Ingrid Quill, facilitadora departamental del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria, explicó que el objetivo del taller es de socializar dicha ley con los diferentes sectores, con el fin de hacer valer el derecho ciudadano a la información pública.

DENUNCIA

Comunas incumplen con acceso a la información

“El acceso a la información pública comienza con la solicitud del ciudadano y las instituciones cuentan con 10 días hábiles para entregar de forma obligada la información, pero si ese plazo se vence y no se tiene la información se puede denunciar ante el Ministerio Público a la institución por retención de información”, agregó.

Lea también: Ejecutivo incumple Ley de Acceso a la Información

David Quisque, vecino de Jocotenango, expresó que el contenido del taller es importante porque al conocer la ley, cualquier ciudadano puede acercarse a las instituciones públicas a solicitar la información que necesita.

Ángela García, estudiante de leyes, manifestó que los ciudadanos por desconocimiento de la ley no hacen uso de ese derecho. “La información pública es un derecho que no me pueden negar y eso ayuda a transparentar la administración pública”, manifestó.

Los talleres que imparten en varios municipios se realizan con el patrocinio de Munis Abiertas y la DW Akademie, de la Cooperación alemana.

Este concurso nació con la idea de beneficiar a la población más vulnerable de instituciones educativas de la región.
Los finalistas de la IX edición del Concurso de Oratoria “Texaco y Seguridad Vial, una Combinación Perfecta”, expondrán sus ideas sobre la importancia de la seguridad vial ante un distinguido jurado y serán calificados bajo diversos criterios como expresión, mensaje, lenguaje corporal y oral, entre otros.
Los premios para los tres primeros lugares consisten en becas para estudios universitarios, equivalentes a US$10,000, US$6,000 y US$4,000 respectivamente.
Adicionalmente se premiará con US$10,000 a la institución escolar del orador ganador del 1er. lugar del concurso, para que los invierta en proyectos educativos y remodelaciones.

Dijo el funcionario que aunque es competencia del IGSS mantener supervisión sobre eventualidades diversas del uso de insecticidas, el Ministerio de Salud Pública hará las investigaciones del caso.
Dijo el Ministro de Salud Pública que la situación de varios hospitales del país es desastrosa, por lo que el Ministerio de Salud, trazará un plan de trabajo, para la construcción y remodelación de varios centros hospitalarios. Debido a que al visitar varios departamentos, ha podido observar que se encuentran en muy malas condiciones Hospitales como de Barrios y San Marcos.
Agregó el doctor Castillo Sinibaldi que para la  reconstrucción de hospitales en el país se destinó una partida que cubrirá una parte del préstamo por Q5,000.000.00.  Ese crédito además servirá para otros renglones, especialmente el reforzamiento de los programas de salud.
Manifestó el funcionario que el Ministerio de Salud trabaja en el análisis de muestras alimenticias para garantía de los consumidores.

No hay malaria

En la región fronteriza del oriente del país, se han registrado seis casos de malaria con proveniencia del exterior del exterior, pero no se ha registrado ninguna epidemia. Declaró a los reporteros el doctor Castillo Sinibaldi.
Dijo también, que se mantiene control a través de la división respectiva cuyas últimas actividades reportan  el tratamiento con insecticidas de 36,000 viviendas de Izabal, departamento donde ha efectuado en la última campaña 82,000 rociamientos.
El titular de salud pública finalizó sus declaraciones diciendo que la salud se ha considerado con prioridades dentro del programa gubernamental.

El funcionario indicó, en una citación de la Comisión de Salud del Congreso, que tienen presupuesto para sobrevivir dos o tres meses, y que el problema viene desde que comenzó la gestión.

“Esta es una situación que viene desde principios de año. El ministerio no aprueba su propio presupuesto. Tenemos serios problemas de espacio presupuestario; las unidades tienen espacios muy reducidos para seguir operando”, manifestó Mazariegos al finalizar la reunión.

El viceministro afirmó que se presta el servicio “en la medida de las posibilidades”, pero aseguró que no hay recursos para medicamentos, insumos ni equipo.

Para ejemplificar las necesidades, Mazariegos explicó que para el próximo año se proyecta un presupuesto de Q11 mil 400 millones; pero este año solo tienen una asignación de Q5 mil 545 millones, de los cuales Q600 millones era deuda de arrastre que debían pagar.

“Así no se puede pensar en tener resultados muy satisfactorios”, se lamentó.

Ampliación

A pesar de que el viceministro de Salud aseguró que el abastecimiento, aunque escaso, está garantizado hasta agosto, se ha planteado una ampliación presupuestaria de Q880 millones.

“Pensamos seguir operando como se está en la actualidad unos dos o tres meses, pero se está en gestión de una ampliación al presupuesto. Se está trabajando con el Ministerio de Finanzas y también se han tenido reuniones con la Comisión de Salud del Congreso”, explicó.

Agregó que el presupuesto está tan desfinanciado que los recursos serían utilizados en abastecimiento, pero se descuidará la compra de equipo y la infraestructura hospitalaria.

“La situación llegó a tal punto que se está haciendo lo posible para funcionar”, manifestó.

Preocupación

El presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Luis Hernández, admitió estar preocupado por la falta de recursos que tiene la cartera, pues no hay insumos ni para material medicoquirúrgico.

Lo más perjudicial, según Hernández, es que aparte de la falta de recursos, los funcionarios de Salud desconocen sobre la funcionalidad del ministerio.

“No saben cuántos hospitales, camas y abastecimiento tienen. Solo en los hospitales Roosevelt y San Juan hay para dos o tres semanas, y ellos no lo sabían”, comentó.

El congresista explicó que los nosocomios Roosevelt y San Juan gastan cerca de Q27 millones mensuales; pero el primero tiene “solo Q13 millones más para funcionar”, y el segundo, Q11 millones. Es decir, que tienen, si mucho, para tres semanas. En el caso de Escuintla, tienen solo para una semana”.

“Lo que me preocupa es que desconozcan la situación real de los hospitales, porque eso impide que se pueda prestar una buena atención. En la citación, los funcionarios reflejaron que no saben cuál es la realidad de la cartera”, enfatizó Hernández.

La última vez que dio declaración fue el viernes último, durante una  visita a la provincia, lugar donde trató de evadir a la prensa.

Debido a su ausencia se especuló que había salido del país por temor a enfrentar un proceso judicial por ser señalado por el MP de ser uno de los líderes  de la estructura de defraudación denominada La Línea.

En Casa Presidencial nos reunimos con la ministra de gobernación para abordar temas de incidencia criminal. pic.twitter.com/HWHfY2p0nP

— Otto Pérez Molina (@ottoperezmolina) August 23, 2015

Sin embargo, a través de la cuenta de twitter @ottoperezmolina expresó se encontraba reunido  con la ministra de Gobernación, Eunice Mendizábal y con la titular de la Procuraduría General de la Nación (PGN), María Eugenia Villagran en Casa Presidencial.

“En Casa Presidencial nos reunimos con la ministra de Gobernación, para abordar el tema de incidencia criminal”, detallaba el mensaje.

El domingo  tampoco tuvo actividad pública y su pronunciamiento luego de los señalamientos del MP fue a través de una cadena nacional transmitida primero por el canal de Gobierno y después en el resto de canales.

Reunión

Ese mismo día se reunió con parte del gabinete de Gobierno, pero a diferencias de otros gabinetes en esta ocasión, no se convocó a la prensa para dar  declaraciones, ni se permitió el ingreso a la prensa en Casa Presidencial como acostumbraban, incluso solo para que el vocero diera declaraciones.

Ayer, lunes nuevamente  Pérez Molina no aparece públicamente, aspecto no muy común durante su gestión, pues con normalidad asistía actividades con empresarios, inauguraciones de obras hasta actividades deportivas, festivales entre otras.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió el 14 de noviembre de 2014, rechazar in limine —sin entrar a conocer— la solicitud de antejuicio contra Rivera por considerar que la denuncia es “imprecisa y oscura”.

Ante tal situación la Cicig presentó un amparo que fue denegado por la CSJ, y en apelación llegó al máximo tribunal en donde este miércoles se presentaron los argumentos de las partes involucradas en el caso.

Christian Ulate Durán, mandatario de la Cicig, indicó a los magistrados de la CC que la CSJ debió fundamentar el por qué denegaba la solicitud de antejuicio contra el diputado Rivera.

Explicó que se presentaron las pruebas sobre la cita del parlamentario con la entonces magistrada de la Sala Quinta Civil, Claudia Escobar, y el abogado Vernon González, la cual se llevó a cabo el 29 de septiembre de 2014, en la zona 10.

“El MP presentó y aportó varias elementos de prueba y puedo mencionar un informe en donde se entrevistó a terceras personas para determinar si existió tal reunión —entre la exmagistrada Escobar, Rivera y González—”, manifestó Ulate Durán.

El mandatario de la Cicig agregó que también se presentó un informe forense de los dispositivos electrónicos, así como un documento de la transcripción de la grabación sobre lo conversado en la reunión.

“¿Cómo los magistrados de la CSJ dicen que la denuncia es espuria y esos elementos de prueba? Son espurios”, aseveró.

Conversación

José Antonio Morales, fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), dio lectura a un fragmento de la transcripción de la conversación en donde dice: “Vernon Eduardo González, abogado auxiliante de Rivera, le explica a Escobar, lo que nosotros queremos pedirte es que nos eches una mano…”, mencionó Morales.

Añadió que lo que correspondía era nombrar un juez pesquisidor y que emitiera su opinión si procedía o no despojar la inmunidad del diputado Rivera.

César Calderón, mandatario de Gudy Rivera, afirmó que la CSJ rechazó la solicitud de antejuicio debido a que al escuchar la conversación determinaron que no es vinculante con los hechos denunciados.

Calderón explicó que el diputado no hizo ningún ofrecimiento de reelección a la entonces magistrada Escobar. Rivera no se presentó a la vista pública.