En el camino algunos logran reinsertarse al encontrar un trabajo; otros no, porque ante la falta de oportunidades vuelven a delinquir o porque los matan por su decisión de salirse del grupo.

De acuerdo con el equipo técnico que apoya a la titular del juzgado de Control de Ejecución de Medida para Menores en Conflicto con la Ley Penal, Verónica Galicia, en muchas ocasiones atienden a jóvenes que tienen la convicción de salir de la vida delictiva en la que cayeron por diversos factores, pero se enfrentan a adversidades.

Entre los numerosos expedientes que se tienen en el juzgado que ve los casos de menores se encuentran historias de jóvenes que han logrado salir con éxito de los grupos delincuenciales, mientras otros no tuvieron suerte.

Por ejemplo, una de las prioridades al salir del centro es que los jóvenes deben alejarse del lugar donde vivieron para evitar recibir represalias por parte de sus excompañeros.

Muere en el intento

Lucía (nombre ficticio), una menor de 16, decidió salirse de la pandilla al terminar su sanción Cuando el juzgado se la entregó a la madre le pidió que se la llevara del lugar donde vivían porque su vida corría peligro.

Lucía vivió seis meses encerrada en su casa, el día en que su mamá la sacó de su casa para comprarle su estreno de fin de año, las siguieron y mataron a la menor.

No encontró una puerta abierta

Alejandro Pineda fue capturado cuando tenía 17 años por participar junto a cinco hombres en la violación a una mujer dentro de un autobús. Por este hecho fue sancionado a seis años de privación de libertad en régimen semiabierto.

Pineda es un joven proveniente de una familia desintegrada —su madre dejó a su padre porque se dedicaba a vender droga— y es el tercero de cuatro hijos.

La mayor parte del tiempo Pineda se la pasaba solo, sin controles, debido a que su madre trabajaba en oficios domésticos. A los 10 años comenzó a relacionarse con pandilleros de la mara 18 y a partir de los 13 su participación fue más efectiva.

Cuando Pineda cayó en el centro tenía solo cuarto grado de primaria y en tres ocasiones había tenido problemas con la ley.

Pineda, al salir mediante libertad asistida, comenzó a trabajar en un taller de enderezado y pintura y había terminado el primer semestre de bachillerato por madurez, mostraba mucho empeño por salir, ya que tenía un hijo.

Galicia comentó que a este joven lo tenía como ejemplo, porque estuvo siete meses solo después de cumplir su sanción, pero debido los tatuajes que tiene no le permitieron encontrar un trabajo. Cuando Pineda andaba en la calle, la policía lo paraba para revisarle sus papeles.

Debido a eso el juzgado trató de ubicarlo en alguna asociación pero no lo lograron. Hace dos meses, Pineda cayó por otro delito, hoy se encuentra en un centro para adultos.

El encierro, su mejor compañía

Otro caso es del Mario López, un joven que cuando llegó al juzgado se jactaba de ser brincado —haber matado a más de 18 personas— y que incluso cuando era detenido los ranfleros —jefes de las clicas— pagaban hasta Q15 mil para que lo soltaran, contó la jueza.

Galicia comenta que un día le dijo que tenía deseos de salir de ese mundo porque estaba cansado y no quería volver a matar.

Cuando salió del centro para evitar ser identificado y garantizarse un empleo y un lugar donde vivir, consiguió trabajo en una funeraria, donde solo salía para acudir a recibir terapias e ir a la iglesia. Al concluir los dos años de libertad asistida, López ya no se consideraba pandillero.

Aprovecha oportunidad

Juan Pablo Barrios fue sancionado a cuatro años de privación de libertad, en régimen cerrado, en 2011 y dos años de programa de libertad asistida por femicidio —mató a una adolescente, de15 años—.

Como muchos jóvenes, Barrios proviene de una familia desintegrada. Su padre murió, su madre se dedica a lavar y a planchar en casas particulares, y es el segundo de cuatro hermanos.

Cuando ingresó al centro no tenía escolaridad y ya reportaba tres ingresos por delitos menores. Además, tenía un hermano en el preventivo para varones de la zona 18.

“En cada audiencia venía mejor. Ya terminó su sanción. Como cuatro meses antes llegó a audiencia, y me dijo quería  que le diera la libertad, todavía estoy en pandillas pero ya no soy pandillero, si me da la confianza le voy a demostrar que no lo soy”, afirmó la jueza, sobre Barrios.

A la siguiente audiencia regresó, vestido de forma diferente, le contó que estaba de ayudante de albañil, además logró sacar tercero primaria en el centro.

“La semana pasada me encontré al hermano preso, y me dijo que no me preocupara, que su hermano había cambiado”, aseveró.

De la cárcel a la universidad

Walter Martínez supo aprovechar la oportunidad que le ofreció el centro de privación para menores, ya que mientras cumplía la sanción de seis años de privación de libertad bajo el régimen cerrado con abono a la efectividad por homicidio en grado de tentativa, atentado con agravación especifico y encubrimiento propio.

Martinez, quien era miembro activo de la mara 18, ingresó cuando tenía 16 años en 2010. Tres años después obtuvo quinto bachillerado y en 2014 se inscribió en el profesorado en pedagogía y técnico en administración educativa a distancia para jóvenes privados de libertad que ofrece la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos.

Otro caso positivo es de Mariana González, quien llegó al centro por sicariato, cuando estaba embarazada.

El equipo técnico del juzgado señaló que cuando llegaba a las audiencias mantenía una mirada desafiante y la niña había adoptado esa misma postura. Incluso era quien coordinaba los motines dentro centro Gorriones y en una ocasión puso a su niña como escudo.

Luego comenzó a cambiar de actitud, debido a que debió entregar a su hija a su hermana porque la niña no podía permanecer en el lugar, entonces mejoró su conducta.

“Un día vino y me dijo yo ya cambié, soy profesional es que yo soy universitaria —porque estudia profesorado en pedagogía y administración educativa a distancia—”, señaló la jueza.

Ahora vive en la provincia junto a su hija.

En la edición impresa de este domingo encontrará un reportaje sobre los adolescentes en conflicto con la ley penal, las razones de que se involucren en delincuencia, cifras de detenidos y opiniones sobre las garantías y derechos que el Estado no ha satisfacido a este sector de la población. 

Con una inversión de US$420 mil, la primera fase del plan piloto se inicia con 100 migrantes, a quienes la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) capacitará para que se puedan sumar a la vida productiva en sus comunidades de origen.

Para capacitar a los deportados se creará un centro especial, el cual se sumará a otros 14 que ya funcionan en el país para trabajar con el resto de la población.

Los migrantes también recibirán asistencia psicosocial dada la complejidad que significan la emigración con sus peligros y el trauma de las deportaciones, explicó el canciller.

Además, a cada deportado se le entregará, cuando ingrese al país, una “Guía para el retorno”, la cual brinda información sobre los servicios que les pueden ofrecer distintas instituciones del Estado.

Estados Unidos deportó a 21mil 752 salvadoreños en 2015, lo que representa una reducción del 24.8% con respecto al año precedente, según reveló un informe de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Estados Unidos se propone incrementar en 2016 la persecución y deportación de los migrantes ilegales, particularmente los centroamericanos.

En Estados Unidos viven 2.6 millones de salvadoreños de los 3 millones residentes en el extranjero, quienes en 2014 enviaron US$4mil 217.2 millones en remesas familiares, equivalentes al 16.5% del PIB de El Salvador.

“Un día llego un hombre que había perdido ambas piernas en la guerra y me ofreció que me fuese a vivir con él. Yo pensé que era una buena manera de ayudar con las dificultades de mi familia, no sabía que era una mala persona y me violó”, relata la joven.

Víctimas de las mafias, de la pobreza que acucia a sus familias y de la falta de educación y oportunidades, muchos niños acaban comerciando con sus cuerpos, expuestos a situaciones que prolongan la dinámica de marginación.

“Nuestros estudiantes están en riesgo de explotación sexual, si consiguen trabajos en los que ganan US$50 al mes, están en riesgo de recaer, pero si acaban trabajando en un salón en la que ganan US$400 no van a volver a su vida anterior”, expone Matthew Fairfax, fundador de la organización.

Los clientes que acuden a la peluquería desconocen que, más allá del pulcro y elegante salón, los aprendices luchan contra los fantasmas del pasado.

En su mayoría son mujeres, aunque también hay varones, que se sienten ajenos a ese mundo donde un corte de pelo cuesta US$40.

Thavry eligió realizar una rosa de papel para entrar en el programa, una elección simbólica ya que es la única de los cuatro estudiantes cuya virginidad fue vendida, aunque no es una excepción entre las víctimas de trata en Camboya.

“Algunas de las chicas han sido traficadas a edades de 9, 10, 11 años… a una edad en la que no tienen capacidad de decisión”, lamenta el fundador.

En un informe de la Organización Internacional de Inmigración del 2007, el 38% de más de doscientas prostitutas entrevistadas en Camboya vendieron su virginidad o fueron obligadas a ello.

"Cambodia has demonstrated [they are] standing against the commercial sexual exploitation of children." @garyhaugen: http://t.co/LlyG3K3XHX

— IJM UK (@IJMUK) July 31, 2015

Kate-Marie Engberg de International Justice Mission (IJM), una de las ONG colaboradoras, apunta “lo difícil que es cuando las familias no apoyan el proceso, y prefieren ponerse de lado del acusado. Es un problema para la recuperación de las víctimas y el éxito de la acusación”.

IJM abrió una oficina en el 2004, tras la repercusión del documental de la NBC Niños a la venta, considerado un punto de inflexión en la lucha contra el abuso de menores, ya que atrajo inversión foránea y presionó al Gobierno local a actuar.

El reportaje provocó además una redada en Svay Pak, un pueblo convertido en prostíbulo al aire libre donde los menores eran ofrecidos impunemente a pederastas como si se tratasen de mercancía.

La coalición Chabdai, compuesta por organizaciones contra la trata y la explotación sexual, considera que a partir del 2007 se empieza a notar el efecto de la presión de las autoridades, con la reducción paulatina de la impunidad y el alejamiento de los niños de los burdeles.

“Desde que la trata se ha vuelto más compleja, y no está tan expuesto como solía estarlo, los criminales lo han empujado a la clandestinidad”, asegura Engberg.

En el centro de la capital camboyana, muchas mujeres, entre las que se encuentran algunas menores, ofrecen servicios sexuales sin depender proxenetas, con el único amparo de la noche.

Enfrentada a la dureza de este tipo de ambientes desde la adolescencia, Thavry comparte la culpa del camino que tuvo que seguir.

“No seáis inocentes, ni creáis fácilmente a aquellas personas que no conocéis”, advierte Thravy a quienes sufren la situación que ella vivió.