Los exámenes posteriores a la muerte de Edgar Alfredo Ramón Cá, ocurrida el 29 de mayo de 2014, en Mixco, revelaron que el padre le propinó un golpe que terminó con un “aplastamiento de la pared abdominal”.

El día de su deceso, alrededor de las 6 horas, la vecina que lo cuidaba recogió al menor con dolor abdominal, náusea, diarrea y sueño. Cuatro horas después lo llevó a la estación de bomberos con los labios morados.

La causa de la muerte fue una laceración hepática y pancreática. Al menos ocho niños menores de 14 años, según el Inacif, murieron por trauma de abdomen y una decena más, por trauma de tórax, durante ese año.

Los fiscales del Ministerio Público (MP) demostraron que el niño era víctima de maltrato, debido a cicatrices que se reportaron en la necropsia que hizo el Inacif.

Según el MP, después del hecho la madre del menor no denunció a Morales, pero la fiscalía demostró la participación de los sentenciados por medio de pruebas científicas, testimoniales y los resultados de los peritajes de informes presentados por profesionales.

Maltrato

Fredy el loco era la respuesta usual que el niño de 3 años solía darle a quien le preguntaba su nombre, pues explicaba que así le llamaban sus padres.

Fredy es uno de los más de 375 niños menores de 14 años que murieron por causas violentas en 2014, según el Inacif.

“Juan Ramón Morales y Lidia Concepción Cá Calí se agredían física y verbalmente en forma constante, y cuando el menor intentaba separarlos, el padre le provocaba daño físico”, consta  en el expediente que conoció el Juzgado Segundo Pluripersonal de Femicidio, en la acusación contra Morales y su esposa.

El menor pasaba sus horas dentro de una caja de madera de tomate. “Papi y mami me dicen así. Así me llamo yo”, les explicaba a los transeúntes del puesto de verduras, en donde usualmente estaba.

“Acá agarramos la costumbre de revisar al nene cada vez que lo iban a traer para cuidarlo y en realidad siempre venía moradito y golpeadito”, contó una de las vecinas en una entrevista en el Ministerio Público.

La mayoría, 227, se emitió por cierre temporal de negocios, por no brindar facturas o no poseer libros contables; aparte se emitieron 19 sentencias en el el ramo económico-coactivo, en ambos casos favorables a la SAT.

Sentencias en el ramo contencioso-administrativo fueron 37 a favor de la SAT, 12 en contra y 7 parciales. Además de las 157 sentencias por inconstitucionalidades, la CC emitió 91 a favor de la SAT y 62 en contra.

Abelardo Medina, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), dijo que este tipo de informes ayuda a la transparencia en la SAT, pero que los esfuerzos de fiscalización y supervisión, y de crear en el contribuyente la percepción de riesgo son pequeños.

Uno de los indicadores internacionales para medir el grado de riesgo de una administración tributaria es cuánto se logra recuperar en juicios y en ajustes por fiscalización, pero en Guatemala ese dato no llega ni al 1%, explicó Medina. “Eso significa que el cumplimiento de los guatemaltecos sigue siendo primariamente voluntario”, agregó.

Comentó que las sentencias logradas no son contra los más grandes evasores y donde se logren castigos drásticos, pero señaló que la emisión de sentencias no solo depende de la SAT, sino que también del Organismo Judicial.

Recordó que a la SAT le hace falta acceso a información bancaria, y en otras ocasiones, las pruebas no son sólidas.

En un año aumentaron a 40 los casos que están activos en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala (Cenac), informó Alfredo Skinner-Klée, director de la entidad.

“En la actualidad existe un mayor interés en la figura del arbitraje por parte de varios sectores, al observar mayor agilidad y ahorro en la resolución de sus conflictos”, agregó.

Un arbitraje es un mecanismo alterno de resolución de conflictos que está fundamentado en Guatemala en la Ley de Arbitraje, decreto 67-95, que en su momento fue una iniciativa moderna a escala latinoamericana. Sin embargo, “no se ha aprovechado en su totalidad”, refirió Javier Antonio Sandoval, presidente del Club Español del Arbitraje (CEA) capítulo Guatemala.

El profesional señaló que entre las ventajas de los paneles arbitrales está el factor tiempo, para determinar la sentencia, la cual es “inapelable”, eliminando así el “abuso del recurso de apelación o casación”.

Klée agregó que el arbitraje se ha convertido en una institución primordial para el comercio, tanto en las transacciones nacionales como internacionales, “por las ventajas del proceso, como la privacidad”.

El objetivo de promover esa figura en el mundo de los negocios es que se incluya dentro de los contratos la “cláusula arbitral”, porque es un beneficio para ambas partes que al momento de surgir una controversia “lo resolverá un tribunal especializado en la materia”, enfatizó el presidente del CEA.

Sector interesado

Los profesionales comentaron que el sector de la construcción es uno de los más interesados en adoptar la figura del arbitraje para la resolución de los conflictos.

Sandoval destacó que esa vía es la más “idónea” para este sector, porque no paraliza ni atrasa las obras en construcción, permitiendo así que puedan seguir su curso y “resolver la controversia lo más pronto posible”.

Otros sectores que utilizan el arbitraje son telecomunicaciones e infraestructura.

Construcción y arbitraje

La Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC)  llevará a cabo el CongrExpo,  del 5 al 7 de octubre, en el Hotel Tikal Futura.

El evento contará con la participación de expertos nacionales e internacionales que presentarán sus propuestas de mejora para el sector construcción, enfocadas en vivienda, salud y seguridad ocupacional; infraestructura,  y resolución de conflictos en contratos de construcción.

En este último tema se contará con el apoyo del  CEA y el Cenac. Los expertos invitados al encuentro en   arbitraje  compartirán sus experiencias, últimas novedades y tendencias, como financiamiento  y métodos alternos de resolución de conflictos, específicamente en materia de construcción.