Durante casi tres años bajo el gobierno de Trump, un campamento improvisado de migrantes provenientes de todo el mundo operó en la ciudad mexicana de Matamoros. Fue el primer campo de refugiados en la frontera entre Estados Unidos y México, y estaba repleto de personas que esperaban obtener asilo en Estados Unidos pero que habían sido obligados a esperar en México mientras sus casos estaban bajo consideración.

El campamento, una dolorosa señal del costo humano que conllevan las duras políticas de inmigración del gobierno anterior, fue demolido en marzo. Con la elección del presidente Joe Biden, a muchos de sus residentes se les permitió ingresar a Estados Unidos; otros fueron alojados de manera segura en refugios de México. La desaparición del campamento parecía indicar un paso importante hacia lo que Biden prometió sería una nueva era más humana a lo largo de la frontera.

Pero en cuestión de semanas surgió un nuevo campamento a unos 88 kilómetros más al oeste, en la ciudad mexicana de Reynosa. Según los trabajadores humanitarios, es mucho peor de lo que alguna vez fue el de Matamoros. Ya sobrepoblado, con más de 2 mil personas, es un lugar sucio y maloliente, sin la infraestructura de salud y saneamiento que las organizaciones sin fines de lucro habían pasado meses instalando en Matamoros. Los asaltos y secuestros extorsivos son habituales.

La razón: aunque Biden actuó rápidamente para rescindir la política “Permanecer en México” del gobierno de Trump para los solicitantes de asilo, dejó en vigor una orden de emergencia sanitaria que autoriza a los agentes de la Patrulla Fronteriza a expulsar de inmediato a la mayoría de los inmigrantes que cruzan la frontera, sin importar si intentan solicitar asilo. Además, el lunes 23 de agosto, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a bloquear una orden judicial que le ordenaba al gobierno restablecer la política “Permanecer en México”, lo que incrementa la posibilidad de que una vez más surjan otros campamentos similares a lo largo de la frontera.

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“Reynosa es Matamoros con esteroides”, dijo Chloe Rastatter, cofundadora de Solidarity Engineering, una organización sin fines de lucro que intenta mejorar la infraestructura del campamento. “En comparación, las condiciones en el campamento de Matamoros eran como las de un palacio”.

Hasta el último rincón de la plaza que está cerca del puente fronterizo con Texas está cubierto con una maraña de pequeñas carpas y lonas. La pequeña organización humanitaria ha logrado conectar una pequeña línea de agua de la ciudad, pero no es suficiente. Solo hay un tanque de lavado de manos, cuyos grifos se quedan sin agua a menudo. No hay suficiente agua potable, la cual llega en camiones. Tampoco hay duchas.

Las organizaciones sin fines de lucros con poca financiación y los donantes privados están haciendo grandes esfuerzos para proporcionar de todo —desde papel higiénico y desinfectante hasta alimentos y medicinas— a las familias migrantes en el campamento.

Al igual que los migrantes en Matamoros, prácticamente todos en el campamento de Reynosa fueron expulsados a México bajo una medida de emergencia de salud pública instaurada por el expresidente Donald Trump, aún vigente, a fin de prevenir la propagación del coronavirus.

“Con Biden, la gente sigue estancada y sigue siendo devuelta”, dijo Charlene D’Cruz, directora del Proyecto Corazón, que brinda servicios legales gratuitos a migrantes vulnerables. “La frontera en realidad no ha cambiado nada”.

El gobierno de Biden ha dicho que acatará la orden de un juez de Texas de restablecer el programa “Permanecer en México”, oficialmente conocido como los Protocolos de Protección al Migrante, o MPP, por su sigla en inglés. Sin embargo, no está claro si México aceptará cooperar de manera oficial con Estados Unidos para albergar a los migrantes que esperan una decisión sobre sus solicitudes de asilo.

En cualquier caso, la mayoría de los migrantes que cruzan la frontera sin autorización están siendo expulsados de inmediato a México bajo la orden sanitaria relacionada con la pandemia, independientemente de su estatus de asilo, aunque se le ha permitido la entrada a un gran número de niños sin acompañantes y muchas familias.

En su hasta ahora exitoso desafío judicial referente a la política “Permanecer en México”, los estados de Texas y Misuri argumentaron que la eliminación del programa alentaría el contrabando de personas y haría que los estados sobrecargados tuvieran que pagar los servicios para una oleada de inmigrantes que han ingresado de manera ilegal.

Chad Wolf, quien fue secretario interino de Seguridad Nacional durante el gobierno de Trump, aplaudió la decisión de la Corte Suprema y afirmó que la política “Permanecer en México” había frenado una oleada de migrantes en la frontera y había ayudado a controlar “la avalancha sin precedentes de solicitudes de asilo fraudulentas”.

La directiva actual del Departamento de Seguridad Nacional afirmó que comenzará a implementar el programa de nuevo y continuará “desafiándolo de manera enérgica” en apelaciones a los tribunales. “El departamento sigue comprometido con la construcción de un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano que preserve nuestras leyes y valores”, dijo la agencia a través de un comunicado.

Cada día llegan más migrantes a Reynosa, la mayoría de ellos traídos a la ciudad por agentes fronterizos estadounidenses que los interceptaron tras haber cruzado el Río Grande en balsas.

En los últimos meses, los contrabandistas de personas han guiado a decenas de miles de familias a Tamaulipas, el estado donde se encuentra Reynosa, y las han enviado al otro lado del río, a McAllen, Texas. A finales de julio, el gobierno de Biden comenzó a colocar a migrantes en vuelos de deportación si los oficiales de asilo apostados en la frontera determinaban que era poco probable que salieran victoriosos en sus casos de solicitud de asilo. Sin embargo, todavía no está claro si esa política logrará disuadir a otros migrantes de venir.

Muchos de los migrantes en Reynosa han huido de la violencia, la miseria y de amenazas a sus vidas. Tras emprender caminatas de semanas o meses por tierra para llegar tan lejos, la mayoría afirma no estar dispuesta a regresar. Es por eso que soportan las tiendas de campaña que gotean cuando llueve, sobreviven con los alimentos recibidos por caridad y utilizan ropa donada.

Las malas condiciones sanitarias están provocando que las personas contraigan enfermedades prevenibles. La varicela se ha propagado entre los niños.

Desde que se instalaron las primeras tiendas de campaña en abril, ha comenzado a tomar forma cierta semblanza de una comunidad organizada.

En una mañana reciente, un pastor se bajó de una camioneta y una multitud se congregó rápidamente a su alrededor para orar.

Un equipo de saneamiento, supervisado por un migrante guatemalteco llamado Jimmy, quien tiene la esperanza de llegar a Cleveland algún día, trató de mantener limpia una fila de letrinas portátiles. Los voluntarios llevaban puestos guantes de látex y tenían en sus manos botellas del limpiador Comet.

Un equipo de cocina distribuyó las comidas donadas por las iglesias a las personas que comían por turnos en las mesas bajo una carpa blanca. Un barbero les dio a los niños cortes de pelo militares para prevenir los piojos, tras envolverlos primero en una capa roja, blanca y azul. Varios niños reían mientras intentaban montar un triciclo destartalado por el perímetro de la plaza sin atropellar a nadie. Todos se derretían bajo el sol ardiente del verano.

Los residentes están unidos por el trauma, la pérdida y sus esperanzas de llegar a lugares como Alabama, Florida y Oklahoma, por nombrar algunos.

Varias personas dijeron que intentaron presentar su caso de asilo a los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, pero los agentes no los escucharon. Afirmaron que les dijeron que se limitaran a responder preguntas y seguir instrucciones.

Estos migrantes contaron que a las pocas horas de haber llegado a Estados Unidos fueron escoltados a un autobús que los regresó a México.

Lenore, una migrante de Honduras de 36 años, había tenido la certeza de que lograría entrar. Su esposo había cruzado la frontera dos años antes con su hija Jacobel, ahora de 9 años, quien tiene cáncer de hueso, y se habían establecido en Oklahoma. Lenore mostró una fotografía de su pequeña y frágil niña.

“No puedo entender por qué no me dejan pasar”, dijo, sentada sobre una manta de aluminio en la que ha estado durmiendo junto a la mochila rosa que contiene todo lo que posee.

El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió ayer retirarle la inmunidad a Jisela Reinoso Trujillo, jueza cuarta Penal, para que pueda ser investigada por enriquecimiento ilícito.

Josué Baquiax Baquiax, presidente de la CSJ, en conferencia de prensa, informó que aceptaron la recomendación de Gustavo Adolfo Dubón, juez pesquisidor, quien sugirió que se debían investigar los hechos por los cuales la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público plantearon el antejuicio contra la jueza.

“Por unanimidad se acordó declarar con lugar el antejuicio; en consecuencia, se remitirá el juez de garantías que corresponde”, dijo Baquiax Baquiax.

Las pruebas

En la denuncia el MP y la Cicig refieren que hay incremento injustificado del patrimonio de la jueza, ya que cuenta con bienes que sobrepasan su poder adquisitivo y resultan incongruentes con sus ingresos como empleada pública y docente.

Además del pago de cuotas de enganche y crédito hipotecario con dinero cuyo origen se desconoce.

El pago del 45.5 por ciento del valor total —Q2 millones 357 mil 439.70— de una vivienda, entre mayo del 2013 y julio del 2014, desborda sus posibilidades de pago de acuerdo con el nivel de ingresos que percibe como jueza y docente, como lo demuestran las planillas reflejadas en sus movimientos bancarios, según la denuncia.

La compra de varios automotores en el 2014, que implicó dos pagos de contado por Q200 mil en febrero y mayo, aparecen antecedidos de depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias, los cuales no se reflejan en los estados de cuenta de su núcleo familiar, de acuerdo con las pesquisas.

Los estados de cuenta reflejan preliminarmente un incremento injustificado en su patrimonio en Q1.4 millones. Ello corresponde a dinero recibido en sus cuentas bancarias en efectivo y en cheques depositados por terceros.

Procesos polémicos

Seis guatemaltecos  y un mexicano señalados de haber lavado dinero fueron beneficiados por la jueza, quien les cambió el delito y revocó su arresto.

En el  caso de Ana Sofía Castañeda Deras, alias la Sirenita, le cambió la prisión preventiva por arresto domiciliario.

En el  2012, Reinoso ordenó arraigo contra Sandra Torres. El proceso fue cerrado, años después, por otro juzgado.