El Tribunal Supremo Electoral (TSE) definió el 25 de junio del 2023 para las elecciones generales y los preparativos para este evento ya comenzaron. El eventual balotaje será el 20 de agosto.

Durante este año se afina la estrategia de control y en una entrevista a Prensa Libre, el presidente del TSE Rafael Rojas señaló que por ahora se enfocan en promover la participación ciudadana.

Ya se ve a políticos en redes sociales  inaugurando obras o ofreciendo ayuda social ¿Qué papel juegan ahora las redes sociales en la campaña anticipada?

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Las redes sociales juegan un papel muy importante, pues pueden ser utilizadas como plataformas de difusión de mensajes. El TSE, por medio de la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión, mantiene un monitoreo permanente sobre las diferentes publicaciones, a efectos de verificar que las publicaciones realizadas en redes sociales no contengan transgresiones a la ley electoral y de partidos políticos.

Si detectan algo lo trasladan a la Inspección General para que se hagan las verificaciones respectivas, no vamos a permitir estas malas prácticas.

Nosotros estamos previendo que esto puede documentarse, por supuesto, y estaremos tomando algunas previsiones, como para hacer algunas comunicaciones a las personas que están haciendo uso de redes sociales para para que tengan conocimiento de que se está llevando un registro de ese monitoreo.

¿Cómo garantizan la independencia de gestión y trabajo del TSE?

En el artículo 121 de la Ley Electoral establece lo relativo a la independencia del Tribunal como órgano electoral y que no estamos supeditados a organismos del Estado, a ningún organismo del Estado. Y en este sentido, pues por supuesto, la independencia la debemos garantizar que nosotros como magistrado del Tribunal Supremo Electoral, tomando las decisiones de manera objetiva e imparcial y en ese sentido, estaremos conociendo cada una de las circunstancias que sean promovidas por las organizaciones políticas que en su momento de manera objetiva e imparcial.

Hay grandes expectativas por el proceso electoral 2023 y las reformas a la Ley Electoral se han atrasado. ¿Cómo influirá este atraso y la posibilidad de no corregir los errores ya detectados en la actual legislación?

Nosotros presentamos una propuesta de reformas, de acuerdo con todas las a los insumos que fueron obtenidos y las recomendaciones de la Comisión de Actualización y Modernización Electoral (CAME), misma que ya está en conocimiento y discusión de la Comisión Electoral en el Congreso de la República.

Pero nosotros estamos ahí, esperando a que el Congreso tome la decisión como ente rector de la aprobación de las normas para para que analicen como corresponda y ellos puedan emitir los dictámenes respectivos en cuanto a la reforma que se pudiese aprobar.

Nosotros estamos a la espera, pero en el caso de que no se den las reformas, nosotros tenemos que establecer todas las cuestiones de logística y que le competen al tribunal directamente en cuanto a la modificación de reglamentos que tenemos ya vigentes.

Por ejemplo, tenemos que analizar nosotros los reglamentos, el reglamento de la Unidad de Medios, de la Unidad de Fiscalización, para poder establecer ahí algunas cuestiones que puedan facilitar la aplicación de la norma y, por supuesto, mantener un mejor control en el desarrollo de la de las elecciones.

En las últimas semanas muchos partidos políticos han avanzado en procesos legales que podrían culminar con su cancelación, incluidos varios que tienen presencia en alcaldías o dentro del Congreso. ¿Si un diputado o alcalde de un partido político que este próximo a ser cancelado se puede postular por otro partido para las elecciones del 2023?

Mire, esto es un poco  complicado, realmente no existe prohibición expresa para que los diputados o alcaldes se puedan postular por algún otro partido político, pero para la siguiente legislatura, por supuesto, o por alguna otra administración municipal, en virtud de que es un derecho constitucional el poder elegir y ser reelecto, y en atención a que toda cancelación, por ejemplo, debe estar debidamente en firme.

Entonces, en el caso de las cancelaciones de los partidos políticos que están en curso, pues están pendientes de que esto cause firmeza a partir de las acciones legales que ellos puedan estar promoviendo.

Un guatemalteco con un proceso penal abierto, sin que se encuentre con sentencia firme, ¿puede ser apto para un cargo de elección popular?

En ese sentido, el artículo 14 de la Constitución Política de la República establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado la responsabilidad judicialmente  en alguna circunstancia que sea el conocimiento de la jurisdicción y que sea en una sentencia debidamente ejecutoria.

Así mismo, el artículo 113 de la misma norma constitucional establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderán más que razones fundadas de méritos o de méritos en cuanto a la capacidad, idoneidad y honradez.

Son parámetros que nosotros tenemos que analizar y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que tomar en cuenta los fallos de la Corte de Constitucionalidad en relación a algunos casos en los cuales puede haber algún candidato, por ejemplo, que tenga algún proceso en curso.

Pero como le indico, el artículo 14 de la Constitución, al que ya hice referencia, dice que debe haber una sentencia debidamente ejecutoriada, entonces, son argumentos que tenemos que analizar nosotros oportunamente.

En el caso de partidos ¿veremos cancelaciones este año?

Pues mire, todo depende de algunos informes financieros mediante los cuales se han detectado algunas circunstancias que los partidos políticos deben desvanecer.

Recientemente los partidos Humanista, Bien, Todos, Victoria y Valor fueron notificados para evacuar audiencia en los próximos 15 días para que se pronuncien en relación a los informes de auditoría emitidos por la unidad especializada de control y fiscalización, para que desvanezcan los hallazgos que constan en los mismos, hay otros partidos políticos en situación similar que no le puedo detallar porque todavía no sabemos si se han ejecutado las notificaciones pertinentes.

El abstencionismo siempre es el protagonista en las elecciones generales. ¿Qué estrategia tienen en mente para aumentar la participación de votantes?

Lo que nosotros hemos visto que ha sido como una constante es la falta del voto joven, por ejemplo, nosotros lo que queremos es poder facilitar y acercar el empadronamiento más a los jóvenes entre los 18 y los 25 años, que es el sector que no ha emitido su voto como corresponde, de acuerdo con los análisis de los de las elecciones anteriores.

Haremos una campaña de divulgación masiva invitando a los jóvenes para que participen y que hagan democracia, registrándose en el padrón electoral para que posteriormente puedan emitir su voto.

¿Cuántos guatemaltecos esperan que participen en las elecciones del 2023?

Esperamos nosotros cerrar la brecha de personas que no están empadronados y estimamos que podría ser de aproximadamente 9.5 millones de personas que esperamos que sean las que consten dentro del padrón electoral, nosotros quisiéramos que fuera más, porque resulta que tenemos previsto el empadronamiento en el extranjero, que por supuesto aumenta el padrón.

Para el presupuesto 2022 el Congreso autorizó Q500 millones para el TSE pensando en el futuro proceso electoral. ¿Cómo se va a invertir ese dinero?

Aproximadamente Q282 millones de los Q500 millones fueron previstos como anticipo al presupuesto de para este año preelectoral, estarían destinado para fortalecer la Dirección de Informática para la adquisición de equipo y el desarrollo del software para poder tener todo el sistema informático listo para las elecciones 2023.

Para desarrollar todos los programas se tendrá que contratar personal en la Dirección de Informática; el resto está previsto para ejecuciones preelectorales como procesos de formación de las juntas electorales, contratar personas para que desarrollen campaña de empadronamiento masivo a partir del mes de febrero o marzo de este año y poder facilitar a todos aquellos que no estén empadronados.

Así también para la compra de insumos que pueden ser proyectados de una vez para para el evento electoral 2023, como la contratación del área de promoción del diseño de las boletas para las elecciones.

La CSJ no mencionó esa vez las amenazas de uno de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A y el juez de Instancia de Mayor Riesgo C, Víctor Hugo Herrera Ríos. Las intimidaciones ocurrieron la misma semana en la que el presidente del Organismo Judicial (OJ), Rafael Rojas, organizó una conferencia para respaldar a Gálvez.

Guardó silencio, además, sobre las dos alertas de ataque recibidas por el Tribunal de Mayor Riesgo B la semana pasada, mientras juzgaba el caso la Bomba, una estructura de asociación ilícita y sicariato, integrada por 31 personas.

La actitud de la cúpula del OJ provocó molestias entre los juzgadores de Mayor Riesgo, tanto de Instancia como los de Sentencia; estos últimos, los eslabones finales de la cadena judicial.

Morir por épocas

“En Guatemala se muere uno por épocas, seis meses se tiene seguridad y los siguientes seis no”, dice Herrera Ríos, a quien se le informó que, además del juez Gálvez, también había amenazas en contra suya, y por ello envió una carta al presidente de la CSJ, sin resultados.

En otro caso de uno de los jueces amenazados del Tribunal de Mayor Riesgo A, fue el propio Gálvez quien le comentó del peligro. La corte lo conoció la misma semana en que se hizo público el caso del juez Gálvez.

“La seguridad del OJ nos dice que aquí, en la Torre de Tribunales, nunca ha ocurrido un ataque, pero eso no es cierto; hace algunos años, el juez Nery Medina se escapó de ser apuñalado por un reo”, afirma la jueza Janeth Valdez, del Tribunal de Mayor Riesgo B.

El programa de seguridad de la Corte no responde a las expectativas, ni a las necesidades de los jueces de Mayor Riesgo.

La carencia de personal de seguridad, vehículos disponibles y en buen estado, chalecos antibalas y hasta la distribución de casos que se hace ponen en peligro su integridad.

Juzgadores se quejan porque deben hacerse cargo del pago de la alimentación y hospedaje de la seguridad que los cuida en turnos de 24 horas.

En un microbús que estuvo a punto de descomponerse varias veces en la carretera hacia Nebaj, Quiché, fueron enviadas dos juezas del Tribunal de Mayor Riesgo B, con dos agentes de seguridad, a la reanudación del juicio por genocidio contra el general Efraín Ríos Montt.

Ese tribunal ha tenido a su cargo casos de tumbes de drogas de integrantes de la estructura de los Zetas y grupos vinculados con el cartel de Sinaloa.

Hace pocas semanas, Sara Yoc Yoc, una de las vocales del citado tribunal, debió salir a la carretera con su seguridad y abordar un taxi para llegar a una audiencia. Después de algunos días, el OJ se negó, pese a la seguridad que promete, a garantizar su transporte y justificó falta de vehículos.

En otros casos el riesgo proviene de una casuística repartición de procesos.

Después de la sentencia por genocidio, más del 90 por ciento de los casos asignados al Tribunal A son solo de pandilleros.

En el Juzgado B se concentra la mayoría de casos de alto impacto que impulsa la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y la Fiscalía.

¿Libres?

Paradójicamente, quienes deciden sobre la libertad de otros parecen estar presos. “Para hacer justicia hay que sacrificar la libertad”, es la aseveración de otra jueza de Sentencia de Mayor Riesgo al referirse a las implicaciones de su trabajo.

La intimidad familiar, la libre locomoción, sus apariciones en lugares públicos con familia o amigos, puede convertirse en objeto de señalamientos.

Las denuncias de amenazas de secuestro de sus familiares, como la interpuesta —dos años atrás— por la jueza Janeth Valdez, del Tribunal de Mayor Riesgo B, fueron desestimadas. Las llamadas que provinieron del Ministerio de Gobernación nunca fueron investigadas.

Rojas explicó que en el caso de Gálvez se hizo un nuevo análisis de riesgo, además de la coordinación con la Dirección de Protección de Personalidades.

No hay denuncias de otros casos, salvo el de un juez de Mixco amenazado por las pandillas, dijo, y sostuvo que proceden de igual manera con todos los juzgadores.

Descartó el uso de vehículos blindados para los jueces, porque no hay para todos.

Representantes de la sociedad civil de Zacapa, Izabal, Chiquimula y El Progreso formaron mesas de diálogo para hacer sus propuestas.

En el evento hubo 16 mesas de trabajo, integradas por 10 personas cada una. Un relator tuvo a su cargo entregar las propuestas luego de realizar consensos entre los participantes.

En su mayoría, los ciudadanos coincidieron en la importancia de hacer cambios en el sistema de justicia. Sin embargo, hubo diferencia de criterios respecto de los temas que irán a una posible reforma.

En el diálogo participó Rafael Rojas, presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP); Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos; y el presidente de la República, Jimmy Morales.

“Se ha manifestado en una mayoría muy importante que ningún funcionario público debería tener el derecho de antejuicio, ya que todos los ciudadanos somos exactamente iguales. Está la propuesta de que solo los presidentes de los distintos órganos del Estado deberían tener la inmunidad. Todos coinciden en que el sistema de justicia es débil y que habría que reformarlo”, indico Aldana.

No al antejuicio

La Fiscal mencionó que hay una propuesta para retirar la inmunidad a los alcaldes. “Yo, en lo personal, pienso que ningún funcionario debería tener el derecho de antejuicio, ya que nuestra obligación como funcionarios públicos es servir y trabajar con transparencia”, manifestó.

Aldana afirmó: “En la medida en que trabajemos de esa forma, no necesitaremos la inmunidad. Sin embargo, eso está establecido en la ley y, por lo tanto, se debe respetar. Es el momento de revisar y analizar lo que la población piensa en este sentido”.

De León Duque comentó que en todos los eventos la población ha dado importancia al tema de la justicia y expresa su opinión.

“Estoy muy entusiasmado al ver la importancia que la gente le está poniendo al tema de las reformas de la justicia. Esto emociona, y nos inyecta una dosis de ilusión de seguir intentando dialogar con la población. Estuve con las mesas de trabajo, en donde la gente propone y discute. También critica el documento, porque de eso se trata; es un documento que no está escrito en pierda y que, por lo tanto, debe mejorarse y ser perfeccionado”, añadió el Procurador.

La noticia corrió como pólvora en las redes sociales y muchos lamentaron la situación en que se encontraba el galán, quien se dio a conocer en la pantalla chica con su participación en las telenovelas Quinceañera, Baila conmigo y Teresa.

Después de haber gozado por años de las mieles de la #fama en diversas #telenovelas, desde hace tiempo se ha mantenido lejos de los medios. Sin embargo vecinos de una unidad ubicada al sur de la #CiudadDeMéxico aseguraron que vieron al #actor Rafael Rojas como indigente. Nos dimos a la tarea de buscarlo, y lo encontramos. Vecinos nos contaron que a veces lavacoches, pide limosna y busca comida en la basura. En enero lo vimos con 130 kilos. #TVNotas

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El diario La Nación de Costa Rica contactó vía telefónica este miércoles a Rojas, quien reside en México, para conocer de primera mano su opinión sobre la publicación.

El actor se mostró asombrado por la manera en que la revista inventó toda una historia sobre su supuesta indigencia.

“Yo nunca he pensado en pedir réplicas, ni demandas ni nada, ahora lo que me da es gracia de ver al punto que llegan… Yo lo que no entiendo es cómo puede ser que yo, estando retirado desde hace tiempo, siga vendiendo tanto…”, expresó al diario costarricense.

“Ponen la mía (fotografía) y a la par de un señor que ni siquiera se parece a mí, tiene el pelo negro… No tengo idea ni de dónde la sacaron porque yo nunca he hecho ni siquiera un personaje de ese tipo, entonces son cosas que uno simplemente no entiende…”,  señaló.

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Una foto publicada por Revista TVNotas Oficial (@revistatvnotas) el 18 de Abr de 2016 a la(s) 9:36 PDT

Rojas actualmente está dedicado a proyectos relacionados  con la agricultura, su otra pasión luego de la actuación. Tiene dos hijas fruto de su primer matrimonio.

“Agradezco mucho a la gente que no ha creído en todas las barbaridades que ha leído de mí. Y a los que han leído y han creído que estoy mal, pues que estén tranquilos, todo está bien, tengo años de estar bien”, agregó el actor, quien no descarta demandar a la revista por inventar esta historia.

Rojas cautivó a jovencitas en la década de 1990 por su look y su carisma, pero ahora ha causado sorpresa por su apariencia descuidada.

Los vecinos que lo han visto comentan que Rojas se dedica a lavar autos, a veces pide limosna y pide comida en la basura.

“Hay gente que se acerca a mí y me regala unas monedas o alimentos. Algunos me dicen Rafa, o también les digo que me llamo Humberto”, dijo Rojas a la revista, que también publica una foto de cómo luce actualmente el actor.

En el 2006 Rojas abandonó la actuación luego de participar en la novela Duelo de pasiones, y después se supo que tenía problemas con la bebida y las drogas.

Regresó a la televisión en el 2010, después de haber librado una batalla contra el sobrepeso y la adicción. Sin embargo, volvió a abandonar su carrera tras las cámaras y, hace unos años, fue visto vendiendo artesanías en Yucatán, México.

Los magistrados analizarán el expediente por solicitud de la Cámara de Amparo y Antejuicio, presidida por Néster Mauricio Vásquez Pimentel. El objetivo es determinar el estado en que se encontraba el expediente al momento de la captura.

Ese y otros temas relacionados con varios antejuicios serán conocidos en un pleno extraordinario, ya que se hará este lunes y no miércoles, como se acostumbra.

Rafael Rojas, presidente de la CSJ y del Organismo Judicial (OJ), explicó que el expediente no se pudo conocer el miércoles último porque tuvo que viajar a El Salvador para asistir a la Reunión Centroamericana de Consejos Judiciales.

“Ese día, el pleno concluyó a las 16.45 horas. Yo me fui a El Salvador y ahora voy de regreso. En Semana Santa trabajamos lunes y martes, así que el pleno extraordinario será este lunes”, detalló ayer Rojas.

Ayer también trascendió que un grupo de magistrados de la CSJ que fueron electos por Libertad Democrática Renovada (Líder) y el PP buscan conocer el expediente del exdiputado para establecer si su captura fue legal.

Al consultarle a Rojas sobre si la detención de Rivera podría haber ocurrido cuando el expediente estaba en poder del juez pesquisidor o se había violentado alguna parte del proceso, el presidente del OJ señaló que no podría establecerlo porque el miércoles recién pasado el documento no estaba en el pleno.

“El lunes se analizará el expediente. Vamos a conocerlo y resolveremos”, afirmó.

Consecuencias

Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), manifestó que el antejuicio contra Gudy Rivera ha quedado sin materia y el paso siguiente es que la CSJ lo envíe al juez contralor.

“Si entran a resolver el antejuicio de fondo habría que analizar la resolución y sus consecuencias, que podrían ser graves”, dijo.

Expediente de Gudy Rivera será conocido por petición de la Cámara de Amparos y Antejuicios. 2/2 @prensa_libre pic.twitter.com/OiqgMJgtwA

— Joel Suncar (@jsuncarpaz) March 19, 2016

Morales dijo: “Hemos dicho en todos lados que es importante el papel de la justicia, creemos que el apoyo más grande que se puede dar es respetando la institucionalidad, otorgando la asignación presupuestaria más grande que se pueda, y por supuesto que llegue puntual del ministerio de Finanzas”.

El presidente electo refirió que la visita fue para tener un acercamiento y plantear la disposición que tendrá desde el Ejecutivo para apoyar las reformas,  tema que se está discutiendo en el Congreso.  Explicó que el tema de investigación criminal y fortalecer el Organismo Judicial deben ser prioritarios para tener seguridad y una justicia pronta y cumplida.

Enlace con el Ejecutivo

El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Rafael Rojas por su parte dijo que también se abordó las actividades programadas para involucrar al Ejecutivo en la coordinación y comunicación que debe existir en los organismos del Estado. 

Rojas agregó que invitaron al próximo mandatario a la inauguración del Juzgado de Mayor Riesgo y Tribunal de Mayor Riesgo C, que se efectuará este miércoles y el 26 de noviembre a participar en las celebraciones del Día Internacional contra la No Violencia contra la Mujer, esto para que exista un compromiso de los mandatarios electos para continuar con las políticas de género que se implementan en la Corte como apoyo a la población.

El presidente de la Corte dijo que la función jurisdiccional es primordial para el Organismo Judicial y hacen ajustes para dar cumplimiento a la obligación constitucional de dar justicia.

“Si se aprueba la ampliación del presupuesto, estaríamos dispuestos a abrir más órganos locales”, señaló Rojas.