede eliminar el Mides, pero la propuesta es provocar que nosotros como UNE no apoyemos”, indicó Blanco.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala, refirió: “Tengo la impresión de que los retrasos son a propósito. Se están haciendo gazapos jurídicos y técnicos para que al final nos veamos obligados a aprobar el presupuesto actual”.

“No conocemos el proyecto, hay rumores de que les están colocando recursos a oenegés y a empresas para beneficiarse. Estamos entre la espada y la pared porque el proyecto del Ejecutivo está mal, la Comisión no ha dado a conocer lo que está haciendo y tenemos poco tiempo”, expresó Montenegro.

También se quitó el programa de fertilizantes y ello generó que la dipu-tada Sofía Hernández, quien está en la Comisión de Finanzas, advirtiera de que razonará su voto en el dictamen porque no está de acuerdo.

Amílcar Pop, jefe de Winaq, Montenegro y Blanco tampoco ven bien que se permita a los alcaldes endeudarse de nuevo, pues eso generará otra vez que la deuda se salga de las manos.

¿Por qué repetir?

Economistas y diputados coinciden en que repetir el presupuesto de este año podría parecer atractivo para el nuevo gobierno, debido a que el gasto autorizado es mayor que el que se está proponiendo, pues tiene un techo de Q70 mil 715.4 millones, y tampoco se incluye el pago de las deficiencias netas al Banco de Guatemala, que suman unos Q1 mil 500 millones.

Además, se autoriza un techo sin destino específico de Q1 mil 965 millones, que este año se utilizó para los ministerios de Comunicaciones —infraestructura sin especificar—, de la Defensa —terremoto en San Marcos— y para medicamentos en Salud, pero este último no pudo ejecutarse, debido a problemas de asignación.

De acuerdo con Blanco, se han escuchado rumores de que ese bolsón se está negociando para financiar el subsidio del transporte, de nuevo con Luis Gómez, y para el pago de deuda flotante ilegal.

El presupuesto actual también carece de candados. Se aprobó el 29 de noviembre a través de negociaciones y acuerdos entre el Partido Patriota y Libertad Democrática Renovada sin el aval ni conocimiento del resto de bancadas, con excepción de Todos, que sí apoyó con su voto.

También quedaría un techo de Q13.9 millones del Listado Geográfico de Obras que podría modificarse sin problemas y con total discreción.

Enmiendas a 2015

Entre las críticas y temores, diputados de varias bancadas se han dispuesto a crear enmiendas de curul para proteger el presupuesto, en caso se repita el presupuesto de este año.

Roberto Alejos, diputado del bloque Todos, explicó que se plantea poner destinos específicos al bolsón de Q1 mil 965 millones, ponerle candados de transparencia al gasto y reajustar el presupuesto para que no afecten los impuesto a la telefonía, al cemento y las regalías que paga la minería, porque la Corte de Constitucionalidad (CC) los rechazó.

Según Alejandra Contreras, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), estos recursos debieran destinarse al pago del servicio de la deuda, ya que este año se quitaron a esta partida, así como al Organismo Judicial, la CC y al Ministerio Público.

Pop explicó que se buscarán cambios a las partidas que claramente fueron “infladas para financiar la campaña de ambos partidos, y se garantizarían recursos para Educación y Salud. Además, se establecerán candados para evitar la corrupción en la ejecución del gasto”.

El borrador será presentado hoy a la Comisión, con la intención de que sea firmado y presentado al pleno en los próximos días, para su aprobación.

Esta propuesta se basará en lo planteado por el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), que propuso un techo de Q69 mil 923.8 millones, menor a los Q72 mil 430 millones establecidos en el proyecto del Ministerio de Finanzas Públicas (MFP).

Salvador Baldizón, miembro de esa sala legislativa y diputado de Libertad Democrática Renovada (Líder), dijo: “La Comisión de Finanzas es un cuerpo político, no técnico. Si bien hay buena intención de algunos diputados que tienen la capacidad técnica, lo mejor es que no se toque el libro mayor, donde están los renglones”.

Aseguró: “Lo que decidimos es que la Comisión dirá dónde hay que reducir o elevar, qué se puede tocar y qué no. Se pondrán candados de transparencia, y luego los técnicos del MFP deberán realizar los cambios. Es decir, en base al techo que se deje, Finanzas realizará la distribución analítica”.

A decir de Baldizón, se colocarán las normas de transparencia que propuso la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y se prohibirán gastos superfluos en los renglones 029 y 189. Luego “queda a discreción de Finanzas hacer los cambios dentro de un rango que permita el dictamen”.

Álvaro González, vicepresidente de la Comisión, afirmó que se determinó establecer un techo de Q70 mil millones, a solicitud de FCN-Nación.

“Más importante aún es que se establecieron normas presupuestarias estrictas, que son más importantes que los números”, refirió.

Según González, dejar a discrecionalidad del MFP la distribución del Presupuesto “es lo único que se puede hacer”, porque “por ejemplo FCN nos pidió bajar Q1 mil millones a Comunicaciones, y como comisión no tenemos idea de dónde hacer esa reducción porque el analítico lo maneja Finanzas”.

Expresó: “Manos libres tiene el Ejecutivo en varios rubros, lo mejor que podemos hacer es establecer techos a ciertos gastos, como la eliminación del programa de fertilizantes y de la Comisión Presidencial de Transparencia… Donde podemos llegar al detalle, lo estamos poniendo; el resto será responsabilidad de Finanzas”.

Juan José Porras, vicepresidente de la Comisión, dijo: “Lo que sucede es que se pondrán algunos techos en diferentes ministerios donde Finanzas va a tener que ver dónde puede hacer la redistribución”.

Listado abierto

Aunque los diputados indicaron que el Congreso no modificará el Listado Geográfico de Obras, coincidieron en que Finanzas y el nuevo gobierno sí podrían cambiarlo.

“Finanzas podrá hacer las reducciones necesarias o cambiar los destinos, basados en aspectos como nuevos criterios de los alcaldes electos, porque muchos son nuevos y tendrían otros requerimientos, y Finanzas podrá hacer el reajuste”, expuso Baldizón.

Lo ven ilegal

Diputados de otras bancadas se mostraron preocupados por la propuesta, y la calificaron de inconstitucional.

“La Constitución en su artículo 237 establece que el Presupuesto debe contener el detalle de fuentes de financiamiento, destino y estructura programática. Creo que la propuesta es un cheque en blanco, una trampa, una fumada o una atrocidad que nos va a pasar llevando a todos los diputados”, subrayó Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala.

Carlos Barreda, de UNE, aseguró: “Sigue oliendo a que Manuel y Salvador Baldizón están haciendo negocios oscuros con Jimmy Morales y que pudieron haber acordado modificar el Listado Geográfico”.

Afirmó: “Si no es así, lo que quieren es que no se apruebe el Presupuesto porque tendrían un techo mayor al propuesto, carece de candados, tiene un bolsón de Q2 mil millones sin destino, y préstamos y bonos aprobados”.

Asimismo, José Fernández, jefe del bloque Independiente, aseguró que si la propuesta viene sin destinos, “casi por anticipado no se apoyaría la aprobación”.

Abelardo Medina, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, calificó de “rara” la propuesta de la Comisión, y recordó que la Ley obliga a cumplir varios requisitos, y que si bien es cierto la rigidez extrema es mala, tampoco se puede dejar un presupuesto sin destinos claros.

Ingresos

La Comisión definió que aceptará la propuesta de Finanzas, que calcula recaudar Q54 mil 500 millones, y recalcó que colocará una norma para que se reemplacen Q4 mil millones de bonos con créditos. Si no se logra, el Ejecutivo deberá acudir al Congreso para pedir autorización de colocar más títulos.

El prelado participó de la Misa de Confirmación de jóvenes del Mezquital, zona 12 de Villa Nueva,  este domingo, donde también opinó sobre la discusión política que en el Congreso se mantiene alrededor del proyecto de gastos para el próximo año.

Vián fijo su postura y señaló directamente al Congreso de ser los responsables de aprobar el Presupuesto que debe obedecer a las necesidades del gobierno electo que asumirá el próximo 14 de enero.

El líder de la iglesia católica en Guatemala también fue claro en llamar a los diputados a incluir las “medidas de control y transparencia”, además de advertir que sería negativo para el país que esta Legislatura termine sin aprobarle el gasto al nuevo gobierno.

Para el prelado, el Congreso y los 158 diputados son los responsables de aprobar y garantizar que el Presupuesto 2016 tenga los controles necesarios que garanticen la correcta utilización de los recursos.

Impuestos y más control

El arzobispo mostró su aprobación al planteamiento del jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), de crear un impuesto que permita continuar con la lucha contra la impunidad, sin embargo también considera que es imprescindible controlar el gasto.

De acuerdo con Vián, el tributo sería de beneficio para el país y el combate a la impunidad, toda vez que los impuestos recaudados sean administrados “con transparencia y no sean robados por las autoridades”, como ha ocurrido recientemente.

Sin embargo, algunos diputados, como Roberto Alejos, del bloque Todos, consideraron que hay un boicot para frenar la aprobación de la ley que intenta transparentar las compras y contrataciones de servicios que hace el Estado.

Puntual acudió la diputada Nineth Montenegro a la sesión convocada para las 10 horas de ayer, ya que ella presidió la mesa técnica que analizó los cambios y tenía la esperanza de continuar con la aprobación de las reformas discutidas.

El ambiente se sentía extraño. Como ya no había ocurrido en varias semanas, el Palacio Legislativo recibió la presencia de manifestantes, pero la visita más significativa fue la del sindicalista Joviel Acevedo, quien se negó a indicar a los medios el motivo de su visita, aunque luego se supo que pedía hablar con la Directiva.

La presencia de legisladores fue escasa y su comportamiento se tornó extraño, pues se concentraron en varios grupos. Aunque solo faltaban seis congresistas, se esperó hasta las 11.39 horas, y el presidente levantó la sesión permanente.

“Hay dudas en varios artículos que ya se aprobaron de la Ley de Contrataciones”, justificó el presidente del Congreso, Luis Rabbé.

Convocó para “el lunes o martes” a los jefes de bloques a una reunión con la presencia de autoridades de la Contraloría General de Cuentas, para despejar las dudas.

Fue notoria la ausencia de legisladores de Libertad Democrática Renovada, del Partido Patriota, del bloque independiente, de Podemos y de la Unidad Nacional de la Esperanza.

Según José Fernández, jefe del bloque independiente, muchos de los integrantes de esa bancada no llegaron porque el miércoles por la noche les notificaron que no habría sesión a causa de “dudas”.

Polémica

Alejos aseguró que se trata de un boicot a las reformas y Montenegro amenazó con convocar a grupos sociales para explicarles por qué no se quiere seguir.

“En otras oportunidades se ha esperado hasta tres horas para iniciar una sesión. Hoy —ayer— se supo que las bancadas mayoritarias no quisieron continuar con la aprobación, y no sé si se sienten afectados en lo personal o sus financistas”, subrayó Alejos.

Montenegro manifestó que las reformas “van a tocar la parte más sensible del monstruo y lo debilita, porque con la ley no podrá seguir sobrevalorando, cobrando comisiones o comprando cosas inservibles o que no aparecen, sobre todos en dragados y medicamentos”.

Un tema que provocó conflicto, según ella, es el relacionado con las prohibiciones, ya que se establece: “El dignatario de la Nación, y sus familiares, no podrá ser contratista del Estado mientras dure su período y cuatro años después, porque o es dignatario o es contratista”.

Tampoco se permitirá el fraccionamiento, y se vigilará más a las juntas calificadoras para que no sean comprables, explicó.

Ayer se esperaba que la comisión detallara su primer borrador de reestructuración del Presupuesto, pero contrario a ello el presidente de la sala, Leonardo Camey, leyó la carta enviada por el equipo de Morales, en la que deja “en manos del Congreso la responsabilidad de aprobar el Presupuesto”.

Álvaro Trujillo, integrante de la Comisión y diputado de Libertad Democrática Renovada (Líder), calificó de falta de respeto la decisión del equipo de Morales y criticó su propuesta. “Le faltó seriedad: eran tres hojas sueltas”, manifestó.

Luego, solicitó que se convocara de nuevo a los representantes del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) para el viernes, a las 10 horas.

Álvaro González, secretario de la Comisión, trató de frenar la propuesta, y argumentó que podría haber un retraso y que Morales ya presentó un esquema. “No era lo que se esperaba, queríamos más; pero no lo hizo”, justificó.

En el documento, FCN-Nación indica que ya hicieron una reducción de Q72 mil 432 millones a Q69 mil 924 millones, con base en “la austeridad y la probidad”.

De acuerdo con Camey, aunque la carta iba acompañada de un disco compacto, no se detalló por renglones la propuesta.

Devuelve la pelota

Al terminar una actividad con empresarios, Morales afirmó que la aprobación del Presupuesto debe ser de urgencia nacional y que es decisión del Congreso.

“Que sean ellos —los diputados— los que lo discutan junto con el Ministerio de Finanzas”, refirió.

El futuro gobernante adujo que con solo tres semanas de plazo y varias discusiones específicas, seguir con las intervenciones iría en detrimento del trabajo del Parlamento.

Sin embargo, Trujillo es de la idea de que Morales quiere “culpar al Legislativo de sus errores… porque carece de un programa de gobierno claro”.

Morales escribió en su muro de Facebook: “El Congreso tiene la oportunidad de demostrar que es consecuente y obediente al clamor de la población”.

Segundas intenciones

González respondió, y aseguró que han avanzado en una propuesta con los elementos que FCN-Nación propuso, a fin de evitar que aleguen que el Presupuesto no va con sus intereses.

Varios diputados consideran que la intención de Morales es que no se apruebe el plan de gastos, para que quede el de 2015, que tiene techo más grande, no tiene candados y cuenta con un bolsón sin destino de Q2 mil millones.

Los congresistas votaron durante la reunión de este miércoles a favor que el binomio electo, Jimmy Morales y Jafeth Cabrera, envíen a sus representantes para que conozcan como será conformada la propuesta de presupuesto  para el próximo año.

La disposición se da a conocer un día después que trascendiera la renuncia del equipo de transición, a la discusión del presupuesto en las mesas técnicas de la Comisión de Finanzas.

El presidente de la Comisión, Leonardo Camey, negó haber recibido la notificación formal sobre el retiro del equipo de transición de la discusión del Presupuesto, aunque integrantes del equipo de comunicación de Morales aseguraron lo contrario.

Este miércoles Álvaro Trujillo, miembro de la Comisión, aseguró que “la dimisión de FCN-Nación es una falta de respeto para los diputados y los analistas” que conforman el grupo de trabajo, por lo que pidió que se convocará a los asesores de ese partido para el próximo viernes.

Álvaro Trujillo pide que se convoque para el viernes al equipo de FCN-Nación para que presente una "propuesta sería, no tres hojas de papel"

— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) November 11, 2015

Trujillo dijo que ese día, el equipo de Morales debería llegar para presentar una “propuesta sería, no tres hojas de papel”.

El pasado viernes, los asesores del binomio electo estos fueron criticados por solicitar una reducción de Q2 mil 506 millones 228 mil 736 al techo presupuestario del presupuesto pero sin presentar una propuesta concreta sobre los rubros en donde se haría ese ajuste.

Álvaro González Ricci estuvo de acuerdo en citar al equipo del binomio electo, pero aclaró que esta debería ser “para presentar nuestra propuesta. No vamos a rogarles que nos den un detalle. Ya sabemos qué quieren. Nos hubiera gustado más, pero es lo que tienen”, aseguró.

En manos del Congreso

El presidente electo Jimmy Morales afirmó que la aprobación del presupuesto es de urgencia nacional y es decisión del Congreso. “Que sean ellos los que discutan junto con el Ministerio de Finanzas la aprobación del presupuesto”, detalló.

El gobernante electo reiteró que, con solo tres semanas de plazo y varias discusiones específicas, que su equipo continúe con las intervenciones iría “en detrimento del trabajo del Congreso”.

“El presupuesto del primer año siempre ha sido aprobado por el gobierno anterior, eso demuestra que se necesita darle continuidad a sus programas. La oportunidad que tuvimos ya se planteó con nuestra propuesta” , añadió Morales.

Criticas constantes

El equipo de Morales y Cabrera que revisaba el presupuesto en el Congreso ha sido objeto de críticas constantes debido a sus dirigentes o forma de proceder.

Primero fue la presencia de José Lam Ortiz la que causó controversia, pues fue señalado de plagiar cuatro ensayos mientras trabajaba como analista en el Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.

Cuando Lam Ortiz fue separado de sus funciones, lo sustituyó José Ramírez Crespín, también señalado por estar vinculado con Sergio Pérez, ex subcontralor de Cuentas relacionado con algunos de los acusados en el caso La Línea.

La falta de lo que los integrantes de la comisión de Finanzas consideran una “propuesta seria”, le valió al equipo del presidente electo una nueva serie de críticas.

La decisión de retirarse de la discusión en la Comisión de Finanzas del Congreso fue “del binomio”, según integrantes del equipo de trabajo del gobierno electo y fue divulgada a través de un comunicado oficial.

El presidente de la Comisión de Finanzas, el diputado del partido Libertad Democrática Renovada (Líder), Leonardo Camey, negó tener conocimiento oficial del retiro del equipo de trabajo de Morales de las discusiones.

El retiro del equipo de transición del Congreso, se da en medio de una ola de señalamientos hechos primero a José Lam Ortíz, señalado de plagio por el Instituto de Problemas Económicos y Sociales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), y a su sucesor Ramírez Crespín por vincularlo con Sergio Pérez, ex subcontralor de Cuentas relacionado con algunos de los acusados en el caso La Línea.

La discusión del Presupuesto en el Congreso, al momento del anuncio del retiro de los representantes de Morales, se mantiene en un manejo de gastos con candados presupuestarios para el control, contrario a la propuesta del gobierno del Frente de Convergencia Nacional que no quería controles.

El equipo técnico de transición en el Congreso también solicitaba recortes por casi Q2 mil millones al presupuesto, sin embargo el planteamiento fue duramente criticado por diputados de la Comisión de Finanzas, por no tener un sustento técnico para la reducción planteada.

Confianza en el Congreso

En el comunicado oficial de FCN-Nación se asegura que se informó a la Comisión de Finanzas de la decisión de retirarse de la mesa técnica que discute cambios al Presupuesto General de 2016, resaltando que el presidente electo Jimmy Morales “confía en la buena voluntad de los diferentes partidos políticos”.

Agrega: “Esperamos que aprueben el Presupuesto del próximo año, tal como lo demandan las necesidades actuales del país”, según una carta enviada al diputado Leonardo Camey y que él niega haberla recibido.

En el comunicado también se insiste en que como equipo técnico de transición se presentó algunas sugerencias de reducción al proyecto actual del Presupuesto en algunos rubros “injustificados” y se subrayó el interés en realizar algunos ajustes a “renglones que tradicionalmente sirven para realizar gastos superfluos o no prioritarios”.

Para diputados de la Comisión de Finanzas, nunca llegaron las sugerencias específicas sobre qué partidas deberían eliminarse y reducirse, para poder concretar la reducción que planteó el equipo de transición de Morales.

Sin embargo y pese a la crítica abierta de algunos legisladores a la propuesta de FCN-Nación, a través de un comunicado Morales sostiene que se presentó a la Comisión de Finanzas una reducción significativa a ministerios como Comunicaciones donde “le apostamos firmemente a la realización de obra pública a través de la implementación de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica”, con lo que se podría redistribuir lo asignado a esa cartera a otros temas como el Organismo Judicial o el Ministerio Público.

En la reunión de la Comisión de Finanzas que se sostuvo ayer, los diputados indicaron que entre hoy y mañana revisarán cada una de las más de dos mil partidas presupuestarias para que el miércoles, en conjunto, puedan definir el primer borrador del dictamen, el que seguramente tendrá restricciones.

“Las normas presupuestarias no pueden faltar, porque ayudan a garantizar que el gasto sea transparente”, manifestó Leonardo Camey, presidente de la mencionada sala legislativa, luego de haber anunciado que se declararon en sesión permanente para avanzar en el análisis del proyecto.

El secretario de la Comisión, Álvaro González, dijo que propondrá un “candado” para que no puedan colocarse Q4 mil millones en bonos del tesoro, de los Q11 mil millones propuestos, hasta determinar si se puede cambiar por créditos con organismos internacionales, porque la deuda es más barata.

Condición

La Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) condicionó su apoyo al Presupuesto a que se establezca una serie de restricciones que van desde hacer públicas las metas de recaudación hasta una obligación de la Contraloría General de Cuentas para auditar plazas del Estado.

La UNE exige al equipo de Morales que detalle los recortes a la partida de Obligaciones del Estado, porque los aportes constitucionales están incluidos ahí, y creen que cualquier cambio sería ilegal.

Proteger recursos

Lo anterior fue externado por Enrique Maldonado, economista y encargado de gestión pública del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), y Rolando del Cid Pinillos, exministro de Finanzas, durante el Diálogo Libre realizado ayer por PrensaLibre.com

¿Está a tiempo el Congreso para hacer una reestructuración en el proyecto del presupuesto a 25 días de vencer el plazo?

Del Cid: Desde la perspectiva de la experiencia que yo tuve de la transición que hubo del gobierno del Partido de la UNE al del Patriota si es factible. El nuevo gobierno con su equipo de transición debería estar trabajando desde ya con los técnicos de Finanzas cuáles deberían ser las perspectivas de transformación de un presupuesto que le permita dar respuesta a sus planes.

¿Considera que la discusión del presupuesto obedece más a lineamientos políticos que técnicos?

Maldonado: El presupuesto es un instrumento técnico, no debería de ser un instrumento político, por ejemplo: la Secretaría General de Planificación identifica cuáles son los proyectos que deben financiarse en el listado geográfico de obras, que no deben ser modificados por el Congreso y si lo hicieran esas reuniones deberían de ser de acceso público a toda la ciudadanía para poder conocer los criterios bajo los cuáles los diputados cambiaran este listado, que es uno de los rubros muy importantes que integra el proyecto de presupuesto.

Es ilógico que el presidente electo se haya comprometido a luchar contra la desnutrición cuándo el pide que el techo presupuestario se reduzca, eso le va impedir cumplir con sus metas de gobierno.

¿Por qué Icefi no se incluyó en la Comisión de Finanzas pese a ser invitados?

Maldonado: Cuándo recibimos la invitación, aceptamos bajo cinco condiciones, la primera de ellas es que todos los diputados señalados con caso de antejuicio se retiraran de la comisión y que esta fuera reconformada según lo manda la Ley del Organismo Legislativo.

Hay un tema muy importante y es el hecho de que no se trata de parchar el presupuesto con pequeñas soluciones. Pero debe haber una agenda de política fiscal para el país a largo plazo.

En ese sentido es muy importante traer a colación el tema de que el país en este momento no esta para más privilegios fiscales cómo los que presentó el Ministerio de Economía, cuando este jamás en toda su historia ha evaluado el impacto de esas prebendas: ni siquiera saben cuántos empleos genera cada una de las empresas que están adscritas a las zonas francas y registradas bajo el régimen de maquila.

¿Qué resultados se podrían tener a corto plazo de las reuniones de transición?

Del Cid: Considero de que si se reorienta el esquema de estrategia de transición es factible llegar a buenos entendidos y es factible llegar a establecer un presupuesto balanceado.

Todos están muy enfocados en la conformación del presupuesto, pero en Guatemala el gran problema es la caja del Estado, el tema del flujo, es un problema bastante serio. La carga tributaria lejos de ir avanzando en función de lo que se ha previsto en la consolidación fiscal que la Junta Monetaria establece en cada uno de sus dictámenes, incluyendo en el de la aprobación de la emisión de bonos para el presupuesto 2016 es que hay que consolidar fiscalmente el país.

¿Qué tan difícil es manejar un presupuesto con varias normas presupuestarias?

Del Cid: El presupuesto debe ser una herramienta flexible porque por eso es un presupuesto, es un supuesto previo a lo que va suceder: son proyecciones, son acciones.

En el presupuesto que a mí me tocó negociar en 2011, fue donde se utilizaron las primeras acciones de control, yo le llamo de control y no candados, en donde se estableció certificados con medida presupuestaria, resultados de disponibilidad financiera en donde no se permitían trasladar de los ministerios importantes en materia social recursos a otros, sino al contrario lo que se buscaba era ordenar el gasto en un período que estaba finalizando.

¿Qué mensaje da Jimmy Morales con el hecho de proponer una rebaja en el presupuesto a Q69 mil millones?

Maldonado: Creo que al presidente electo habría que recordarle que ya el presupuesto con un techo de Q72 mil millones sería el más pequeño de la historia reciente del país —con relación al PIB— Guatemala ha tenido un gasto público cercano al 14.5% y se está llevando al 12.9%.

Debería de revisar quiénes son sus asesores, porque Q65 millones se le reducen a la mortalidad materna, 61 al programa de VIH-sida, 91 millones a la infraestructura en salud, es absurdo decir de que voy a tener un presupuesto más pequeño y alcanzar mis metas.

¿En conclusión cuál es el panorama del presupuesto?

Del Cid: Lo que esperaría es que el Congreso que fue elegido por la ciudadanía responda positivamente a esas demandas.

Maldonado: Nosotros consideramos que la presión ciudadana debe dirigirse al Congreso por una sencilla razón: si el proyecto de presupuesto es aprobado es imperativo que el Congreso tiene que aprobar la Ley de Compras y Contrataciones tal cual fue entregada al pleno.

El Instituto refirió que la negativa del Estado de asumir su compromiso afecta la calidad de servicio que prestan, y en base a su autonomía solicitan que la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso de la República incluya la cuota que le corresponde conforme el artículo 100 de la Constitución Política de la República.

En relación al presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación para el ejercicio fiscal 2016, el IGSS solicitó ante el Ministerio de Finanzas Públicas la asignación de los siguientes montos basados en un estudio actuarial, según explica el documento.

Este refiere que el aporte del Estado debe ser de Q2 mil 945 millones 969 mil 818, según establece el artículo 39 de la Ley Orgánica del IGSS, pero se asignó únicamente Q121 millones, teniendo un déficit de Q2 mil 938 millones 698 mil 148.

También que Q951 millones 024 mil 324 debe aportar el Estado como patrono, del cual solo se contempló en el presupuesto Q333 millones 100 mil, teniendo un déficit de Q627 millones 924 mil 324 en detrimento del Instituto.

Además, Q718 millones 436 mil 774 es el  aporte para las clases pasivas, de lo que se asignó únicamente Q155 millones, teniendo un déficit de Q563 millones 436 mil 774, lo que afecta la atención de los adultos mayores del sector privado, pues con el presupuesto de los pensionados de la iniciativa privada  subsidian la atención de los jubilados del Estado. 

El Ministerio de Finanzas Públicas y el Congreso de la República deben asignarle al seguro social la cuota que constitucionalmente corresponde, reclama el IGSS.

“Esta responsabilidad constitucional es ineludible, y al no hacerlo como lo refiere la Ley, compromete el servicio de los trabajadores”, menciona el Seguro Social en el comunicado.

CC niega amparo

El pasado jueves la Corte de Constitucionalidad denegó al Seguro Social un amparo provisional que buscaba elevar la asignación presupuestaria para esa entidad en 2016.

La CC estimó que no se puede amparar el Presupuesto 2016 porque aún está en discusión en el Congreso como un proyecto de Ley y sin vigencia.

La decisión de la CC se fundamentó en que el Proyecto de Presupuesto de 2016 aún se discute en el Congreso y es incierto los montos finales que se asignarán  a cada entidad, incluido el Seguro Social.

Para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), el amparo garantizaría que el Estado se compromete a entregar lo que realmente le corresponde, caso contrario compromete el servicio a los trabajadores.

El IGSS solicitó al ministerio de Finanzas Públicas:

• Q2 mil 945 millones 969 mil 818 de aporte estatal, del que solo se asignó Q121 millones. El déficit sería de Q2 mil 938 millones 698 mil 148.
• Q961 millones 24 mil 324 del aporte patronal del Estado, del que solo se asignó Q333 millones 100 mil. El déficit sería de Q627 millones 924 mil 324.
• Q718 millones 436 mil 774 del aporte para las clases pasivas, del que solo se asignó Q155 millones. El déficit es de Q563 millones 436 mil 774.

Según el IGSS a través de un comunicado oficial, el déficit en la asignación dispuesto en el Proyecto de Presupuesto 2016, compromete los servicios, incluida la a adultos mayores y pensionados.

“Solicitamos a los diputados que conozcan y ratifiquen el presupuesto”, dijo el mandatario, tras reunirse con la  Junta  Directiva del Congreso.

Pablo Schneider, representante de Atal, expuso, en conferencia de prensa,  que el Legislativo  debe  aprobar el plan de gastos sugerido,  para no poner en aprietos financieros a las nuevas autoridades.

“Es necesaria la aprobación de un nuevo plan de gasto, porque si no se avala, habría implicaciones serias para la gobernanza”, enfatizó.

Si el Congreso no aprueba el plan de gasto cobraría  vigencia el actual,  por Q70 mil 600 millones,  lo que, según Schneider, sería “catastrófico” para ejecutar programas de Gobierno.

La petición se realizó luego del desarrollo de la segunda vuelta presidencial en la cual se eligió  a  Jimmy Morales y Jafeth Cabrera  como presidente y vicepresidente electos, y que asumirán el 14 de enero del 2016.

Morales dijo  el pasado lunes que se inclinaba por una aprobación de un presupuesto con un techo de Q69 mil millones.
Sin embargo, resaltó  que una comisión de alto nivel empezó a llevar a cabo los análisis y emitirá las  recomendaciones técnicas con  integrantes  de la Comisión de Finanzas y Moneda del Congreso.

Piden plan

La Comisión de Finanzas del Congreso pidió al presidente electo   que presente un  plan para promover cambios en  la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y  fortalecer a la institución.

Salvador Baldizón, miembro de esa comisión, dijo que suponen que las nuevas autoridades cuentan con lineamientos para  reformar y fortalecer la SAT.

Agregó que los Q54 mil millones contemplados de ingresos tributarios no responden  a  las estimaciones de crecimiento económico a escala mundial, que   están siendo revisadas a la baja.

Baldizón afirmó que el techo de Q69 mil millones que propone Morales para el presupuesto carece de sustento técnico.

Piden ajustes

En el análisis de Atal se  sugiere la revisión del techo presupuestario por Q2 mil 56  millones, para que el monto se sitúe en Q70 mil 374 millones y esté en concordancia con un déficit fiscal —gastos programados por el Estado que superan los ingresos— de 1.7%.

En el presupuesto presentado al Congreso, el déficit fiscal se ubica en 1.9%.

Otra variación, explicó Schneider, está relacionada con el planteamiento de los ingresos tributarios previstos, el cual, a su juicio, es muy  optimista y   no responde a la proyección del crecimiento económico.

“La recaudación se incrementará en 8% y lo que proponemos es una reducción de Q1 mil millones”, aseguró.

En el presupuesto se plantean ingresos tributarios por Q54 mil 556 millones y la propuesta de Atal  es dejarlos en Q53 mil 400 millones.

Fecha límite

El Congreso tiene por ley hasta el 30 de noviembre  para aprobar el presupuesto del Estado para el siguiente ejercicio fiscal.

Sí el Legislativo no avala un nuevo plan de gasto, quedará  de manera  automática el presupuesto vigente. En este caso, el monto sería de Q70 mil 715 millones.

Los integrantes de la Comisión de Finanzas del Congreso concluyeron  la fase de escuchar a diferentes sectores que reciben fondos públicos y que demandan una mayor asignación.

Además, se reactivarán las discusiones en los siguientes días para emitir las resoluciones y trasladar la discusión al pleno.

Al 30 de septiembre,  la ejecución del gasto era del 66.3%, que equivale a una ejecución de Q46 mil 863.1 millones, por lo que está pendiente una erogación de Q23 mil 852.3 millones.

El pago del servicio a la deuda tiene una ejecución del 83%. El Ministerio de Desarrollo Social tiene la menor ejecución, con solo 43.1%.

Diálogo político

Rolando del Cid Pinillos, exministro de Finanzas, subrayó que frente las actuales condiciones, pesa más el desarrollo del  diálogo político en el Congreso para alcanzar acuerdos.

¿Cómo percibe la discusión del plan de gasto?
Creo que se  debe    desarrollar más un diálogo político entre el equipo de transición y las nuevas autoridades con el Congreso.  Como están las cosas, es más funcional una negociación política que técnica.

¿Por qué razón?
Las  autoridades electas deben de trabajar de manera  rápida para conocer cuál es la situación financiera  y hacer los cambios que se necesitan, para luego acudir de nuevo a la Comisión de Finanzas con las nuevas modificaciones.
En este proceso,  deben contar con el respaldo  del Minfin, donde se conoce cómo se encuentran los diferentes indicadores.
Este conocimiento dará herramientas para poder realizar una buena negociación en el Congreso.

¿Qué datos son claves?
Que el equipo de transición sepa detalles del presupuesto, saldo de caja y las proyecciones de ingresos tributarios, que son importantes, y cómo quedará  la deuda. Con tener esa información disponible pueden comenzar con buen pie.

¿Y la deuda?
Aún hay  posibilidades de llevar una renegociación de la deuda bonificable por Q11 mil millones,  que  es alta y podría ser sustituida por préstamos financieros.

El rechazó se presentó por escrito y se estableció que como condición para proponer y participar en la discusión se tenía que cumplir con dos requisitos fundamentales: que todas las bancadas están incluidas en la Comisión y que se permita acceso a toda la información sin restricciones.
Jonathan Menkos, director del Icefi, explicó que si no se cuenta con la presencia de todos los partidos en el Congreso, tampoco hay certeza de que el proyecto sea aprobado en el pleno.
Agregó que en el caso de los documentos, se escuchó con detenimiento la propuesta de Salvador Baldizón, miembro de la comisión de Finanzas, en donde dijo que se invitaría al Ministerio Público para saber si se podrá dar a conocer toda la información.
“Sobre la mesa se debe de tener información sobre planes operativos, y la discusión técnica que se tuvo para la elaboración del listado geográfico de obras”, explicó.
Propone recortes
Centros de análisis y estudio fiscal y económico propusieron al Congreso hacer recortes al proyecto de presupuesto para el próximo año, pues afirman que hay varios gastos que no son necesarios para el desarrollo del país.
Ramón Parellada, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEES), propuso reducir el techo presupuestario de Q72 mil 429.9 millones a Q66 mil 293.4 millones.
Para lograrlo el CEES sugiere recortar entre 10 y 25 por ciento a los ministerios de Economía, Agricultura, Defensa, Ambiente, Comunicaciones y a las secretarías, y a la cartera de Desarrollo Social, 60 por ciento, hasta llegar a su eliminación. El reajuste se plantea con base en la ejecución anual de los recursos, y pidió eliminar el programa de entrega de fertilizantes.
Wálter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), propuso hacer una revisión de las plazas, en donde se podría tener una reducción de unos Q500 mil.
Mesas técnicas
Álvaro González, secretario de la Comisión de Finanzas, explicó que establecerán mesas de trabajo para analizar “renglón por renglón”.
Según Camey, se contará con el acompañamiento de las autoridades del Ministerio de Finanzas, para “no cometer errores”.  Dijo que pretenden entregar el proyecto a más tardar el 15 de  noviembre, pues tienen hasta el 30 para aprobarlo.

Durante la exposición de los funcionarios de la cartera del Tesoro, en la Comisión de Finanzas del Legislativo, el diputado Juan José Porras inquirió sobre la situación de la deuda a las autoridades ministeriales, pues para el próximo año se proyecta contratar Q14 mil 106.1 millones más en deuda para financiar los gastos programados.

Para Saúl Figueroa, viceministro de Ingresos y Evaluación Fiscal, el 17 por ciento de la captación prevista para el 2016 son bonos del tesoro y créditos con organismos internacionales.

Reconoció que el saldo de la deuda total acumulada, comparada con los ingresos fiscales del país, se proyecta para el 2016 en 226 por ciento, y explicó a los congresistas que “organismos internacionales calculan que el rango crítico es de 230”.

Según el ministro de Finanzas, Edwin Martínez, en este momento el indicador se encuentra en 224 por ciento, y negó que haya un rango crítico.

Ricardo Barrientos, economista del Instituto Centroamericano en Estudios Fiscales (Icefi), explicó: “A las autoridades les gusta comparar la deuda con el PIB porque, en efecto, es una de las mejores a nivel mundial, pero este indicador puede resultar un espejismo, ya que no toda la producción se dedica a pagar la deuda pública”.

Agregó: “El problema es serio, pero más allá del punto crítico, que algunas instituciones calculan en 230 y otras, como el FMI, en 250, lo que preocupa es lo rápido que está creciendo, pues hace 10 años el indicador estaba en 172 por ciento, y la proyección es que este año culmine en 224; el alza es acelerada y preocupa”.

En esa época no se aprobó el Presupuesto y había una crisis económica mundial que golpeó fuerte a Estados Unidos, el principal socio comercial de Guatemala, por lo que se reprimió el comercio extranjero, se cayeron los ingresos tributarios y también las remesas familiares, lo que obligó a contratar deuda para mitigar la crisis.

Aunque en el 2011 se logró reducir de 218 por ciento a 216 por ciento, del 2012 a la fecha ha ido en aumento hasta llegar al 226 por ciento en que, según Figueroa, cerraría el otro año.

Juan José Porras, secretario de la Comisión de Finanzas del Congreso, explicó que por ello se hace un análisis del presupuesto de manera técnica, porque preocupa que cada vez más se utilicen recursos para pagar deuda y no para inversión.

“No puede ser que se contrate deuda para pagar más deuda. Es como si yo topara una tarjeta de crédito y solicitara otra para pagar los compromisos que tengo con otro banco”, comentó Porras.

Según el proyecto de presupuesto del 2016, de los Q11 mil 60.2 millones en bonos del tesoro que se espera colocar, se utilizará el 72 por ciento —Q8 mil cinco millones— para pagar deuda contratada en otros años.

El 16 por ciento se pagará al Banco de Guatemala en deficiencias netas, por mantener la estabilidad macroeconómica del país, el 5 por ciento —Q500 millones— para el apoyo al adulto mayor y el 2 por ciento —Q271.2 millones— para el Instituto Nacional de Bosques, entre otros rubros.

Para inversión se contemplan Q2 mil 143.4 millones, que saldrán de los Q3 mil 45.9 millones que se prevén financiar con préstamos externos.

Rechazo

“El problema radica en que el país paga deuda con deuda. Pareciera falso el indicador que dice que tenemos una deuda sana”, manifestó Álvaro González, vicepresidente de la Comisión de Finanzas del Legislativo.

A criterio de González, se deben establecer las necesidades básicas y hacer una depuración de todos los renglones superfluos, como viáticos para el exterior o publicidad para la Presidencia y Vicepresidencia.

El diputado considera que el techo de gasto debe quedar en unos Q70 mil millones, aunque reconoció que parte del incremento se debe al pago de deficiencias netas al Banguat. “Si quitamos los Q1 mil 700 millones, tendríamos un presupuesto similar al de este año”, dijo.

El superintendente interino de Administración Tributaria, Francisco Rivera, explicó que la proyección de recaudación para este año es la más conservadora, y que calculan obtener unos Q500 millones más de los Q34 mil 500 millones que están proyectados.

Costo de la nómina

Durante su exposición a los diputados, las autoridades de la cartera del Tesoro explicaron que de los Q72 mil 430 millones que se proyectan como gasto para el 2016, el 29.7 por ciento —Q21 mil 511.7 millones— servirá para pagar la nómina de los empleados del Estado.

Este año, la nómina representó 27.9 por ciento del total del presupuesto, y un año antes fue de 24.8 por ciento.

El ministerio con mayor número de responsabilidades de nómina es Educación. De los Q21 mil 511.7 millones, el 49 por ciento —Q10 mil 540.4 millones— se destina a ese fin.

Le sigue Gobernación, que representa el 14 por ciento —Q3 mil 11 millones—, y Salud, 12 por ciento —Q2 mil 581 millones—.

Según la gráfica presentada por Finanzas, en años de elecciones hay incremento en el pago de nómina.

“No hay mejoras significativas en los ingresos”, expresó Carías, y agregó que el comportamiento de la recaudación seguía similar a la de meses pasados, por lo que se continuará con una brecha fiscal, lo que obliga a la cartera a continuar con la contención del gasto.

El funcionario mencionó que se sigue dando el impacto por el bajo precio internacional del petróleo, el cual se prevé  que continuará con la misma tendencia, por lo cual hay menores ingresos por Impuesto al valor agregado (IVA) de importaciones.

Además, en los impuestos internos se siguen dando las brechas derivado de la suspensión del Impuesto a la telefonía, de Q120 millones mensuales, y “en algunos temas por lo que la SAT debía efectuar  medidas administrativas para reducir la evasión que no se ha evidenciado que hayan tenido un resultado”, dijo el ministro.

En el caso de la suspensión del impuesto al cemento no ha cobrado vigencia la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC), por lo que en septiembre se recaudaron alrededor de Q25 millones, agregó el funcioario, al explicar que la CC no ha publicado su resolución porque aún hay algunos recursos de ampliación interpuestos por la SAT para aclarar el alcance de la resolución.

Ejecución

La ejecución del gasto público al 30 se septiembre se registró en 66.27%, (Q46 mil 863.1 millones), nivel que se explica debido a la misma contención del gasto, comentó Carías, pero mencionó que la la ejecución debería estar en tres puntos porcentuales más, es decir el 69.27%, cuya diferencia es de unos Q2 mil millones.

La mayoría de gastos que se está efectuando es para el pago de nómina y el pago de la deuda pública, comentó.
Por ello en los casos de los ministerios de Educación, Salud y Gobernación tienen una mayor ejecución que otros porque poseen una nómina de trabajadores grande. Dando esa prioridad, se está asegurando el pago de la nómina del Estado para el resto del año, pero no se tiene todo el dinero en disponible en caja sino que se toma de la recaudación mensual, indicó.

La nómina del Gobierno central y del Organismo Judicial (OJ), Ministrio Público (MP) y otros es de Q1 mil 500 millones mensuales, según el Minfin.

“El 12 de cada mes se hace el traslado del situado constitucional y el 22 la reserva para la nómina”, mencionó. 
Carías aseguró que se está al día con las asignaciones del presupuesto al OJ y al MP.

Respecto al Ministerio de Comunicaciones, aseguró que la ejecución se registró en 40.2% a septiembre pero que por la naturaleza de dicho ministerio regularmente en los últimos tres meses del año se agiliza la ejecución, por lo que se prevé que mejore en el resto del año.

Transición con nuevo gobierno

Carías dijo que aún no se lleva a cabo algún proceso de transición de Gobierno ya que ninguno de los dos partidos que competirán en la segunda ronda en las elecciones generales se han comunicado con ellos, sin embargo dijo: “estamos listos con toda la información y poner la carta sobre la mesa sobre la situación financiera de cierre”.

Respecto a las deudas flotantes que se han acumulado en varios Gobiernos dijo que no se puede dar un informe específico del monto porque hay varios estudios con montos diferentes además que esos montos no puede ser reconocido como deuda por el Estado sino es aprobada por el Congreso.

Durante varias semanas, desde que se recibió el proyecto de Presupuesto para 2016 en el Legislativo, diputados y varios sectores han criticado la integración de la Comisión de Finanzas, debido a que estaban diez congresistas de Libertad Democrática Renovada (Líder) y cinco del PP.

En la última semana se incrementaron las críticas, debido a que la sala estaba integrada por varios diputados con antejuicio y porque se consideró que la forma como estaba estructurada era para beneficiar a Líder, quien se veía como potencial ganador de las elecciones.

José Fernández, subjefe del PP y exintegrante de la Comisión, afirmó que tomaron la decisión por la coyuntura y porque de esa forma se abre espacios para las nuevas bancadas que quieran sumarse.

Agregó que no buscarán un espacio en la sala, porque hay más diputados que están interesados en sumarse a la misma.

Los diputados del PP que se separarían de la Comisión son Fernández, quien fungía como vicepresidente de la sala; Iván Arévalo, Aleksander Castillo, Marco Antonio Orozco, y Gudy Rivera, quien tiene un proceso de antejuicio en su contra por supuesto tráfico de influencias.

Desarticulada

La renuncia de los cinco diputados del PP se suma a la de Jaime Martínez Lohayza, de la Gran Alianza Nacional (Gana), y de Baudilio Hichos, de Líder, ambos con procesos de antejuicio en su contra promovidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP).

En la Comisión aún quedan personas señaladas, entre ellos los diputados de Líder, Mario Yanes, quien tiene un proceso de antejuicio en su contra, y Gustavo Medrano, hijo del cuestionado y polémico alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano.

Trabajo detenido

La salida de los diputados del PP retrasa la discusión del Presupuesto de 2016 porque la sala está desintegrada.

Desde la semana pasada Nineth Montenegro, jefa de la bancada de Encuentro por Guatemala, dijo temer que se fuera a buscar una manera de retrasar la labor de la Comisión.

Además, Salvador Baldizón, secretario de la Comisión y diputado de Líder, afirmó que lo prudente era analizar el Presupuesto hasta que se conociera al ganador de la segunda vuelta, es decir, después del 25 de octubre.

Lo único en lo que se ha avanzado es en atender a instituciones que han llegado a solicitar más recursos. Ello luego de que Baldizón anunciara que los integrantes de Líder consideraban que los gastos de 2016 debían discutirse en una base de Q52 mil millones.

Nineth Montenegro, jefa de Encuentro por Guatemala (EG), dijo: “Me parece que la intención de Líder es validar la forma en que trabajarán el presupuesto, pero al final, como tienen mayoría, podrían manipular el proyecto para garantizar recursos a sus alcaldes o a las oenegés que les convengan”.

Por ello, EG no solicitó formar parte de la Comisión. “Mejor haremos una fiscalización desde afuera”, afirmó.

Esa misma posición mantiene la Unidad Nacional de la Esperanza. Según Carlos Barreda, se debe crear una mesa técnica que incluya a todas las bancadas y que no haya mayoría de ninguno.

“Es imposible trabajar de manera democrática en una comisión con mayorías, porque da poder; además, está integrada por varios diputados señalados de corrupción”, refirió Barreda.

Amílcar Pop, de Winaq, compartió esa visión, pero reconoció que solicitó incluirse porque quiere hacer aportes técnicos. “Si me incluyen, porque sé que los espacios ya tienen destino”, advirtió.

Roberto Alejos, del bloque de Todos, explicó que solicitaron dos espacios porque “se necesita aprobar un presupuesto real, que cubra las necesidades del país, pero sin endeudamiento irracional ni más impuestos”.

Álvaro González, de Compromiso, Renovación y Orden (Creo), reconoció que su bancada lo propuso para hacer aportes técnicos sin posiciones políticas ni ideológicas.

Leonardo Camey, presidente de la Comisión, subrayó que al retiro de Jaime Martínez de esa sala se sumó Baudilio Hichos, así que con la ampliación quedan ocho espacios disponibles.

Camey detalló que han solicitado integrarse Luis Pérez, del Partido Republicano Institucional; Mario Estrada, Unión del Cambio Nacional; Wálter Félix, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca; Felipe Alejos y Rolando Pérez, Todos; Pop, Winaq; González, Creo; y Nery Rodas, independiente.

La recepción de solicitudes cerrará el lunes y el listado final de integrantes se conocerá el martes.

Este programa, incluido como un anexo en el proyecto de Presupuesto, tiene una asignación para el  2016 de Q13 mil 316.5 millones, de los cuales  se cuenta con el detalle de las obras que ejecutarán la administración central que corresponde a Q4 mil 834.9 millones.

De esos recursos, Líder, con 125 alcaldías ganadas, ejecutará  Q1 mil 074.2 millones, que equivalen al  22.2 por ciento de los Q4 mil 834.9 millones que tienen destino específico, si el proyecto se aprueba como lo envió el Ejecutivo.

Le sigue la  UNE, con Q521  millones, equivalente al 10.8 por ciento,  pese a que ganó 10  alcaldías menos que el  PP,  que manejará Q481.4 millones (10%).

El partido Todos, que según los datos del Tribunal Supremo Electoral se alzó con 19 alcaldías, será la cuarta agrupación con más beneficios, pues sus comunas recibirán en obras Q132.2 millones (2.7%).

El mismo porcentaje recibirán entre 18 alcaldías donde ganaron comités cívicos, en las cuales se distribuirían Q132.8 millones.

Manos libres

La  programación de obras está en las manos del Congreso, ya que la Comisión de Finanzas del Legislativo debe   dar dictamen al proyecto, previo a ser conocido en el pleno, por lo que aun puede realizar cambios.

Una de las causas por las que se utiliza de manera clientelar el listado geográfico es que ayuda a consolidar las figuras de poder local, porque se tiene acceso a los recursos con los que se podrá  complacer a la población a través de obras, asegura el economista Maynor Cabrera. 

El  vicepresidente de la Comisión de Finanzas, el diputado oficialista  José Fernández, indicó que el análisis del Presupuesto se iniciará luego de que el pleno lo envíe a esa comisión, y aseguró que lo mejor es no tocar el listado geográfico de obras.

El listado fue presentado el 2 de septiembre por el ministro de Finanzas, Dorval Carías, y aún está enfocado en las prioridades del gobierno del expresidente Pérez Molina.   

“Estamos a la espera de que el martes sea leído el proyecto de Presupuesto en el pleno y enviado a la Comisión, para que el presidente de la sala convoque”, dijo Fernández.

Si no cambia nada en los próximos días, el proyecto de Presupuesto será analizado por 10 diputados de Líder y cinco del PP, —quienes integran la comisión— entre ellos Baudilio Hichos, Jaime Martínez Lohayza, Mario Yanes y Gudy Rivera, todos ellos con antejuicios pendientes, y en su mayoría señalados  por mal uso de recursos  o búsqueda de beneficios a través  del erario público.

Uso discrecional

Para el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi),  aunque se ha avanzado en la transparencia del denominado listado geográfico de obras, la mayoría de recursos es vulnerable a la corrupción, porque se desconoce el destino.

De los Q13 mil 316.5 millones en el Programa de  Inversión Física contemplados para el 2016, solo    se tiene el detalle de inversión del 35.3 por ciento (Q4 mil 834.9 millones), los cuales son manejados por ministerios o secretarías del Ejecutivo.

El resto corresponde a las transferencias a las municipalidades y a los consejos departamentales de Desarrollo que ejecutarán de obra, pero no se precisa el proyecto.

Ricardo Barrientos, del Icefi, afirmó  que hay poca transparencia en la forma en que  utilizan los recursos los consejos de Desarrollo y  las municipalidades, porque “dependiendo de quién ejerza realmente el poder, ya sea el alcalde, el diputado distrital o el gobernador, se define en qué y cómo lo invertirán”.

Por ley, el Ministerio de Finanzas deberá presentar el anteproyecto al Congreso el 2 de septiembre, o sea el próximo miércoles. Sin embargo, analistas consultados refieren que la aprobación enfrentará una serie de tropiezos.

El lunes 17 de agosto, en la reunión de Gabinete general se conoció que el techo del presupuesto rondaría los Q72 mil 955 millones para el siguiente ejercicio fiscal, pero la versión aún no se oficializa.

En esa ocasión, Carías explicó que estaba pendiente de definir el monto de los préstamos con organismos internacionales y que si estos no se negociaban, se compensaría con un incremento en la emisión de bonos del Tesoro.

No obstante, en su dimisión, presentada el lunes último, mencionó que el diseño del presupuesto ya estaba planteado, pero hasta ayer no se conocía la versión oficial.

Implicaciones

Del Cid calificó de “preocupante” que en esta fase de presentación del informe no exista una defensa adecuada del plan por parte de los técnicos, y que la responsabilidad sobre las decisiones de manejar la deuda pública recaiga en la Comisión de Finanzas del Legislativo.

“Se corre el riesgo de incrementar el endeudamiento público, al no contar con préstamos y ampliar el techo de los bonos del Tesoro”, refirió.

Luis Fernando Chávez, analista independiente, dijo que en este caso puedan activarse las alianzas de Libertad Democrática Renovada y Partido Patriota, y aprobar la iniciativa del plan de gasto.

El especialista señaló que los resultados de la primera vuelta de las elecciones serán determinantes para que se den las negociaciones políticas.

“El presupuesto tiene una alta importancia, porque podría generar una inestabilidad para el futuro gobierno; todo indica que podría haber una serie de modificaciones, dependiendo quiénes pasen a la segunda vuelta”, comentó Chávez.

En todo caso, si el Congreso no aprueba el proyecto del presupuesto cobraría vigencia el aprobado en este ejercicio, que es de Q70 mil 600 millones.

Del Cid manifestó que según qué bancadas integren el Legislativo el próximo año, pueda ser que este tenga madurez para aprobar el proyecto, ya que tendría de plazo hasta el 30 de noviembre para conocerlo.

Congreso sin interés

El diputado Carlos Barreda informó que, por el momento, el proyecto del presupuesto no es de mayor importancia, debido al expediente de antejuicio que se promovió contra el presidente Otto Pérez Molina, y que se conocerá en próximas sesiones.

“Pueda ser que en la segunda vuelta se entre a conocer el planteamiento, pero en esta coyuntura no presenta mayor relevancia”, subrayó.

Barreda declaró que Carías deberá responder por el estado de las finanzas y sobre los saldos de deuda en una citación a la que fue convocado.

Aduanas

Nuevos controles

Los administradores de las aduanas terrestres, aéreas y marítimas fueron convocados ayer por  Francisco Rivera Escobar, jefe interino de la SAT, para implementar los nuevos  mecanismos de control y recaudación.

Aunque no se  dieron a conocer  detalles de las nuevas medidas a implementar,  se anticipó que se espera una mejoría en la recaudación de los impuestos que se cobran al comercio exterior.

Por aparte, se informó oficialmente  que para hoy se convocó a una reunión del Directorio de la SAT, que será presidida por Dorval Carías.