Las autoridades del Conap hacen énfasis en que tener uno o varios ejemplares silvestres es un delito tipificado por la Ley de Áreas Protegidas, la cual está vigente desde hace 26 años. Las personas que infrinjan esa norma pueden pasar hasta 10 años en prisión y pagar multas de hasta Q20 mil por tener, por ejemplo, un mono o un perico sin haberlo registrado.

Complicado trámite

La resolución 02-14-2015 del Conap da plazo hasta el 11 de marzo del 2016 para que toda persona que posea un animal silvestre, sin importar cantidades mínimas, deberá regularizar su situación.

Quien quiera registrar un ejemplar deberá llenar un formulario de Solicitud de Registro de Colección de Vida Silvestre y adjuntar el comprobante de pago de Q250 emitido por la Contraloría General de Cuentas.

Además, deberá tener una declaración jurada de obtención de animales y el Plan de Manejo Integral de cada una de las especies que se desee registrar, el cual debe ser elaborado y firmado por un técnico profesional inscrito en el Conap.

Es en los últimos dos requisitos en los cuales los costos se elevan porque se debe contratar a un notario para la declaración jurada y a un veterinario o zootecnista para el plan. Asimismo, por ningún motivo se registrarán especímenes recién nacidos o jóvenes.

Es necesario

Edson Flores, encargado de Fauna de Conap, indicó que la normativa “no es algo que haya salido en 15 días, fue un proceso técnico que duró más de dos años. Primero se hizo una propuesta interna y posteriormente una socialización y apertura a todas las personas que ya estaban registradas”.

“El objetivo del normativo es regularizar y ordenar el registro de vida silvestre”, afirmó Flores. Destacó que la posibilidad de registro la habían tenido todas las personas desde la creación del Conap, por lo que no es nuevo.

Al ser consultado sobre la complejidad y alto costo de los requisitos, el experto contestó que “la complejidad de un plan de manejo dependerá de la cantidad de animales que tenga la colección. Obviamente una colección que solo tenga un espécimen no tendrá que presentar un plan de manejo enorme”.

“El plan de manejo se pide para que las personas den un cuidado aceptable a sus animales silvestres. Un ejemplo simple es que la mayoría de personas que tienen loros creen que los alimentan bien al darles masa de maíz y semillas de girasol, cuando la realidad es que esas plantas ni siquiera crecen en los bosques donde habitan”, señaló Flores.

Refirió que han documentado casos en que personas que tienen monos los alimentan con frituras y les dan gaseosas.

“Es vital que las personas sean asesoradas sobre el cuidado de los especímenes y es obvio que un técnico debe cobrar por sus conocimientos. Conap no recomienda quién debe hacerlo”, afirmó el experto.

Explicó que la razón por la que no se registran especímenes jóvenes es para evitar “el saqueo del medio silvestre”, ya que algunas personas podrían aprovechar para legalizar animales que habrían sido sustraídos en forma ilegal de su hábitat.

Proceso legal

Francisco García, asesor jurídico del Conap, aseguró que esa ley está fundamentada en la legislación vigente.

“Nos apegamos a la Constitución, que en sus artículos 64 y 97 tienen como bien jurídico tutelado el medioambiente, lograr el equilibrio ecológico y proteger la flora y la fauna”, expresó García.

El jurista refirió que se carecía de una norma para la regulación de la tenencia de fauna. “El normativo tiene un fundamento técnico, científico y se acopla a los principios internacionales de derecho ambiental”, dijo.

El artículo 18 de la citada norma establece que si se promovieren antejuicios en contra del Presidente de la República o del Presidente del Organismo Judicial, estando en receso el Congreso de la República, la Comisión Permanente deberá convocar inmediatamente a sesiones extraordinarias del Legislativo y en ellas se conocerá del antejuicio, observando el tramite contenido en el artículo 17 de la misma Ley.

En la sesión extra ordinaria  el pleno del Congreso será informado de todos los detalles del asunto, En esa misma sesión el pleno del Congreso integrará una Comisión Pesquisidora, conformada por cinco miembros por sorteo que se realizará entre todos los diputados, salvo el Presidente de la Congreso.

• El presidente del Legislativo Luis Rabbé, confirmó que este jueves 11 de junio se buscará la reunión extraordinaria para fijar el día y hora de la próxima sesión.

El primer diputado sorteado será el Presidente de la comisión y el segundo actuará como Secretario. Los restantes actuarán como vocales. Las decisiones de la Comisión Pesquisidora se adoptarán por mayoría de votos y ningún diputado puede excusarse o dejar de participar, salvo que el Pleno acepte la excusa encontrando fundadas las razones argüidas.

Si alguno de los miembros de la Comisión Pesquisidora se resistiere a actuar en ella esto constituirá falta grave y los demás miembros lo harán del conocimiento de la junta directiva del Congreso para la sanción que corresponda.

La Comisión Pesquisidora examinará el expediente y demás documentos que hubieren, oirá a los promotores del antejuicio, así como al funcionario contra quien esté enderezado el asunto y practicará las diligencias que soliciten las partes recabando toda información y documentación que cualquiera de los miembros de la Comisión considere pertinente, con el propósito de establecer la veracidad de los hechos denunciados y si éstos pueden o no suponer la existencia de un hecho que por su naturaleza deba ser conocido por un juez del ramo penal.

• El Partido Patriota cuenta con 35 diputados, que representa alrededor del 22 por ciento del total de curules en el Congreso. El partido Líder tiene 62 parlamentarios.

Al finalizar su investigación y consideraciones la Comisión emitirá un informe circunstanciado, del que dará cuenta al Pleno en sesión ordinaria del Congreso. La comisión deberá tener presente que su investigación no tiende a determinar ni la culpabilidad ni la inocencia del funcionario investigado.

Según la Ley, el propósito de la Comisión Pesquisidora consiste en establecer la existencia y veracidad de hechos que puedan o no integrar una actividad que por su naturaleza deban ser conocidos por un juez del ramo penal y de la probable participación del dignatario o funcionario en los mismos.

Igualmente corresponde a la Comisión determinar si la investigación se ha promovido por razones espurias, políticas o ilegítimas en afán de involucrar a tal funcionario.

• Actualmente la pesquisidora que conoció la denuncia contra el ministro de Salud Luis Enrique Monterroso, recomendó el retiro de su inmunidad. El Congreso aún no conoce la solicitud.

La misión de la Comisión Pesquisidora consiste esencialmente en poner a disposición del pleno los elementos que permitan establecer si como consecuencia de los hechos investigados tal funcionario deba ser puesto a disposición de la justicia común, y de ninguna manera podrá arrogarse facultades que corresponden a los tribunales y jueces, ni podrá calificar o tipificar hechos delictivos.

El informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora deberá contener la información que haya recabado e incluirá los documentos que considere pertinentes y todos aquellos que le hayan sido entregados en el ejercicio de su función. Los miembros de la comisión, en forma individual, podrán hacer las observaciones que consideren pertinentes y deberán incluirse en el expediente.

El Pleno del Congreso conocerá del expediente instruido y del informe circunstanciado de la Comisión Pesquisidora en sesión ordinaria procediéndose a su discusión. A todos los diputados le serán entregadas copias de este informe. 

Agotada en el Pleno la discusión del informe de la Comisión Pesquisidora se procederá a votar. Para declarar con lugar o sin lugar un antejuicio es necesario el voto en uno u otro sentido de las dos terceras partes del total de diputados que integran el Congreso. Emitida la resolución que declara con lugar el antejuicio, deberá retornarse el expediente a la Corte Suprema de Justicia al fin que lo turne al tribunal del orden común que proceda.

• Se necesita el voto favorable de 105 diputados para proceder al retiro de la inmunidad del funcionario, actualmente la mayoría legislativa la mantiene Líder con 62 legisladores.

Si no se completara el voto de las dos terceras partes del total de diputados para declarar con lugar o sin lugar el antejuicio, el expediente se guardará en la Dirección Legislativa a disposición del Pleno del Congreso. Si el antejuicio es declarado sin lugar causará estado y no integrará cosa juzgada.

Explicó que éstas acciones fueron planteadas por la Asociación de Ayuda y Protección del Ciudadano.

“Esta Corte rechazó dos antejuicios, mientras que la otra acción presentada por la Fundación Identidad (Fidenti), aún no se conoce. Esta última acción será resulta en la próxima sesión que tendrá el pleno de magistrados”, dijo

Ayer trascendió que que se había dado trámite a un antejuicio plateado por la Fidendi en contra de los magistrados Julio Solórzano, María Mijangos y Mario Aguilar, por haber avalado el acuerdo 67-2015 en el que se sanciona a 12 partidos por incurrir en campaña electoral anticipada.

En dicho acuerdo también se previenen a los ciudadanos sin afiliación política que suspendan cualquier propaganda electoral anticipada, en especial a los funcionarios y empleados públicos

Respaldo al TSE

El Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, se reunió este viernes con los magistrados del TSE y mostró su apoyo ante las acciones planteadas en su contra en la CSJ.

Luego de la reunión de León Duque señaló que las acciones legales interpuestas en contra de magistrados del TSE es acto “nefasto”.

Agregó que “se está golpeando la institucionalidad del TSE” por las medidas que implementan las fundaciones en contra del ente electoral.

Además, mostraron su apoyo a los magistrados los representantes del Comité de Cámaras Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras. Movimiento Projusticia, Universidad Rafael Landívar y la Asociación de Investigación y Estudios Sociales.

En un comunicado de prensa el Cacif, informó: “Es imperativo apoyar al Tribunal Supremo Electoral como órgano rector del proceso electoral de Guatemala”.

También se establece: “El Tribunal Supremo Electoral ha tomado importantes decisiones en ley que deben ser en pleno por la sociedad, para garantizar que se respete a cabalidad la normativa electoral”.

CIUDAD DE GUATEMALA – Tras hacer un recorrido por las oficinas de emisión de antecedentes policíacos y penales en las zona 1 y 9 de la capital, personal de Prensa Libre corroboró que la afluencia actual se encuentra levemente arriba de lo normal.

Los encargados concordaron que a partir del lunes habrá un marcado aumento de usuarios.

Con cambio de año, varias personas se proponen encontrar un trabajo, por lo que este documento es un requisito que solicitan las empresas para la contratación.

A mediados de diciembre, autoridades de Gobernación dieron a conocer una nueva boleta de antecedentes policíacos que contará con mayor seguridad para evitar su falsificación.

*Con información de Carlos Álvarez